Una entrevista en directo deja en evidencia el penoso estado de Saad Hariri

Fue el momento más bizarro de la entrevista al primer ministro libanés, Saad Hariri. En el primer encuentro con un periodista desde que llegó a Arabia Saudí en la noche del 3 de noviembre, y de donde no ha podido salir aún, tanto el aspecto como el mensaje trasmitido por Hairi no fueron muy alentadores, pero nada pudo superar el instante en que alguien entró en la habitación donde se celebraba la entrevista emitida en directo.

Primero, en el final de una respuesta Hariri miró dos veces hacia el lugar donde estaba el intruso. En el contraplano de la periodista se le podía ver, pero el rostro quedaba fuera del encuadre. En las manos llevaba un papel con el que quizá estaba mostrando un mensaje al entrevistado.

En ese momento, Hariri estaba respondiendo a la pregunta sobre cuándo iba a volver a su país.

Cuando la cámara volvió a él, y mientras la periodista hacía otra pregunta, Hariri no quitó la vista de la persona con el papel en la mano. Son seis segundos que se hacen muy largos. Hariri mira fijamente a ese lado. Es difícil saber si lo hace con miedo o desprecio, o ambas cosas. Fue el momento en que el primer ministro pareció realmente un rehén que debe tener mucho cuidado con lo que dice, confirmando así las sospechas más extendidas sobre su situación.

Después de una pausa en la entrevista, Hariri, al que debieron de contar que se había visto todo, informó que se trataba de uno de sus ayudantes que le informaba con ese papel sobre noticias ocurridas en Líbano. No dijo qué noticias.

La entrevista se emitió en directo a través del canal de televisión propiedad del partido de Hariri (Movimiento del Futuro). La presentadora es conocida en Líbano por sus posiciones prosaudíes, aunque hay que decir que hizo todas las preguntas obligadas para una cita así. En varias ocasiones, hizo referencia a acontecimientos producidos en esos momentos en la tarde del domingo, por ejemplo, el terremoto de Irán e Irak, para que estuviera claro que se trataba de una entrevista hecha en directo, y no grabada.

Hariri no tenía muy buen aspecto. Estaba pálido y con aspecto cansado y ojeras muy marcadas en la cara. La voz, no muy firme. En algún instante, se le quebró por la emoción. Se bebió todo el vaso de agua que tenía delante, pidió más y la periodista le pasó el suyo.

Prometió que regresará pronto a su país, en cuestión de días. Reconoció que la dimisión que anunció el día 4 en un mensaje grabado carece de valor constitucional, porque debe presentarla ante el presidente. Reiteró que Hizbolá debe abandonar su participación en conflictos fuera de las fronteras libanesas, aunque lo hizo con un tono menos agresivo que en su mensaje anterior. Llegó a sugerir que estaba dispuesto a no dimitir si Hizbolá llegaba a ese compromiso. Insistió especialmente en la guerra de Yemen, que es el conflicto que más preocupa ahora mismo a la monarquía saudí.

Hariri no es el único al que los saudíes están apretando. Según la televisión israelí Canal 10, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, también viajó a Arabia Saudí hace unos días. Las órdenes fueron muy claras: aceptar el acuerdo de paz con Israel que supuestamente está preparando la Administración de Trump (o dimitir si estaba en contra), la prohibición de que Fatah colabore con Hizbolá en Líbano, y varios avisos sobre el reciente acuerdo de Fatah y Hamás que permitiría, si fructifica, poner fin al estado de guerra entre ambos movimientos. El número dos de Hamás estuvo recientemente en Teherán, lo que no le coloca en la lista de favoritos de Riad.

Por si vale de algo, en los últimos días medios de comunicación palestinos han advertido de que el Gobierno de Abás no permitirá la interferencia iraní en sus asuntos.

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El misterioso caso del primer ministro libanés secuestrado en Arabia Saudí

Saad Hariri nunca ha sido un político de mucho carácter. Es posible que nunca habría llegado a entrar en política si su padre, Rafiq Hariri, no hubiera sido asesinado en 2005 en un atentado en Beirut, cuya autoría nunca ha quedado demostrada, pero que se sospecha que fue concebido en Damasco. Asumió el control de las empresas de la familia y el liderazgo del bloque político suní en Líbano.

Ha sido primer ministro en dos ocasiones y en teoría sigue siéndolo, o al menos lo era hasta que el viernes 3 de noviembre recibió una llamada de Riad para que viajara rápidamente y se reuniera con el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán.

Desde ese día, Hariri no ha regresado a su país. El sábado 4, fue convocado a las ocho de la mañana, estuvo esperando varias horas y finalmente se reunió con el príncipe MbS, como se conoce a Bin Salmán. A las dos de la tarde grabó un mensaje para una televisión saudí, leído no con mucha soltura, en el que anunciaba su dimisión, afirmaba que temía sufrir un atentado y acusaba al Gobierno iraní y al movimiento chií libanés de Hizbolá de causar “el caos” en la región.

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Checkpoint 300

A primera hora de la mañana, los palestinos soportan lo indecible para intentar cruzar el Checkpoint 300 que bloquea la carretera entre Jerusalén Este y Belén. Para muchos de ellos, esta experiencia se repite seis días a la semana. En todas las semanas.

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Cómo se entrevista a un neonazi

Gary Younge, periodista de The Guardian, da una breve clase sobre cómo se entrevista a un dirigente de un grupo neonazi, el muy conocido en EEUU Richard Spencer. Junto a otros grupos ultraderechistas, neonazis o “nacionalistas blancos” (cada uno puede elegir la etiqueta que mejor le parezca, pero lo cierto es que todos son racistas), el de Spencer fue uno de los que se sintieron identificados y fortalecidos por la campaña de Donald Trump, y aún más por su victoria. Fue entonces cuando se acuñó el término “alt-right”, un eufemismo que bien podría sustituirse por neonazis que visten traje y llevan el pelo corto, pero no necesariamente la cabeza rapada.

El encuentro se produjo en julio y forma parte de un reportaje que se emite esta semana en Channel 4.

Si la entrevista no parece exactamente una entrevista de pregunta y respuesta es porque Younge no pretendía que fuera así y porque Spencer se dedicó a provocarle con algunas de sus ideas habituales, como la de que los africanos que fueron secuestrados en sus países y trasladados encadenados en la bodega de barcos para convertirse en mano de obra esclava salieron beneficiados por el cambio de aires.

En un artículo, Younge explica por qué decidió a hacer la entrevista. “Dar publicidad” a un racista (de alguna manera todas las entrevistas permiten eso) no es una decisión fácil, pero es mucho más peligroso en estos momentos ignorar la influencia creciente de sus ideas en EEUU.

Como se ve en el vídeo, Younge corta la conversación y pone fin al encuentro. Le dice que “no sabe de lo que habla”. Lo considera una ignorante, no alguien que pueda ofrecer un análisis coherente sobre la situación social y política de lo que se suele llamar “la América blanca”.

A la vieja y un tanto gastada pregunta de ‘¿entrevistarías a Adolf Hitler?’ (o a Osama bin Laden o cualquier personaje público de ideas abominables), la respuesta periodística debería ser: desde luego, pero no con la intención de limitarse a recoger sus respuestas, sino de contrastarlas con los hechos, la realidad, en suma, y dejar claro que ese mensaje (racista) no es más que una forma de negar los derechos de todos los demás seres humanos para someterlos a su voluntad. Eso sí es periodismo.

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Israel confirma que seguirá vendiendo armamento a Myanmar a pesar de la represión contra los rohingya

Israel ya tiene una respuesta a las acusaciones recibidas en el último año por su venta de material militar al régimen de Myanmar, denunciado por la violación de los derechos humanos de su población rohingya de confesión musulmana: “Ambos bandos en el conflicto han cometido crímenes de guerra”.

Es lo que dijo el número dos del consulado israelí en Nueva York a un grupo de seis rabinos norteamericanos que le transmitieron su preocupación por la relación con un Gobierno embarcado en una política de limpieza étnica que ha provocado el éxodo de más de 500.000 personas.

El cónsul Amir Sagie llegó aún más lejos y afirmó que la crisis actual, condenada por la ONU, EEUU y la UE, “comenzó después de que los musulmanes atacaran objetivos del Gobierno en Myanmar”. Dijo también a los rabinos que la política oficial israelí es no inmiscuirse en los asuntos internos de Myanmar.

La relación entre ambos países no se limita a la compra de algunos de los productos disponibles en la extensa oferta de la industria militar israelí. El general Min Aung Hlaing –jefe de las Fuerzas Armadas birmanas y acusado de ser el arquitecto de la campaña contra los rohingya– visitó Israel en septiembre de 2015, donde se reunió con el presidente, Reuven Rivlin, el jefe de las Fuerzas Armadas y responsables de varias empresas de defensa, además de visitar una base naval. Ambos gobiernos firmaron un acuerdo marco para ampliar sus relaciones en materia militar, de seguridad y de inteligencia. El jefe del departamento israelí de exportaciones de productos militares viajó a Myanmar en 2016 para cerrar acuerdos de venta de armas.

Según Haaretz, los contratos suponen decenas de millones de dólares, pero la cifra exacta es secreta. Una denuncia ante el Tribunal Supremo que pretendía obligar al Ministerio de Defensa informar sobre el alcance de los contratos fue rechazada por los jueces. El Gobierno impuso su criterio de que se debía mantener el secreto por razones de seguridad nacional.

La visita del general birmano no fue comunicada a los medios de comunicación israelíes. El propio militar la hizo pública poco después colgando fotos de sus reuniones con los israelíes (en la de arriba, el general aparece con el presidente de Israel). Myanmar anunció que había comprado varias patrulleras Super Dvora Mark III.

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EEUU y la UE mantienen el embargo de la venta de armas a Myanmar. En septiembre del año pasado, la embajadora de EEUU en la ONU, Nikki Haley, reclamó que todos los países pongan fin a sus ventas de armamento a ese país a causa de la represión contra los rohingya.

El abogado y activista de derechos humanos Eitay Mack, que reclamó sin éxito ante el Supremo que se dé publicidad a estas ventas ha dicho que “no se puede luchar contra el antisemitismo sin luchar también contra el racismo dentro y fuera del país y sin poner fin al apoyo israelí a los regímenes racistas de todo el mundo”.

En una entrevista reciente con un medio birmano, el embajador israelí dijo que su país está preocupado por la situación de Rakhine, escenario de las violaciones de derechos humanos contra los musulmanes, y daba algunos consejos sobre la imagen de Myanmar: “Cuando la historia en los medios de comunicación internacionales aparece en los términos actuales, eso no ayuda a crear más mercados. Es algo que debería captar la atención del Gobierno para poder demostrar que, aunque haya problemas, Myanmar es todavía Myanmar. En otras palabras, no dejar que el conflicto defina lo que es Myanmar”.

Las amplias críticas internacionales recibidas por la limpieza étnica descubierta en Rakhine son precisamente lo que define la imagen de Myanmar, incluidos los llamamientos contra la venta de armamento a su Gobierno, una petición que Israel ha dejado claro que no acepta.

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La gran purga de Arabia Saudí

El proceso de concentración de poder en Arabia Saudí en manos del príncipe heredero Mohamed bin Salmán no terminó con su llegada al primer puesto de la línea de sucesión. Este fin de semana, se han producido hechos que cuentan pocos precedentes en la historia del país en las últimas décadas, y ninguno de ellos tiene tanto calado.

El hombre más rico del país –el príncipe Alwaleed bin Talal–, el jefe de la Guardia Nacional, el ministro de Economía, varios miembros de la familia real y decenas de exministros y empresarios han sido detenidos bajo la acusación de corrupción. La única consideración hacia estos integrantes de la élite política del país es que los más importantes han sido encerrados en un hotel de cinco estrellas. Los clientes fueron desalojados antes y ahora aparece en su web todo reservado para los próximos 25 días.

Es probable que, como es costumbre en el país, después pasen a arresto domiciliario en sus lujosas mansiones, pero la gravedad de las acusaciones y los primeros mensajes de la propaganda oficial no permiten asegurarlo ahora.

“Las leyes se aplicarán con firmeza a todos aquellos con acceso a fondos públicos, y que no lo protegieron, lo malversaron o abusaron de su poder o influencia”, dijo un comunicado del rey Salmán leído en la televisión pública.

Las detenciones no han sido ordenadas por un tribunal ni ejecutadas por la policía. Han sido responsabilidad de un nuevo organismo contra la corrupción establecido hace tan sólo unos días. Sus competencias son similares a las de una fiscalía, con capacidad para requerir a instituciones financieras información sobre empresas e individuos y el derecho a ordenar medidas preventivas (es decir, detenciones) antes de trasladar los casos a los tribunales. Obviamente, responde sólo ante MbS.

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Bin Talal con su esposa en Londres en la inauguración del nuevo hotel Savoy.

Bin Talal es la pieza más conocida de esta purga interna. Forbes estima que su fortuna personal y activos superan los 17.000 millones de dólares. Cuenta con un importante paquete de acciones en News Corp, Citigroup y Twitter, entre otras muchas empresas occidentales. El fondo de inversiones que es en su mayor parte propiedad suya cuenta con unos activos de 12.000 millones de dólares.

En cierto modo, es una rara avis en la familia real saudí y sus ideas son mucho menos reaccionarias que lo habitual en ese colectivo. Nunca ha tenido una actividad política reseñable en su país. Hay dos hechos sobre él que no se deben olvidar en estos momentos. Manifestó en público su poco aprecio por Donald Trump y se sospecha que su padre, Talal bin Abdulaziz al Saud, de 82 años, se opuso al fulgurante acceso al poder del príncipe heredero y futuro rey. El dato que se esgrime para justificarlo es que votó en contra de la destitución del anterior príncipe heredero. No es un dato confirmado, porque los hechos que ocurrieron en esos días aún están rodeados de cierto misterio.

En Arabia Saudí, cualquiera que cuestione la inteligencia de la intervención saudí en la guerra de Yemen acabará a buen seguro detenido. No hay información confirmada de que Bin Talal se haya manifestado en público en ese sentido. Su padre sí lo hizo muy pronto, en 2015, al tacharla de fracaso. Denunció que los aviones saudíes estaban siendo pilotados por extranjeros, “mercenarios” les llamó. Quizá por eso el hijo anunció que regalaría cien Bentleys a los pilotos saudíes que participaran en los bomabardeos. Una forma de hacerse perdonar el error de su padre.

En el plano institucional, la medida más grave es la destitución y detención del príncipe Miteb bin Abdullah, jefe de la Guardia Nacional, uno de los tres principales organismos de seguridad del país. Miteb es hijo del anterior monarca, lo que le colocaba en una posición muy prominente en la estructura jerárquica de la familia real saudí. Es tentador calificarlo de rival potencial de MbS, pero no hay indicios conocidos de que estuviera conspirando para sustituirle.

En su origen, la Guardia Nacional fue una milicia tribal que terminó evolucionando hasta pasar a ser una fuerza de seguridad moderna. Lo que no cambió fue su misión: servir de contrapeso al Ejército y Policía para proteger a la familia real de cualquier amenaza interior. Era y es el seguro que impediría el triunfo de un golpe militar. Eso ahora no parece un peligro inminente, pero en los años 60 y 70, una época turbulenta en la que se produjeron numerosos golpes de Estado en el mundo árabe, su función era esencial en la protección de la monarquía. Cuenta actualmente con más de 100.000 miembros y no depende del Ministerio de Defensa. Ahora estará bajo el dominio de MbS.

Otros detenidos relevantes, según medios de la región, son Turki bin Abdullah, exgobernador de la provincia de Riad y también hijo del anterior rey; Bakr bin Laden, presidente del Grupo Bin Laden, una de las mayores corporaciones del país en construcción e infraestructuras; Saud al Dawish, exconsejero delegado de Saudi Telekom Company; y Waleed Ibrahim, presidente del grupo de comunicación MBC.

La purga de este fin de semana no se puede disociar del estado de salud del rey Salmán. El pronóstico más extendido es que a finales de este año o principios del siguiente el monarca abdicará y cederá el trono a su hijo, de sólo 32 años. Para entonces, MbS habrá puesto bajo su control todos los poderes del Estado. En una monarquía absoluta como la saudí, eso no es una sorpresa, pero conviene recordar que los pasos dados por el príncipe heredero, con el presumible apoyo de su padre, suponen el fin del reparto de poder que la monarquía saudí ha establecido durante décadas.

Los asuntos principales de la familia real saudí –y por tanto, del Gobierno– eran dirimidos por consenso entre los hijos principales del fundador del Estado, cuyos hijos mayores o más preparados iban ocupando la estructura política del país. Ningún monarca imponía su voluntad sin tener muy en cuenta las posiciones de sus hermanos. Era en cierto modo un gobierno de coalición que aseguraba que cada rama de la familia real obtuviera la posición política y los beneficios económicos acordes con su rango.

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Mohamed bin Salmán a su llegada a la Casa Blanca en 2016.

MbS ha acabado con toda esa estructura de poder –difícil de sostener en un Estado moderno– para hacerse con el control absoluto. Si habitualmente se lee mucho la palabra temerario en los perfiles que se escriben sobre él es porque ha sido implacable en sus decisiones a la hora de colocar a gente su confianza en los puestos clave, eliminar a sus enemigos reales o ficticios y embarcar al país en una política militar expansionista dirigida a enfrentarse con Irán.

Hay que situar en ese contexto la dimisión del primer ministro libanés, Saad Hariri, que estaba al frente de un numeroso Gobierno de coalición en el que estaba incluido Hizbolá. Hariri anunció el sábado su retirada en Arabia Saudí, un gesto insólito, ya que no es habitual que un jefe de Gobierno presente su dimisión en el extranjero. Los saudíes no estaban muy contentos con que el Gabinete incluyera miembros de Hizbolá, fiel aliado de Irán y participante activo en la guerra siria en apoyo del Gobierno de Asad.

La acusación de corrupción sobre los detenidos, de la que aún no se conocen muchos detalles, es difícil de comprender desde fuera a causa de la íntima relación entre la fortuna de la familia real y los activos del Estado. Cada miembro de la familia –con unos 20.000 miembros, está claro que es algo más que una familia convencional– recibe recursos económicos en atención a su rango, y además privilegios para desarrollar todo tipo de negocios rentables que en otros países están en manos del Estado o de corporaciones sin relación directa con el poder. La distinción entre fortuna personal y derechos adquiridos por voluntad del monarca nunca está muy clara. La legislación tampoco ayuda mucho, porque los negocios e inversiones no se llevan a cabo en función de lo que marca la ley sino de la proximidad con los miembros más poderosos de la familia real.

En cuanto a ostentación de riqueza, el príncipe heredero compró en 2015 por 500 millones de euros un yate de 134 metros de eslora, propiedad de un millonario ruso, que vio en una visita a la costa del sur de Francia. Envió alguien a comprarlo y la venta se hizo en unas pocas horas, según confirmó una fuente cercana al millonario, que lo dejó libre al día siguiente.

En países con poca seguridad jurídica, no es complicado que un negocio aparentemente legítimo pase a ser considerado una violación de  la ley si el titular ha caído en desgracia o es visto como una posible amenaza para el Gobierno.

MbS está embarcado en un ambicioso programa de reformas económicas para que el país no dependa en absoluto de los ingresos del petróleo y pueda recibir inversiones extranjeras. Las cifras son impresionantes, pero a día de hoy no se han traducido en iniciativas económicas reales. El paso más novedoso es la salida a Bolsa de una parte del capital social de Aramco, la empresa pública del petróleo y gas. Se dijo que iba a ser la mayor oferta pública de acciones de la historia. Ahora es posible que se limite a una adjudicación directa a un grupo de grandes inversores, incluidos fondos soberanos. La decisión no está tomada.

El mensaje oficial es que la lucha contra la corrupción es necesaria para atraer capital extranjero. Está por ver si los candidatos a poner millones de dólares aceptarán arriesgar su dinero en un país en el que los interlocutores económicos habituales pueden acabar en prisión.

Este domingo, la Casa Blanca difundió un comunicado con un breve resumen de la conversación telefónica que mantuvieron el sábado Trump y el rey saudí. No hay referencias en el texto a la purga, y sí a los intercambios comerciales entre ambos países, en especial el armamento: “El presidente aseguró al rey que apoyará la compra del material militar apropiado que servirá para la seguridad saudí y que ayudará a crear empleos en EEUU”.

Puede ser una coincidencia y también es posible que el monarca informara a Trump de las inminentes detenciones. La difusión del comunicado sirve como luz verde de EEUU a los últimos acontecimientos en Arabia Saudí y de la estrecha relación entre ambos estados. Jared Kushner, yerno de Trump y consejero de la Casa Blanca, visitó Arabia Saudí sin anuncio previo a los medios a finales de octubre. La Casa Blanca no quiso informar sobre la identidad de las personas con las que se reunió. Es muy probable que se viera con el príncipe heredero. Fue su tercera visita al país este año.

La apuesta de Washington por MbS continúa siendo tan firme como antes.

11.00

Una noticia más arroja una sombra de sospecha más terrible sobre los sucesos de estos días. El príncipe Mansur bin Muqrin, de 44 años, falleció el domingo en un accidente de helicóptero ocurrido en el sur del país, cerca de la frontera con Yemen. Visitaba junto a otros altos cargos una serie de obras de infraestructura en la provincia de Asin, de la que era vicegobernador.

No ocupaba puestos políticos muy importantes, pero sí formaba parte de una de las ramas principales de la familia real. Su padre fue príncipe heredero, pero sólo desde enero a abril de 2015.

Las razones del accidente no están aún claras. Ocurrió un día después del lanzamiento de un misil por rebeles huzíes desde Yemen que impactó sin causar víctimas cerca del aeropuerto de Riad. El hecho podría estar conectado con la guerra de Yemen o haberse debido a un percance técnico. Inevitablemente, los rumores que siempre acompañan a las noticias saudíes lo relacionan con un asesinato, con la versión de que Muqrin intentaba huir del país y el aparato fue derribado.

Foto superior: el rey Salmán en su visita reciente a Moscú.

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El fiscal general prende fuego a la confianza en la Justicia

Todo el argumentario político de los que defienden el encarcelamiento de Oriol Junqueras y siete exconsellers se vino abajo horas después con la entrevista al fiscal general del Estado en el programa Hora 25, en la Cadena SER. Las apelaciones al respeto a las decisiones judiciales quedaron desnudas al escuchar a José Manuel Maza. Quedó muy claro que la Fiscalía ha promovido una respuesta política al desafío independentista y que la jueza Carmen Lamela ha suscrito sus tesis.

Maza dijo que el desenlace jurídico sobre la situación personal de los imputados podría haber sido diferente si hubieran acatado la Constitución en su declaración ante la jueza de la Audiencia Nacional. Acto seguido, indicó que también se tendría que haber considerado otros elementos, como el riesgo de fuga, pero su intención era clara. Si los acusados hubieran manifestado una determinada opinión política, la decisión del fiscal y la jueza podría haber sido otra. “A lo mejor alguna cosa hubiera cambiado”, explicó.

Maza también recordó que el “Estado de derecho” (sic) había soportado más allá de lo razonable: “Bastante paciencia ha tenido el Estado de derecho”, dijo. El olor a venganza era inconfundible. El discurso de que se trata de la aplicación estricta e imparcial de la ley recibía un fuerte revés. La ley se impone cuando se acaba la paciencia del fiscal general (o del ministro de Justicia que le nombró).

En pleno delirio, Maza llegó hasta extremos en los que ningún jurista medianamente inteligente querría meterse cuando le preguntaron sobre la orden europea de detención y entrega (OEDE por sus iniciales) que se enviará a Bélgica para traer a España a Carles Puigdemont. Empezó diciendo que no conocía muy bien las características de la OEDE porque no la había tenido que solicitar nunca. Ingresó en la carrera judicial en 1975 y fue nombrado magistrado del Tribunal Supremo en 2002. Su carrera judicial no es pequeña, pero la OEDE parece ser uno de esos arcanos ininteligibles que sólo conocen ciertos jueces.

Maza no estaba obligado a especular. Siempre podía comentar que la orden no se ha enviado aún y que su contenido está por decidir. Pero no tuvo inconveniente en admitir como posibilidad que se solicite sólo por el delito de malversación (que obviamente también existe en Bélgica) ante la posibilidad de que un juez belga rechace la entrega por los delitos de rebelión y sedición si no hay un equivalente exacto en los delitos que aparecen en el Código Penal de ese país, en cuyo caso la entrega podría ser rechazada.

Algo así sólo se podría llevar a cabo por razones políticas. Conseguir como sea la imagen de la entrega de Puigdemont para su inmediato ingreso en prisión. Recibir al expresidente de la Generalitat con la condición de que sea imputado únicamente por malversación nos llevaría al disparate jurídico de que un conseller fuera acusado de rebelión y sedición, mientras que su jefe, el que dio las órdenes, sólo lo fuera por malversación de caudales públicos.

Sobre el asunto del delito de rebelión, Maza tuvo otra respuesta para los anales del Derecho. “Los que han criticado que planteemos la rebelión deben recordar que una querella no es un escrito de acusación. No se hila tan fino. Incluye todos los posibles delitos. No afirmamos que haya rebelión sino que es posible”.

Es decir, la Audiencia Nacional ha metido en prisión a varios miembros del Gobierno catalán destituido por el Gobierno central –y elegido gracias a las últimas elecciones autonómicas– con una querella en la que se han incluido todos los posibles delitos, sin tener aparentemente muy claro cuáles de ellos tienen visos de haberse producido. Ya lo afinaremos en el escrito de acusación y mientras tanto provocaremos una crisis política de consecuencias muy predecibles.

Sobre el riesgo de fuga citado por Maza, hay que recordar que tres de los exconsellers se presentaron en la Audiencia Nacional de vuelta de su fugaz viaje a Bruselas. ¿Se corría el riesgo de que se fugaran por segunda vez? ¿Si su intención era fugarse, pretendían hacerlo a la segunda? Es una pregunta absurda, cierto, pero es inevitable por los argumentos esgrimidos por el fiscal general y la jueza Lamela.

En el auto que ordena el ingreso en prisión, Lamela recuerda, al citar los argumentos jurídicos con los que se puede justificar la prisión preventiva, que hay que tener en cuenta la gravedad de los delitos (lógico) y “las circunstancias concretas y personales del imputado”. Es lo que marca la ley. Al final del auto, esas circunstancias personales dejan de tener tanta importancia, porque Lamela pasa a señalar que otras personas con similar responsabilidad política han decidido salir de España: “Basta recordar el hecho de que algunos querellados ya se han desplazado a otros países eludiendo las responsabilidades penales en las que pueden haber incurrido”.

Lamela les está diciendo a los imputados: vais a pagar por lo que habéis hecho y por el viaje de Puigdemont a Bruselas.

Políticamente, está claro que la presencia de Puigdemont en Bélgica dejaba en un lugar terrible a los exconsellers que aceptaron quedarse en España, aunque por otro lado no se puede negar que fueron más valientes. Parece que jurídicamente también han tenido que pagar un precio.

Maza dice que “no afirmamos que haya rebelión sino que es posible”. Para Lamela, no cabe ninguna duda. Hace un relato de los hechos ocurridos en Cataluña en las últimas fechas que en su mayor parte todos conocemos y que los independentistas no pueden negar. Y a la hora de intentar colar el delito de rebelión, que se ha convertido en una especie de fetiche personal para Maza y los que le nombraron, hace un análisis político que es respetable como opinión personal, pero que no tiene cabida en un auto judicial.

Utiliza declaraciones de Puigdemont y el exconseller Forn que no hay ningún problema en calificar de estúpidas y peligrosas. El problema es que se han oído cosas iguales de lamentables en ambos lados y no han supuesto el ingreso en prisión de sus autores. Se dirá que estos no pretendían provocar la secesión de Cataluña. Cierto, pero el doble rasero es evidente.

La clave parece ser establecer que los miembros del Govern lanzaron una campaña por la independencia con un referéndum ilegal –esa parte nos la sabemos todos– y adjudicarles la responsabilidad directa de todos los hechos violentos producidos en esas fechas. Incluida una agresión a militantes socialistas en la sede de su partido de la que no consta que fuera ordenada directamente por Puigdemont o Forn.

Como dice Maza, no se puede hilar tan fino en una querella. Da la impresión de que una magistrada sí puede hacerlo para ordenar un ingreso en prisión preventiva.

Lamela también cita la manifestación ante la Conselleria de Economía, donde miles de personas se concentraron durante el registro de la sede realizado por la Guardia Civil. Los agentes se presentaron allí sin avisar antes a los Mossos, que se encontraron con las imágenes conocidas y cometieron el error policial de no despejar la calle. Con violencia, como siempre hacen los antidisturbios de todos los cuerpos policiales. Al final, sí lo hicieron en dos ocasiones por la noche.

Sobre ese incidente, aún no sabemos por qué, si el registro acabó a las 22.00, un grupo de agentes no salió hasta las 4.00. Y por qué el resto de los agentes no salió a esa hora y esperó hasta las 7.00. Si el mando de los Mossos se negó a darles cobertura y realizar una carga, resultaría muy extraño que Lamela se hubiera olvidado de anotarlo en su auto.  Habría que preguntarse también por qué no ha ingresado en prisión como parte fundamental de la conspiración.

La jueza tiene que describir una conspiración para justificar el encarcelamiento de los responsables políticos de la Generalitat. Lo que nos lleva al 1 de octubre. Sostiene que “la actitud mostrada por los Mossos d’Esquadra fue pasiva (el día del referéndum) manteniéndose al margen de cualquier actuación desarrollada por la Guardia Civil, evitando intervenir incluso en los casos en los que los miembros de la Guardia Civil eran agredidos”. Incluso (esta es una palabra que le gusta mucho a Lamela) “llegaron a espiar las acciones de la Guardia Civil” para alertar a las personas reunidas en los colegios electorales instalados por la Generalitat.

Dejemos a un lado, porque no es el tema ahora, el hecho de que casi todas las agresiones cuyas imágenes pudimos ver fueron llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad.

En el auto se da por hecho que todo eso formaba parte del plan. Pero si eso es así, y dado que Puigdemont y Forn no daban órdenes directas a los mossos desplegados en las calles, ¿por qué la Audiencia Nacional no ordenó por todas estas razones el ingreso en prisión del mando que sí daba las órdenes, el mayor Josep Lluís Trapero? ¿Fue porque no convenía políticamente en ese momento al existir aún la esperanza de solucionar esta crisis por otras vías? ¿Fue porque al Gobierno no le convenía meter en prisión al máximo mando profesional de los Mossos cuando iba a necesitar la colaboración de ese cuerpo policial en caso de aplicación del artículo 155? ¿Es decir, por razones políticas?

Cabe pensar que en el próximo ranking que haga el World Economic Forum sobre independencia judicial en el mundo, España baje aún más del puesto 58º en el que se encuentra ahora.

Hemos escuchado en los últimos meses declaraciones incendiarias de políticos en Madrid y Barcelona que ponen en riesgo nuestro futuro. En muchos días, se confirmaban las peores expectativas y todo lo que podía ir mal, iba aún peor. De repente, la aplicación del artículo 155 y el fracaso de la DUI provocaron de forma inesperada una pausa que dio lugar a una desescalada, que es lo que venían pidiendo muchas personas. Las bases independentistas no ocultaban su perplejidad ante el rumbo de los acontecimientos. Esto no era lo que les habían vendido. Ayudó mucho la convocatoria inmediata de nuevas elecciones, un paso positivo que por otro lado no deja de ser una forma de retrasar la búsqueda de soluciones hasta finales de diciembre.

Creíamos que lo peor había pasado. Al menos, el coche que se dirigía a toda velocidad hacia el precipicio se estaba frenando. Ahora, el fiscal general y una jueza de la Audiencia Nacional han decidido pisar el acelerador a fondo.

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La política británica comienza a afrontar el problema del acoso sexual en Westminster

Michael Fallon ha sido la primera víctima política en Reino Unido tras extenderse la idea de que los casos de acoso sexual conocidos por las denuncias contra Harvey Weinstein en EEUU iban a tener una continuación en Westminster. Era cuestión de tiempo, porque políticos y periodistas tenían claro que esas situaciones eran habituales en el Parlamento británico desde hace años, o mejor dicho décadas.

El ministro de Defensa presentó su dimisión en la tarde del miércoles con el argumento de que su conducta no había estado a la altura de lo exigido en alguien de su posición como responsable político de las Fuerzas Armadas.

“La cultura ha cambiado a lo largo de años. Lo que era, podría ser aceptable hace cinco o diez años, claramente no es aceptable ahora”, dijo después en una entrevista en BBC. Empieza diciendo era (was) y de inmediato pasa a podría (might), no vaya a ser que la gente piense que él se dedicaba a ciertas cosas (es diputado desde 1997) porque por entonces a nadie le parecía mal propasarse con las mujeres con las que se relacionan profesionalmente los diputados en el Parlamento.

Lo cierto es que el único caso concreto y reconocido por Fallon ocurrió hace 15 años y se supo hace varios días. Colocó su mano varias veces en la rodilla de una periodista. Pidió disculpas, la primera ministra las aceptó y la periodista restó importancia al incidente.

Nadie dimite por una rodilla. Julia Hartley-Brewer ha dicho que si todo se debe a ese suceso, se trataría de la dimisión “más absurda y ridícula” de un ministro.  De momento, no han aparecido más informaciones concretas. Sólo comentarios de fuentes anónimas que indican que ese no fue un incidente aislado protagonizado por Fallon y que existen otros casos similares más graves que podrían aparecer en cualquier momento. Cabe la posibilidad de que la primera ministra preguntara a Fallon si estaba seguro de que no saldrían más denuncias y que este no pudiera garantizarle que eso no iba a ocurrir.

La noticia sobre Fallon, de 65 años, salió en portada de The Sun hace unos días. Antes había circulado en el Parlamento una lista con los nombres de 36 diputados tories acusados de comportamiento inapropiado con el personal femenino de la Cámara con distintos niveles de gravedad. Es significativo que la lista había sido realizada no por periodistas, sino por personas (asesores o personal administrativo) que trabajan para esos mismos diputados, que obviamente tenían que conocer bien a sus jefes.

La lista salió a la luz al principio con los nombres tachados, pero pronto empezaron a circular algunos de ellos. El escándalo ya no se podía ocultar. Un viceministro tuvo que confesar un incidente deplorable en el que ordenó a una asistente que comprara un vibrador en un sex-shop. La idea general era que terminarían surgiendo denuncias mucho más graves. En el Parlamento, Theresa May anunció que no habría ninguna tolerancia ante tales conductas y pidió al legislativo que ponga en marcha una autoridad independiente, como así se hizo, para que el personal de Westminster pueda denunciar esas conductas o delitos sin tener que pasar por su jefe.

La lista que circuló ha sido cuestionada, porque algunos de los citados han negado de forma tajante haberse comportado de esa manera y parece que en algunos casos de forma creíble. Pero nos encontramos ante la típica situación en que antes de que salgan pruebas sobre hechos graves los protagonistas de la historia ya admiten que no les sorprende en absoluto y que conocen casos similares a los conocidos.

A corto plazo, el mayor problema político para Theresa May es el caso de Damian Green, viceprimer ministro y probablemente su persona de mayor confianza en un Gobierno en el que varios pesos pesados dan por hecho que May no tiene mucho futuro. La primera ministra ha pedido que se investigue una denuncia contra Green de una joven –treinta años más joven– a la que se insinuó cuando esta le pidió consejo sobre cómo participar en política. Al igual que en el caso de Fallon, es muy posible que tengamos más noticias sobre Green.

La Cámara de los Comunes cuenta ahora con 208 diputadas sobre un total de 650. Eso supone un 31%, un porcentaje alto en términos históricos (eran sólo el 22% en una fecha tan cercana como 2010). Es el 21% entre los tories, el mayor grupo de la Cámara, y el 45% entre los laboristas.

En el ranking mundial del número de mujeres en parlamentos actualizado a septiembre de este año, el Reino Unido está situado en el puesto 40º.

La política británica ha continuado siendo en las últimas décadas un asunto masculino y el Parlamento de Westminster es lógicamente su epicentro. La diputada laborista Dianne Abbot dijo que hace 30 años, cuando fue elegida por primera vez, el trato a las mujeres era mucho más degradante que ahora, lo que no quiere decir que en la actualidad los políticos puedan servir de ejemplo en cuestiones de género. El encubrimiento de situaciones de acoso sexual era algo habitual, lo que hacía que pocas mujeres se atrevieran a plantear como mínimo una queja. Eso ha seguido ocurriendo y han tenido que ser las noticias producidas en EEUU a cuenta de un productor de cine las que hayan hecho ahora que se tomen medidas en Londres.

El escándalo de los gastos de los diputados ya reveló que los diputados tenían la conciencia de ser una élite privilegiada que no debía responder ante nadie sobre sus gastos y, en definitiva, su estilo de vida. Es fácil imaginar lo que supone eso en cuanto a las relaciones con mujeres que ocupan puestos subalternos en la Cámara. “¿Qué ocurre en este sitio, con 650 diputados de los que cerca de 500 son hombres, muchos de los cuales han ido a colegios privados, y con mucha gente que se cree que son un regalo del cielo de muy diferentes maneras? No lo sé”, ha dicho la diputada laborista Dawn Butler.

No lo sé, en este caso, se acerca bastante a ya se lo puede imaginar.

Un ejemplo de lo que tenían que soportar las mujeres en los años 80. En una intervención de la diputada laborista Harriet Harman, un diputado tory le llama a gritos “vaca estúpida”.

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Un final alternativo para la presidencia de Trump

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Siete pistas sobre el incierto futuro de Catalunya y España

La independencia como estado de ánimo

Hay dos requisitos necesarios para conseguir la independencia y separarse de un Estado. La primera es controlar un territorio, ser capaz de dictar el funcionamiento de la actividad social con independencia de lo que dicte la ley anterior. La segunda es obtener un reconocimiento internacional significativo, contar con aliados exteriores potentes con los que equilibrar las fuerzas. Ese segundo requisito sirve sobre todo para compensar las carencias del primero en el caso muy probable de que el Estado se decida a contraatacar.

La presunta república catalana ha fracasado en la consecución de esos dos objetivos en su primer fin de semana. Con intenciones distintas, lo habían avisado Artur Mas y Miquel Iceta. Si nadie reconoce tu independencia, eres como el árbol que se viene abajo en mitad de un bosque. Nadie te escucha. A menos que prendas fuego a todo el bosque.

¿Cómo van a crear los políticos independentistas un clima de insurrección general en las calles de Catalunya que obligue al Estado a imponer cada día una represión similar a la del 1-O cuando ellos mismos decidieron votar en urna para no tener que significarse en eso que todos llamaban un “momento histórico”? ¿Por qué los ciudadanos van a asumir un riesgo personal si sus representantes electos se escaquearon de esa manera?

Como han destacado algunos de sus partidarios en Twitter, ¿declaran la independencia y luego se van de fin de semana?

El 155 como fracaso colectivo

El 155 es una victoria del Gobierno central por la vía de los hechos. Subestimar el poder coercitivo del Estado contemporáneo en un país de Europa es un error que siempre se paga caro. Es también un fracaso de todo el sistema constitucional español puesto en marcha en 1978.

Nadie lo diría escuchando algunas de las reacciones de dirigentes del PP. El sector de los pirómanos –donde últimamente siempre está Pablo Casado, convencido de que es el mejor sitio para cimentar su carrera política– lo ve como una victoria, igual que las que se celebran en Cibeles.  Casado ya ha amenazado a otras potenciales autonomías insurrectas con el mismo castigo. La adicción al fuego como elemento purificador.

El 155 se incluyó como el botón rojo a disposición del Estado en caso de desastre inminente. El hecho de que no se desarrollara indica hasta qué punto era entonces, como lo ha sido durante décadas, un recurso de última instancia que no era muy inteligente utilizar. Como una bomba nuclear lanzada para destruir a un ejército que quiere tomar una ciudad al precio de matar también a los tuyos.

Por definición, es una herida autoinfligida. Eliminas las competencias que la Constitución concede a esa autonomía, en lo que es un elemento crucial del pacto constitucional del 78, y lo haces precisamente para defender esa Constitución. Una amputación que puede matar al paciente o dejarlo irreconocible.

Al no estar muy detallado en los textos legales, el 155 concede al Gobierno casi todo el poder que quiera ejercer. Por tanto, le adjudica toda la responsabilidad sobre sus consecuencias. Y es difícil que se pueda emplear más de una vez.

To be or not to be

Mariano Rajoy no eligió un 155 blando porque esa opción no existía, pero al menos limitó en el tiempo su aplicación. La convocatoria inmediata de elecciones contribuye mucho a desactivar la tensión. A fin de cuentas, lo que hace es dar comienzo a una campaña electoral y obligar a ERC y PDeCAT a dar un paso que no estaba en sus planes. Al menos, es el paso que Puigdemont no se atrevió a dar. Presentarse a las nuevas elecciones supone ahora reconocer la autoridad de la institución que las convoca.

¿Qué otra cosa pueden hacer? ¿Conceder la victoria a sus rivales políticos y confiar en que en cuatro años todo haya cambiado? Oriol Junqueras ya ha dicho que habrá que tomar decisiones  “que no serán siempre fáciles de entender”. Concurrir a unas elecciones en un Estado extranjero es una de ellas, sin duda. Pretender que en realidad están participando en unas elecciones “constituyentes” terminará por convencer a sus partidarios de que esos políticos no viven en el mundo real.

El fetichismo de las urnas

Una convocatoria adelantada de elecciones supone trasladar a los ciudadanos la búsqueda de las soluciones que los políticos no han sabido encontrar. Que decidan los votantes, anuncian. Poco se puede alegar en contra de esta idea. Todos diríamos que es la más democrática. El problema es que las elecciones no son un gran mecanismo para resolver problemas políticos profundos que se remontan a años o décadas. Sólo son útiles, lo que no es poco, para dejar patente la voluntad del electorado. 

Si una determinada correlación de fuerzas ha provocado una crisis, las urnas podrían ofrecer un resultado similar. O un resultado diferente pero imposible de gestionar políticamente. 

Ya se vio en las elecciones de 2015 y 2016. El resultado supuso el fin del bipartidismo en España y un paisaje político muy diferente al anterior. ¿El desenlace? Otro Gobierno presidido por Mariano Rajoy. 

¿Tendrán los partidos catalanes un plan B en caso de que la medicina impartida por los votantes sea inútil para curar al enfermo? Poco probable, y si lo tienen, no lo revelarán en la campaña. 

El PSOE mira todo desde lejos

Pedro Sánchez se ha manejado en esta crisis con el mismo cuidado con que los puercoespines se aparean, por utilizar el chiste de costumbre. Varias comparecencias sin permitir preguntas de los periodistas y discursos en actos del partido. Ha dejado la primera línea de batalla al PSC y ha pactado con el PP la aplicación del 155. El argumento del PSOE es que ellos han colaborado con el Gobierno en aras de la estabilidad y del respeto a la Constitución. A partir de ahora, les toca hacer oposición y la responsabilidad de lo que ocurra corresponde a Rajoy y al Partido Popular.

En cierto modo, es lo mismo que sostenían Susana Díaz y la gestora del PSOE después de propiciar la reelección de Rajoy con su abstención. No les funcionó muy bien. Sánchez cuenta ahora con la ventaja de que el electorado socialista no le castigará por haber plantado cara a los independentistas catalanes. El mayor inconveniente es que si su discurso sobre Cataluña termina siendo indistinguible de la actuación del Gobierno corre el riesgo de acabar como el macho de mantis religiosa tras las inevitables labores reproductoras. Se sigue esperando la propuesta concreta que harán los socialistas a la Catalunya que quiere dar la espalda a España.

¿Podemos? ¿Cuál de todos?

Si el PSOE prefiere que sea el PSC el que asuma todos los riesgos, en Podemos la idea más extendida es: lo que diga Ada Colau. Y ahí empieza el problema, al menos fuera de Catalunya. La alcaldesa de Barcelona participó en el referéndum del 1-O porque, dijo, eso ya no iba sobre independencia, sino sobre el derecho a decidir y el rechazo a la actuación policial. Esa misma noche, los hechos le desmintieron en forma de discurso de Puigdemont. Todo esto siempre ha sido sobre la independencia. En eso, nadie puede acusar de deshonestos a ERC, el PDeCAT y la CUP.

El lema “ni 155 ni DUI” es fácil de explicar y de entender. El partido de Pablo Iglesias ha sido coherente en su defensa de un referéndum pactado, pero si hay algo que parece ahora lejos del alcance de todos es un pacto sobre esa cuestión.

Los dirigentes de Podemos saben que sus mensajes siempre han sido más agresivos en su denuncia de la actuación de Rajoy que de la de Puigdemont. No es seguro que sus votantes repartan las culpas con el mismo porcentaje. Desde luego,  Alberto Garzón ha hecho críticas a la motivación nacionalista de los independentistas más difíciles de escuchar en boca de dirigentes de Podemos. Capítulo aparte merece la corriente interna de Anticapitalistas, que ha saludado la proclamación de la “república catalana” como anticipo de los cambios que ellos apoyan. Unidos Podemos… hasta cierto punto.

Esta crisis pilla a Podemos en el peor momento posible cuando es complicado sostener que su partido en Cataluña existe como tal. Su secretario general allí es Albano-Dante Fachin, enfrentado desde hace meses a la dirección nacional. En la noche del domingo, el  Consejo Ciudadano Estatal  se ha impuesto sobre la dirección catalana para convocar una consulta entre sus bases. Con tal medida, ha cortocircuitado a Fachin que amagaba con la abstención en las elecciones de diciembre. 

Su marca electoral hasta ahora, la coalición Catalunya Sí que es Pot, se ha convertido en eso que los dirigentes de Podemos llamaban hace unos años la sopa de siglas que pretendían evitar. Todos se oponen a lo mismo. No está claro que todos defiendan lo mismo.

El futuro de Podemos en Cataluña  gira en torno al partido o coalición que va creciendo en torno a Ada Colau. Lo que nos lleva al comienzo. ¿Cuánto apoyo hay a la idea de plurinacionalidad fuera de Catalunya?

Los puentes

Todo esto comenzará a adquirir un cariz mucho más sombrío si empiezan a entrar políticos independentistas en la cárcel, y ya hay dos dentro en prisión preventiva por razones difíciles de entender. Es sencillo poner en marcha la maquinaria judicial a través de los fiscales. No tanto frenarla cuando queda claro que ese rodillo es la única esperanza que queda a los independentistas para sacar a la gente a la calle.

Esta crisis no se resolverá sin puentes entre las partes enfrentadas. De lo contrario, ya podemos acostumbrarnos a continuar así durante muchos años, con esporádicos intervalos de distensión.

Los puentes son lugares peligrosos en las guerras. Todos terminan disparando sobre ellos.

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