La victoria de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones de Madrid no ha tardado más que unos días en tener consecuencias. «Si voy a misa o a los toros, o me voy a la última discoteca, lo hago porque me da la gana. Y elegimos dónde, a qué hora y con quién. Vivo así. Vivo en Madrid y por eso soy libre», dijo en la campaña. Ya sin las limitaciones del toque de queda propiciado por el estado de alarma, miles de personas por toda España le tomaron la palabra este fin de semana. Después de catorce meses claustrofóbicos, había llegado la hora de hacer lo que me dé la gana. Y no sólo en Madrid, sino en otras muchas ciudades. Por lo que gritaron, se lo pasaron en grande. Quién dijo que no te lo puedes pasar bien durante una pandemia.
Los titulares periodísticos hablan de caos para describir la situación creada por el fin del estado de alarma. Quizá sea mejor decir que lo que se ha extendido es el concepto de jeta constitucional o jurídica. Todos interpretan la ley de forma que no sean ellos quienes tengan que dar el primer paso. Algunos, los más osados, sostienen que una ley, orgánica u ordinaria, puede limitar los derechos que aparecen en la Constitución si así lo decide un Gobierno.
Se acabó la hora de los valientes. La clase política pretende que si hay que hacer algo, lo hagan todos juntitos para repartir las culpas.
El PP llevaba tiempo pidiendo el fin del estado de alarma y el Gobierno de Pedro Sánchez no tenía interés en intentar prorrogarlo con una votación en el Congreso. Los gobiernos autonómicos, excepto el de Madrid, querían seguir contando con el recurso legal que les permitía aprobar el toque de queda y los confinamientos perimetrales. Cada uno de ellos podría pedir ahora el estado de alarma para su territorio, previa votación en el Congreso, pero nadie acepta aparecer como señalado al hacerlo. Sería como admitir un fracaso. Sigue leyendo










