Peligro amarillo

La final de la Copa nos ha deparado otro espectáculo deplorable de la utilización de instituciones del Estado en favor de la posición política del partido del Gobierno. No se trataba de impedir que se vulnerara una sentencia del Tribunal Constitucional. Era algo menos dramático. La policía tenía órdenes de que nadie entrara en el estadio con una prenda de color amarillo. La seguridad del Estado estaba en peligro por razones de tipo estético.

Las personas que llevaban esa ropa pretendían llevar a cabo un gesto de disidencia política en un lugar público, en este caso en apoyo de la causa independentista catalana. Aparentemente, eso es algo que el ministro de Interior no podía tolerar. Vivimos en una democracia en la que el responsable de la Policía y la Guardia Civil decide qué ideas pueden defenderse en la calle.

Se ha alcanzado un nivel de ridículo que no se puede desdeñar como la forma en que los políticos mediocres se ponen en evidencia y abusan del poder en sus manos. Estamos en manos de idiotas no vale como reacción, aunque es tentadora.

Los símbolos importan en democracia, nos dicen con frecuencia. Las formas. El respeto a las formas, sobre todo si se trata de instituciones. Puede ser así, pero los derechos son mucho más importantes. Los de todos. No sólo de los que respetan la ley, dan siempre los buenos días y piden todo por favor. No hay democracia, o la hay de una calidad muy baja, si la minoría no puede expresar sus ideas y sus símbolos, incluso si lo hace de forma ruidosa o provoca una convulsión política. La policía no puede arrogarse el derecho de elegir qué símbolos son permisibles y cuáles no.

Ante algo que le parece ofensivo, todo el mundo siente la tentación de preferir que estuviera prohibido. La tolerancia es un virtud complicada de ejercer con alguien cuya conducta nos parece reprobable, ante la que se nos escapa la palabraintolerable. Ese desliz lingüístico es comprensible, a menos que utilicemos ese concepto en su sentido más literal. Porque si sólo toleramos a los que piensan como nosotros, no hay democracia bajo la que cobijarnos.

Este artículo escrito en 2016 explicaba el dislate que suponía la prohibición de banderas esteladas en actos deportivos. Este párrafo es importante:

“Dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), y no se corta un pelo la lengua, que la libertad de expresión se predica “no solo de ideas o informaciones  recibidas con agrado o consideradas inofensivas o con indiferencia, sino también a aquellas que ofenden, impactan o perturban. Esas son las necesidades de pluralismo, tolerancia y apertura sin los cuales no hay una ‘sociedad democrática'”.

La lección que nos da ese argumento del tribunal vale para camisetas amarillas, banderas con gallina, raperos cabreados, tuiteros adictos a comentarios aberrantes, chistes de Carrero, tuits de la Fundación Franco, etc, etc, etc.

Cada uno está en condiciones de elegir su ejemplo favorito. Algunos de ellos, y otros muchos más, pueden ponernos a prueba a todos nosotros de una manera u otra. Confiamos en que los responsables políticos tengan más sangre fría que los demás ciudadanos y sepan que  los derechos no se respetan en función de conveniencias políticas. Que sean conscientes de que los enunciados bastante generales de muchas leyes no se escribieron así para encontrar resquicios en los que colar medidas represivas. 

En España, no tenemos esa suerte. Y con independencia de las ideas de quien haga el comentario, eso lo dice todo de la calidad, o falta de ella, de nuestra democracia.

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El loco mundo de los mapas en las televisiones

El mundo es un lugar espantosamente grande, como bien saben en los departamentos de postproducción de las televisiones. Llegan los periodistas pidiendo que se hagan mapas de lugares muy lejanos que nadie sabe dónde están y que tienen nombres imposibles. ¿No les vale con un rótulo?

Pero para eso hay estupendas bases de datos que permiten hacer búsquedas rápidas con lo que en muchas ocasiones nos podemos hacer la pregunta: ¿cómo es posible que cometan errores tan cómicos?

Hace unos días, CBS informó del ataque a instalaciones militares sirias con un mapa de Irán. Será porque casi no se habla de Siria en los últimos años. Max Fisher, del New York Times, no desaprovechó la oportunidad y nos recordó algunas de las pifias más memorables de las televisiones norteamericanas.

Al día siguiente, Fisher recordó otro mapa memorable. Esta vez, el error se había producido por una ciudad poco conocida.

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Nueva York retira la estatua de un célebre médico por sus experimentos con mujeres esclavas

La revisión del pasado histórico de Estados Unidos producida en 2017 continúa este año con la decisión del Ayuntamiento de Nueva York de quitar una estatua de un lugar tan conocido como Central Park. Si bien en el Sur y otras zonas del país monumentos, estatuas y placas se han retirado por representar a figuras políticas y militares de la Confederación, este caso tiene algunas diferencias.

El caso de Nueva York tiene que ver con un médico, el doctor James Marion Sims, fallecido en 1883. Considerado un pionero de la ginecología moderna, sus investigaciones sirvieron para salvar la vida de muchísimas mujeres. Pero para obtener ese resultado, empleó métodos que no le supusieron ningún problema en su época, pero que hoy suponen una aberración. Sims utilizó para sus experimentos a mujeres esclavas a las que ni siquiera aplicaba anestesia.

Algunos estudios indican que después tampoco utilizaba anestesia con pacientes de raza blanca por no creerlo necesario. Evidentemente, las esclavas no tenían posibilidades de oponerse a esas condiciones, aunque es cierto que sus dolencias fueron curadas.

De las 11 esclavas a las que operó, sólo se conoce el nombre de pila de tres: Lucy, Betsy y Anarcha.

La estatua se colocó en otro parque de Nueva York en la última década del siglo XIX y fue trasladada a su actual emplazamiento en Central Park en 1934. Ahora será enviada al cementerio de Brooklyn donde está enterrado Sims.

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El sargento sádico de ‘Full Metal Jacket’ o por qué la vida no es como en las películas de Frank Capra

R Lee Ermey, sargento de marines y actor de reparto cuya carrera es recordada por la interpretación en una película de Kubrick de lo que había sido antes, ha muerto con 74 años en California. Su trayectoria como actor no es impresionante, pero ese papel en ‘Full Metal Jacket’ le reserva un lugar especial en las películas de guerra.

Los primeros 40 minutos de la película tienen lugar en el centro de entrenamiento de los marines en la isla de Parris, en Carolina del Sur, y allí el sargento Hartman es el protagonista absoluto. Todos los demás personajes son insectos que el monstruoso marine se ocupa de pisotear hasta que alcancen el nivel que él exige con un desfile de insultos a cual más ofensivo. Blancos, negros, delgados, gordos, todos son basura que no tiene derecho a vivir. Es un sádico al servicio de una idea por la que pagará un precio muy alto.

Esa parte de la película es bastante verídica, y esa era la intención del director. La intención del instructor es despojar a esos reclutas de toda sombra de individualidad para convertirlos en máquinas de matar: “¡A Dios se la ponen dura los marines porque matamos todo lo que se pone por delante! ¡Él tiene su juego y nosotros el nuestro! ¡Para mostrarle nuestro respeto ante tal poder, llenamos el cielo con almas frescas!”.

La triste realidad es que esa es la única manera de que sobrevivan en una guerra. Es eso o volver a casa en una bolsa de plástico negro.

Ermey iba a trabajar como asesor técnico de ‘Full Metal Jacket’, pero convenció a Stanley Kubrick de que era la persona idónea para el papel de Hartman con una cinta de vídeo en la que mostraba sus cualidades. En lo que era casi inaudito en una película de Kubrick, la mitad de sus diálogos eran cosecha propia, y no sacados del guión. “Para elegir a los reclutas marines, entrevistamos a centenares de tipos. Los poníamos en fila y él hacía una improvisación de su primer encuentro con el sargento instructor. No sabían qué es lo que les iba a decir, y pudimos ver su reacción. Lee salió con, no sé, como 150 páginas de insultos”, contó después el director.

En otro detalle también insólito en los rodajes de Kubrick, famoso por obligar a los actores a extenuantes repeticiones de las escenas, a Ermey le valían muchas menos para dejar satisfecho al director.

“Si hiciera cien tomas de cada escena, nunca acabaría una película”, dijo Kubrick a Rolling Stone, aunque sí admitía que podía hacer unas 30 si era necesario. “Lee Ermey, por ejemplo, pasaba cada momento que tenía libre con el preparador de diálogos y siempre se sabía sus frases. Supongo que la media de Lee eran siete u ocho tomas. A veces lo hacía en tres. Porque estaba preparado”.

Curiosamente, Kubrick había visto a Ermey en otra película con un papel similar, pero le dijo al principio que no le parecía lo bastante duro. También había visto a Lou Gosset en ‘Oficial y caballero’ en otro personaje de sargento de marines, de donde sale la famosa frase de “en Texas sólo hay dos cosas, vacas y maricones”. Le pareció que estaba muy bien, pero rechazaba ciertos toques sentimentales en el personaje, lo que vienen a ser rasgos de humanidades que no le parecían muy reales: “El mundo no es como se nos presenta en las películas de Frank Capra. La gente ama esas películas, que están hechas de forma maravillosa, pero yo no las describiría como un retrato real de la vida”.

Kubrick podía ser un auténtico cabronazo como sargento de marines, es decir, como director de cine.

A diferencia de otras célebres películas de guerra como ‘Apocalypse Now’ o ‘El cazador’, es difícil considerar que ‘Full Metal Jacket’ es una película antibélica. O como ‘Senderos de gloria’. Como siempre con Kubrick, es complicado adjudicarle una etiqueta que lo defina y lo encasille.

En el desenlace, los soldados consiguen eliminar a una francotiradora vietnamita que se ha cargado a varios de ellos. Al abandonar el lugar, en un escenario infernal de fuego y destrucción, se alejan cantando una canción ridícula. “Estoy en un mundo de mierda, sí, pero estoy vivo y no tengo miedo”, dice la voz en off de Joker (Matthew Modine) para cerrar la película. Al final lo que importa a un soldado no es la patria ni el Gobierno que le ha enviado allí, sino sobrevivir y que lo consiga el mayor número posible de sus compañeros. La historia la escribirán otros. “Misión cumplida”, dirán.

Así es como se construyen los ejércitos que ganan las guerras, y por eso cobra sentido el maltrato continuado del sargento Hartman. Es una carnicería con unas pocas reglas que se obvian si es pertinente. Los soldados son sólo un fusil y unas botas. El sargento con la voz de Ermey es un sociópata que prepara a los reclutas para algo que carece de toda humanidad, la guerra.

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Tiene derecho a permanecer en silencio… sobre todo si es el abogado de Trump

Un tribunal federal de Nueva York es el escenario este lunes de un duelo jurídico poco frecuente: el presidente de EEUU contra el Departamento de Justicia. Trump ha enviado una carta a ese tribunal para que se le permita revisar los documentos que el FBI consiguió en el registro de las oficinas de su abogado Michael Cohen realizado la semana pasada. El lunes se celebra la vista en la que Cohen reclama al juez que se le permita lo mismo. Esa redada forma parte de una investigación penal contra el abogado personal de Trump, que no trabaja en la Casa Blanca, para la que un gran jurado ha recibido información en los últimos meses.

Cohen es el abogado que pagó 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels para garantizar su silencio sobre sus presuntas relaciones sexuales con el actual presidente.

La carta de ocho páginas, enviada por otra abogada de Trump, acusa al Departamento de Justicia de comportarse “de una forma agresiva, intrusiva y nada ortodoxa” y de vulnerar la relación de confidencialidad de un abogado con su cliente.

El FBI fue a por todos los documentos profesionales del abogado Cohen. Se presentó en su despacho, su casa y una habitación de hotel que utiliza con frecuencia. Se llevó material almacenado en su portátil, teléfono móvil y tablet. Un comunicado de los fiscales confirma que  han tenido acceso a sus comunicaciones por email con orden judicial. En teoría, los agentes que llevan el caso no podrían tocar los papeles relacionados con clientes de Cohen que no tengan que ver con las acusaciones contra él. Lo más habitual es que alguien sin relación con la investigación haga una criba previa. Parece que tanto Trump como su abogado no se fían de que estos procedimientos habituales se cumplan ahora.

Según medios norteamericanos, a Cohen se le investiga por posibles delitos de fraude cometidos con la intención de comprar el silencio de personas que podrían haber perjudicado la campaña electoral de Trump en 2016.

Todo esto ha puesto muy nervioso a Trump.

Según lo que se conoce de la información difundida por la oficina del fiscal federal del Distrito Sur de Manhattan, lo que se investigan son los negocios personales de Cohen, no su trabajo como abogado. Pero, como contaban en este artículo del NYT, es muy difícil desligarle de su trabajo para Trump, porque algunos incluso sospechan que se trata de su único cliente. Cohen era el abogado que Trump enviaba para negociar/presionar/amenazar a todo aquel que le molestara: “Periodistas de investigación, rivales en sus negocios y demandantes potenciales”.

El artículo del NYT cita a fuentes cercanas a Trump para decir que el presidente está más preocupado por las repercusiones de la investigación que afecta a Cohen que por la que dirige Robert Mueller sobre la posible implicación rusa en la campaña electoral.

Quizá la reflexión sea exagerada, pero por mucha literatura fantástica que haya aparecido en los medios de comunicación norteamericanos sobre un Donald Trump agente doble en manos de los rusos por una sesión muy completa con prostitutas en un hotel de Moscú, lo cierto es que los mayores problemas legales para el presidente pueden venir por su particular forma de hacer negocios y la forma en que ese estilo contaminó a su campaña electoral.

La posibilidad de que Cohen, amenazado por una condena de varios años, termine colaborando con el Departamento de Justicia es sin duda una posibilidad que debería preocupar a Trump. A nada que tenga el menor indicio de que eso puede ocurrir, no sería extraño que le concediera un indulto preventivo. De momento, Cohen ya ha hecho saber a través de sus abogados que invocará el derecho a no declarar contra sí mismo (la Quinta Enmienda) si le preguntan por los pagos a Stormy Daniels. Ese es un tema demasiado caliente para tocarlo.

Mientras el abogado de Michael Cohen estaba el viernes en un tribunal intentando que el FBI no tenga acceso a todos los documentos incautados, él decidió mostrarse en público de una forma que llamó la atención, incluso en un lugar como Manhattan donde cualquier cosa puede pasar en la calle.

Perseguido por las cámaras y con la obvia intención de dejarse ver, se reunió con un grupo de amigos que estaban en el exterior de un hotel fumando puros en una escena que tenía un cierto aire a película de gánsters. Al menos, esa fue la inspiración de este montaje con música inconfundible que dice tanto de Trump y de la gente que le rodea.

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Cosas que hacer en sábado cuando no estás muerto

‘2001. Making of a Myth’. Un documental presentado por James Cameron y con las intervenciones de Arthur C. Clarke, Keir Dullea, Douglas Trumbull y otros miembros del equipo de la película.

Las diferencias entre la película y el libro de Clarke.
–How 2001: A Space Odyssey Has Influenced Pop Culture, 50 Years Later.
How we made 2001: A Space Odyssey. Con Keir Dullea y Douglas Trumbull.
–Sometimes a Broken Glass Is Just a Broken Glass.
‘Space Odyssey. Stanley Kubrick, Arthur C. Clarke, and the Making of a Masterpiece’, un nuevo libro sobre el rodaje de la película.
–Watch 2001: A Space Odyssey, But Just With HAL 9000.

La música de Richard y Johann Strauss.

–Cuando David Bowie se convirtió en Nikola Tesla.
–Las películas que Spielberg no pudo hacer.
–Michael Gambon se presenta ante Laurence Olivier.
Jeff Goldblum haciendo cosas raras para Vice.
–Cuánto dinero ganan los actores de las películas porno.
Los orígenes brutales del derecho a las armas en EEUU.
En la Antártida a mil metros de profundidad.

Volando sobre un cuadro de Kandinsky.

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Un ataque en Siria con misiles cargados de retórica

En una guerra que ha causado centenares de miles de muertos, el éxodo de millones de personas y la destrucción completa de un país, el ataque norteamericano, británico y francés contra edificios vacíos alimentará los titulares y las declaraciones de los políticos, y poco más. Las características de esta intervención militar, y sobre todo los pasos dados por Washington y Moscú en los días anteriores, aseguran que ambos bandos salven la cara y reduzcan el riesgo de un enfrentamiento directo para el que nadie tiene demasiado interés.

El secretario de Defensa, James Mattis, cerró cualquier especulación en la noche del viernes sobre lo que puede ocurrir en los próximos días. Descartó nuevos ataques más allá de los ya conocidos y dio la operación por terminada: “Nos hemos limitado a los objetivos relacionados con las armas químicas. No íbamos a ampliarlos, fuimos muy precisos y proporcionados”.

En los días anteriores, Mattis había mostrado su preocupación por una posible escalada en el conflicto si la represalia alcanzaba a fuerzas rusas e iraníes. El Pentágono no tenía muchas intenciones de estar a la altura de la retórica errática de Donald Trump, que por lo demás ya ha comunicado en público que pretende retirar los 2.000 soldados norteamericanos desplegados en el norte de Siria una vez que ya considera derrotado al ISIS. Mattis y el alto mando militar tienen otras ideas al respecto.

Por si acaso, los rusos no asumieron riesgos. Sus objetivos más vulnerables en un ataque con misiles, los buques de guerra en la base naval de Tartus, zarparon hace unos días, por muy improbable que fuera un ataque directo norteamericano contra fuerzas militares rusas. Pronto volverán a su base. Esa presencia naval en el Mediterráneo es la principal razón de la intervención rusa en la guerra siria. Al estar asegurada la supervivencia del régimen de Asad, EEUU no está en condiciones de impedir esa presencia rusa.

Siempre se dice que los misiles no sirven para sustituir a una estrategia. Pero los comunicados oficiales y las informaciones de los medios de comunicación insisten en que permiten lanzar un mensaje al adversario. Tanto los principales medios norteamericanos como los medios públicos rusos están ahora totalmente concentrados en este ataque, aunque sus repercusiones vayan diluyéndose en los próximos días. Pero por unos días la guerra siria volverá a las posiciones más altas de las portadas.

El anterior bombardeo norteamericano de una base aérea siria en represalia por el presunto uso de armas químicas por Asad no tuvo ninguna repercusión relevante en la guerra. Sólo fue útil para alimentar las respectivas campañas propagandísticas. Es probable que ocurra lo mismo con este.

Quien sale de esta última crisis con algo tangible en su favor es el Gobierno de Asad, que ha recuperado el control del enclave de Guta Oriental, en las cercanías de Damasco tras una campaña de bombardeos que produjeron un alto número de víctimas civiles. Dentro de unos meses, procederá a ocuparse de la última zona en poder de sus enemigos, la provincia de Idlib en el noroeste del país. Sus habitantes ya saben lo que les espera.

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África da un mensaje de esperanza en el descenso de la pena de muerte en el mundo

Oriente Medio continúa siendo el agujero negro de las ejecuciones, a lo que ha contribuido el deterioro de la situación de los derechos humanos tras el fin de la Primavera Árabe. También por la respuesta del Gobierno iraquí a la amenaza del ISIS. Pero en países que la utilizan con profusión en su sistema legal, 2017 fue un año con menos ejecuciones: bajaron un 20% en Egipto, un 11% en Irán y un 5% en Arabia Saudí.

El informe de Amnistía Internacional destaca que las noticias más positivas proceden de África, donde 20 países subsaharianos la han abolido.

El 84% de las ejecuciones conocidas (993) se produjeron en cuatro países: Irán, Arabia Saudí, Irak y Pakistán. Eso deja fuera a China, el mayor verdugo del mundo, sin cifras confirmadas, pero que ejecuta a miles de personas cada año.

En 2017, hubo un 17% menos de sentencias a muerte conocidas públicamente. El número de ejecuciones conocidas bajó también, pero sólo un 4%.

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Los campos de la Marcha del Retorno en Gaza

Un reportaje de Channel 4 sobre la movilización de protesta contra la ocupación israelí en Gaza.

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Todos somos terroristas en potencia y la Audiencia Nacional lo sabe

La Audiencia Nacional continúa en su empeño por construir un universo paralelo en que el Estado es débil, el movimiento independentista catalán tiene posibilidades de doblegarlo por la fuerza, y sus (pocos) partidarios en la calle en estas semanas son una amenaza para la convivencia.

El patinazo sufrido por el juez Llarena en Alemania no ha desalentado a la Audiencia Nacional, un tribunal especial acostumbrado por otro lado a ser enmendado por instancias superiores. O cosas peores, porque desde los años 80, un número significativo de sus jueces han pasado por el banquillo de los acusados o por expedientes disciplinarios. Pero esa no es la historia que toca contar hoy.

Su Juzgado de Instrucción número 6 ha ordenado la detención de  una activista de los llamados Comités de Defensa de la República (CDR), favorables a la independencia de Cataluña. Se la investiga por los delitos de  rebelión y terrorismo. Los CDR llevaron a cabo cortes de carreteras y levantaron las barreras en peajes de autopistas en Semana Santa. Según el fiscal, pretendían ” provocar un clima de agitación social”.

Dejemos de lado el hecho de que la política y la sociedad catalanas ya han estado bastante agitadas en el último año. Es lógico que tengamos en cuenta que fuerzas de seguridad y tribunales están en su derecho a perseguir conductas violentas, más allá de que se cometan en favor de ideas políticas, y no para robar la cartera a alguien. Digamos que hasta ahí son dos hechos bastante obvios. 

Lo que tenemos ante nosotros es un discurso político que ha terminado definiendo como “terrorismo” manifestaciones de disidencia política que en las democracias de Europa Occidental siempre han sido aceptadas como un elemento indispensable en un Estado de derecho. Muchas de esas movilizaciones afectaban de forma inevitable a algunos derechos de otras personas y podían tener algunas manifestaciones violentas, pero no sólo no socavaban la convivencia y la libertad, sino que la reforzaban. Como se decía en la Guerra Fría, esa respuesta disidente no se permitía en la URSS o en China, y si ocurría, se castigaba con extrema dureza.

Eso cambió en España en 2015 con la última reforma del Código Penal –y ya antes la la ley mordaza había comenzado a castigar por vía penal lo que antes eran faltas administrativas– en la que los dos principales partidos nos intentaron convencer de que el Estado era débil y la sociedad estaba en grave peligro a causa de la amenaza inminente del terrorismo yihadista. Militares con uniforme y expertos de think tank aparecieron en las televisiones para decirnos que España estaba indefensa ante un ejército de lobos solitarios imposibles de detectar para la policía a menos que  revisáramos nuestros derechos constitucionales. El hecho de que en 2004 sufriéramos un atroz atentado y que respondiéramos con dignidad y serenidad es un hecho que ya no conviene recordar. 

Para ello, se amplió la definición de terrorismo hasta extremos inimaginables hasta entonces en una sociedad que en los 70 y 80 ya había sufrido ese castigo . Esa nueva concepción pactada por el PP y el PSOE  abría la puerta a perseguir conductas que nada tienen que ver con el yihadismo. La herramienta era  el artículo 573 del Código Penal que establece que el delito de terrorismo es prácticamente cualquier delito grave (incluidos los cometidos contra “ el patrimonio, los recursos naturales o el medio ambiente”) que tenga alguna de las finalidades reseñadas en él.

La primera intención era esta: “Subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo” (las negritas son mías).

No hay gran movilización de protesta que no pretenda obligar a una Administración nacional, autonómica o local a hacer algo o dejar de hacerlo. Es lo que ocurrió en los años 80 en las manifestaciones contra la reconversión industrial en Sagunto y Ferrol, con las protestas de los mineros asturianos en distintas épocas, con lo ocurrido en el barrio de Gamonal en Burgos o más recientemente en Murcia, y todas las concentraciones para impedir desahucios.

En muchas de esas movilizaciones hubo hechos violentos de mayor o menor gravedad, y en algunos casos hubo personas que tuvieron que responder por sus actos en los tribunales. Nadie los consideró terroristas.

Durante décadas, la sociedad admitió que se podía ser violento sin ser terrorista. No es que lo primero fuera algo que hubiera que aplaudir, pero en cualquier caso sólo la extrema derecha más desquiciada e ignorante podía sostener que esas protestas ponían en peligro a la sociedad.

Ese mismo artículo 573 dicta que “alterar gravemente la paz pública” es motivo suficiente para entablar una acusación por acto terrorista, un concepto tan amplio que nos coloca ante una situación de clara inseguridad jurídica.

Al final, un acto terrorista en España es lo que la Audiencia Nacional quiera señalar como acto terrorista. Ahora mismo, un corte de carretera –una estampa nada insólita en una democracia– ha pasado a ser un instrumento terrorista, menos letal que un coche bomba, pero no menos perseguible con penas durísimas.

Se confirma lo que se ha estado denunciando en los últimos años. Cuanto menos terrorismo hay en España, más necesidad hay en los dos grandes partidos de promover investigaciones antiterroristas. Hay jueces y fiscales encantados de emplear esos recursos para meter a gente en un calabozo. Aplicaron la legislación antiterrorista a un grupo de cómicos por hacer un chiste malo combinando los nombres de dos grupos terroristas. Y decían que habían que respetar las decisiones de los jueces.

Todo esto se hace en nombre del Estado de derecho. Ya casi no se habla de libertad, igualdad y fraternidad (bueno, es cierto que ahora mismo en Cataluña fraternidad, hay poca), ni de derechos de los ciudadanos ni de su capacidad para defenderlos en la calle, más allá de votar una vez cada cuatro años (en Cataluña, sin duda con más frecuencia y escasos resultados). Todo es el Estado de derecho, la disidencia es una palabra sucia y hay partidos que quieren restringir ese campo de actuación hasta límites que se hubieran considerado insólitos en los años 70 y 80.

En Hungría, el país se ha hundido en una espiral imparable hacia el autoritarismo y todo se ha hecho con las armas que concede el Estado de derecho. Nada se ha aprobado allí violando la ley, porque siempre se ha cambiado de forma escrupulosa para hacer posibles los objetivos del partido en el poder.

Se ha elegido a juristas adictos a la causa para el Tribunal Constitucional. Los medios de comunicación públicos son un altavoz propagandístico del Gobierno. Los principales medios privados están sometidos o controlados por aliados del líder máximo. Aquellos que osan cuestionar la ideología xenófoba y racista del partido de Viktor Orbán son tachados de enemigos de la patria al servicio de oscuros intereses extranjeros. Se prepara una nueva ley, que será aprobada con todos los requisitos que exige el Estado de derecho, para atar en corto a las ONG y grupos de la sociedad civil que se rebelan contra el pensamiento reaccionario.

Al menos no les llaman terroristas. De momento. El embajador húngaro en Madrid puede ganarse un ascenso si informa a su Gobierno de las últimas noticias de la Audiencia Nacional.

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