Cosas que hacer en sábado cuando no estás muerto

Cómo identificar una película de los hermanos Coen.

–Habla el responsable del maquillaje de Joker en ‘El caballero oscuro’.
–Hay que reconocer que Tom Cruise se gana el sueldo.
–Los personajes de Cary Grant en las películas de Hitchcock.
–Una historia oral de BoJack Horseman.
–En Honest Trailers comprueban lo mala que era la última de ‘Jurassic World’.
Nicolas Cage se ha cansado de que le tomemos el pelo.
–Las apariciones de Bill Murray.
–La tradición de los alebrijes en México.
–El estilo de Edgar Allan Poe.
–Los 750.000 búnkers de Albania.
–El origen de la expresión OK.
Resolver crímenes en Marte será complicado.
–Alguien decidió en 2008 hacer un videojuego con Jack El Destripador como protagonista. No fue una buena idea.

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El mito del rey Arturo

En el siglo XII un clérigo de gran ambición recuperó historias de los siglos anteriores y de la mitología céltica para comenzar a construir el mito del rey Arturo. Traductores posteriores –en esos tiempos, la traducción era aún más creativa que ahora- añadieron elementos que han perdurado hasta nuestros días, como la mesa redonda, el Santo Grial, Lancelot o el inevitable triángulo romántico. Esto último fue muy útil siglos después para el cine. Las historias de amor añaden mucho interés a las peleas con espadas. Cuando esos escritores hacían su trabajo en el tiempo de los Cruzadas no era tanto el pasado lo que les interesaba, sino el presente, como ocurrió en la España antigua con la ‘historia’ del origen del Camino de Santiago.

Los mitos sirven para construir las adhesiones imprescindibles para gobernar el tiempo actual. A eso le llamamos ahora propaganda.

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Pedro Sánchez renuncia a defender los derechos humanos si eso supone un riesgo económico

La entrevista a Pedro Sánchez en La Sexta en la noche del domingo nos ha permitido confirmar dos hechos básicos en la decisión del Gobierno español de autorizar la venta de bombas a Arabia Saudí para su uso en la guerra de Yemen. Hubo una amenaza directa del Gobierno saudí de poner fin a las relaciones económicas con España, y toda esta crisis se originó por lo que fue un error de la ministra de Defensa, según la versión ofrecida por Sánchez.

Hay algo más que admite varias interpretaciones, pero que Sánchez dejó claro en una de sus respuestas. Está muy bien tener una política de derechos humanos, pero no tanto si eso pone en peligro inversiones y puestos de trabajo. Una guerra en la que han muerto decenas de miles de personas es algo terrible, pero un Gobierno puede colaborar con ella, aunque sea de forma reducida, y no sentirse responsable. ¿Por qué? Tiene mucho dinero que perder.

En varios medios de comunicación, se informó de que el Gobierno saudí había protestado por la decisión de Margarita Robles de suspender la entrega de bombas guiadas por láser en un contrato aprobado por el anterior Gobierno y ya pagado por el cliente. El Gobierno no se atrevió a concretar mucho más. Los saudíes, a diferencia de la crisis que han tenido con Canadá, prefirieron optar por la discreción y no hacer público su enfado. Seguro que pensaban que este era un problema que podían arreglar sin levantar la voz.

Sánchez fue bastante claro en la entrevista: “El dilema que tenía este Gobierno era romper las relaciones comerciales, económicas y políticas con un tercer país, con el impacto que eso podía tener en determinadas zonas de este país, por ejemplo la bahía de Cádiz, o cumplir con un contrato que firmó la anterior Administración”. El peligro consistía en perder el contrato de construcción de cinco corbetas por valor de 1.800 millones de euros en las instalaciones de Navantia en Cádiz y Ferrol. Esa fue la amenaza que llegó de Riad.

La ministra de Defensa quedó completamente desautorizada. Fue señalada como la causante de esta crisis. Sánchez dijo que Robles no fue consciente de las dimensiones comerciales de esa decisión, con lo que hay que suponer que la tomó sin consultarla con Exteriores, Economía o Moncloa. Cabe la posibilidad de que esto no haya sido así, pero los comentarios de Sánchez hacen pensar que el Gobierno tuvo que reaccionar ante una situación creada por Defensa.

No es lo mismo ser ministro que presidente –eso lo sabemos todos–, pero la humillación política sufrida por Robles es de las que dejan huella.

Por último, las declaraciones de Sánchez ponen un límite muy claro en cualquier esperanza que se pueda tener en que este Gobierno tenga un política de derechos humanos distinta al anterior. El único consuelo, muy pequeño, es que Sánchez no nos insultó con la explicación absurda sobre el “armamento de precisión” con la que el ministro de Exteriores, Josep Borrell, y la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, nos intentaron engañar unos días antes.

Realpolitik más puestos de trabajo suman una potencia que ninguna tragedia humanitaria ni violación de derechos básicos pueden alcanzar. Estoy seguro de que Sánchez preferiría que se acabara la guerra de Yemen, ¿y quién no?, pero está dispuesto a colaborar con los planes militares saudíes porque aparentemente no nos podemos permitir adoptar una postura ética y que respete la legislación español sobre venta de armas. Si es verdad que miles de puestos de trabajo directos e indirectos dependían del contrato de las corbetas, para el Gobierno, no hay más que hablar.

En otras palabras, los derechos humanos, para los que se los puedan permitir.

“La responsabilidad que tiene este Gobierno llega hasta nuestras fronteras. Lo que puedan hacer terceros países no es responsabilidad de este Gobierno”, dijo Sánchez. 

Eso no es lo que dice la legislación. Una ley aprobada en 2007, con un Gobierno socialista, dictamina que hay que denegar la exportación de armamento “cuando existan indicios racionales de que las armas puedan ser empleadas en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o regional, exacerbar tensiones o conflictos, ser utilizadas de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano para la represión interna, o en situaciones de violaciones de derechos humanos, o vayan a países con evidencia de desvío”.

No hay mejor forma que describir la campaña de bombardeos masivos saudíes sobre la infraestructura civil de Yemen que esa ley escrita en 2007 por alguien que quizá ni siquiera sabía quién gobernaba Yemen, y mucho menos lo que pasaría allí años después.

Este es el momento en que uno, si cree qué Margarita Robles debería haber coordinado su decisión con Moncloa, se pregunta si una ministra tiene que pedir permiso para cumplir la ley.

Pero ya sabemos que para los ciudadanos el cumplimiento de la ley es una obligación inexcusable. Para los gobiernos, la ley consiste sólo en una serie de directrices que se pueden obviar si resultan demasiado onerosas desde el punto de vista económico o electoral.

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El mártir, el inocente y el valiente: las dimisiones llegan a la política española

Si en los documentales de National Geographic o de David Attenborough en BBC se ocuparan de la corrupción, podrían catalogar las especies estudiadas en tres tipos de políticos en función de sus reacciones al verse obligados a dimitir: el mártir, el inocente y el valiente. De los dos primeros tendrían múltiples imágenes para el montaje del programa.

El mártir es el tipo que se sacrifica con una generosidad inaudita para favorecer intereses más altos. “Me voy para que el ruido de esa jauría no rompa el proyecto de Pedro Sánchez”, dijo Màxim Huerta tras menos de una semana de ministro de Cultura. “Es parte del precio de haber mantenido tolerancia cero contra la corrupción”, alegó Cristina Cifuentes, que se presentó como la víctima después de caer por su máster obtenido de forma fraudulenta. “Doy el paso atrás para que la izquierda no gobierne”, afirmó, supuestamente como servicio al partido.

Es una idea calcada a la que se escuchó a Francisco Camps. “Voluntariamente ofrezco mi sacrificio para que  Mariano Rajoy  sea el próximo presidente del Gobierno”, anunció en 2011. Camps se había inmolado por Rajoy, por el PP y por España (“para que España sea esa gran nación que los españoles queremos”). El combo completo. 

El inocente también se puede detectar con facilidad en la jungla de la política. Es el que no ha hecho nada reprobable, ni por acción ni por omisión. “ He sido transparente y honesta. No he cometido ninguna irregularidad. Lo he defendido con toda convicción y la conciencia muy tranquila”, argumentó la ya exministra de Sanidad, Carmen Montón, con otro máster  conseguido gracias a los privilegios que concedía la Universidad Rey Juan Carlos. Ella ni siquiera tenía claro dónde se celebraban las clases. Pero dijo que fue honesta.

“En ningún caso yo he recibido ningún regalo”, dijo Pablo Casado sobre otro máster sospechosamente fácil de conseguir. “Hice lo que se me pidió. No me pareció extraño. Si hubo algo que no estaba bien, lo desconozco”. Inocente y también víctima, porque si hubo chanchullos, él no se enteró de nada. Sí recuerda que recibió el título.

La especie menos frecuente

Con numerosos testimonios en las categorías de mártir e inocente, habría que pasar a la tercera, la del valiente, la persona honesta que reconoce que cometió un error o que hubo irregularidades que debería haber detectado. Y que incluso pide disculpas. David Attenborough tendría que hacer mucho trabajo de campo para descubrir imágenes de esa especie en España. Es posible que tuviera que alertarnos y catalogarla como especie en vías de extinción.

En España, muchos piensan que los políticos no dimiten y sólo lo hacen cuando la situación es ya insostenible. Que no asumen la responsabilidad por sus errores. Lo cierto es que las búsquedas en internet en 2012 y 2013 arrojaban múltiples resultados de esa indignación muy presente entre los ciudadanos. El chiste “Dimitir no es un nombre ruso” apareció hasta en una pintada.

A partir de 2014, las cosas comenzaron a ser diferentes. Para empezar, dimitió el rey Juan Carlos. Con los monarcas es otro nivel y se le llama abdicación. Por corrupción, errores políticos graves, responsabilidad en el nombramiento de altos cargos corruptos o derrotas electorales, los políticos renunciaban a sus puestos con una frecuencia desconocida hasta entonces.

Sin embargo, la gente no termina de creérselo. “Sigue instalada la idea de que en España no se dimite cuando se debe y de que hay una resistencia muy alta entre los políticos a asumir la responsabilidad de errores graves”, explica a eldiario.es Antoni Gutiérrez-Rubí, consultor político y director de la empresa Ideograma. No es porque los ciudadanos no se enteren de las dimisiones, sino por una crisis de confianza que va más allá de la lucha contra la corrupción. La desconfianza general hacia los políticos y sus partidos está detrás de esa actitud. “Estos diez años de crisis económica y social se han llevado por delante la capacidad de la política de ordenar el interés general”, dice Gutiérrez-Rubí. Y eso ha tenido un precio.

Una pérdida de credibilidad

Lo que se llama desafección de forma eufemística es algo mucho más grave. Revela una profunda pérdida de credibilidad de los políticos, porque no están haciendo su trabajo, y eso se torna en ira en los casos de corrupción.

“La desconfianza en la política desgraciadamente está fundamentada”, dice Adela Cortina, catedrática de Ética y autora de numerosos libros sobre la relación entre ética y política. Cortina va más allá del valor de las dimisiones, porque considera que hay una carencia más profunda y de repercusiones más preocupantes: “La responsabilidad política consiste en tratar los problemas fundamentales de la sociedad y encontrar soluciones. Vivimos en lo que llamaría democracias electoralistas, que están perpetuamente en campaña electoral y en las que los políticos se agreden de forma continua y no se ocupan de los problemas de la gente”.

Con respecto a los últimos acontecimientos sobre tesis y másters obtenidos con favores, Cortina ha observado “un juego constante de descalificaciones y agresiones mutuas sin que haya propuestas constructivas”. En su opinión, eso hace que la opinión pública “se pueda sentir desmoralizada, porque cree que está en un país mucho más inmoral de lo que es”.

Cortina no resta importancia a la transgresión de leyes o a conductas corruptas, pero tiene claro que los ciudadanos tienen como prioridad buscar soluciones a los problemas que les afectan, y se refiere en concreto a la lucha contra la pobreza o a ese “precariado insultante” al que están sometidos muchos trabajadores. Las agresiones entre políticos no servirán de nada a la hora de afrontar esos problemas.

Los políticos no hacen su trabajo

José Juan Toharia, catedrático y presidente de Metroscopia, tiene un ejemplo respaldado por muchas encuestas sobre esa frustración popular con los partidos: su incapacidad de pactar, especialmente ahora que no hay partidos en condiciones de alcanzar la mayoría absoluta. “Con la aparición de nuevos partidos, los sondeos destacan que los ciudadanos hasta en un 66% prefieren un sistema multipartidista a uno bipartidista”. Lo primero exige acuerdos para que haya mayorías que puedan gobernar. La resistencia de los partidos a hacerlo merma su prestigio: “Cuando un partido llega a un acuerdo, preguntas en las encuestas si lo consideran sentido de responsabilidad o traición a las ideas propias, y en torno a un 60% dice lo primero. Sondeo tras sondeo, la gente quiere que los políticos pacten”.

Sobre corrupción y dimisiones, Toharia destaca que el sistema político español tiene carencias en comparación con otros países. “Los políticos se acogen aquí al sofisma de que mientras no haya condena jurídica no hay responsabilidad política. En otros países basta una conducta impropia para exigir la dimisión”. Allí sucede que un error grave no impide que años después esa persona que ha dimitido vuelva a la política, explica Toharia. “En otros países se puede volver, porque no hay una condena eterna. Aquí saben que salir es la muerte definitiva, y por eso se agarran todo lo posible al cargo”.

Hay políticos que renuncian a un cargo, pero no al poder que ostentan. José Manuel Soria dimitió como ministro de Industria, no porque las empresas de su familia hubieran tenido cuentas en paraísos fiscales, sino por mentir sobre ello. Aún controla buena parte del PP de Canarias. Su poder quedó reflejado en el voto de los delegados de su comunidad en el último congreso del PP. Soria quería que Sáenz de Santamaría fuera derrotada porque la consideraba responsable de haber forzado su caída y por tanto la victoria de Casado fue recibida por él como un triunfo personal.

Cómo te vas es un factor casi tan importante como el hecho de dejar la política. Gutiérrez-Rubí destaca que a veces lo peor son las explicaciones. Hay una forma ética de presentar la dimisión que pasa por reconocer el error. “Lo que ocurre es que los dimisionarios se presentan como víctimas. Si no has hecho nada malo, ¿por qué dimites? Tiene que llevar aparejada una contricción, sobre todo en la política. Has traicionado la confianza de la gente”, argumenta.

Pone como ejemplo a los países anglosajones en los que es frecuente ver pedir disculpas a los que dimiten. “Aquí no me parece que eso ocurra”.

El diputado Odón Elorza fue uno de los pocos socialistas que se atrevió a opinar sobre la dimisión de Montón resaltando lo importante que es saber despedirse. Incidió en algo que los políticos olvidan con frecuencia: “El ejercicio de dimitir tiene un gran valor ético cuando es voluntario y se hace a tiempo. Cuando es forzado por otros te deja muy mal cuerpo y resta confianza al Gobierno y al partido”.

Adela Cortina, que ha trabajado como profesora en el extranjero, también explica que “en países con tradiciones protestantes hay una tendencia a exigir responsabilidades más rápidamente”. Sí aprecia una mejora en nuestro país: “En España eso ha cambiado mucho afortunadamente. Ha habido un aumento de la transparencia. La exigencia ahora está al nivel de otros países europeos”. Con una salvedad. Tiene que haber un límite en el castigo: “La vergüenza pública me resulta desagradable. Todo lo que sean linchamientos públicos me parece más propio de países totalitarios”.

¿Por qué existe en España la idea de que la corrupción sale gratis cuando hay ya ejemplos de tantas dimisiones por ese motivo y otros? “Lo que propicia la sensación de que no se castiga la corrupción es el factor de la lentitud de la justicia”, dice Toharia.

A mucha gente le sorprenderá saber que la justicia británica o la italiana son tan lentas como la española. Sólo los regímenes autoritarios pueden presumir de celeridad, pero no de justicia. Sobre este asunto, Toharia recurre a los sondeos para explicar que la gente cree que los partidos tienen más interés en controlar la justicia que en solucionar los problemas que tenga, como el de la falta de medios: “Piensan que a la justicia se le intenta presionar de forma constante”.

La responsabilidad de los periodistas

Las instituciones deberían tener instrumentos para autovigilarse. Está claro que la universidad no cree necesario contar con ellos. En los casos de expedientes académicos fraudulentos, no se habría producido ninguna dimisión si no hubiera sido por el trabajo de los medios de comunicación. “Cada vez que hay un caso de vigilancia hecha por los medios, eso hace que el listón de la moralidad pública sea más alto”, dice Gutiérrez-Rubí.

Cortina valora como impresionante el trabajo de los medios en muchos aspectos, pero no oculta que le preocupan los efectos de la saturación, en concreto cuando las tertulias televisivas repiten una y otra vez el mismo tema: “Todo ese empecinamiento de hablar hasta la saciedad tiene que ver también con mantener la audiencia. Pediría a los medios que si el tema se judicializa, dejen que sean los tribunales los que lo resuelvan y vuelvan a hablar de los problemas fundamentales de la sociedad”.

Aun así, la exigencia desde los medios, o en algunos casos de algunos medios, de hacer algo al respecto es bien recibida en general. “Los periodistas tienen una credibilidad mucho más alta que los políticos en los sondeos”, explica Toharia. “Son los que dan la alerta cuando algo malo ocurre”. Cuenta que los periodistas están en la mitad de la tabla de las profesiones por su valoración social: “Los políticos salen los últimos, junto a las entidades financieras y los obispos”.

Por impactante que sea, la dimisión no es el final del problema sobre la limpieza de la política. No es la solución si hablamos de problemas estructurales de la sociedad. La realidad es que los políticos no solventarán sus problemas de credibilidad con más dimisiones, aunque eso mantenga muy ocupados a periodistas y jueces. La sociedad aspira a que su voto sirva para solucionar cuestiones gravísimas que castigan a su vida cotidiana, y no están viendo que eso ocurra. El problema de los políticos empieza ahí.

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Manipulación del Gobierno español para justificar la venta de armamento a Arabia Saudí

El desafío que supuso la decisión del Ministerio español de Defensa de paralizar la venta de 400 bombas a Arabia Saudí no ha durado mucho tiempo. El Gobierno ha rectificado tras la protesta del embajador saudí. “Las aguas han vuelto a su cauce. No habrá represalias saudíes”, garantizó una fuente del Gobierno a El País.

La realpolitik y las relaciones comerciales se han impuesto sobre los derechos humanos, pero además hemos sido testigos de un intento nada honesto de minimizar el peligro del armamento vendido.

El ministro Josep Borrell confirmó el jueves que España cumplirá su compromiso de venta de un material militar que puede ser utilizado en la campaña de bombardeos indiscriminados que Arabia Saudí y Emiratos, con la ayuda fundamental de EEUU y Reino Unido, iniciaron en Yemen hace más de tres años.

Habrán visto en muchos medios desde hace tiempo la cifra de 10.000 muertos provocados en la guerra civil de Yemen (la primera referencia por una fuente de la ONU a esa cifra es de agosto de 2016). El número real es mucho mayor, aunque es imposible saberlo con exactitud. Un estudio independiente realizado por un think tank especializado en conflictos lo eleva a 50.000 en el periodo comprendido entre enero de 2016 y julio de 2018. Ese cómputo no incluye los miles de civiles muertos no en combates, pero sí por causas relacionadas directamente con la guerra. Me refiero a los fallecidos por la desnutrición y la epidemia de cólera originados en buena parte por el bloqueo naval realizado por los saudíes.

La mayoría de los civiles muertos en acciones de guerra han perecido en ataques de la coalición dirigida por los saudíes con ataques específicos sobre zonas residenciales, clínicas, mezquitas, centrales eléctricas, centrales de potabilización de agua y todo tipo de infraestructura civil. No es ‘carpet bombing’ (bombardeo de saturación) como el empleado en la Segunda Guerra Mundial para arrasar ciudades y que es considerado un crimen de guerra por las Convenciones de Ginebra. Son ataques realizados directamente sobre objetivos determinados de antemano y que cuando se hacen sobre la infraestructura civil de un país se considera que son también un crimen de guerra.

Para esos ataques, los saudíes emplean bombas guiadas por láser como las que el Gobierno español finalmente ha decidido vender a Arabia Saudí por un contrato firmado por el anterior Gobierno.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, había anunciado la revisión de todos los contratos de venta de armamento y la suspensión de la entrega de esta partida, ya abonada por Riad con nueve millones de euros. Da la impresión de que Robles no pactó esa decisión con Exteriores o Moncloa. Defensa ha preferido no dar mucha información al respecto. Al saber que estaba en peligro el contrato de construcción de cinco corbetas en Cádiz por valor de 1.800 millones de euros, los escrúpulos desaparecieron.

La rectificación “parece indicar que las amenazas saudíes de retirar otros contratos comerciales con España, unidas a la falta de apoyo de otros países de la UE, han llevado al Gobierno español a echarse atrás en lo que habría sido una decisión valiente y ética de política exterior”, ha dicho a Middle East Eye Kristina Kausch, del think tank German Marshall Fund.

Lo peor viene ahora, porque siempre es peor cuando intentas engañar a la gente.

El ministro de Exteriores, Josep Borrell, dijo el jueves que no hay que preocuparse por nuestra contribución a la destrucción de Yemen. Explicó que se trata de un “armamento de precisión”, guiado por láser, que “no produce efectos colaterales en el sentido de que da en el blanco que se quiere con una precisión extraordinaria”.

En este momento, uno duda en saber si Borrell está demostrando un notable desconocimiento sobre lo que está pasando en Yemen, que es impropio del jefe de la diplomacia española, o si lo que ocurre es que alguien le ha sugerido un argumento absurdo para salir del paso de una situación comprometida en la que los periodistas le iban a preguntar si todo esto supone una desautorización de la ministra de Defensa. Ninguna de las dos opciones es aceptable.

Bombas de precisión o misiles guiados por láser, similares a las que España va a vender, se usaron en agosto en el ataque a un autobús escolar que mató a 29 niños. En el ataque en abril con 33 muertos en las tiendas instaladas para celebrar una boda en una zona de Yemen controlada por las milicias hutíes enemigas de Arabia Saudí. En el bombardeo de un funeral en 2016 donde murieron 140 personas. Ese ataque fue preciso en dos ocasiones. El primer misil destruyó el objetivo. Minutos después, el segundo impactó cuando los equipos de emergencia intentaban sacar de allí a los heridos.

No hubo “efectos colaterales”, como dijo el ministro en la típica expresión con la que los políticos intentan liberarse de sus responsabilidades morales. Los bombardeos cumplieron sus objetivos.

Fue esa “precisión extraordinaria” de la que habló Borrell la que hizo posible esas matanzas.

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La épica del origen de la UE vuelve a estrellarse con la realidad de unos políticos ocupados en ganar elecciones

La Europa que se debate entre los valores liberales originales y la reacción ultraconservadora de los últimos años que utiliza la inmigración como banderín de enganche tuvo el miércoles en el Parlamento Europeo uno de sus anticlímax de costumbre. Un debate civilizado, con pocos momentos dramáticos y muy escasa capacidad de captar el interés de los ciudadanos (los periodistas sí muestran algo más de implicación pero porque ese es su trabajo).

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ofreció un repertorio de medidas para afrontar un problema –el de la inmigración– del que casi todo el mundo sabe que sus dimensiones dramáticas no son reales, porque los números dicen lo contrario, pero que es el trampolín que utiliza la extrema derecha para cimentar su asalto al poder.

Como ha ocurrido en otros países, el conservador Juncker compró parte del discurso de la extrema derecha de Salvini, Orbán y Le Pen con nuevas propuestas para blindar las fronteras exteriores de Europa (traducción: reducir el número de inmigrantes africanos), pero sin los instintos más reaccionarios (traducción: lo que está en juego no son los llamados “valores cristianos” de Europa).

El Parlamento Europeo es el único legislativo en la UE en el que se habla habitualmente del peligro de la guerra. No de la guerra en sentido abstracto, sino de la guerra civil europea que comenzó en 1914, acabó en 1945 y luego tuvo un prórroga, algo diferente en las formas– durante la Guerra Fría.

Escuchar a Juncker y otros políticos nos lleva a los tiempos en que Mitterrand y Kohl representaban en público la alianza sincera entre viejos enemigos que habían regado de sangre los campos europeos en la primera mitad del siglo XX. Lo que ocurrió entre 1914 y 1945 cuestiona a qué se refieren los que hablan tanto de “valores cristianos”. Nuestra civilización fue la más salvaje que existió en ese siglo.

El problema es que ahora los ciudadanos no creen que exista un riesgo real de volver a combatir en Verdún, Dresde o Varsovia. Están más ocupados en pensar en su empleo o falta de él, en la precariedad, la sanidad o las pensiones. Resulta difícil reprochárselo.

También es lógico pensar que el viejo mensaje europeísta (“estamos en un continente en paz gracias a la Unión Europea, respetemos más a la UE y no ensuciemos su nombre”, dijo Juncker) ya no tiene mucha tracción en las pistas de la Unión Europea. A la extrema derecha, le resulta más fácil adaptarlo a sus intereses: para que no haya más guerras y conflictos internos y externos, hay que blindar las fronteras, dicen.

Da igual lo dura que se muestre la Comisión Europea en el tema migratorio. Los ultras siempre pedirán más. “Ustedes han organizado una migración masiva que debilita a nuestro continente y daña a nuestra gente”, denunció Nicolas Bay, eurodiputado del Frente Nacional francés.

Juncker utilizó el discurso para anunciar su propuesta de montar una fuerza policial y naval de 10.000 miembros para 2020 que se dedique, no a salvar vidas en el Mediterráneo, sino a reforzar esas fronteras exteriores, que están sobre todo en el Sur. Para los más conservadores, está el compromiso de “acelerar el retorno de los inmigrantes irregulares”. Para los preocupados por el desarrollo de África, una idea que pocos creen que se lleve a la práctica  (“crear vías legales de inmigración a la Unión Europea”) y un compromiso clásico en la UE: si hay un problema, tenemos dinero para solucionarlo.

Al menos, Juncker tuvo el detalle de no utilizar el cliché gastado de Plan Marshall para África. Pero la idea es parecida. Invertir en esos países para que no vengan inmigrantes, una premisa que repiten los políticos sin que tengan una sola prueba de que sea verdad. Esta vez, más que dinero, Juncker utilizó una forma de medir más efectiva: crear diez millones de empleos en cinco años en África.

Eso es un titular y aparecerá en muchos medios. En estos casos, es imposible saber hasta qué punto se llegará dentro de cinco años. El interés de la política y la opinión pública europeas por los países africanos nunca ha sido muy alto.

El debate continuará y los ultras no cejaran en su empeño de rentabilizarlo. No está garantizado de que vayan a beneficiarse siempre. El Gobierno ultraconservador de Hungría y su líder máximo, Viktor Orbán, recibieron el castigo de ser avergonzados por su política xenófoba y corrupta e impropia de los principios de la UE. El Parlamento Europeo aprobó (448 sí, 197 no, 48 abstenciones) una especie de moción de censura que es simbólica porque el procedimiento de infracción pasa ahora al Consejo, es decir, al terreno donde reinan los gobiernos europeos.

Donde priman los intereses políticos concretos y no están pensando en las guerras del siglo XX ni en los valores de la UE, sino en quién ganará las próximas elecciones.

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El sur de Irak explota contra la corrupción y el agua envenenada

El sur de Irak es una zona productora de petróleo, la principal fuente de ingresos para el Estado. Es también la zona donde confluyen el Tigris y el Éufrates, los dos grandes ríos del país. A pesar de esos dos grandes recursos naturales, la región cuya principal ciudad es Basora ha sido abandonada por el Gobierno desde hace años, carece de los servicios públicos necesarios y su suministro de agua y electricidad es un desastre. En verano, cuando las temperaturas superan con frecuencia los 40 grados, la vida es insoportable.

Desde julio, los habitantes de Basora se han lanzado a la calle hartos de su situación y de la corrupción de las autoridades. A las carencias habituales, se ha unido que el agua que sale de los grifos es un riesgo para la salud. 6.000 personas han sido hospitalizadas por su consumo en los últimos dos días, y 30.000 este verano, según los medios locales. Ni siquiera sirve para lavar la ropa.

Doce personas han muerto por disparos de las fuerzas de seguridad. Entre el jueves y el viernes, los manifestantes han quemado varios edificios oficiales, incluidas las sedes de varios partidos.

En la noche del viernes, prendieron fuego al consulado de Irán para dejar patente su rechazo a la influencia de ese Gobierno en los asuntos políticos iraquíes.

Entre los edificios atacados se encuentran sedes de partidos o asociaciones financiadas por Irán, que siempre ha contado con aliados en esta ciudad de unos dos millones de personas y habitada en su mayoría por chiíes. Lo mismo ha ocurrido con la sede del Gobierno regional y de la televisión pública.

En agosto, el Gobierno anunció que las cifras de exportación de petróleo habían alcanzado un récord este año, con 112 millones de barriles y unos ingresos para las arcas públicas de 7.700 millones de dólares.

El país celebró elecciones generales en mayo. Aún no se ha podido formar un Gobierno.

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Un duelo en el Senado entre una senadora y un juez

La senadora demócrata Kamala Harris pregunta al juez Brett Kavanaugh sobre si ha hablado con alguien de cierto bufete de abogados sobre el fiscal John Mueller y su investigación sobre la presunta implicación de la Administración de Trump en la intervención rusa en las últimas elecciones presidenciales.

Kavanaugh ha sido elegido por Trump para ocupar una vacante en el Tribunal Supremo y su nombramiento debe ser ratificado por el Senado.

Ha sido uno de los momentos más intensos de la comparecencia de Kavanaugh (aquí el diálogo completo aunque con peor audio), especialmente porque no sabe qué responder. El bufete en cuestión fue fundado por el actual abogado personal de Trump. Kavanaugh no responde porque da a entender que no está seguro, ya que tendría que conocer los nombres de todos esos abogados. Y tampoco concreta demasiado cuando la senadora le da algunos de los nombres más importantes de ese bufete.

Kamala Harris fue fiscal general de California entre 2011 y 2017. Sabe cómo realizar un interrogatorio. Lo que nosotros no sabemos es que por qué insistió en ese punto. Es también una de las senadoras de las que se habla como futura candidata a la presidencia.

Al día siguiente, Kavanaugh recobró la memoria y dijo que no habló con nadie de ese bufete sobre el tema. Quién sabe si esa respuesta le pasará factura más adelante.

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Haqqani, el mejor socio de la CIA y el peor enemigo de EEUU en Afganistán

Durante la ocupación soviética de Afganistán, nunca hubo un muyahidín más reconocido y apoyado por la CIA y el ISI (el servicio de inteligencia paquistaní) que Jalaluddin Haqqani, nacido en 1947 en la provincia afgana de Paktia y que acaba de morir con 71 años. Si la Administración de Reagan consideraba “luchadores por la libertad” (freedom fighters) a las milicias afganas que luchaban contra la URSS, era a Haqqani a quien más admiraban. El apoyo de la CIA a la yihad contra los soviéticos se llevaba a cabo a través de la dictadura de Zia ul Haq en Pakistán, pero con Haqqani podían hacer una excepción, porque contactaban con él en territorio paquistaní, en concreto en la región de Waziristán del Norte.

Otros insurgentes afganos recibían el dinero y las armas y lo entregaban a sus fuerzas mientras continuaban refugiados en Pakistán. Haqqani era de los que entraban en Afganistán y luchaban contra los soviéticos y por ello fue herido varias veces.

Este socio indispensable de la CIA se convirtió décadas más tarde en el enemigo más implacable de las tropas norteamericanas que invadieron Afganistán tras el 11S. Era tan importante que intentaron que cambiara de bando, incluso ofreciéndole un puesto en el Gobierno de Karzai. Lo rechazó y se mantuvo fiel a los talibanes, a los que pertenecía inicialmente, y a su amigo, Osama bin Laden.

La mitología creada por Al Qaeda, además de unas cuantas teorías de la conspiración, extendió la idea de que Bin Laden fue uno de los grandes guerreros contra las tropas soviéticas. Nunca fue cierto, porque en esa época Bin Laden sólo era un joven saudí atraído por la épica de la yihad contra un enemigo ateo que recaudó fondos en su país para ayudar a los refugiados afganos en Pakistán y comprar armas para esos insurgentes. Haqqani era el auténtico combatiente y por eso se convirtió en el símbolo de la resistencia.

“A finales de los 80, la CIA y el ISI vieron a Haqqani como un jefe militar sorprendentemente eficaz en la lucha contra las fuerzas soviéticas”, dijo de él Steve Coll, autor de un libro fundamental, ‘Ghost Wars. The Secret History of the CIA, Afghanistan and Bin Laden’. “Estaba dispuesto a combatir. No asistía a muchas reuniones. Se mantenía a distancia, pero los norteamericanos iban a Miram Shah (en Pakistán) y se veían con él en reuniones en las que el dinero y las armas terminaban en sus manos. Lo veían como los peregrinos del hajj (los que le conocían en sus peregrinaciones a La Meca): era un luchador afgano. Era alguien de mentalidad independiente, un hombre peligroso, pero alguien con que se podía hacer negocios. Haqqani recibió mucho apoyo de ellos”.

El congresista republicano Charlie Wilson (cuya historia apareció en la película ‘La guerra de Charlie Wilson’, protagonizada por Tom Hanks) lo consideraba “la bondad personificada”. Su admiración por él no conocía límites. Otros norteamericanos –los agentes de la CIA con los que tenía relación– no eran tan efusivos. “Siempre era el más extremista. Pero no estamos hablando de gente a la que les estuviéramos concediendo becas para estudiar en Harvard o el MIT. Eran el azote de los soviéticos”, dijo al NYT un miembro de los servicios de inteligencia que lo conoció.

Con la misma fiereza con la que combatió a los soviéticos, lo hizo con los norteamericanos. Al no proceder de Kandahar, Haqqani no formaba parte del núcleo dirigente de los talibanes que se hizo con el poder a mediados de los 90. Pero les interesaba tenerlo de su lado, porque además ideológicamente no era muy distinto a ellos. Una vez que aceptó el liderazgo religioso del mulá Omar, se convirtió en uno de sus principales dirigentes. Contaba con miles de hombres bajo su mando y pronto desarrolló una excelente relación con Bin Laden.

Desde los tiempos de la yihad contra la URSS, Haqqani había desarrollado contactos con familias ricas del Golfo Pérsico, es decir de Arabia Saudí y los Emiratos. El flujo de dinero no se detuvo con la retirada de los soviéticos y continuó hasta que el régimen prosoviético de Nayibulá fue derrocado.

Su relación más fructífera fue con el ISI y el Ejército paquistaní. Washington intentó en muchas ocasiones que Pakistán acabara con lo que se llamó la red Haqqani, formada por miles de combatientes y un gran apoyo social en la región de Waziristán del Norte. El Ejército paquistaní sí acabó con los talibanes paquistaníes de Waziristán del Sur al precio de miles de muertos y decenas de miles de refugiados, pero dejaron en paz a la otra provincia donde grupos como el de Haqqani gozaban de la protección del ISI.

Haqqani llevaba una década incapacitado, probablemente con Parkinson, pero eso no afectó a su lucha contra el Gobierno de Kabul. Su hijo, Sirajuddin Haqqani, ahora de unos 40 años, ha dirigido sus fuerzas desde entonces, lo que ha incluido ataques contra Kabul y atentados suicidas indiscriminados. Por sí misma, la red Haqqani es la fuerza más poderosa que se enfrenta a EEUU en Afganistán. Las posibilidades de derrotarla son casi nulas. Eso es algo que no sorprenderá a los agentes de la CIA que conocieron a su líder en los 80.

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