La situación en Irán ha cobrado un giro dramático al saberse que trece personas murieron el domingo en las manifestaciones contra el Gobierno que comenzaron cinco días antes. La cifra aumentó a 21 con los incidentes del lunes. En las localidades de Qahderijan y Kermanshah, se prendió fuego a sendas comisarías en la noche de ese día. Los gritos no ya contra el Gobierno por su política económica, sino contra el régimen islámico y su máximo líder, el ayatolá Jamenei, se han repetido en lugares donde las concentraciones de protesta nunca habían tenido antes tal carga política.
El portavoz de Guardia Revolucionaria Islámica tuvo que desmentir el lunes que sus fuerzas se vayan a hacer cargo de la seguridad de Teherán. Ese sería el punto de no retorno que indicaría que el Gobierno está seriamente preocupado. Se trata de un organismo militar fundado tras la revolución de 1979 y cuya función, a diferencia del resto de las Fuerzas Armadas, no consiste en defender las fronteras del país, sino proteger a la república islámica como sistema político y religioso. Depende directamente de Jamenei, y no de Gobierno.
Cuenta con unos 125.000 miembros. Su cuerpo más conocido para los iraníes es la milicia paramilitar de los Basij, que intervino con violencia en la represión de las protestas por las elecciones de 2009 que concedieron la reelección a Ahmadineyad en medio de múltiples acusaciones de fraude.
Los basij ya han aparecido en las calles iraníes en algunas de las manifestaciones producidas estos días. Pero no es lo mismo que colaboren con la policía en ciertos lugares a que lleven el protagonismo en la respuesta a la revuelta. En su reacción del domingo, el presidente Rohaní quiso hacer una defensa pública del derecho de manifestación sobre todo si es para denunciar la corrupción y los problemas económicos, por más que condenara la violencia. «Las necesidades y peticiones de la gente deben ser atendidas», dijo.
Los ataques a carteles con figuras del régimen como el propio Jamenei o del general Qasem Soleimani, jefe de la Fuerza Quds y un héroe para los conservadores por su intervención en las guerras de Irak y Siria, podrían hacer que el régimen respondiera con una violencia que había estado ausente al principio.
La interpretación oficial de momento de los grupos conservadores cercanos a Jamenei es que la situación está bajo control. «Lo que está ocurriendo en Irán acabará en unos pocos días, y no hay razones para preocuparse en absoluto», ha dicho Ali Shamkhani, secretario general del Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Estos grupos juegan sus bazas con la intención de debilitar a Rohaní. Un canal de televisión cercano a la Guardia Revolucionaria, que cuenta con medios de comunicación que siguen sus orientaciones, dedicó un programa a las protestas con testimonios de algunos manifestantes críticos con la situación económica y con la responsabilidad del Gobierno nombrado por el presidente.
Al escribir sobre las protestas en los dos o tres primeros días, el énfasis se hacía en la situación económica, responsabilidad directa del Gobierno moderado de Rohaní, pero muy pronto los eslóganes cobraron un carácter político con ataques directos a Jamenei y a la corrupción. Como se verá después, la corrupción tiene mucho que ver con algunas de las penurias económicas que viven los sectores más necesitados, que incluso han visto perder sus ahorros por el hundimiento de algunos bancos.
La primera movilización importante se produjo en la ciudad de Mashad, la segunda ciudad del país con tres millones de habitantes y situada en la zona noreste del país. Políticamente, está controlada desde hace tiempo por los más conservadores. De allí es Ebrahim Raisi, el candidato ultraconservador que perdió ante Rohaní en las últimas elecciones presidenciales.
Por eso, inicialmente se pensó que las concentraciones habían sido toleradas por el Ayuntamiento de la ciudad, también dominado por los conservadores, para desgastar al Gobierno central. El vicepresidente Es’haq Jahangiri hizo unas declaraciones en las que avisó que los promotores de la protesta, en alusión a los conservadores, podían verse sorprendidos y acabar en una situación que no era la que esperaban.
En los sermones del viernes en las mezquitas, algunos imanes apoyaron la decisión de la gente de salir a la calle para denunciar su difícil situación económica. El hecho de que en las noticias publicadas por agencias de noticias públicas controladas por conservadores se publicaran artículos con un resumen de esas intervenciones demuestra como mínimo que contaban con una cierta comprensión de los responsables religiosos de Mashad.
En los primeros días, las manifestaciones fuera de Mashad congregaron sólo a unos pocos centenares de personas. No había entre sus participantes muchos jóvenes ni se oyeron los eslóganes reformistas que se hicieron populares en la protesta de 2009. Parecía una movilización centrada en reclamaciones económicas, sobre todo las originadas por el aumento de los precios a causa de la inflación y el incumplimiento de las promesas que había hecho Rohaní en su campaña electoral. Rohaní había vendido el acuerdo nuclear que había desagradado a los conservadores como el primer paso necesario para acabar con el aislamiento del país y la recuperación económica.
Los datos económicos desmienten algunas de esas impresiones, pero no todas. Lo cierto es que la inflación siempre ha sido muy alta en Irán en las últimas décadas, incluida la presidencia de Ahmadineyad. Cuando Rohaní llegó al poder en 2013 estaba en el 34%. A partir de 2014, el Gobierno ha conseguido que en su mandato esté en una media cercana al 12%, y que ahora esté por debajo del 10%. Las cifras indican que la presidencia de Rohaní goza de la inflación más baja desde 1979.
Pero las cifras no dicen toda la verdad porque ese descenso no ha repercutido por igual en todos los productos. Para conseguir su objetivo, el Gobierno ha reducido los subsidios a productos de primera necesidad con los que los gobiernos anteriores compraban el apoyo de la gente. El nuevo presupuesto, presentado hace unas semanas y que entrará en vigor en marzo de 2018, incide en ese mismo recorte del gasto público en subsidios que también afectará al precio de los combustibles, hasta ahora fuertemente subvencionados.
La economía ha crecido con Rohaní, pero eso no sólo ha reducido el desempleo, sino que lo ha aumentado por encima del 12%, fundamentalmente por el mal funcionamiento de la parte de la economía iraní que no tiene que ver con el petróleo. Su crecimiento fue mínimo en 2016, mientras que en 2015 fue mucho peor. Los sectores económicos que deberían crear empleo no lo hacen. El desempleo juvenil está oficialmente en torno al 20%, pero la cifra real podría ser el doble, lo que afecta a los licenciados universitarios, pero también a los jóvenes sin formación fuera de las grandes ciudades.
Hay que volver a Mashad y a la región donde se encuentra para conocer otros motivos de la furia de muchas personas en esa zona del país por la situación económica. Una de las razones es la quiebra de varios bancos que habían prometido a los clientes altos tipos de interés a cambio de sus depósitos en un problema que ha afectado gravemente a la economía iraní en 2017. Esas entidades no tenían una ficha bancaria admitida por el banco central y por tanto operaban en una ilegalidad consentida por las autoridades.
Los bancos de ese tipo proliferaron durante la presidencia de Ahmadineyad y el actual Gobierno no ha conseguido aún poner fin a sus actividades o legalizarlas si fuera posible. Según el banco central, en 2013 los bancos ilegales contaban con la increíble cifra del 25% del dinero en efectivo depositado por los iraníes en entidades financieras, aunque esa cifra se redujo en 2017 al 8%.
En 2016, doce bancos fueron declarados en bancarrota cuando no pudieron devolver fondos a sus clientes y casos de este tipo se repitieron en 2017. El Banco del Caspio es uno de los que más quebraderos ha creado. Una de sus filiales ya arruinada, llamada Fereshtegan, contaba con más de 450.000 clientes. Era especialmente activa en la región del nordeste donde se encuentra Mashad. El Banco del Caspio prometió que se devolvería un máximo de 100 millones de riales, equivalente a unos 2.700 dólares, a los clientes de las entidades hundidas. Supuestamente bajo esa cifra están 400.000 de esos clientes y también supuestamente el banco central se ocuparía del resto.
Las manifestaciones producidas a lo largo de 2017 en varias ciudades por las quiebras de estas entidades bancarias demuestran que el problema no se ha solucionado y que ha aumentado el resentimiento popular de aquellos que han perdido sus ahorros o parte de ellos contra las autoridades. Entre ellos hay muchas familias de clase baja, los sectores del país de clase trabajadora que no se movilizaron en la rebelión contra el régimen en 2009 –protagonizada por estudiantes y clases urbanas y profesionales de clase media–, y que sí están participando ahora en las manifestaciones de los últimos días.
A partir de ahí, saber exactamente cuál es la principal reivindicación de los manifestantes es difícil. Lo es porque no hay una estructura política que haya convocado nada, no hay líderes o un programa político que haya causado esta movilización. Sí había un canal de Telegram llamado Amad News, con unos 700.000 seguidores, en el que aparecía información permanente sobre manifestaciones, convocatorias y vídeos de las marchas. Telegram cerró ese canal por incluir llamamientos a la violencia, incluida la petición a la gente de que usara cócteles molotov contra la policía, pero han surgido muchos otros canales con información similar, y entre ellos están los creadores de Amad News.
Telegram e Instagram, ahora bloqueados temporalmente por el Gobierno, cuentan con más de 20 millones de usuarios en Irán cada uno y son la principal herramienta de comunicación para muchas personas. Como ha escrito Edward Snowden, los grupos de Telegram no cuentan con la seguridad necesaria en cuanto a cifrado punto a punto, lo que puede dar una falsa sensación de privacidad a sus usuarios en países como Irán y en especial en estos momentos. Puede ocurrir que el rastro que deje la actividad de sus usuarios en el teléfono móvil se convierta en la principal prueba que les incrimine si son detenidos por la policía.
Por cierto, es también lo que sucedió en 2009 cuando la tan celebrada revolución de Facebook en Irán, por emplear una expresión habitual entonces en los titulares, sirvió para que muchas personas fueron condenadas en los tribunales por las pruebas que ellos habían facilitado de forma involuntaria con sus teléfonos móviles.
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