¿Qué está ocurriendo en Irak?

95 muertos sólo el lunes. 240 en los últimos siete días. Irak se ve sacudida por una nueva oleada de atentados indiscriminados, la mayoría contra la población civil. Las víctimas son chiíes y suníes. En ciudades habitadas por suníes, como Baquba, o por chiíes, como Basora. El teletipo de AP recuerda que desde diciembre se han producido manifestaciones de suníes contra el trato discriminatorio por el Gobierno de Bagdad, en manos de partidos chiíes, y el consiguiente incremento de la tensión entre las dos comunidades. Es cierto, pero es más probable que haya que encontrar otra causa, no excluyente, en la guerra de Siria.

Después de no menos de un año en que casi no se tocó el tema, en marzo Washington se decidió a hablar en público de la muy probable ayuda que el Gobierno iraquí estaba prestando al Gobierno sirio. Las pruebas no eran evidentes, y quizá por eso no aparecieron en los medios de comunicación. Quizá no fuera una ayuda directa, pero de alguna manera Bagdad estaba permitiendo que llegaran armas a Siria, fuera con el permiso directo del Gobierno o de milicias chiíes.

Para EEUU, se trataba de un asunto, digamos, embarazoso. Sabía que no podía contar con el apoyo directo de Irak a la hora de aislar a Irán a causa de su programa nuclear. A fin de cuentas, Irak no necesita el petróleo de su vecino, y por ahí nadie podía acusar a Bagdad de estar socavando el principal instrumento de presión sobre Irán, la prohibición de sus exportaciones de petróleo.

Pero el apoyo a Damasco es un paso adelante que Washington no esperaba. La ayuda militar que Irán presta a Siria se realiza en su mayor parte por vía aérea, pero varias zonas fronterizas entre Irak e Irán son más rápidamente accesibles por carretera. Damasco necesita cualquier ayuda que pueda recibir.

En el plano político, todo tiene una cierta lógica, visto desde el punto de vista del Gobierno iraquí. A los chiíes no les interesa especialmente que Siria sea controlada por un Gobierno suní, apoyado por milicias que en el pasado financiaron a la insurgencia suní contra el poder de Bagdad. No van a tomar partido de forma pública y notoria en favor de Damasco, porque esa no es su guerra y ni siquiera los alauitas son auténticos chiíes, pero colaborar con el enemigo de tu (futuro) enemigo siempre ha sido una opción estratégica en Oriente Medio.

Ya vimos con los atentados ocurridas en territorio kurdo que la guerra civil siria tiene capacidad para extenderse más allá de sus fronteras. Los grupos suníes sirios que intervinieron en la guerra iraquí tienen ahora un incentivo para trasladar la violencia a Irak como forma de enviar un mensaje a las autoridades de Bagdad (más o menos lo mismo que presumiblemente han hecho los sirios en Turquía). Mantente alejado de Siria o tú también sufrirás las consecuencias. Los atentados ocurridos en zonas suníes en Irak demuestran que el mensaje también puede ir en la otra dirección.

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Cameron y los calzoncillos de John Major

Fue Steve Bell, en The Guardian, el que le puso a John Major los calzoncillos sobre los pantalones en una imagen que terminó por definir al entonces primer ministro británico. Una forma de representarlo como un “Superman de pega”. Eran los tiempos en que los tories se devoraban a sí mismos a causa de Europa. El ala euroescéptica terminó por considerar a Major un traidor y se dedicó a tiempo completo a conspirar contra su líder desde el grupo parlamentario e incluso desde el propio Gobierno. De ahí que Major llegara a denominar “bastards” a tres miembros de su Gabinete.

Ese cisma llevó al resultado obvio: una estruendosa derrota en las urnas y una larga estancia en la oposición.

Ahora la viñeta del Telegraph recupera la idea de Bell aplicada a Cameron (también incluye el “bastards”). El líder tory pensaba que con la promesa de un referéndum sobre la UE en la próxima legislatura iba a calmar a las fieras. Parecía que tenía razón, pero esa gente es insaciable. Quieren el referéndum, ya. Da igual que los conservadores no tengan mayoría en el Parlamento. Los más radicales entre los euroescépticos tories (aunque en realidad ya todos los tories son euroescépticos) viven en una dimensión paralela en la que el Reino Unido puede gozar de todas las ventajas de estar dentro de la UE sin ser miembro de la UE, sólo porque el país ya forma parte de la Organización Mundial de Comercio.

Geoffrey Howe, ministro de Hacienda y viceprimer ministro con Thatcher, avisa que Cameron corre el peligro de perder el control del partido y le acusa de haber abierto una “caja de Pandora” con la promesa del referéndum. Howe sabe bien de lo que habla.

Nowadays, with the possible exception of Germany, a country such as Britain, boasting about 1% of the world’s population and 3% of the world’s GDP, is unlikely to be able to hold anything like the position of power to which we continue to aspire, unless this is firmly anchored in a strong alliances and, ideally, a credible regional framework. With the decline of Nato, the only such framework available, unless we seek to join the United States, is basically the European Union.

Hubo un tiempo en que el ala derecha de los tories estaba formada básicamente por lúnaticos nostálgicos de los tiempos del imperio. Precisamente, uno de los grandes éxitos de Thatcher fue cohesionar a ese grupo en los asuntos de política económica y atraer a casi todo el partido a esa posición. Es cierto que durante la guerra de las Malvinas se recuperó del ático polvoriento parte de esa retórica imperialista (o quizá sólo un chovinismo británico), pero la clave pasó a ser dominar mercados, no territorios, y para eso formar parte de la UE ha sido indudablemente positivo para el país (e indirectamente para EEUU).

Un dirigente del partido ha dicho off the record (o en una conversación privada) que el problema no es tanto de los diputados, como de las bases del partido, formadas por un puñado de locos desquiciados. Mal momento para estos ataques de sinceridad, que por otra parte confirman las sospechas de que Cameron y sus más cercanos asesores forman una élite selecta sin convicciones alejada de los intereses del núcleo del partido.

Mantener tranquilos a esa cuadrilla de ‘backbenchers’ iletrados en economía dentro del partido exige un líder fuerte, y Cameron no lo es. El sector paleoconservador tiene aún más motivos para estar enfurecido por el apoyo de Cameron al matrimonio gay, como se podrá apreciar el lunes 20 cuando la medida llegue al Parlamento. Si el número de diputados del partido que vota en contra se acerca a 200, será un desastre para el jefe de Gobierno. Si se queda en unos 100, podrá frenar la embestida durante algún tiempo.

Mientras tanto, los euroescépticos de UKIP (esos sí que están como cabras) ya están en el 20% en un sondeo. Los tories son aún más tories cuando entran en estado de pánico.

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Tortura en las prisiones de Siria

Un equipo de Human Rights Watch ha entrado en las celdas en las que la inteligencia siria encerraba y torturaba a los detenidos en la ciudad de Raqqa, ahora controlada por los rebeldes. Además de documentación de distinto tipo, encontraron el dispositivo de madera al que eran atados los presos para ser golpeados durante el interrogatorio. Han entrevistado a varias personas que pasaron por esas instalaciones, donde sufrieron palizas y descargas eléctricas.

Uno de ellos, Ahmed, de 24 años (no es su nombre auténtico), fue arrestado junto a su hermano por participar en manifestaciones contra el Gobierno.

“Nos torturaban por turnos a mi hermano y a mí. Comenzaron a torturarle a él con electricidad durante tres o cuatro horas, y luego le dejaron en una celda. (…) Querían que les dijera con quien había participado en manifestaciones (…) y me hacían escuchar los gritos de mi hermano. Eso era peor que las palizas. Me obligaban a escucharle (mientras era torturado)”.

Tras ser liberado después de que un tribunal le condenada a una pena idéntica al tiempo en que había estado detenido, Ahmed se unió a los rebeldes y ahora combate en las filas de una de las principales milicias de Raqqa.

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Inside America’s Dirty Wars. How three US citizens were killed by their own government in the space of one month in 2011.

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Vente a Alemania, Pepe, Paulo, Enrico, Dimitrios, Lech, Viktor, Rosen,Traian

Los españoles que llegan a Baviera no son los únicos. Schäuble diría que esta es la forma de corregir los desequilibrios financieros. Todos los caminos conducen a Alemania.

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Algo pasa con el papel higiénico en Venezuela

“Vamos a saturar el mercado (de papel higiénico) para que nuestro pueblo se tranquilice”, dice el ministro venezolano de Comercio. Se diría que los habitantes del país están un poco tensos sin saber con qué se van a limpiar el trasero. En cualquier caso, 50 millones de rollos para un país de 29 millones de habitantes no es tampoco una cifra que vaya a conjurar los problemas de abastecimiento durante mucho tiempo.

Más allá de los inagotables chistes que se pueden hacer con el tema, hay un tema (obviamente más aburrido) detrás de todo esto. Controlar los precios en una economía de mercado es una estrategia que da lugar a estupendas declaraciones propagandísticas y a fracasos inevitables. Cualquier producto que tenga que ser importado originará periodos de escasez que a su vez se verán sustituidos por periodos de abundancia (si el Gobierno detecta el problema e intenta solventarlo con importaciones de choque) hasta que vuelva a desaparecer de las tiendas.

Siempre hay flexibilidad en los costes de producción. Suben los salarios o la maquinaria o el transporte. Si no la hay en los precios, los problemas son inevitables.

Las empresas distribuidoras no tendrán incentivos para solicitar el producto, porque además no pueden ser obligadas a venderlo con pérdidas. Eso no pasaría si todas las tiendas fueran propiedad del Estado, pero resulta que Venezuela no tiene ese tipo de economía, ni además le conviene tenerla.

El Gobierno denuncia con frecuencia esa escasez como parte de una campaña de desestabilización o de acaparamiento de productos. Se envían inspectores por todo el país para que detecten el fraude en otra táctica condenada al fracaso. No van a poder controlar un país tan grande. Pero hay algo más importante. Ese mercado negro, si existe, ha sido creado por las propias decisiones del Gobierno. Ocurre lo mismo en España cuando el precio del tabaco sube (un ejemplo clásico de mercado con precios intervenidos vía impuestos), lo que provoca un aumento de la distribución de tabaco de contrabando en algunas zonas del país. La respuesta lógica es: ¿qué esperaban?

Lo que ocurre es que la expresión mercado negro nos suena a país pobre y atrasado. Pero si le llamamos economía sumergida, ya nos ponemos más al nivel de un país europeo.

Según los últimos datos del banco central de Venezuela, 21 de cada cien productos no están disponibles en las tiendas. Está claro que se trata de un problema estructural que no se va a solucionar con millones de rollos de papel higiénico.

Además, los consumidores tienden a reaccionar por impulsos al igual que su Gobierno. Si ven estanterías llenas de productos que antes faltaban, harán acopio de ellos más allá de sus necesidades inmediatas. Digamos que tienen memoria histórica.

“Sabemos que hay grupos que están escondiendo el papel higiénico”, dijo el ministro de Hacienda. Son empresarios que “están jugando sucio”, comentó en una referencia muy apropiada en este tema. ¿Fecha de estas declaraciones? Noviembre de 2007. Obsesionarse por razones políticas con la inflación sólo te conduce al estreñimiento a la frustración o a consecuencias económicas negativas, y eso cuenta tanto para el Gobierno venezolano como para el Banco Central Europeo.

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La guerra de Obama contra las filtraciones y sus víctimas periodísticas

El titular ha aparecido el martes en varios medios de comunicación españoles, incluido este rótulo del Canal 24 Horas de TVE. Titulares dramáticos y graves.

Es una lástima que sean falsos.

El Gobierno no ha pinchado los teléfonos de la agencia AP. Ni hubo escuchas telefónicas. Cualquier espectador habría pensado que el FBI estaba escuchando las conversaciones de los periodistas con sus fuentes. No es cierto.

La investigación del Departamento de Justicia tuvo acceso a los registros de llamadas de una veintena de líneas telefónicas de periodistas de AP durante dos meses, tanto fijos como móviles y tanto teléfonos de la redacción como del hogar de algunos reporteros. Supongo que esos registros incluyen día y hora de llamada, duración y números de teléfono de los interlocutores. Esa es la parte importante porque la investigación buscaba localizar a las personas de la Administración que habían entregado a los reporteros información sobre una operación antiterrorista.

La decisión de la Administración de Obama no es menor ni rutinaria. Como dice el presidente de AP, no hay precedentes de una operación de estas dimensiones contra un medio de comunicación sin respetar además las normas habituales en estos casos:

“There can be no possible justification for such an overbroad collection of the telephone communications of The Associated Press and its reporters,” Pruitt wrote to Holder. “These records potentially reveal communications with confidential sources across all of the newsgathering activities undertaken by the AP during a two-month period, provide a road map to AP’s newsgathering operations, and disclose information about AP’s activities and operations that the government has no conceivable right to know.”

Desgraciadamente, la medida es coherente con la agresiva conducta de la Administración de Obama contra los presuntos responsables de filtraciones a los medios de comunicación. Lo realmente alarmante es que una vez más la información que facilita el Gobierno para justificar sus actos es muy poco precisa en cuanto a la base legal con la que  se adoptan estas decisiones. AP no recibió ninguna notificación del Gobierno durante esos dos meses, y por lo tanto no tuvo la oportunidad de presentar un recurso ante los tribunales.

Es cierto que en los casos de filtraciones, informar a los medios pone en teoría en peligro toda la investigación en la medida de que alerta a los periodistas para que no vuelvan a ponerse en contacto con sus fuentes en temas delicados. En cualquier caso, investigar una filtración es un asunto condenadamente difícil. Dudo de que los periodistas que tocan los temas de defensa o inteligencia utilicen sus teléfonos personales o del trabajo para los contactos realmente importantes.

El asunto del control judicial es especialmente grave. ¿Pueden el Departamento de Justicia y el FBI acceder a esta información confidencial por propia iniciativa y sin permiso de un juez? Una vez más, lo que el Gobierno ha contado, con el secretismo habitual, no es suficiente para conocer la respuesta.

En el párrafo 35º del artículo del Post, aparece una referencia al gran jurado convocado para decidir sobre esta investigación:

A grand jury based in Washington’s federal court has been investigating the possible leak of classified information to the AP for several months, according to a government official familiar with the probe who spoke on the condition of anonymity to discuss an ongoing case.

Hay que imaginarse que ese control de las comunicaciones ha sido autorizado por el gran jurado. Como en muchas investigaciones relacionadas con el terrorismo, el Gobierno puede convocar de forma secreta un gran jurado para autorizar este tipo de medidas, e incluso llegado el caso dictar un procesamiento. Por dar un ejemplo, Wikileaks está convencida de que un gran jurado similar ordenó en secreto el procesamiento de Julian Assange por la filtración de los telegramas del Departamento de Estado hace ya mucho tiempo sin tener la obligación legal de hacerlo público.

¿Qué estaba investigando ese gran jurado? Aparentemente (no hay una confirmación oficial), se trata de la operación con la que se frustró un atentado de Al Qaeda en Yemen con el que se pretendía colocar una bomba en un avión con destino a EEUU. Fracasó cuando el explosivo se entregó a un agente doble al servicio de la CIA.

AP se enteró de la historia, se puso en contacto con el Gobierno, aceptó no hacerla pública durante varios días a petición de la Administración, y terminó por contarla en este artículo. Esta es la información que despertó las iras del Gobierno:

The would-be suicide bomber, the man al-Qaeda entrusted with its latest device, actually was a double agent working with the CIA and Saudi intelligence agencies, officials said Tuesday. Instead of sneaking it onto a plane in his underwear, he delivered it to the U.S. government and handed al-Qaeda its latest setback.

Es decir, el problema no venía de haber contado el fracaso del proyecto de atentado, sino de identificar a la persona que había estado trabajando para la CIA y los saudíes. Por otro lado, resulta obvio que esa fuente estaba quemada. Si sus jefes le dieron la bomba para que subiera a un avión con ella y el atentado no se produjo, estaba claro que no iban a confiar más en él y que el agente doble estaba ya fuera de circulación. Pero todo esto son especulaciones, porque no sabemos realmente qué ocurrió.

La parte buena de esta historia es que quizá los medios de comunicación se interesen ahora por una práctica (acceder a los registros telefónicos de forma secreta) que el Gobierno lleva utilizando años sin que se sepa exactamente cuál es el control judicial que la respalda.

Además de unos cuantos errores, llama la atención la cobertura que algunos medios españoles han dado a la noticia en la tarde y noche del martes. Es cierto que fue un día con pocas noticias en España, pero incluso así…

Al otro lado del Atlántico, no parecían estar tan alarmados.

Quizá la web del NYT en EEUU le prestaba más atención (hablamos de las doce de la noche, hora española). El Post le daba más importancia, pero tampoco era la primera noticia.

Ya sabemos que las noticias de EEUU tienden a estar sobrerrepresentadas en los medios españoles. Es el país más importante del mundo, cierto, pero creo que todo se debe a una cuestión de cantidad. Siempre hay mucha más información disponible sobre EEUU que sobre cualquier otro país del mundo. Otra cosa es que ayer allí era mucho más importante la noticia sobre la investigación de Hacienda a grupos conservadores. Eso parece más grave por la sospecha de que el fisco estuvo investigando a rivales políticos de la Casa Blanca (que niega saber nada del asunto). Pero los asuntos de “espionaje” y terrorismo siempre son más fáciles de vender en un titular.

13.44

Roger Senserrich explica que la petición a las compañías telefónicas de los registros de llamadas es una medida legal. Otra cosa es que sea políticamente presentable. El Tribunal Supremo dictaminó en su momento que esa información, incluido el número de la persona a la que llamas, no entra dentro del ámbito de la privacidad, como sí sería el caso del contenido de la conversación telefónica.

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Bangladesh: el primer paso

Lo que parecía imposible hace sólo unos meses ahora comienza a convertirse en hechos. H&M, Inditex y otras empresas europeas se comprometen a firmar un acuerdo sobre las condiciones de seguridad de los trabajadores de Bangladesh similar al que rechazaron en 2011 (al acuerdo se ha unido esta misma tarde El Corte Inglés). El Gobierno nombra una comisión para subir el salario mínimo con efectos retroactivos al 1 de mayo. Los trabajadores no tendrán que pedir permiso a la empresa para formar un sindicato.

Todos estos avances suenan bien y son lo que estaban pidiendo precisamente los sindicatos y ONG extranjeras implicados desde hace años en la lucha por los derechos de los trabajadores. Es obvio que todo dependerá de cómo se lleven a la práctica. El problema de formar un sindicato en una empresa, por ejemplo, no termina con la autorización legal, sino que empieza en ese momento. No es raro que las empresas amenacen a los representantes de los trabajadores o que formen su propio sindicato amarillo para cumplir con sus clientes extranjeros o con las apariencias.

Se espera que el pacto se concrete en los próximos días o semanas. Las negociaciones continúan para conseguir que las grandes compañías norteamericanas se unan al compromiso: Wal-Mart, Sears, Gap y JC Penney. El principal escollo parece ser la posibilidad de que los conflictos sobre la aplicación del acuerdo puedan acabar en los tribunales de cada país. La idea es que en primer lugar se produzca un arbitraje y, si no funciona, cada parte pueda recurrir a la justicia. En concreto, Gap ya ha dicho que no permitiría que se le pueda exigir nada en los tribunales de EEUU. Lo que propone –el que no respete el acuerdo sería expulsado públicamente– no parece un incentivo muy poderoso.

Algunas reacciones son sospechosas. De repente, Wal-Mart, que no ha dicho aún que vaya a firmar el acuerdo, ha exigido con un comunicado al Gobierno que clausure una fábrica por riesgo de derrumbe e inspeccione otra. La primera se encuentra al lado de un centro de trabajo que produce para Wal-Mart. En este caso, no sé que es peor: que todo sea un gesto de relaciones públicas de Wal-Mart para aparentar que se preocupa por la seguridad de sus trabajadores o que haya muchos más edificios que presenten serios daños estructurales.

La presión ha resultado efectiva, pero sólo porque se ha producido después de la tragedia de Rana Plaza: 1.127 muertos, 2.438 heridos y 98 desaparecidos.

Los cambios serán progresivos. A corto plazo, hay que esperar que al menos no se repita una catástrofe de esas dimensiones. Si sube el salario mínimo, quizá se ponga a la altura de Camboya. Estamos hablando de las peores condiciones de trabajo en Asia en la cadena de producción de las empresas occidentales. ¿Qué ocurre cuando una empresa local no consigue entregar un envío pactado para una fecha concreta? Que pierde la opción de recibir futuros encargos. Los incentivos operan así en la peor dirección posible.

El WSJ recuerda una serie de cifras que sirven para entender el contexto económico en que se mueve este modelo de producción y que tienen que preocupar. Por ejemplo, en 2012 los norteamericanos utilizaron el 3% de su gasto anual en compra de ropa y calzado. Ese porcentaje era del 7% en los años 70 y del 13% en 1945.

El precio de la ropa ha caído de forma espectacular en los últimos 20 años, y no es que la gente vista ahora con harapos por la calle. Otro dato citado en el artículo: desde 1990 ese precio se ha incrementando en EEUU en un 10% cuando los alimentos han subido una media del 82% en ese periodo.

En la carrera por bajar los costes hasta más abajo de lo creíble hace unos años, las grandes empresas casi han llegado al cero absoluto, y los clientes se han acostumbrado a adquirir productos a precios irrisorios. Está claro que las grandes marcas pueden reducir sus márgenes de beneficio, ¿pero hasta qué punto? Si su modelo de negocio consiste en parte en que la gente visite varias veces al mes sus tiendas para comprar camisetas de 5,95 euros, ¿dónde está el límite de la reducción de costes?

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Un aperitivo republicano para comenzar las elecciones de 2016

La campaña electoral de 2016 ya ha comenzado. Los republicanos han decidido que no pueden esperar más tiempo. No para elegir a su candidato, sino para intentar debilitar a Hillary Clinton, crear una mancha que perdure hasta que comiencen las próximas primarias. El anuncio está pagado por la organización de Karl Rove. Es alguien que aún cree en las virtudes de la guerra preventiva.

Fox News es, como es habitual, la unidad principal de ataque. Algunos de sus peones son los mismos que suscribieron las más locas teorías en la época en que había que convencer a la opinión pública de la necesidad de invadir Irak.

El motivo es el ataque al consulado de Bengasi, en Libia, en el que murió el embajador norteamericano. En el terreno del humor: el 39% de los norteamericanos que creen que estamos ante “el mayor escándalo en la historia de EEUU” no saben dónde está Bengasi.

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El 15M y el establishment: una relación tormentosa

El bipartidismo

Cualquier análisis sobre la relación entre los movimientos sociales y los partidos debe partir de un hecho incuestionable: los partidos son maquinarias concebidas para ganar elecciones. Esto llega al extremo de que algunos partidos llegan al poder (la meta definitiva) y no tienen muy claro al principio qué hacer con él. Todo lo que se aleje de esa prioridad es ignorado o mal comprendido. Ante algo nuevo, los políticos se hacen la pregunta que tantas veces hizo Margaret Thatcher: ¿es uno de los nuestros? ¿Se puede confiar en él o ellos? Si no es así, hay que mantenerlos a distancia o hacerles frente.

En mayo de 2011, el PP se veía ya en la recta final hacia su victoria electoral. Todo lo que pudiera obstaculizar ese camino podía ser peligroso. En teoría, una protesta contra la situación política y económica de España perjudicaba en primer lugar al Gobierno, pero esa era una ayuda que el PP ya no necesitaba.

La sección conspiranoica de la derecha española volvió a ver, como es costumbre, la mano oculta de la izquierda, el Comando Rubalcaba y otras sandeces por el estilo. La sección inteligente de la derecha apreció que había ahí algo más que un estallido de ira pasajero. Era algo que continuaría más allá de las elecciones y podría ser un elemento extraño en la política, pero no por ello menos peligroso.

El Gobierno de Zapatero respondió con la confusión que le caracterizó en el último año en el poder. No podía ponerse al frente de la pancarta por razones obvias, pero tampoco podía denunciar una movilización que contaba, como minimo, con la comprensión de muchos de sus votantes. Zapatero llamó al 15M “protesta pacífica que merece nuestro respeto”, una actitud que parece condescendiente, pero que sobre todo era un intento de huir de cualquier enfrentamiento con la gente que se manifestaba en la calle. Prefería ignorar las razones últimas de ese descontento. Debió de pensar que cualquier respuesta decidida sólo le traería malas consecuencias.

Tras la victoria del PP en las elecciones generales, los socialistas han mantenido esa posición interesadamente equidistante. El PSOE utiliza las movilizaciones para justificar el malestar ciudadano contra la política de austeridad del Gobierno de Rajoy, pero en seguida es consciente de que nunca podrá aceptar la reivindicación de cambios estructurales en el funcionamiento de las instituciones.

El mantenimiento de las movilizaciones en la calle ha sido también una pésima noticia para el PSOE, en especial por la presencia de Rubalcaba al frente del partido. La imagen del líder del partido es tan negativa como la de Rajoy. Es difícil saber si un líder diferente hubiera podido entablar una relación diferente con el 15M. Rubalcaba lleva demasiado equipaje encima como para intentarlo.

El PP en el poder se ha liberado de cualquier duda que pudiera tener. El 15M es el enemigo. Lo ve como una fuerza que cuestiona las instituciones tradicionales, incluida la monarquía, que está en condiciones de aumentar el apoyo a Izquierda Unida o forzar un giro a la izquierda del PSOE.

Cuando la presión de los colectivos sociales sobre los políticos se ha hecho más directa, la derecha ha reaccionado elevando la apuesta hasta el límite con comparaciones con el nazismo que denotan una evidente desesperación. Ni siquiera todos sus votantes están de acuerdo, según los sondeos, pero en estos casos el manual de la política indica que hay que insistir en la idea de la gran conspiración. El político piensa que si demonizar al rival no funciona ahora, es porque hay que no se ha insistido lo suficiente en esa amenaza.

Los medios de comunicación

Acostumbrados a no prestar atención a todo aquello que no se pueda medir, los medios de comunicación ignoraron en los primeros días la protesta como si fuera una movilización más de médicos, obreros o profesores con una hora de comienzo, discursos y hora de finalización. En este caso, ni siquiera les parecía justificada la reacción habitual de dedicarle unas páginas el primer día para olvidarse del tema después. De entrada, en su mayoría los medios no pensaban que la situación política fuera tan mala como para justificar tal protesta.

La protesta fue ignorada en los primeros días, y sólo se comenzó a prestarle atención cuando se acercaba la fecha de las elecciones locales y autonómicas. Para los medios de comunicación, en especial la prensa, no hay nada más importante que las elecciones en la información política. No importa que sean locales, autonómicas o generales, no importa que la campaña se reduzca a una sucesión de declaraciones que al tercer día aburren hasta a los propios periodistas, no importa que el acceso que tengan a los líderes sea escaso o manipulado en favor de los políticos. Las elecciones lo son todo.

El 15M estaba fuera de la ecuación. No había un planillo adecuado para encajarlo en la confrontación izquierda-derecha. Por encima de todo, los periodistas tenían problemas para saber si algo así iba a perdurar sin tener una estructura definida y, fundamentalmente, sin tener a un líder o líderes. Alguien a quien poder entrevistar.

No es que esa confusión sea incomprensible. De hecho, en cuanto al impacto de una movilización social, ya se ha visto hasta qué punto se multiplica si tiene una cara y ojos, una persona que la defiende con decisión en todos los foros posibles. Me refiero al caso de Ada Colau.

Toda esa perplejidad desapareció rápidamente ya antes de las elecciones locales. Algunos medios suscritos a la lectura de la alternancia en el poder como el mayor terremoto que se puede tolerar en un sistema político reaccionaron indignados ante tal desafío. Sólo aceptaban el relevo en el Gobierno, no que se cuestionara el mito fundacional de la España de la transición.

Los sindicatos

Como es habitual en ellos, los sindicatos no se han enterado de nada. Sus responsables están muy ocupados con las movilizaciones del 1 de mayo y las ofertas al Gobierno para que negocie un pacto por el empleo.

Los tribunales

Una de las sorpresas de los últimos dos años se ha producido en los tribunales. De creer a algunos políticos y periodistas, el desafío que desde la calle se estaba lanzando contra la política tradicional adquiría un carácter de sedición. Siempre hay artículos en el Código Penal previstos para este tipo de cosas, y si no los hay, los partidos se ocupan de incluirlos a toda velocidad.

En líneas generales, la Justicia ha dejado a un lado los llamamientos a poner orden ante este supuesto caos. El ejemplo más evidente ha sido la respuesta de los jueces, al que se suele considerar el estamento más conservador del establishment, a los escraches de la movilización contra los desahucios. Lo que para los políticos era la agresión más violenta que uno pueda imaginarse en una democracia, para la mayoría de los jueces es el ejercicio del derecho de manifestación, perfectamente legal si no median conductas claramente violentas. No hay ingeniería jurídica (por utilizar una expresión del ministro de Interior) que haya podido anular ese criterio judicial. De momento.

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