La destrucción de Beirut no tiene su origen en un barco, sino en un sistema político corrupto y sectario

Hay dos tipos de grandes catástrofes que pueden originar daños inmensos en un país. Aquellas que son muy difíciles de prever o impedir, bien porque son producto de la naturaleza o tienen lugar en países pobres sin medios para anticiparse a ellas, y aquellas cuyo origen se puede explicar por las carencias estructurales de ese Estado, sea debilidad, corrupción, incompetencia o una suma de ellas.

La tragedia de Líbano causada por la explosión del puerto de Beirut es sin duda un ejemplo del segundo caso. Décadas de un sistema político clientelar y sectario han tenido como resultado un Estado débil, donde el cumplimiento de las funciones administrativas más elementales es un asunto secundario frente a lo que realmente importa: el reparto de los altos cargos y de los empleos públicos que arrastran consigo en favor de los intereses de grupos políticos y líderes corruptos. No existen los intereses nacionales, sólo los de aquellos que se turnan en el control de las instituciones del Estado.

¿Cómo es posible que la peligrosa carga de un barco incautado hace seis años fuera almacenada en el puerto de Beirut? El buque, que transportaba 2.700 toneladas de nitrato de amonio a Mozambique, fue abandonado por sus dueños e incautado por decisión de un juez. Los responsables del puerto afirman que solicitaron en repetidas ocasiones al tribunal que encontrara una fórmula para sacar ese producto de sus instalaciones al suponer un «grave peligro». Les dijeron que el contenido de la carga iba a ser subastado y después ya no recibieron respuesta. La subasta nunca se llevó a cabo.

Fotos del cargamento de nitrato de amonio guardado en el almacén 12 del puerto de Beirut.

Ninguno de los gobiernos en el poder desde entonces tomó la decisión de trasladar el nitrato de amonio o destruirlo, como deberían haber hecho por razones evidentes de seguridad. Es un patrón de conducta que se ha repetido en múltiples crisis políticas y económicas en el país, como la producida por el hundimiento del sistema de recogida de basura en Beirut en 2015 o la actual crisis financiera. Las rivalidad entre los caciques que controlan la política y los intereses de los partidos políticos, que en realidad no funcionan como tales, predominan sobre todo lo demás. Los cargos de la Administración se reparten en función de criterios políticos o identidad religiosa. Ocurre tanto en la elección de los principales dirigentes del Estado como en posiciones inferiores de la Administración.

El llamado Pacto Nacional de 1943 sentó las bases del Estado libanés moderno a través de un sistema confesional. Con base en el censo de diez años atrás, que establecía que el grupo más numeroso era el formado por los maronitas cristianos, por cada seis escaños del Parlamento asignados a los partidos cristianos, las formaciones que representaban a los musulmanes recibían cinco. El presidente debía ser cristiano. El primer ministro, musulmán suní. El presidente del Parlamento, musulmán chií.

El reparto mantenía los privilegios políticos que el sistema colonial francés concedía a los maronitas. Reservaba parcelas de poder a la élite musulmana suní y dejaba escasa influencia en las manos de los musulmanes chiíes, que en las décadas siguientes fue el grupo de mayor crecimiento demográfico. No era una casualidad que los chiíes fueran la mayor parte de los pobres.

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El sistema tuvo algunos cambios en 1989 con el Acuerdo de Taif con el que se puso fin formalmente a la guerra civil. La representación política de cristianos y musulmanes se equilibró al 50%. El primer ministro ya no rendía cuentas al presidente, sino al Parlamento. Se suponía que el pacto pondría fin al reparto sectario del poder –ese era uno de sus objetivos–, pero lo que hizo fue perpetuarlo. El país cayó bajo la influencia de Siria, que mantuvo en Líbano a miles de soldados hasta que el asesinato del primer ministro Rafiq Hariri provocó una movilización popular y la salida de las tropas sirias en 2005.

Todas las convulsiones políticas de esa época, incluida la invasión israelí de 1981, habían convertido a Líbano en un juguete de intereses extranjeros. Los caudillos cristianos y musulmanes se adaptaron a esa situación, le sacaron provecho y mantuvieron su poder cuando el país dejó de estar en las portadas de los medios.

Como todas las infraestructuras que son fuente de ingresos, el puerto de Beirut era uno de los lugares más apetecibles para los que se aprovechan de los recursos públicos en beneficio propio. Eso incluye a grupos criminales, milicias y facciones políticas, escribe en el NYT Faysal Itani: «Múltiples agencias de seguridad con niveles diferentes de competencia (y diferentes lealtades políticas) controlan varias de sus operaciones. La contratación de la burocracia civil se hace en función de cuotas políticas o sectarias. Hay un persistente negligencia institucionalizada, corrupción a menor nivel y asignación de culpas a otros que es endémica en la burocracia libanesa, todo ello controlado por una clase política que se caracteriza por su incompetencia y desprecio por el bien común».

En octubre de 2019, una rebelión popular sin adscripción política se lanzó a las calles para exigir el fin de la corrupción y el sectarismo. El primer ministro tuvo que dimitir, pero nada cambió. Se formó un nuevo Gobierno de apariencia tecnocrática y sin poder real.

Los meses posteriores fueron aun peores. El Estado está en bancarrota, al igual que el sistema financiero. El tipo de cambio oficial, 1.500 liras libanesas por dólar, fijo desde hace 23 años, es una ficción: ahora supera los 4.000 en el mercado negro. Incluso es difícil establecer el precio real de la lira ahí. El Gobierno se lanzó contra las tiendas de cambio por implicarse en el mercado negro y estas respondieron cerrando sus puertas. Algunos cálculos indican que en muchos sitios se pagan hasta 9.000 liras por cada dólar. Los bancos ya no permiten a sus clientes sacar su dinero de las cuentas, salvo pequeñas cantidades.

Los servicios públicos dependientes del Estado también sufren las consecuencias. Algunas zonas de Beirut sólo tienen suministro eléctrico durante cuatro horas al día. Entre los sectores más vulnerables está el millón de refugiados sirios que residen en el país.

La inflación ha hecho que el precio de productos básicos esté fuera del alcance de la mayoría de los libaneses. En el último año, el precio de ocho alimentos básicos –arroz, sal, azúcar y aceite entre otros– ha aumentado el 56%, según el Programa Mundial de Alimentos de la ONU.

El país importa el 80% de lo que consume, porcentaje que se eleva al 90% en el caso del trigo. Sin divisas con las que pagar esas importaciones, el desabastecimiento está garantizado. El Gobierno negocia con el FMI un préstamo de urgencia de 10.000 millones de dólares, pero esta ayuda siempre está condicionada a la aplicación de reformas y nadie cree que en un país como Líbano la Administración tenga fuerza suficiente para ejecutarlas.

La explosión del puerto ha destruido hasta 15.000 toneladas de trigo que estaban almacenadas allí. En estos momentos, se calcula que el país sólo tiene trigo para un mes de consumo. Miles de viviendas y oficinas han sido destruidas o gravemente dañadas. Sus propietarios ni siquiera pueden sacar dinero de sus cuentas para iniciar las reparaciones a causa de las restricciones impuestas por los bancos. Nadie espera que el Estado pueda facilitar los créditos y ayudas necesarias para iniciar la reconstrucción.

La tragedia ha sido denominada en algunos medios como «el Chernóbil de Líbano». Siempre se dijo durante los largos años de guerra civil que los libaneses tenían una asombrosa capacidad para adaptarse a las penalidades. Eso casi se convirtió en un cliché periodístico que propagó la imagen de un país que estaba en condiciones de soportarlo todo. Si alguna vez fue cierto, ya no lo es.

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La huida del rey que necesitaba demasiado dinero para sus gastos

¿Qué pasa en un incendio cuando las llamas superan una y otra vez los cortafuegos que levantan los equipos de extinción? Que el fuego no está controlado, obviamente. La noticia de que Juan Carlos de Borbón abandona el Palacio de La Zarzuela y se va a vivir fuera de España, comunicada un lunes de agosto por la Casa Real con un comunicado de un folio, podría definirse como otro cortafuegos con el que intentar que el escándalo no salpique a Felipe VI si no fuera porque la expresión ha perdido ya todo valor. Recordemos que el primero se levantó para aislar a la Casa Real del resultado de la investigación y condena de Iñaki Urdangarin. Al segundo, algunos lo llamaron el último cortafuegos al eliminarse la partida económica que recibía el anterior monarca –AKA Rey Emérito– y ahora llega el tercero. No es demasiado aventurado sospechar que este también se verá desbordado por las llamas que obligarán a tomar nuevas decisiones al calor de los acontecimientos.

Juan Carlos de Borbón no reconoce en el comunicado ningún error ni actos impropios de su cargo. Mucho menos pide perdón por los hechos conocidos gracias a investigaciones producidas en el extranjero e informaciones de los medios de comunicación. Ni siquiera se encuentra una mención al desprestigio que su conducta ha causado en la imagen de la Casa Real. Esta ausencia no es extraña, y probablemente ha sido aconsejada por sus abogados, teniendo en cuenta que se trata de una persona acusada de haber cometido graves delitos. Al mismo tiempo, queda claro hasta qué punto definir como «ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada» revela que ya sólo se trata de salvar el pellejo y que sean otros los que se ocupen de encontrar una salida para esta gravísima crisis institucional.

No lo están haciendo con mucha transparencia. La Casa Real ha cerrado el asunto con un comunicado en el que las palabras de Felipe VI quedan circunscritas a un simple párrafo. Cualquiera diría que han dado por perdida la batalla de la opinión pública. Como dice el historiador Ángel Viñas en una entrevista: «Es imprescindible que la Casa Real deje de refugiarse tras un velo de secretismo que no tiene comparación con ninguna monarquía europea». Y eso que en ninguna monarquía de Europa Occidental han descubierto que el anterior jefe del Estado estaba dedicado al blanqueo de dinero.

Una de las pocas oportunidades que ha habido para conocer lo que piensa el anterior rey confirmó que no se puede esperar que asuma las consecuencias de sus actos. En un artículo de julio que citaba a personas de su «entorno próximo», estaba claro que se sentía indefenso y que no parecía admitir ninguna culpa: «Personas de su estrecha confianza con las que ha contactado este periódico hablan del ‘profundo malestar’, la ‘decepción’ y sobre todo la ‘impotencia’ que atenazan al Rey Emérito». Había terminado confundiendo al Estado con su persona y por eso consideraba que una donación multimillonaria recibida por ser el rey de España –negaba que procediera del pago de comisiones– debía tener como destino su lucro personal y de sus amantes. Libre de impuestos.

Ante otro cortafuegos que salta por los aires, la reacción del PSOE, el PP y Ciudadanos ha sido la de siempre, como si la tuvieran guardada en el ordenador para la siguiente embestida. En primer lugar, no se entra en detalle en los hechos conocidos porque son demasiado vergonzosos. Después, se elogia a Felipe VI dando por hecho que la última decisión es gracias a él (la Casa Real tardó un año en retirar a Juan Carlos la asignación tras conocer la estructura financiera ilegal que se había montado en Suiza y que tenía a Felipe VI como beneficiario). Finalmente, se da por hecho que todo irá bien a partir de ahora. «Esta decisión fortalece la institución», dijeron el lunes fuentes del Gobierno. Otra más como esta y la institución va a quedar tan fortalecida que no van a sobrevivir ni los cimientos.

Los que pensaban que la abdicación solucionaría los problemas de la legitimidad de la monarquía se han visto superados por los acontecimientos que habían quedado ocultos durante años por su propia decisión de mirar para otro lado.

En ninguna de esas reacciones se aprecia la paradoja de ignorar que los reyes llegan al trono por ser hijos de alguien. Su conducta termina favoreciendo o dañando a toda la institución. Isabel II y Alfonso XIII se enteraron demasiado tarde de ese hecho que cuenta con múltiples ejemplos en la historia.

Como daño colateral, no hay que descartar que el escándalo suponga una quiebra en la cohesión del Gobierno de coalición. «Un Gobierno democrático no puede mirar hacia otro lado ni mucho menos justificar o saludar comportamientos que socavan la dignidad de una institución clave como es la Jefatura del Estado y que son un fraude a la Justicia», ha escrito Pablo Iglesias, que pone así deberes al PSOE, al que le interesa entre poco y nada hablar en público del tema. Según TVE, la negociación del Gobierno con la Casa Real, la ha llevado la vicepresidenta Carmen Calvo. Habrá que preguntarse si los ministros de Unidas Podemos estaban al corriente de esas gestiones y si dieron su opinión sobre ellas.

La apelación a los servicios que Juan Carlos ha prestado al Estado aparece también de forma recurrente en los comunicados, sobre todo del PP, y en varios medios conservadores. Es una estrategia poco ganadora, como se ha visto en Catalunya con los intentos del nacionalismo catalán de salvar algo, lo que se pueda, de la reputación de Jordi Pujol. Fue un sinvergüenza, pero antes hizo mucho bien es la típica frase de la que la gente se queda con lo que se ha dicho antes del ‘pero’.

La salida de España ha recibido ahora elogios difíciles de desentrañar. Habitualmente, sólo los dictadores huyen del país para no ser juzgados o porque su presencia es algo más que incómoda. A veces, forma parte del trato que hizo posible su salida del poder. De momento, los abogados de Juan Carlos han prometido que seguirá a disposición de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Si el destino elegido es la República Dominicana, como han especulado algunos medios, la imagen resultante no será nada amable. El exrey tostándose al sol del Caribe, mientras los españoles conocen nuevos detalles sobre su fortuna escondida en el extranjero. Los que se ocupan del noble arte de las viñetas de humor se pondrán las botas.

Sería aún peor que se confirmara lo contado por una televisión portuguesa que afirma que Juan Carlos ya está en Portugal. Allí pasó muchos años en su juventud, porque su padre, Juan de Borbón, estaba en el exilio forzado por el franquismo. Nada que ver con un caso de presunta corrupción económica, aunque algunos tendrán la tentación de intentar convencer a la gente de lo contrario.

¿Qué gana la monarquía enviando a Juan Carlos de Borbón a algún lugar del extranjero para el que tendrán que seguir utilizándose fondos públicos en la protección de su seguridad? Sólo un cortafuegos más con fecha de caducidad que habrá que sustituir por otro y por otro y por otro. La investigación judicial casi no ha empezado en España y la agonía ya parece insoportable para el sistema político español.

Actualización: varios medios informan el martes de que Juan Carlos ya se encuentra en la República Dominicana donde está alojado en el complejo turístico propiedad de un millonario norteamericano de origen cubano. Oficialmente, la Casa Real no ha informado de su paradero. En España, la ministra Irene Montero ha confirmado en una entrevista en la Cadena SER que los ministros de Unidas Podemos no fueron informados por Moncloa de las negociaciones con la Casa Real que desembocaron en la salida del rey emérito del país.

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Los anuncios más brutales contra Trump vienen de la derecha

Un grupo de personas está teniendo una actividad frenética en la campaña electoral norteamericana en los últimos meses. No forma parte de los equipos de Donald Trump y Joe Biden, aunque eso no es una novedad en la política de ese país. Lo que sí no tiene precedentes es que sus promotores están atacando con una dureza extrema al candidato de su partido, que no es otro que Trump. Son republicanos que están haciendo todo lo posible para que el próximo presidente sea Biden y lo están haciendo empleando todos los recursos visuales de la propaganda negativa: su objetivo es destruir la imagen del actual presidente.

El grupo se llama The Lincoln Project y empezó a funcionar en diciembre de 2019. Los autores de los anuncios son gente con experiencia en las campañas de Bush, McCain y Romney. Parecen a primera vista muy efectivos no sólo por su calidad técnica, que en general parece muy buena, como por emplear un lenguaje y un estilo narrativo con el que los republicanos llevan décadas metiendo el miedo en el cuerpo a los votantes ante la posibilidad de que un demócrata gane las elecciones presidenciales. Muchos de ellos están dirigidos precisamente a los republicanos al comparar negativamente a Trump con iconos conservadores del pasado (Ronald Reagan) o con la contundencia y agresividad con la que hay que hacer frente a los enemigos del país.

La pandemia es un tema perfecto para su campaña contra Trump. En un anuncio de finales de mayo, cuando el número de muertes en EEUU había superado la cota de 100.000, el montaje es tan simple como demoledor. Un número inmenso de cuerpos cubiertos con una sábana que terminan convirtiéndose en la bandera del país.

En lo que es un recurso recurrente de la propaganda negativa, utiliza la voz de Trump para recordar cómo decía semanas atrás que el número de afectados iba a reducirse «casi hasta cero».

Reaccionan rápido a las últimas noticias. Cuando se supo que la Casa Blanca había distribuido una lista de declaraciones del doctor Anthony Fauci para demostrar que él también se había equivocado, The Lincoln Project contraatacó con un anuncio largo para compararle con Trump.

No se libra ni uno de los temas favoritos de Trump, el muro que iba a levantar para impedir la llegada de inmigrantes desde México. «El único muro de Trump» es el que formarían los ataúdes de las 140.000 personas muertas hasta el día de difusión del vídeo. Sin más audio que el ruido de fondo, excepto una frase final de Trump («nadie construye muros mejor que yo») con la obvia intención de ridiculizarle.

En ocasiones, ni siquiera se molestan en desarrollar un argumento político o denunciar un aspecto concreto de la conducta del presidente. Se trata de burlarse de él –no es difícil si se recurre a una entrevista reciente en Fox News especialmente delirante–, incluyendo risas enlatadas.

Un recurso clásico de los anuncios republicanos contra los demócratas consiste en compararlos en términos desfavorables con los mitos del pasado, como la generación que luchó contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial. ¿Se puede relacionar esa época con la pandemia del coronavirus estirando al límite el mensaje? Desde luego si el objetivo es describir a Trump como alguien indigno de la presidencia.

Por la misma razón, Trump no es un enemigo que pueda hacer frente a países como China o Rusia. Con Trump en el poder, «China no puede perder» sobre una imagen de la Casa Blanca teñida del peligroso color rojo. Frente a Putin, Trump es débil y sumiso, curiosamente el mismo argumento con el que los republicanos castigaron a los demócratas durante décadas en la Guerra Fría.

La publicidad negativa en forma de breves píldoras visuales es uno de los elementos que más se destaca de las campañas electorales de EEUU. Tanto es así que mucha gente cree que es infalible. Evidentemente, no siempre es así. Cuanto más obvio es tu mensaje, más fácil es que sólo convenza a los ya convencidos. Pero su eficacia aumenta cuando incide en algo que es percibido por todos como un aspecto vulnerable de un candidato, sea por una parte de su programa político o por su personalidad. Y Trump, no sólo a causa de la crisis del coronavirus, ofrece un amplio abanico de posibilidades en este campo.

La mayoría de sus anuncios se distribuye en redes sociales sin mucho coste. Algunos se han emitido en Fox News o en canales de Washington con la intención de que le lleguen a Trump y obligarle a reaccionar. Lo hizo en Twitter y eso permitió a The Lincoln Project recaudar más dinero. En junio, llegó a gastar 1,4 millones de dólares, lo que le permitió llevar los anuncios a televisiones de los estados que serán decisivos o dedicar algunos específicamente a congresistas republicanos cercanos al presidente. En el segundo trimestre de este año, ha recaudado 16,8 millones. Hay muchos grupos de presión que cuentan con más fondos que The Lincoln Project para la campaña, pero pocos obtienen tanto impacto en Twitter y Facebook.

En términos de crispación, son mucho mejores que los anuncios de la campaña de Biden. Aun así, favorecen al demócrata porque el trabajo más sucio ya se lo están haciendo otros.

Trump ha fagocitado por completo a los republicanos aprovechando las tendencias que ya se habían hecho fuertes en el partido desde los años 90. Los republicanos que se autodenominaban Never Trump han quedado con una influencia ínfima en el partido y ahora han descubierto que su mejor campo de acción es el de la propaganda visual en el año electoral. No hay que olvidar que ser muy influyente en redes sociales no significa que vayas a serlo también en el mundo real, y por tanto en las urnas.

Si se trata de jugar sucio y duro en una campaña electoral, resulta difícil superar a los republicanos. Trump ha empezado a descubrirlo.

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La España de Aroa López tiene un mensaje para la España oficial y también para todos nosotros

No es habitual encontrar altas dosis de emoción en los actos oficiales de homenaje, y eso que la música clásica pone mucho de su parte. Un ejército de altos cargos y representantes políticos. Una organización marcada por el protocolo y las jerarquías. Discursos encorsetados que transmiten obviedades con una pizca de sentimiento. Un desfile de trajes oscuros. Medios de comunicación que destacan como muy importantes detalles bastante nimios. Políticos que aprovechan a la salida para colar su mensaje de la semana y olvidarse de la razón del acto. Las recurrentes críticas a algunas mujeres por cómo van vestidas (por lo visto, sin demasiado color negro en la ropa o enseñando pierna, lo que es dramático).

El homenaje a las víctimas del coronavirus celebrado el jueves en el Palacio Real fue un reconocimiento necesario a la sociedad, en especial a aquellos que más han sufrido. Pero fue con las intervenciones de dos representantes de eso que se llama de forma pedante la sociedad civil –¿la hay de otro tipo?– cuando el acto recordó a todos con la emoción necesaria qué hemos perdido y qué debemos tener en mente para evitar que se repita una tragedia como esta. Hernando Fernández Calleja y Aroa López Martín hablaron del recuerdo por los fallecidos y de nuestra responsabilidad ante los que estuvieron en primera línea.

El momento clave de la intervención de Aroa López –enfermera y supervisora de urgencias en el Hospital Vall d’Hebron– fue cuando hizo referencia a un elogio que se ha oído mucho y que ella quiso poner en el contexto adecuado. «Hemos vivido situaciones que te dañan el alma. Porque quien había detrás de los EPIS no eran héroes. Éramos personas que se alejaban de sus familias para protegerlas de un posible contagio. Personas que salíamos del hospital cargadas con todas esas emociones, y que regresábamos a nuestro trabajo desde la soledad y el agotamiento, un día más».

Habló en nombre del personal sanitario y de los demás trabajadores que forman el imprescindible personal de apoyo y también de todos aquellos que realizaron labores esenciales fuera de los hospitales: «Fueron miles de hombres y mujeres los que cuidaban con su trabajo a los millones de españoles confinados».

Solos y agotados al final de cada jornada. Porque no hacían únicamente el trabajo profesional para el que están cualificados y por el que les pagan. Vivían situaciones que les obligaban a mucho más: «Hemos sido mensajeros del último adiós para personas mayores que morían solas, escuchando la voz de sus hijos a través de un teléfono. Hemos hecho videollamadas, hemos dado la mano y nos hemos tenido que tragar las lágrimas cuando alguien nos decía: ‘No me dejes morir solo'». La frialdad de un homenaje de Estado –porque el Estado puede llegar a ser una maquinaria muy fría– temblaba cuando Aroa López nos devolvía a todos a los momentos que nos contaron no hace muchos meses y que no podemos olvidar. Ante una enfermedad sin tratamiento ni vacuna, al personal sanitario sólo le quedaba al final coger la mano de un enfermo que ya no podía resistir más y estar a su lado para que no muriera solo.

No eran héroes ni heroínas. No contaban con superpoderes que les permitieran realizar su labor sin esfuerzo. Eran servidores públicos con los que la sociedad tiene una deuda que es muy grande, aunque no es imposible de pagar. También los políticos que asistían al acto, entre los que estaban los presidentes de todas las Comunidades Autónomas. Estos días, somos testigos de la aparición diaria de brotes que en conjunto no son alarmantes, pero que sí indican que no se puede bajar la guardia. Por la parte que toca a las Administraciones, resulta básica su detección y rastreo cuanto antes, y en ese punto los resultados están aún lejos de ser óptimos.

La Generalitat ha cambiado su sistema de rastreo para incorporar a 500 personas más que harán su labor en la Atención Primaria, como habían reclamado los profesionales sanitarios. Se trata de evitar los errores cometidos en Lleida. Madrid informa del mayor número de casos de coronavirus, pero la cifra de brotes es mínima. De momento, la duda está entre el misterio y el ocultamiento. O sencillamente que no hay un sistema de rastreo que cumpla con su función. Los profesionales alegan que no hay personal suficiente para llevarlo a cabo. El Gobierno de Díaz Ayuso se comprometió a contratar a 400 personas para reforzar la plantilla de Salud Pública (no es pedir mucho, hay 80.000 personas en las plantillas gestionadas por la Consejería de Sanidad). Luego, dijo que serían 172 y ahora en julio la cifra se ha quedado en treinta, según El País.

«Nuestra sociedad ha dado estos meses una lección de inmenso valor», dijo Felipe VI en su discurso, al demostrar «civismo, madurez, resistencia y compromiso con los demás». Es una buena idea destacarlo, si bien no se puede hacer ya balance y pensar que la pandemia ha acabado o que el riesgo de volver a los meses de marzo y abril ha desaparecido. Todo eso depende ahora de la conducta de los ciudadanos de todas las edades y de las medidas que tomen los gobiernos para rastrear los brotes y limitar los contagios. Sabiendo además que la situación puede ser mucho peor a partir del otoño.

La deuda con el personal sanitario y los fallecidos y sus familias existe y no se ha pagado con el homenaje de Estado del jueves. Aroa López recordó en qué consiste: «Quiero pedir también a los poderes públicos que defiendan la sanidad de todos. Que recuerden que no hay mejor homenaje a quienes nos dejaron que velar por nuestra salud y garantizar la dignidad de nuestras profesiones».

La sanidad de todos no nos salvará otra vez si no recibe la atención que requiere.

No valen ya aplausos como los de hace unos meses ni homenajes oficiales. Toca aprender la lección, dijo López. La pregunta con la que cerró su intervención vale para todos, para los gobiernos y para los ciudadanos: «¿Quién cuidará de nosotros si la persona que nos cuida no puede hacerlo?».

Piensen en ello este verano.

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El PP ha perdido la mitad de sus votos en Euskadi desde el fin de ETA y no es tan difícil entender por qué

En el manual de los fracasos electorales, no hay nada peor en los partidos que echar la culpa a los votantes. En términos estrictos, es una obviedad. Son los votantes los que deciden con sus papeletas cómo se asignan los escaños en un Parlamento. En un plano más profundo, resulta penoso recorrer ese camino. Eleva no saber perder a una categoría de ceguera aún mayor. La ventaja es que permite fingir que nada ha pasado, nada que te obligue a cambiar no tu ideología, sino tu mensaje o estrategia.

Esa ha sido la reacción del Partido Popular tras sus pésimos resultados en las elecciones vascas, que tienen la categoría de hundimiento si se observa la evolución de los votos recibidos en los últimos veinte años. El PP es irrelevante incluso en zonas en las que tiempo atrás disputaba la primera posición, como era el caso de Álava. Son los votantes vascos del PP los que han abandonado al partido, no los que nunca le votaron. Eso es bastante obvio y quizá debería provocar algún atisbo de autocrítica. En absoluto. La culpa es de todos los españoles, incluso de los que nunca han pisado Euskadi. «Algo estará haciendo mal la sociedad española y desde luego algo debemos no empezar a hacer los que estamos en este acto, porque si no, sería mejor dedicarse a otra cosa», dijo Pablo Casado el lunes en un homenaje a Miguel Ángel Blanco en Madrid.

Esa sería la versión sobria de la respuesta del PP. Para buscar comentarios que exigen al cerebro un gran esfuerzo de interpretación, hay que acudir a las palabras de Isabel Díaz Ayuso. «Hoy han conseguido que, por dejar de matar, obtengan lo que antes alcanzaban matando», dijo en el mismo acto. Nunca se han concedido escaños en Euskadi en función del número de muertos. «Aquellos que pegaban tiros en la nuca en defensa de un proyecto totalitario en el País Vasco jamás pensaron que hoy conseguirían tanto». Más allá de extender el terror, ETA no consiguió sus objetivos políticos durante décadas. Los dirigentes de la organización terrorista no estaban pensando precisamente en unas instituciones autonómicas incluidas en el Estado constitucional y dominadas por el PNV como su gran sueño. Su objetivo era la independencia y la expulsión de las instituciones del Estado español, dos cuestiones que incluso la presidenta de Madrid debería saber que no se han producido.

En la campaña, el PP y Ciudadanos acusaron a Pedro Sánchez de blanquear a EH Bildu, lo que explicaría sus buenos resultados. Es una interpretación que se repite de forma constante en varios medios de comunicación conservadores. «Bildu rentabiliza el blanqueo de Sánchez», tituló La Razón. «El blanqueamiento de Pedro Sánchez impulsa a Otegui (sic) en las urnas», escribió ABC. Si Sánchez es tan influyente en Euskadi –un punto de vista muy discutible–, lo que no se entiende es cómo hizo que Bildu llegara a 22 escaños, pero no consiguió que su propio partido pasara de diez. Lo que es seguro es que Sánchez pidió en campaña el voto para el PSE. De eso, tienen que ser conscientes hasta los dirigentes del PP. Y si Bildu estuviera tan ‘blanqueado’, por emplear esa terminología, el PSE no tendría inconveniente en pactar con ellos y sacar al PNV de Ajuria Enea. Y eso, a día de hoy, no va a ocurrir.

La confusión no es nueva y parte de un proceso de autosugestión en el que el PP vasco se encuentra inmerso desde hace mucho tiempo. Surgió de una teoría de Jaime Mayor Oreja, según la cual la izquierda abertzale existía en el País Vasco porque existía ETA. No estaba sustentada en ningún estudio sociológico ni encuesta. Por la misma razón, el fin de la violencia serviría para propulsar electoralmente al PP. No muchos dirigentes del partido se atrevían en público con la segunda premisa, pero algunos sí. «Si conseguimos acabar con ETA, que tengo esperanza de poder conseguirlo, el PP vasco va a subir como la espuma, porque con libertad en los pueblos y en las calles de Euskadi, a ver qué pasa con la gente que hasta ahora no se ha atrevido a votarnos», dijo en 2011 Antonio Basagoiti, entonces presidente del PP vasco. En la década posterior, la realidad le desmintió.

El PP ya tenía entonces serios problemas para entender la realidad política y sociológica del País Vasco. La violencia terrorista contribuía a contaminarlo todo, incluida la actividad de los partidos en campaña. Pero ese es un error que ya es muy difícil de aceptar en 2020 (nota: ETA anunció el fin definitivo de la violencia en octubre de 2011).

Existía al menos un precedente que indicaba lo contrario a la premisa de Mayor Oreja. En plena tregua de ETA propiciada por los acuerdos de Lizarra entre las fuerzas nacionalistas, Euskal Herritarrok, encabezada por Arnaldo Otegi, superó en las elecciones vascas de 1998 en un 34% el porcentaje de los comicios anteriores (fue en esa tregua cuando Carlos Iturgaiz pidió a las viudas de las personas asesinadas por ETA «un poco más de sacrificio por la paz»). En las siguientes, en 2001, después de que ETA reanudara los atentados y el voto nacionalista se reuniera en torno al PNV de Ibarretxe, el voto a la izquierda abertzale se hundió hasta el 10% y perdió la mitad de sus escaños en el peor resultado de su historia.

La evolución de los votos del PP en los últimos veinte años deja poco margen para las interpretaciones. 251.743 votos en 1998, 326.933 en 2001, 210.614 en 2005, 146.148 en 2009, 130.584 en 2012, 107.771 en 2016, 60.299 en 2020. Cualquiera diría que hay un patrón en estas cifras. El fin de ETA sólo contribuyó a acelerar una tendencia muy evidente. La derecha mediática de Madrid acusaba a Antonio Basagoiti y Alfonso Alonso de ser unos blandos en la contienda contra el nacionalismo vasco –ignorando que María San Gil ya había perdido más de 100.000 votos con respecto a 2001–, y de ahí sus malos resultados. Para confirmar la tesis aznariana de que todo lo que no sea la máxima agresividad contra el nacionalismo contribuye a fortalecerlo, Pablo Casado recuperó a Iturgaiz, candidato en 1998, y el castañazo fue de época.

Lo más paradójico de todo esto es lo más obvio. El PP insiste en creer que puede influir en los votos que reciba Bildu, pero no tiene ninguna posibilidad. Es obvio que sus electorados son muy diferentes. La candidatura liderada por Maddalen Iriarte ha obtenido los mejores números de la historia de la izquierda abertzale precisamente cuando ha hecho hincapié en su programa en la primera palabra sin abandonar por completo la segunda. Iriarte ha hablado más de políticas sociales, derechos de los trabajadores y feminismo que de independencia. La decadencia de Podemos en Euskadi y el estancamiento del PSOE han servido a Bildu para dominar el voto de izquierdas, en especial entre los jóvenes. La fidelidad de su electorado le ha favorecido en unos comicios que han tenido el mayor porcentaje de abstención en Euskadi.

En la última década, muchos votantes vascos del PP lo han tenido muy claro en las elecciones autonómicas, en especial en Álava. El principal freno a la izquierda abertzale es el PNV. Sólo Bildu puede poner en peligro en el futuro la hegemonía del partido de Urkullu en la política vasca. Y esos votantes del PP quizá no sean licenciados en Ciencia Política, pero tienen claras sus prioridades y saben cómo votar.

En Madrid, la dirección nacional del PP sigue hablando de ETA, proetarras y batasunos. Quizá por eso y por otras razones ha perdido el 81% de sus votos en Euskadi desde 2001 y la mitad de ellos desde el fin de ETA. Cuando no conoces a tus votantes, sueles pagar las consecuencias.

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La máquina del tiempo le juega una mala pasada a Casado

Resulta complicado trazar una estrategia electoral cuando no lees bien la realidad del lugar en que se vota. Ese es uno de los caminos más seguros hacia la derrota. Hay una segunda opción con la que explicar un fracaso en las urnas. Cuando te da igual todo, porque tus prioridades son otras. Sí, han leído bien. Hay gente que se presenta a las elecciones para perderlas. Pablo Casado ha hecho todo lo posible para estar en esa situación en las elecciones vascas y ha tenido un éxito rotundo. No podía haberlo hecho mejor, es decir, peor.

El gran enigma es cómo una estrategia diseñada para perder estaba acompañada por una intensa presencia del líder del PP en el País Vasco. No quería dejar nada al albur de las interpretaciones de los medios de comunicación. Quería hundirse en el agujero que él mismo había cavado. No se limitó a estar en los actos principales del partido en las tres capitales vascas. Acompañó a su candidato, Carlos Iturgaiz, en seis mítines. Lo elogió hasta el exceso, como si fuera la gran esperanza del PP para mejorar los resultados de anteriores comicios. En realidad, se estaba elogiando a sí mismo.

Casado eliminó a Alfonso Alonso sin contemplaciones con la intención de dejar claro que el PP vasco se dirige desde Madrid. Alonso había sido alcalde de Vitoria en dos mandatos, diputado por Alava durante nueve años y ministro. Todo eso daba igual en Génova, ni siquiera en el momento en que les convenía jugar sobre seguro. Se colocó a dedo a nuevos candidatos a las generales, gente con poca experiencia política y a los que conocían pocos. Para estas autonómicas, Casado echó mano del pasado y sacó de la jubilación a Iturgaiz, que había puesto fin a unas largas vacaciones en el Parlamento Europeo.

Y allá fueron los dos por toda Euskadi para hacer campaña como si todavía estuviéramos en los años noventa. Como si ETA aún existiera. ¿Cuál era el toque contemporáneo? Acusar al PNV de ser cómplice activo de la izquierda radical y sostener que votar al partido de Iñigo Urkullu era como votar a Podemos y estar a favor de la expropiación de viviendas. Cualquiera que conozca la política del PNV en Euskadi y haya escuchado al lehendakari debió de quedar perplejo ante estas afirmaciones. Es lo que tiene llevar el argumentario de FAES y de los editoriales de ABC a una campaña. Los votantes necesitan traducción simultánea ante mensajes que parecen llegar de Marte.

Casado tiró por la borda a Euskadi, como si ya le hubiera concedido la independencia. Impuso al partido un pacto de coalición con Ciudadanos que aportaba muy pocos votos. Era una inversión a escala nacional con el fin de ir envolviendo al partido de Inés Arrimadas en una red con la que absorberlo en el futuro. El desenlace es ceder un escaño a Cs de los seis conseguidos, tres menos que en 2016, y permitir que Vox tenga un escaño por Álava, es cierto que con un escuálido 3,7% y 4.700 votos. Montas un discurso duro y áspero extraído del pasado para neutralizar a Vox y lo que consigues es llevarlo a la Cámara vasca.

Las elecciones se jugaban en un campo muy favorable para Iñigo Urkullu y Alberto Núñez Feijóo y los resultados lo confirmaron. Lo ocurrido en Galicia servirá para que el PP intente sacar pecho en los próximos días, pero el PP de Feijóo, al menos en términos de imagen en la política nacional, tiene poco que ver con el de Casado, su portavoz Cayetana Álvarez de Toledo y la FAES. Recordemos que el presidente de la Xunta dijo ‘no’ a Casado al recibir la orden/oferta de que sumara a Ciudadanos en sus listas. Ahora es incluso más poderoso que antes y tendrá la oportunidad de decir ‘no’ más veces. No dejará que le cuenten lo que debe hacer los mismos que han montado el fiasco de Euskadi.

En la izquierda, EH Bildu y el BNG rentabilizan el trabajo de oposición de los últimos cuatro años para convertirse en fuerzas dominantes. El PSOE estará en dos lugares diferentes –el Gobierno en Euskadi y la oposición en Galicia–, pero con la misma sensación de que su potencial de futuro es escaso. Estar en el Gobierno central ni le beneficia ni le perjudica en esos territorios. Vive en la rutina de saber que lo que más puede conseguir es mantenerse. Podemos prosigue con su lenta decadencia en Euskadi y sufre un fracaso descomunal en Galicia. Los votantes han respondido con coherencia al espectáculo ridículo con el que las Mareas decidieron suicidarse. Querían una sepultura para ese proyecto político y las urnas se lo han concedido.

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Está feo señalar a los periodistas por el nombre, pero presionar para que los fusilen es mucho peor

En una escala de cero a diez, cuando el ambiente político está muy crispado, Rafael Hernando roza el once. Hay personas que están metidas en el noble arte de la política para redactar leyes, defender ideas o criticar las del adversario. Otros desarrollan una larga carrera haciendo de extras con frase de la ‘boda roja’, es decir, para apuñalar al enemigo entre los omoplatos hasta que se les canse el brazo. El senador del PP decidió hace tiempo que esa era su vocación.

En estos días en que el PP ha decidido centrar sus ataques en Pablo Iglesias, estaba claro que Hernando se iba a superar. Con algo de confusión, eso sí. En un tuit del miércoles, dedicó una breve lista de improperios al vicepresidente con uno que destacaba sobre los demás: «Usa a mujeres al estilo Bernstein».

¿Bernstein? ¿El compositor Leonard Bernstein? ¿El periodista Carl Bernstein? Poco probable. Veamos si es que se equivocó con el apellido. ¿Jeffrey Epstein, el multimillonario condenado por delitos sexuales y que se suicidó en 2019 tras ser detenido en una segunda ocasión y procesado por abusos sexuales a menores? ¿Harvey Weinstein, el productor de cine condenado a 23 años por violación y abusos sexuales?

Va a ser uno de estos dos últimos. En la política española, cabe todo hasta acusar a tus adversarios de los más graves delitos sexuales básicamente porque sí, porque te apetece. Luego siempre puedes decir que era una metáfora o que te han malinterpretado. Si a ti se te ocurre decir algo así en tu centro de trabajo, estás despedido antes de acabar la frase.

Después de consumir los temas de la manifestación del 8M y el número de muertos en la pandemia –eso no impide que se retomen más adelante si resulta conveniente–, el PP ha decidido que hemos entrado en la semana de los ataques de Pablo Iglesias a los periodistas. Es un partido metódico. No conviene gastar toda la munición a la vez. Hay que dosificarla. La campaña cuenta con la colaboración involuntaria de Podemos, al que siempre le ha encantado hablar en público de los medios de comunicación, mientras el PSOE ve la pelea desde la barrera sin saber muy bien en qué puede beneficiar al Gobierno todo este escándalo veraniego.

No es que esté prohibido criticar a los medios –algunos periodistas creen que sí por razones desconocidas–, pero tiene sus inconvenientes. El PSOE lo sabe bien, porque recuerda lo poco que le sirvió a Felipe González entrar en esas guerras que al final tienden a convertirse en algo personal. Zapatero se lo tomó con mucha más calma. Tampoco es que le fuera muy útil. Le llamaban de todo y lo que hizo fue tener una muy buena relación personal por ejemplo con Pedro J. Ramírez y conceder a las televisiones privadas el mayor regalo económico que podrían desear: la eliminación de la publicidad en TVE. La ofrenda fue tan inmensa que casi debería haber aparecido fiscalmente como donación.

Iglesias sostiene que hay una estrategia promovida por la derecha para sacar a Podemos del Gobierno. A eso, se podría responder en plan gamberro: no shit, Sherlock. Se basa no ya en la discrepancia ideológica que obviamente existe, sino en la idea, correcta o equivocada, de que esa es la forma más rápida de cargarse al Gobierno y provocar elecciones anticipadas. De todas formas, si el PP ya ha acusado a Pedro Sánchez poco menos que de causar la muerte de miles de españoles en la pandemia, todo lo demás queda un poco diluido en la comparación. ¿Qué hay peor que llamarte asesino múltiple? ¿Decir que tus modales en la mesa dejan mucho que desear?

El PP también ha tildado a Iglesias de responsable político de la muerte de miles de ancianos en las residencias. La responsabilidad de la gestión de esos centros reside en los gobiernos autonómicos y la prioridad del partido es salvar la reputación de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad donde el número de fallecimientos ha sido más terrible. La acusación se contradice con las muchas medidas tomadas por Ayuso sobre las residencias, como quitar las competencias al consejero de Políticas Sociales o enviar unas polémicas instrucciones a los hospitales, pero el PP no tiene la intención de que la realidad se interponga ante sus argumentarios.

Fernando Simón podría decir a Iglesias en relación a los ataques personales: ponte a la cola, al fondo hay sitio. Salvador Illa, lo mismo.

En el mitin de Bilbao del lunes, el vicepresidente se refirió a los «cañones mediáticos» del PP, lo que recuerda al concepto de «Brunete mediática» que se popularizó en los tiempos de Felipe González y que Luis María Ansón vino a confirmar unos años más tarde. Pero antes el partido, a través de Pablo Echenique, había puesto nombre a algunos periodistas, como Vicente Vallés de Antena 3, para mover en Twitter un vídeo de un nuevo medio de comunicación que tiene todo el aspecto de haber sido promovido por Podemos con la intención de atacar a otros medios, además de a la oposición.

La última ofensiva contra Podemos tiene que ver con el caso del robo del móvil a Dina Bousselham en 2015, entonces asesora de Iglesias, cuya tarjeta de datos acabó en manos de dos periodistas de Interviú que se la pasaron a sus jefes y al comisario Villarejo. Su empresa se la entregó a Iglesias y este no la devolvió a su dueña hasta pasados varios meses cuando ya había sido dañada para que no se pudieran extraer más datos. Cuando se supo que algunos pantallazos de mensajes de Iglesias en ese móvil habían sido enviados por Bousselham a otras personas, no a Villarejo precisamente, el caso judicial quedó un tanto desbaratado. Pero el magistrado decidió que ahora tenía un caso contra Iglesias en un giro de la trama típico de la Audiencia Nacional, lo que quiere decir que se mantendrá vivo durante muchos meses aunque tenga poco futuro jurídico. El PP no es un partido que desperdicie estos regalos.

Tampoco fueron muy remilgados los periodistas que recibieron una parte del contenido robado de esa tarjeta del móvil de manos de Villarejo y que la utilizaron sin inmutarse. Sin inmutarse no, entusiasmados. Podemos ha hecho circular algunos de esos nombres, porque siguen estando en la pomada publicando artículos para intentar hacer ver que todo el caso del robo de la tarjeta de móvil es una conspiración montada por Iglesias. Son los que siempre defendieron a Villarejo hasta que resultó materialmente imposible seguir haciéndolo. Una periodista de El Mundo dio los nombres de dos –obviamente, uno era Eduardo Inda–, cuando preguntó en la rueda de prensa del Consejo de Ministros por los ataques dirigidos por Podemos. Como si fueran unos héroes de la profesión injustamente atacados. Los héroes de Villarejo.

Pablo Casado ha dicho que suscribe la muy conocida frase de Thomas Jefferson que dijo que prefería un país con periódicos y sin Gobierno a otro con Gobierno y sin periódicos. No hay que tomárselo al pie de la letra. Jefferson también dijo que «un hombre que no lee nada está mejor educado que un hombre que sólo lee periódicos». Otra frase en una carta que envió a un amigo: «No se puede creer nada de lo que se ve en los periódicos. La misma verdad se convierte en sospechosa cuando aparece en ese vehículo contaminado». Como norma general, debemos creer que cuando un político comparte la primera frase de Jefferson está mintiendo, porque en realidad su opinión está más cerca de la reflejada en las citas posteriores.

Ahora que se lleva tanto en el PP denunciar los señalamientos, como se les llama ahora, hechos por Iglesias como un crimen de lesa democracia, lo mismo llaman la atención a Cayetana Álvarez de Toledo, que acusó a La Sexta de «hacer negocio con la erosión de los valores de la democracia». Eso quedó poco jeffersoniano, por la primera cita.

La forma un tanto relajada con la que Iglesias habló de los insultos a políticos o periodistas en la rueda de prensa del martes («creo que hay que naturalizar que en una democracia avanzada cualquiera que tenga presencia pública o cualquiera que tenga responsabilidad en una empresa de comunicación o en la política, lógicamente están sometidos tanto a la crítica como al insulto en redes») no le va a hacer ganar muchos amigos, excepto quizá en su partido, ni le va a conseguir apoyos en el PSOE. Rafael Hernando diría que él lleva ‘naturalizando’ todo eso desde hace tiempo.

Lo que sí es cierto es que para un periodista hay algo peor que los insultos (pónganse cómodos en los comentarios, están en su casa), y es perder el empleo por las presiones de un partido político. Esos son los señalamientos que hacen más daño.

El partido de Casado tiene un largo historial de periodistas ejecutados de forma sumaria a causa de sus amables recomendaciones, que además se han hecho siempre de forma discreta, excepto con los periodistas de TVE a los que se ha amenazado en público sin ningún problema. La acción más efectiva es la que se hace con llamadas al consejero delegado. Algunos como José Antonio Zarzalejos, Esther Palomera, Luis Fernández, Germán Yanke o Jesús Cintora tuvieron la oportunidad de comprobarlo. La lista es mucho mayor, y menos conocida, en medios locales o regionales, donde los cadáveres de periodistas a los que nadie insultó en redes sociales fueron enterrados en fosas comunes laborales que ya estaban bastante llenas. Y eso ocurrió cuando alguien con mando en plaza llamó al medio para advertir que esa publicidad institucional tan jugosa iba a desaparecer si ese periodista continuaba escribiendo lo que publicaba.

Mientras tanto, todas las opiniones sobre si está bien ‘señalar’ a periodistas por su nombre está sirviendo al PP para sostener que la mafia policial que operó en el Ministerio de Interior dirigido por Jorge Fernández Díaz para atacar a los rivales políticos del PP es poco menos que un invento de Iglesias, cuando su existencia ha sido sobradamente probada por este y otros medios.

Ocurre con frecuencia en política que si te insultan, si tus rivales entran en estado de histeria, es una señal de que vas por buen camino y que la vida te sonríe. Esa es una idea demasiado revolucionaria como para que eche raíces en España.

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Si te persiguen en campaña, algo habrás hecho y eso no tiene por qué ser malo

Sólo porque seas un paranoico no significa que no te persigan, decía el personaje de Alan Arkin en la película ‘Catch-22’. Casi todos los políticos se ponen algo paranoicos cuando les aprietan y aun más si están en campaña electoral. Y es cierto que con frecuencia la mayoría de sus rivales va a por ellos. En eso consiste una campaña, además de en ofrecer un resumen general del programa. Que se sepa que existe, pero sin insistir demasiado, no vaya a ser que la gente se aburra. Lo que levanta a la gente de los asientos es atizar duro al adversario.

Pablo Iglesias fue a Bilbao el lunes para dar un mitin junto a Miren Gorrotxategi, candidata de Elkarrekin Podemos en las elecciones vascas. Eso en sí ya era una novedad si recordamos su entre escasa y nula participación en la campaña de las elecciones de 2016. Por entonces, la dirección vasca de Podemos estaba en manos de los errejonistas y eso debió de influir. El partido venía de excelentes resultados en Euskadi en las generales de 2015 y 2016 e Iglesias tenía mucho cartel allí. Ese impulso se perdió. Las autonómicas de 2016 dejaron a Podemos como tercera fuerza muy por detrás de EH Bildu.

Iglesias se presentó con la intención de apoyar a Gorrotxategi y otras cosas más, como hacer frente a las críticas a Podemos, que han aumentado en los últimos días desde que Podemos critica a su vez a algunos periodistas. Aquí todo el mundo tiene la piel muy fina y un martillo en la mano. «Hay una sensación distópica», dijo en relación a los tiempos del coronavirus. En la política española, es más la sensación de toda la vida.

El líder del Podemos recuperó el mensaje central de las campañas del partido con un cambio no menor. Antes era: nos atacan por lo que somos. Ahora es: nos atacan por lo que hacemos (en el Gobierno). «Hicieron lo que no está escrito para reventarnos y ahora van a hacer lo que no está escrito para sacarnos del Gobierno», dijo. En dos ocasiones, se refirió a los «cañones mediáticos del PP». Al menos, no puso nombres a esa artillería, a diferencia de su portavoz parlamentario, Pablo Echenique, empeñado en meterse en todas las guerras civiles tuiteras con resultados no muy alentadores, como es propio de las redes sociales.

Una campaña consiste en sacar pecho mientras desnudas la perfidia de los enemigos. No conviene pasarse con el victimismo –que es por otro lado la marca característica de los partidos españoles–, en especial si estás en el Gobierno. Menos samba y más trabajar, te dirán. Por ahí Iglesias presumió de las medidas adoptadas por el Gobierno de coalición, resaltando que hay cambios que son irreversibles: «¿Os acordáis de todas las barbaridades que se decían a propósito de subir el salario mínimo, que hace nada estaba en muy poquito más de 700 euros? Se decía que iba a llegar el caos económico, que eso iba contra la creación de empleo, pero, una vez que lo subes, no hay ningún representante de ninguna formación política que le diga a los trabajadores que hay que bajarles el salario mínimo otra vez». Lo mismo con el ingreso mínimo vital, que resulta que tiene ahora tantos partidarios que es raro que no se aprobara muchos años atrás.

Iglesias relacionó esos logros con los ataques recibidos, que se han redoblado, al igual que contra el PSOE, desde el inicio de la pandemia. Las encuestas nacionales revelan un cierto desgaste en el apoyo al PSOE y Podemos, pero no el hundimiento que esperaban sus adversarios. En aplicación del manual de instrucciones de la política española, toca multiplicar por dos la presión. Si algo no funciona, vuelve a intentarlo.

En su defensa de la gestión por el Gobierno, el líder de Podemos destacó las cosas que se pueden hacer desde el poder, de esos cambios legales a los que considera irreversibles. «Por muy conservador que sea el juez que te toque, la ley es la ley», afirmó. Para que luego digan que se quiere cargar las instituciones.

El poder es un lugar del que está muy alejado Elkarrekin Podemos en Euskadi. Defiende con intensidad la idea de un tripartito de izquierdas junto al PSE y EH Bildu en un empeño que está condenado al fracaso. El argumento de Iglesias, que no pronunció la palabra ETA, es que la vasca es una sociedad «que se ha normalizado», porque «ya se ha superado una época terrible» o lo que llamó «épocas de excepcionalidad», un concepto que está peligrosamente cerca del eufemismo. «Van a decir que es demasiado pronto para que ese cambio se produzca. Pero los tiempos están cambiando».

No tanto. «Pensar que hoy día es posible en Euskadi un tripartito de izquierdas es ciencia ficción», dijo Arnaldo Otegi hace un mes. En la última legislatura, el PSE y Bildu no han hecho esfuerzos por acercarse. La huella del terrorismo continúa arrojando una sombra muy larga sobre las relaciones entre ambos partidos. Los ataques con pintadas contra sedes de partidos o el domicilio de Idoia Mendia por los disidentes de la izquierda abertzale han servido para recordar esa época, que es precisamente lo que buscaban sus promotores. «Todo el mundo sabe que detrás de eso no está EH Bildu», ha dicho Otegi. «Es más, quienes hacen las pintadas y quienes interpelan a EH Bildu (los demás partidos) sólo tienen como único objetivo debilitarnos». Pero Bildu decidió no condenar esas agresiones, sobre todo porque entonces les exigirían emplear esa palabra para actos violentos mucho peores del pasado, y porque Otegi argumenta que eso las «retroalimentaría».

Los tiempos han cambiado en Euskadi, pero no a la velocidad a la que aspira Iglesias.

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Fernando Simón se sube a la moto y lo bajan a pedradas

El virólogo Christian Drosten es el rostro científico de la lucha contra el coronavirus en Alemania. Jugó un papel clave en la investigación sobre el SARS y ha asesorado a Angela Merkel en los últimos meses. Desde el 26 de febrero, realiza un podcast sobre la pandemia que es tan popular que ha encabezado las listas de iTunes en su país. En Alemania, el Covid-19 no ha causado la mortandad sufrida por Italia o España, por lo que cualquiera podría imaginar que su figura, asociada a la de la popular Merkel, es respetada allí por todo el mundo.

Nada más lejos de la realidad. No sólo ha recibido críticas duras y amenazas en su email, sino que el periódico alemán más influyente, el sensacionalista Bild, le colocó en el punto de mira acusándole de errores y negligencia por su investigación sobre la enfermedad y su impacto en los niños. ¿Se molestó por ello? No demasiado: «¿Debería preocuparme? Creo que no. La última vez que leí un ejemplar del Bild fue cuando Boris Becker estaba en la portada después de ganar en Wimbledon (1989 fue el año de su último triunfo). Bild no forma parte de mi vida diaria y nadie de mi círculo personal lo lee».

Ningún político alemán habría osado mostrarse tan desdeñoso con ese periódico que vende más de un millón de ejemplares diarios, a menos que quisiera adelantar su defunción política. Drosten no se inmuta por las cosas que quitan el sueño a políticos y periodistas. Algunas cosas sí le molestan. Alguien pegó por la calle unos carteles en los que aparecía junto al médico nazi Josef Mengele. Drosten lo denunció a la policía.

Por ahí ya tiene algo en común con Fernando Simón. La aparición de la foto de la portada de este domingo de El País Semanal –donde el doctor sale vestido con cazadora de cuero sobre su moto– ha provocado una oleada de comentarios insultantes desde posiciones derechistas. «Toca blanquear a nuestro particular Mengele y para ello hay que presentarlo como el salvador», escribe un economista con 116.000 seguidores en Twitter al que la editorial La Esfera de los Libros le ha publicado un libro sobre el coronavirus. «En cualquier país serio este indecente no podría salir a la calle. Aquí le regalan portadas y le convierten en James Dean», dice Javier Negre, el periodista favorito de Vox y de Isabel Díaz Ayuso, que hasta se puso una camiseta con el nombre de su programa en una entrevista.

Cuando dicen de ti que no deberías salir a la calle en un «país serio» es porque dan por supuesto que cualquier persona normal te partiría la cara si te viera.

Más allá de que llevar cazadora de cuero no te convierte en James Dean (fuente: experiencia personal del autor), los científicos no suelen ser estrellas de la cultura popular ni los arqueólogos son como Indiana Jones. Pero la pandemia ha lanzado en varios países a la primera línea del fuego mediático a epidemiólogos y virólogos, profesionales a los que antes sólo se encontraba muy de vez en cuando en las secciones de sociedad.

Fernando Simón alcanzó un primer nivel de estrellato cuando el Ministerio de Sanidad del Gobierno de Rajoy le eligió para que diera la cara en la crisis del ébola después de una rueda de prensa caótica y algo sonrojante de la ministra Ana Mato y otros altos cargos. El actual Gobierno lo mantuvo en su puesto al frente del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias y también para que se ocupara de la comunicación de esta pandemia. Una vez más, un Gobierno apostaba por su estilo sereno y explicaciones didácticas para informar y tranquilizar a la opinión pública. Para eso y para protegerse detrás de un funcionario que no hace declaraciones políticas.

La proximidad a los políticos ha situado a los científicos que les asesoran en una situación incómoda. Gobiernos como el de Pedro Sánchez sostienen que todas sus decisiones están respaldadas por criterios científicos cuando desde ese campo lo que reciben son recomendaciones más o menos firmes. Las decisiones sobre la cobertura legal del confinamiento o las medidas para volver a poner en marcha la economía sólo pueden tomarlas los políticos que han sido elegidos para dirigir el país.

Un problema añadido es que los científicos no hablan como los políticos. Ante una enfermedad desconocida hasta hace unos pocos meses con una insólita por rápida capacidad de contagio, se han visto obligados a admitir que había muchas cosas que no sabían. Una enfermedad que se transmite con eficacia puede llegar a extenderse por todo el mundo en seis meses o un año, explicó el 9 de junio el doctor Anthony Fauci, consejero científico de la Casa Blanca, «pero esta lo hizo en poco más de un mes». Fauci confesó estar totalmente sorprendido por la rapidez de los contagios.

Cuando el PP y Vox convirtieron la manifestación del 8M en la prioridad de sus críticas al Gobierno, a Simón también le tocó una parte del fuego graneado por no haber recomendado que se suspendiera. No sabía entonces lo que sabe ahora, pero eso en política no se valora ni como atenuante. Lo que en ciencia es normal, en política se considera un error intolerable.

Simón se vio beneficiado por el método elegido por Moncloa para sus ruedas de prensa. Durante tres meses, el secretario de Estado de Comunicación seleccionaba las preguntas enviadas por los periodistas y las transmitía en el orden que él decidía. Otros científicos –como Drosten en Alemania, Fauci en EEUU o Anders Tegnell en Suecia– concedieron entrevistas y tuvieron múltiples comparecencias públicas ante el Parlamento o en conferencias médicas. Fauci se ha presentado más de una vez en el Congreso de EEUU a petición de los demócratas. Tegnell ha dado tantas entrevistas en televisión que se ha convertido en una estrella mediática.

La máxima transparencia no te salva de las críticas. Muchos científicos suecos han censurado a Tegnell por no haber recomendado al Gobierno un confinamiento más drástico, lo que ha tenido un efecto evidente en el número de muertos. Los ataques de partidarios de Donald Trump en EEUU obligaron a poner protección policial a Fauci. Drosten ha sido amenazado por la extrema derecha y el movimiento antivacunas y cuestionado por los grupos que pensaban que debían haberse levantado hace tiempo las restricciones.

En la rueda de prensa del jueves, preguntaron a Simón por la foto de la portada con la moto que se compró en 2004: «Les hizo gracia que venga al trabajo en moto y debieron utilizarla por eso». No era exactamente gracia. Vieron la posibilidad de hacer una foto diferente y se tiraron como lobos hacia ella. Así se hace la portada de una revista, no recurriendo a una fotografía de alguien en su despacho.

En una entrevista en Der Spiegel, el periodista preguntó a Christian Drosten qué le parecía que le hubieran comparado con Gandalf y Obi Wan Kenobi. «¿Quiénes son esos? No conozco a esos personajes», respondió.

Para la próxima pandemia, van a tener que dar clases de cultura popular y fotografía periodística a los científicos. Con esta exposición mediática, la epidemiología ya no es suficiente.

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El coronavirus provoca que los jubilados comiencen a abandonar a Trump y sin ellos no puede ganar las elecciones

Si existiera el manual perfecto para ganar elecciones, debería incluir un punto esencial: no enfurezcas al colectivo que vota con más intensidad. En Estados Unidos y en la mayoría de los países occidentales, ese grupo está formado por las personas mayores de 65 años. Los ancianos votan mucho y con la edad han desarrollado la capacidad para votar a favor de partidos y candidatos que no les convencen demasiado. Lo importante es que no les avergüencen. En estos tiempos de pandemia, no carece de importancia que sospechen que un candidato está poniendo en peligro su vida. Eso es lo que piensan muchos jubilados en EEUU en relación a Donald Trump.

El último candidato demócrata que ganó el voto de los jubilados en unas elecciones presidenciales fue Al Gore en el año 2000. Aprovechó con habilidad algunos proyectos republicanos de recorte del programa Medicare que facilita asistencia sanitaria a los mayores. Desde entonces, hay una brecha generacional en EEUU por la que los menores de 45 años tienden a votar a los demócratas en mayor número, mientras que los republicanos se hacen fuertes a partir de esa edad, y en especial desde los 65 años. Los norteamericanos nacidos en los años 50 o que se hicieron adultos en esa época bajo la presidencia de Eisenhower –durante la Guerra Fría y en una época de bonanza económica y sin grandes tensiones sociales– han resultado ser más conservadores que sus padres.

El 70% de los votantes de 65 o más años participó en las elecciones de EEUU de 2016. Ese porcentaje fue del 46% en el caso de los menores de 30 años.

Calcular a quiénes votan los norteamericanos en función de su edad y otros factores económicos y sociológicos se hace en EEUU a través de las encuestas a pie de urna realizadas el día de las elecciones y de otros estudios posteriores basados en sondeos con un alto número de encuestados. No es raro que ofrezcan resultados algo diferentes, pero en algunos casos coinciden en su veredicto. En las elecciones de 2016, el voto de los mayores fue claramente favorable a Donald Trump.

Según una encuesta con 60.000 personas encargada por la Universidad de Harvard, la ventaja del actual presidente fue de trece puntos sobre Hillary Clinton. Otros sondeos ofrecieron distancias inferiores: siete puntos en el caso de las hechas a pie de urna, pero con casi 20 puntos en el caso de los jubilados de raza blanca.

Ese desequilibrio ha dado un giro significativo en los últimos meses en un momento muy condicionado por la pandemia del Covid-19 y las tensiones raciales provocadas por el asesinato de George Floyd en Minneapolis. Antes de estos hechos, la economía jugaba a favor de los intereses de Trump, tanto es así que le convertía en el favorito para la reelección.

Todo eso ha cambiado ahora. La media de las últimas encuestas indica que Trump está empatado con Joe Biden en el voto de los mayores o por detrás por una diferencia inferior al margen de error de los sondeos. Si esos datos se confirmaran en las urnas dentro cuatro meses y medio, es casi seguro que el demócrata sería el nuevo presidente de EEUU.

«Trump no puede ganar sin ellos», dijo al Christian Science Monitor Michael Binder, director del programa de Opinión Pública de la Universidad de Florida Norte. «Si pierde una parte importante de esos votos o incluso si Biden reduce la distancia (en el voto de los jubilados), Trump está acabado».

Eso es especialmente cierto en varios estados clave en términos electorales que resultan estar entre los que cuentan con un mayor número de jubilados. Entre ellos se encuentran Florida, Pennsylvania, Arizona y Michigan. En Florida, Trump ganó por 17 puntos en 2016 entre los mayores. Una encuesta de finales de abril dio un giro total con una ventaja de diez puntos de Biden en esa parte del electorado. Otro sondeo de Fox News era más favorable para Trump, pero sólo porque preveía un empate técnico.

Florida es además un Estado en el que su gobernador, Ron DeSantis, republicano, siguió al pie de la letra la conducta de Trump de minusvalorar la gravedad de la pandemia durante varias semanas. También fue uno de los estados que más rápidamente puso fin a las restricciones para permitir la reanudación de la actividad económica. Ahora Florida es uno de los estados del sur que ha sufrido la aparición de nuevos brotes hasta el punto de que en los últimos siete días ha batido en más de una ocasión su récord de casos de coronavirus registrados con cerca de 10.000 diarios.

En Florida, el 83% de las personas fallecidas por la Covid-19 tiene más de 65 años, según un recuento del diario Tampa Bay Times realizado en mayo.

DeSantis se ha negado a ordenar a los ciudadanos que se pongan una mascarilla fuera de su casa, aunque hace unas semanas se rindió a la evidencia y empezó a llevarla él. Otros cargos electos republicanos de Florida no han sido tan reservados y han suplicado a sus votantes que lo hagan. Pero para DeSantis es más importante no contradecir en público a Trump.

Al principio de la crisis, Florida ordenó a los habitantes de Nueva York, New Jersey y Connecticut, gobernados por demócratas, que pasaran una cuarentena de dos semanas si se les ocurría viajar hasta allí. Las tornas han cambiado. Ahora es Nueva York quien exige lo mismo a los habitantes de Florida. «Le diría que mire los números. Has jugado a hacer política con este virus y has perdido», respondió el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, cuando le preguntaron qué le diría a DeSantis.

La mayoría de las encuestas revela que los jubilados norteamericanos dan prioridad con gran diferencia a la lucha contra la pandemia sobre la necesidad de resucitar la economía. Este último es un mensaje constante en las declaraciones de Trump y de varios gobernadores republicanos. Tanta insistencia ha hecho que muchos votantes de avanzada edad se hayan empezado a tomar la actitud de Trump como algo personal contra ellos. Por eso, una encuesta de finales de abril reveló que el apoyo al presidente entre los jubilados había caído veinte puntos en poco más de un mes. Y desde entonces los efectos de la pandemia se han acelerado en EEUU.

A este ritmo de pérdida de apoyos para Trump, lo único que debería hacer Joe Biden para ganar las elecciones es seguir vivo el 3 de noviembre.

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