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Agosto 16, 2010

La información que se niega a los ciudadanos

Un proyecto de ley que el Gobierno espera aprobar este viernes puede hacer que los españoles dejen de ser ciudadanos de segunda división. Se llama Ley de Transparencia y Acceso de los Ciudadanos a la Información Pública y, al menos en teoría (la letra nada pequeña hace sospechar de mayores limitaciones de las deseables), debería servir para que cada persona pueda responder a estas dos preguntas: ¿qué sabe la Administración de mí? y ¿qué sabe la Administración de la situación real de España?

Es un derecho reconocido en términos generales por la Constitución. Llevamos 32 años esperando a que se cumpla de verdad.

El barómetro de la democracia se ha medido siempre con la celebración de elecciones libres. Sin ser un detalle menor, resulta incompleto para medir la salud democrática de un país. No es posible tomar una decisión sin estar bien informado. No se puede confiar en que la Administración diga siempre la verdad sin ocultarnos información. No se puede dejar esa tarea en manos de los medios de comunicación, tanto por sus limitaciones como por los intereses políticos y económicos que defienden.

Cuando un Estado se mueve entre tinieblas, los ciudadanos son las primeras víctimas. Además, el propio Estado sale perjudicado porque, sin ningún incentivo ni mandato legislativo, termina tomando muchas de sus decisiones a partir de estadísticas obsoletas o manipuladas. Un ejemplo reciente es la permanente discusión sobre los precios reales de la vivienda. A veces, es mejor no conocer bien la realidad para que nadie tenga la oportunidad de decir que es necesario cambiarla. Como dice Juan Varela, ocultar la realidad es una forma antidemocrática de controlar la sociedad:

La Constitución garantiza el acceso a la información pública (art. 105b), pero las administraciones públicas y los gobiernos (tanto estatal como autonómicos y locales) son opacos y mantienen una concepción patrimonialista de la sociedad y la información para garantizar el control y el poder. Una falta de transparencia que encubre la corrupción, los abusos y la mala gestión, además de potenciar un control antidemocrático de los recursos públicos y la sociedad.

La idea subyacente en el anteproyecto parece un buen punto de partida. La carga de la prueba será algo exigible a la Administración. El ciudadano no necesita justificar su interés por tener acceso a la información "elaborada o adquirida por los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones y que obre en su poder". Son los poderes públicos los que deben establecer excepciones o justificar que no debe entregarse. No es propiedad de la Administración, sino de los ciudadanos. Ellos la han pagado con sus impuestos.

Todos los grupos parlamentarios deberían apoyar este principio, por lo que sería bueno que ninguno presentara una enmienda a la totalidad. Significaría que ese grupo, incluso con la promesa de presentar otro proyecto diferente en la siguiente legislatura, intenta en el fondo que nunca haya una ley de este tipo. A los socialistas les ha costado seis años en decidirse a dar el paso. La promesa ya estaba en su programa electoral de 2004.

Pero creo que todos los grupos deberían presentar enmiendas con la intención de mejorar un texto que --era demasiado bonito para confiar en lo contrario-- deja un margen de interpretación excesivo a la Administración en algunos puntos e incluye conceptos demasiado ambiguos.

Sería necesario que las excepciones no quedaran establecidas en forma de principios tan generales que las garantías concedidas al solicitante queden condicionadas al criterio subjetivo de cada Gobierno. No es extraño que en principio los asuntos de defensa queden limitados, pero nunca de forma absoluta. Algunos datos, como la composición del Ejército, el número de soldados españoles desplegados en misiones en el exterior o la venta o compra de armamento, que por lo demás suelen ser conocidos periódicamente a través del Parlamento, no deberían estar resguardados por un secreto total.

Algunas excepciones mencionadas en el anteproyecto no deberían esperar a futuros reglamentos para verse concretadas. De lo contrario, ocurrirá lo de siempre. El proceso legislativo español se parece con frecuencia a un embudo. La ley es la parte ancha por la que caben en teoría todos los derechos posibles y el reglamento termina estrechándola hasta concluir en un angosto conducto vigilado por el señor de la ventanilla.

Un ejemplo evidente es la referencia al "secreto requerido en procesos de toma de decisión". Dicho así, permitirá a las Administraciones negarse a facilitar muchas informaciones relacionadas con los contratos de obras y servicios públicos, más allá de los pasos que ya se conocen, a veces con innumerables dificultades, sin necesidad de esta ley.

¿A quién recurrir si la Administración responde con una negativa? En EEUU, donde existe la Ley de Libertad de Información desde 1967, cabe la opción de recurrir ante un juez federal (la ley no se aplica a la información pública del Congreso y de los estados). Aquí existiría la opción de un recurso ante lo contencioso administrativo (el agujero negro más profundo de la Justicia española), pero --en un reconocimiento de que ese paso supone un paseo por el infinito-- el anteproyecto permite presentar una reclamación a la Agencia de Protección de Datos.

Eso sólo sería un avance si la agencia, además de su estructura, cambia de mentalidad. Al tener como función preservar la intimidad de los ciudadanos, lo normal es que reaccione impidiendo que se dé a conocer información. Por así decirlo, su respuesta tipo es la de limitar la difusión de información. Ahora tendrá que compatibilizar esa función con la opuesta y convertirse en un dios todopoderoso de dos caras. Pocos organismos públicos disfrutan de esa capacidad de desdoblamiento.

La futura ley ya incluye el concepto de transparencia en su nombre. La mejor forma que tiene la Administración de no verse inundada de peticiones es adelantarse a ellas y acostumbrarse a hacer pública esa información. Décadas de secretismo hacen pensar que una ley por sí sola lo tendrá muy difícil para cambiar una concepción autoritaria del poder que es desgraciadamente en España la única forma de ejercer el poder aceptada por los políticos.

Posted by Iñigo at Agosto 16, 2010 07:09 PM

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Comments

Hace unos años hice un curso de topografía por satélite y uno de los profesores nos contó una anécdota bastante curiosa.

El GPS te da la latitud y la longitud con mucha precisión. Es decir, las coordenadas X e Y. Pero la cota o coordenada Z es muy problemática porque la tierra es muy irregular. Este hombre estaba tratando de programar el geoide (que el el nombre que recibe la forma de la tierra) para España para poder obtener con precisión dicho parámetro, y para ello necesitaba todos los punto medidos con precisión de la superficie nacional que pudiera conseguir, como por ejemplo los vértices geodésicos. Pues se puso en contacto con las administraciones españolas pertinentes, el Instituto Geográfico Nacional, el Centro Cartográfico del Ejército y demás sitios. Ellos le suministraban la información que habían elaborado con nuestros impuestos por unos 600-900 euros (no recuerdo) lo que él no estaba dispuesto a pagar porque los datos del geoide los iba a distribuir gratis con su servidor para que los pudiéramos usar todos los que hacemos mediciones y además lo iba a hacer en sus ratos libres, en resumen, lo hacía por amor al arte (nunca mejor dicho).

Al final lo que hizo fue recurrir a un centro estadounidense donde, muy amablemente, vieron que era para un bien público y le mandaron la información cobrándole la astronómica cifra de los dos CDs en que iba contenida.

Desde este tiempo se ha hecho pública y gratuita información de bases de datos que realmente es básica para muchos profesionales, yo ahora pienso en las ortofotos del google earth que te puedes descargar de páginas públicas o Iberlex.

En fin, supongo que la moraleja es que venimos de las tinieblas pero vamos avanzando a mejor. En cualquier caso da verguenza pensar en los yanquis que pasados unos años desclasifican todo y dejan que se sepa la verdad, y aquí los campeones que nos moriremos sin saber que pasó el 23F.

Posted by: Individuo Indeterminado at Agosto 17, 2010 12:54 PM

Qué entrada más buena y maileable...

:]

Posted by: Renton at Agosto 18, 2010 05:26 AM