Casado denuncia el caos del Gobierno mientras Díaz Ayuso monta el suyo en directo en plena calle

Ya es mala pata que después de siete meses sin poder ver a Pedro Sánchez te presentes en Moncloa para reunirte con el presidente el mismo día en que el Gobierno de Madrid ofrece otro espectáculo de los de frotarse los ojos. Isabel Díaz Ayuso contraprogramó el miércoles a Pablo Casado con ferocidad, como si fueran dos cadenas televisivas enfrentadas a muerte por el ‘prime time’. Por mucho que se esfuerce el líder del PP, no tiene nada que hacer ante las declaraciones de Díaz Ayuso y las imágenes que genera su Gobierno. Es una batalla desigual. Ya dijo Santa Teresa de Jesús que «se derraman más lágrimas por las plegarias atendidas que por las no atendidas». Casado quería que ella fuera elegida presidenta de Madrid y desde entonces ha tenido tiempo de sobra para sufrir las consecuencias.

Partió Casado hacia Moncloa con la intención de proponer un montón de pactos de Estado a Pedro Sánchez y de responderle con un ‘no’ a todas sus ofertas. El presidente también llevaba en el bolsillo un acuerdo inviable, como el de pedir al PP que acepte negociar los presupuestos y le conceda una plácida legislatura. Un pacto entre el PSOE y el PP es imposible y todo lo que se diga al respecto es puro ruido. Ni siquiera para cumplir la Constitución, esa palabra con la que los políticos nos presionan sin piedad para resaltar lo importante que es respetar las leyes.

Casado se negó a tratar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que está pendiente desde finales de 2018. No es un trámite que dependa del estado de las relaciones entre los principales partidos, sino una obligación marcada por la Constitución. Pero al presidente del PP no le apetece. Afirmó que no negocia porque «el vicepresidente del Gobierno (Pablo Iglesias) busca un cambio de régimen». Si eso fuera cierto, a Casado le convendría conversar con el PSOE para contar con un nuevo CGPJ que impidiera tales designios demoníacos.

Sólo era una excusa, como quedó demostrado cuando citó otras, entre las que estaba la famosa reunión del ministro Ábalos con la vicepresidenta de Venezuela en Barajas. No sale nada de eso en la Constitución, pero qué más da.

También habló de su propuesta de crear un nuevo organismo público presidido por alguien independiente para que se ocupe de la reconstrucción económica «con el fin de evitar la discrecionalidad y el clientelismo en las ayudas». Es decir, dando por hecho que el Gobierno es tan corrupto que se quedará con todo el dinero que venga de Bruselas para gastárselo en caprichos. Cualquiera diría que esa gestión debería ser la responsabilidad del Gobierno, en especial de los ministerios de Economía y de Hacienda. Lo hizo con tanta intensidad que algunos periodistas en la rueda de prensa se creyeron que ya estaba decidido. Después, la portavoz del Gobierno les sacó de la confusión. Eso sólo era algo «accesorio» y «anecdótico».

Aparentemente, la cita de Casado y Sánchez no sirvió para nada. El primero recuperó todas sus críticas conocidas al Gobierno por su respuesta a la pandemia. Las que son reales y las que se inventó. «El INE y el Instituto Carlos III siguen dudando de la cifra oficial de fallecidos», dijo, lo que es falso. Esos dos organismos miden el exceso de muertes, una estadística que también es recopilada en otros países europeos. No es un recuento que se hace para responder al registro oficial, sino que se realiza cada año, y el de ahora sirve para medir el impacto real de la pandemia.

La respuesta de María Jesús Montero fue atronadora. «Todo lo que habla el señor Casado es ofensivo para este Gobierno». No parece que estén cerca de un acuerdo. Sobre el veto a la renovación del CGPJ, dijo: «Le hemos escuchado en esta sala decir sin sonrojo que no piensa cumplir la Constitución». Según la versión del Gobierno, el PP «está instalado en el frentismo, en la confrontación». Si el éxito en la lucha contra el coronavirus depende de algún tipo de consenso entre la izquierda y la derecha, ya podemos ir pidiendo cita en el hospital.

Preguntaron a Casado por el último arrebato de Díaz Ayuso, indignada porque Fernando Simón comentó en una rueda de prensa lo que todos sabemos, que Madrid encabeza en las últimas dos semanas la última oleada de contagios, al igual que ocurrió en primavera. Él prefirió inventar una realidad alternativa: «Cuando esta estadística hace tres semanas la encabezaba Aragón, no era un tema con mucho foco. Cuando fue Castilla-La Mancha la que tuvo la cifra relativa en cuanto a población peor de mortalidad y de contagio, también en residencias, tampoco se ponía el foco». A finales de julio y principios de agosto, todo el mundo hablaba de Aragón, ya que sus datos eran horribles. La diferencia es que el presidente de esa comunidad no denunció una campaña ni dijo que todas las demás CCAA le envidiaban.

Mientras Casado hablaba en Moncloa de lo mal que tratan los envidiosos a Díaz Ayuso, los medios de comunicación ofrecían las imágenes que dejaban en evidencia a ambos. La noche anterior, el Gobierno madrileño avisó de improviso a miles de profesores para convocarles a partir del miércoles a unas pruebas serológicas. En uno de los centros elegidos, centenares de docentes hacían cola sin que fuera posible guardar la distancia de seguridad al haberse reclamado la presencia de demasiadas personas al mismo tiempo. La Consejería de Educación optó por echarles la culpa a ellos.

Nadie supo por qué no se les había avisado con más antelación. Si fue por pura improvisación o porque el inicio del curso escolar se echa encima. Las pruebas terminaron siendo suspendidas para que no continuaran las aglomeraciones, que no estaban dando muy buena imagen. El consejero de Educación lo negó y decidió jugar con las palabras: «No se han suspendido las pruebas en ningún momento. Se han reorganizado las citaciones de algunas personas que estaban citadas a última hora de la mañana porque han ido más de las previstas».

Los consejeros piensan que en caso de problemas pueden salir bien librados si son imaginativos en sus declaraciones, como ocurre con su presidenta. Pero para todo hay que saber. Cómo no admirar el desparpajo de Ayuso en una entrevista: «A lo largo del curso es probable que prácticamente todos los niños de una u otra manera lo tengan (el coronavirus). Pero porque a lo mejor se han contagiado durante el fin de semana en una reunión familiar, o por la tarde en el parque o por un compañero. No se sabe, porque el virus está en cualquier sitio». En todos los sitios, menos en aquellos que son responsabilidad del Gobierno de Madrid.

Más pronto o más tarde, vais a morir todos. Algunos antes que otros. Para qué tantas preocupaciones por la vuelta a los colegios.

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España es un país admirable, pero es difícil saber si soportará otro mes como agosto

Moncloa no había escogido mal la fecha de la conferencia de Pedro Sánchez el lunes en la Casa de América ante una nutrida representación del Ibex. Los que habían visto el fin de semana anterior la película ‘Tenet’ y habían entendido pongamos la mitad de la trama no iban a tener problemas para comprender el mensaje del presidente. Al final resultó que tampoco habrían sufrido mayores problemas si hubieran pagado la entrada para ver ‘Mary Poppins’.

Estamos aún en verano, así que es pronto para lanzar un nuevo disco. Sánchez se limitó a tocar sus temas más conocidos de la pandemia. Hay que estar unidos, no dejaremos a nadie atrás o España saldrá adelante fueron algunos de los que sonaron. Con el último, Sánchez estuvo a punto de entrar en el escabroso terreno del plagio. «Somos un país admirable», dijo en lo que sonaba sospechosamente parecido al «España es un gran país» que Mariano Rajoy interpretó en incontables ocasiones en sus giras por la periferia. Como no es la primera vez que pasa, es posible que sea un homenaje, como los que hace Tarantino con las mejores escenas de los cineastas que admira. Everything is a remix y en la política española lo es más que en ningún sitio.

Los invitados al acto con mayor cuenta corriente eran los máximos directivos de las grandes corporaciones –BBVA, Santander, Telefónica, Inditex, Repsol, Endesa…–, la España que menos interés tiene en una reforma fiscal por la que paguen más los que más tienen, pero también la que necesita que el Gobierno tenga éxito en sus negociaciones en Bruselas. Además, los directivos multimillonarios no van a irse a dormir más tranquilos si sus clientes no pueden pagar su hipoteca o reducen sus gastos de telefonía o luz. En cualquier caso, estaban allí como muestra de cortesía institucional y algunos porque sus contratos con la Administración son un bocado que no conviene despreciar, y menos en estos tiempos.

Sánchez pretendía enviarles un mensaje que pueda llegar de alguna manera a los oídos de Pablo Casado, por mucho que el empeño esté condenado al fracaso. «Necesitamos un nuevo clima político», les dijo el presidente, que volvió a insistir en la importancia de la unidad de la clase política para afrontar una crisis gravísima. «Podemos optar por la unidad o podemos optar por las viejas divisiones y las antiguas querellas».

Repitió 18 veces la palabra ‘unidad’. No era el día para ser sutil.

«España puede» era el eslogan principal de la cita. ¿Cómo no va a poder si es un país admirable? «Ningún traspiés va a impedir levantarnos. Tras cada revés, avanzaremos de nuevo. Ningún retroceso parcial nos va a privar de esa ansiada victoria final». Es posible que el aumento de los contagios producidos en verano, que el Gobierno no esperaba que se produjera tan pronto, deba ser incluido en el apartado de retrocesos parciales, pero Sánchez no incidió en ello. No tocaba comentar las malas noticias, ni siquiera las que monopolizan ahora la atención de todos por el peligro de que sea el punto de partida hacia algo peor cuando llegue el otoño.

En esa pendiente hacia el triunfo ineludible, hubo margen para ignorar ciertas partes de la realidad. «Nadie se queda atrás», dijo, cuando hay muchos que se han quedado muy atrás, como por ejemplo los que agotaron hace meses la prestación de desempleo, los que necesitan «la ayuda para sobrevivir, ya no digo para vivir». «El problema afecta a todas las clases». La pandemia –y ahora ya no es como en marzo, esto lo debería tener muy claro ahora todo el mundo– perjudica mucho más a los que menos tienen, tanto desde el punto de vista sanitario como económico. La idea de que el coronavirus no hace distinciones es un recurso argumental que se podía emplear para convencer a la gente en la época del confinamiento, pero no en estos momentos. «Somos el país más descentralizado del mundo», dijo Sánchez en una afirmación que sólo puede ser cierta si se desconoce la existencia de los estados federales.

Si el Gobierno –o quizá sólo los ministros socialistas– confía en que las grandes empresas presionen al PP para que apoye los presupuestos o se abstenga en las votaciones, está soñando despierto. Casado no ha podido ser más claro. El nuevo portavoz nacional del partido se mantuvo en esa línea, como era de esperar. «Con los socios de Pedro Sánchez, nosotros no podemos pactar los presupuestos», avisó José Luis Martínez Almeida. A Sánchez, sólo le dejan la opción de renunciar al Gobierno de coalición y quedar aislado en medio de la nada y en manos del PP.

Quizá Sánchez sólo aspira a que el PP no sea muy duro con Ciudadanos en el caso de que el partido de Inés Arrimadas acepte llegar a algún tipo de acuerdo presupuestario con el PSOE. Sobre eso, Casado no parece con ganas de declarar la guerra a Ciudadanos. En una entrevista en La Razón, comentó que el apoyo del PP no sería necesario si los socialistas negocian con éxito con Ciudadanos, el PNV y los partidos que cuentan con un escaño. Casado ha hecho las cuentas para que los empresarios más fuertes del Ibex no le calienten la cabeza.

Unas horas después del discurso de Sánchez, tocó el momento deprimente del día con el anuncio de los nuevos contagios de coronavirus conocidos desde el viernes: 23.572 más, de los que 7.457 son en Madrid. «En cuanto al mes de agosto, tenemos un sabor agridulce. Estamos detectando un volumen enorme de casos», dijo Fernando Simón. Así que lo mejor de agosto es que ya ha terminado. Confiemos en que septiembre esté a la altura de un país tan admirable como España.

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Trump quiere repetir la estrategia electoral de Nixon en 1968 y aún está a tiempo de que le salga bien

El titular de la noticia de The Wall Street Journal era muy revelador sobre el impacto del fichaje de Kamala Harris por Joe Biden. Además, valía también para definir al propio Biden como candidato. «Wall Street respira aliviado después de que Harris se una a la candidatura de Biden». El análisis coste-beneficio estaba claro. No era ya sólo que Biden sea un veterano representante del establishment de su partido, es decir, un tipo bastante moderado, sino que la elección de Harris como candidata a la vicepresidencia confirmaba que el aumento de la regulación del sector financiero estaba fuera de las prioridades de los demócratas. Obviamente, el ritmo de las respiraciones de Wall Street habría sido diferente si la elegida hubiera sido Elizabeth Warren.

La campaña de Donald Trump reaccionó de inmediato a la noticia de la elección de Harris con un anuncio que destacaba dos veces que suponía un paso en dirección a «la izquierda radical». No fue un arrebato causado por la urgencia. En declaraciones posteriores, los partidarios de Trump han anunciado que una victoria de Biden supondría que EEUU se dirigiría de forma inexorable hacia «el socialismo».

Biden ni siquiera está a favor de Medicare for All, la idea de Bernie Sanders de levantar un sistema de sanidad pública, universal y gratuita, similar a los existentes en Europa occidental. Al igual que en 2016, los votantes demócratas han vuelto a presentar un candidato del sector moderado del partido que se declara capaz de llegar a acuerdos con congresistas republicanos moderados, en el caso de que aún existan, para aprobar leyes en favor del progreso del país y en contra de la polarización más extrema. En pocas palabras, Biden es presentado como alguien que no es Trump. Eso no funcionó muy bien en 2016, si bien es cierto que él no despierta en la gente el rechazo que provocaba Hillary Clinton.

El fin de las convenciones de los dos partidos demócratas en los últimos días de agosto suele ser el comienzo real de la campaña electoral de EEUU. A partir de ahí, ya hay muy poco tiempo para grandes cambios de estrategia, y si se llevan a cabo, denotan cierto nivel de desesperación por las malas noticias. El electorado empieza a prestar realmente atención, no sólo las personas muy interesadas en la política. Los sondeos en los estados cruciales pasan a ser más importantes que las encuestas nacionales. Los temas de los que hablan los candidatos son muy similares a los que utilizarán en la última semana de octubre. Ahora es cuando se vislumbra cuáles son las ideas que escucharemos una y otra vez en los próximos dos meses.

Trump no ha sido nada ambiguo ni en la convención ni en estas semanas dominadas por la pandemia y las manifestaciones contra el racismo en EEUU. Parece haber elegido el manual de campaña con el que Richard Nixon ganó las elecciones de 1968: el país se arriesga a caer en una espiral de desórdenes públicos y anarquía protagonizada por sectores radicales que pretenden cambiar el ‘estilo de vida americano’. Tratándose de Trump, no pueden esperarse muchas sutilezas. «¡Ley y orden!», ha tuiteado en más de una ocasión, la última este domingo.

Hay dos diferencias fundamentales con el éxito de la estrategia nixoniana y la situación actual. Nixon era en 1968 el candidato de la oposición tras ocho años de presidentes demócratas. Podía acusar a sus rivales del supuesto estado de caos del país. Trump es el presidente desde hace casi cuatro años, lo que no le impide denunciar que son los demócratas los responsables de los problemas sociales que existen en estos momentos.

En segundo lugar, Nixon podía contar con un amplio apoyo entre los votantes conservadores, mientras la candidatura demócrata del vicepresidente Hubert Humphrey arrastraba el desgaste que sufría la Casa Blanca de Lyndon Johnson por la guerra de Vietnam y las convulsiones sociales. Ahora, las encuestas revelan que la mayoría de los norteamericanos apoya el movimiento Black Lives Matter –o la reciente decisión de los jugadores de la NBA de suspender por unos días los partidos del playoff– y critica la forma en que Trump ha gestionado el estallido de las tensiones raciales.

Para contrarrestarlo, Trump se ocupa de rentabilizar en su favor los incidentes violentos dando una idea exagerada del desorden ocurrido en algunas ciudades gobernadas por demócratas, como Portland, Chicago y Minneapolis, y exigiendo a esos alcaldes y gobernadores mano dura contra los manifestantes. Presenta a Antifa, un movimiento de grupos sin estructura común y de carácter minoritario, como si fuera la amenaza real de una organización concreta y poderosa empeñada en subvertir el orden. En un momento en que se cuestiona la conducta racista de muchas policías locales en EEUU y la violencia desproporcionada de sus agentes, Trump reclama más dureza en la calle contra los manifestantes y defiende a los sindicatos policiales, identificados como el principal obstáculo para la adopción de reformas.

Esa estrategia, rechazada por la mayoría de los medios de comunicación, tiene un único destinatario: el electorado de raza blanca. En dos direcciones. Mantener el apoyo de los votantes de clase trabajadora que fueron decisivos en su victoria en Pennsylvania, Michigan y Wisconsin en 2016. La segunda, recuperar el apoyo perdido entre votantes blancos de clase media o media alta, que viven en su mayoría en los suburbios de las ciudades, que abandonaron a los republicanos en las elecciones legislativas de 2018.

En esas elecciones, Trump jugó la carta del resentimiento racial y xenófobo alentando el miedo a la caravana de inmigrantes centroamericanos que cruzó México. La vendió prácticamente como una invasión del país. No le funcionó.

El Partido Republicano es consciente de eso y en su convención, montada a mayor gloria de la familia Trump, intentó compensarlo concediendo la tribuna a personas de raza negra a los que habían asignado como misión negar que el presidente sea un racista. Parece un empeño condenado al fracaso, pero tiene su lógica. Se trata de conseguir desmovilizar el voto negro en favor de Biden. A fin de cuentas, el descenso de participación de afroamericanos en las urnas en 2016 fue una de las razones citadas para explicar la derrota de Clinton.

Antes de las convenciones, las encuestas nacionales daban a Biden unas ventajas tan superiores al margen de error que no admitían dudas. La gestión de la pandemia, que de forma incomprensible Trump ha querido protagonizar ocupando el espacio público que deberían tener los miembros de su Gabinete y los consejeros científicos, estaba destrozándole en los sondeos.

Las últimas noticias confirman que la Casa Blanca ha presionado al CDC y a la FDA, organismos de la Administración clave en la lucha contra el coronavirus, para alterar sus recomendaciones científicas. No hay una semana sin noticias sobre lo que el Gobierno de Trump debería haber hecho y no hizo para hacer frente a la pandemia.

Los disturbios ocurridos tras el homicidio de George Floyd a manos de la policía inauguraron un escenario político diferente. Trump decidió aprovecharlo en la línea que se espera de él.

En la convención, los oradores insistieron en reciclar el eslogan de la campaña de Trump cuatro años atrás –»Make America Great Again»– en un momento en que EEUU ha sufrido 180.000 muertes por el coronavirus, a lo que hay que sumar el destrozo económico subsiguiente. Los partidos se ven obligados con frecuencia a ignorar la realidad para mover el mensaje más favorable a sus intereses, pero todo tiene un límite.

¿Utilizaron los demócratas su convención para definir el debate en su favor? Sí, si el único objetivo era atacar a Trump. Los que pensaban que de la convención saldrían mensajes destinados a recuperar el voto de la clase trabajadora del Medio Oeste quedaron decepcionados. Si bien las encuestas nacionales continúan siendo favorables para el demócrata, la diferencia en varios estados clave no supone una barrera infranqueable para Trump.

Biden no lo tiene tan difícil. Al igual que en los países europeos, 2020 está ofreciendo una sucesión de noticias horribles en EEUU que ha hecho que una mayoría de los norteamericanos se sienta terriblemente pesimista sobre el futuro del país. El hundimiento de la confianza de los votantes es inaudito, también entre los republicanos, como se ve en la encuesta de Gallup. El nivel de satisfacción por el rumbo de EEUU entre los votantes de Trump ha caído cerca de 60 puntos desde marzo.

Sin embargo, 2016 ya demostró lo peligroso que es apostar por una estrategia que se base simplemente en sostener que el adversario es mucho peor. Biden debe salir de su casa, con todas las precauciones posibles por su edad (77 años), y hacer campaña vendiendo las ideas por las que merece la pena votarle, cosa que no ha hecho hasta ahora si nos fijamos en el nivel de entusiasmo que despierta su candidatura en los sectores sociales más propicios para él.

A estas alturas, se puede decir casi con total seguridad que Biden obtendrá más votos que Trump en las urnas. La diferencia puede ser incluso superior a la de 2016. Pero eso no garantiza la victoria en el colegio electoral. Hace cuatro años, el triunfo del republicano fue posible porque superó a Clinton en 77.000 votos en Pennsylvania, Michigan y Wisconsin, una posibilidad en la que pocos creían una semana atrás, ni siquiera en la campaña de Trump. A eso se redujo la contienda celebrada en un país de 320 millones de habitantes en la que más de 125 millones votaron a los dos principales candidatos.

En otras palabras, Biden necesita algo más que una pandemia para ganar las elecciones.

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Cosas que hacer en sábado cuando no estás muerto

‘Bonnie and Clyde’, la película que cambió a Hollywood.

Chadwick Boseman, héroe en la pantalla y también en el mundo real.
–Un conversación sobre el episodio más singular de ‘Watchmen’ con su director.
Oliver Stone volverá al asesinato de Kennedy con un documental.
–Un ranking de todos los discos de David Bowie.
–2020 está siendo en África y Asia el año de las plagas… de langostas.
–Hubo una vez un parque de atracciones en New Jersey en el que podías morir.
–Los autorretratos de Van Gogh.
–Hacer versiones cada vez más oscuras de Batman te lleva a lugares donde no quieres estar.

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Se acabó la guerra civil de los colegios, ahora queda esperar a la siguiente

Después de días y semanas en que los medios de comunicación y la oposición alertaron sobre las ya míticas 17 vueltas al colegio diferentes («17 formas de llevar mascarilla o de ventilar el aula», se ha llegado a titular), al fin se celebró el jueves la reunión con ministros y consejeros autonómicos de Educación. Después de toda la tinta derramada, podría pensarse que iba a tener lugar un combate salvaje con posiciones radicalmente contrapuestas. De repente, el drama desapareció. Las autoridades presentes llegaron a un acuerdo básico que cada autonomía aplicará a buen seguro en función de las circunstancias. «Un mínimo común denominador», lo llamó Salvador Illa, ministro de Sanidad. 29 medidas y cinco recomendaciones.

Para lo más difícil, aquello de lo que casi nadie quiere hablar –el cierre de colegios en caso de brotes–, el plan del Ministerio lo reserva a situaciones de «transmisión comunitaria no controlada» sin concretar las cifras. Es mejor que eso lo decida cada Gobierno autonómico en función de los datos de cada centro. Nadie quiere ponerse en lo peor antes de abrir las aulas.

Esta última idea tiene su parte de lógica. Si se pusieran sobre la mesa todos los posibles escenarios más negativos, los colegios no se abrirían nunca y el daño que sufrirían los alumnos, en especial los de familias más pobres, sería irreversible.

Sí hay situaciones que se van a producir, porque son inevitables, y ante las que podría haber una respuesta más clara. Preguntaron a Illa qué se hará en los casos de familias que envíen a sus hijos al colegio sabiendo que tienen fiebre. El ministro, que suele medir bien sus palabras, optó por una reacción que ignora la realidad de este país, la formada por aquellas familias que no pueden trabajar desde casa ni tienen dinero para contratar a alguien que se quede con los niños en el hogar. «Estando como estamos, no concibo que un padre o una madre lleven a un niño al centro a sabiendas de que pone en riesgo la salud de los demás. Si no, esto no tiene solución», dijo.

Quizá Illa no lo pueda concebir, pero ese es un dilema al que se enfrentarán muchas familias en el mundo real. Es evidente que sería una irresponsabilidad. También es verdad que es más fácil ser responsable cuando te lo puedes permitir.

La ministra de Educación admitió que el documento pactado no recoge medidas sobre conciliación para esos casos. «Pensaremos en respuestas acordes a las necesidades de las familias», dijo Isabel Celaá. Cuando terminen de pensar, es posible que nos avisen.

El acuerdo no contempla medidas inviables, como la exigencia del PP de hacer «test masivos», una medida desproporcionada que no es una garantía, porque un profesor que dé negativo en una prueba PCR puede contagiarse un día o una semana después. «Tienen que hacerse los test diagnósticos a los profesores, a los trabajadores de los centros educativos», había dicho Ana Pastor el día anterior. Los gobiernos autonómicos presididos por el PP podrían realizarlas por su cuenta sin pedir permiso al Gobierno central y no se les ve con muchas ganas. Básicamente, porque tendrían que pagar las pruebas y contar con el número suficiente de laboratorios en el que analizarlas.

Una reunión de ministros y consejeros no es una garantía de éxito. Como mínimo, esta era necesaria. Podría haberse hecho a mediados de agosto, aunque no fuera la cita definitiva. Esperar a los últimos días del mes ha permitido altas dosis de ruido político y periodístico. Lo normal en esta pandemia. Los gobiernos autonómicos ya habían aprobado criterios para la reapertura de las aulas, porque tienen las competencias en educación y las ejercen todos los años. La imagen ofrecida por muchos medios –caos, decían algunos titulares– daba a entender que todo estaba paralizado a la espera de la reunión del jueves, lo que no era cierto.

Todo el mundo sabe que la respuesta de las Comunidades Autónomas dependerá de la evolución de los contagios en cada zona y cada centro. Es imposible convertir las escuelas en una burbuja, como se ha hecho con los deportistas en varias competencias celebradas este verano. «Lo más importante para volver al colegio es que la enfermedad se reduzca en la comunidad», ha dicho el director del Departamento de Emergencias Sanitarias de la OMS. «Si la transmisión es baja en la comunidad, si la vigilancia epidemiológica, el rastreo de contactos y la sanidad son buenos, entonces las escuelas pueden reabrir». En España, está ocurriendo todo lo contrario en las últimas semanas, así que cada uno puede hacer cuentas sobre lo que puede pasar.

El presidente del Gobierno asturiano ha ofrecido lo que considera clave para revertir los datos preocupantes de este verano: «Asturias tiene mejores datos del coronavirus, precisamente, porque se anticipó y fue más drástico en adoptar algunas medidas. La anticipación, ganar días, ha demostrado ser clave para evitar mayores contagios», ha explicado Adrián Barbón.

Otras comunidades lo tienen más complicado y han empeorado sus opciones con medidas contradictorias o tardías, o simplemente ausencia de ellas. En Madrid, una fuente inagotable de noticias difíciles de creer, todo depende de quién abre la boca. El vicepresidente afirma que la situación está controlada, al mismo tiempo que el alcalde de la capital pide a los ciudadanos que sólo salgan a la calle en las zonas del sur si es imprescindible, lo que viene a ser un confinamiento voluntario. Pero durante esta semana supieron que podían coger un coche o un tren para desplazarse en 40 minutos a Alcalá de Henares y asistir a una corrida de toros junto a otras 4.000 personas. La feria taurina de esa ciudad había sido autorizada por la Consejería de Interior, a pesar de que la Consejería de Sanidad recomendaba que no se celebrara.

Parece que el Gobierno madrileño tenía dudas sobre qué es más importante: abrir los colegios o las plazas de toros. En la tarde del jueves, después de varios días de polémica, Isabel Díaz Ayuso tomó una decisión que probablemente le partió su corazón taurino. Ordenó la suspensión de las corridas previstas. Esta crisis no deja de ofrecer momentos para la historia.

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La élite política libanesa consigue librarse de los efectos de la explosión de Beirut

Han pasado veinte días desde la explosión del puerto de Beirut y da la impresión de que el sistema político libanés, fuente de poder para una élite corrupta y sectaria, ha encajado bien el golpe. La ausencia de alternativas políticas reales dentro del sistema favorece el estancamiento. La pandemia tiene también otro efecto desmovilizador (el Gobierno acaba de decretar otro confinamiento ante el aumento de los contagios).

La aparición de Macron en Beirut abrió la posibilidad de una presión exterior en favor de reformas estructurales Era un sentimiento bastante ingenuo. Su única medicina parece consistir en propiciar un gran acuerdo político entre Gobierno y oposición, es decir, entre los grandes responsables de la bancarrota política y económica del país, escribe Gilbert Achcar en The Guardian.

«La visita de Emmanuel Macron a Beirut dos días después de la explosión elevó al máximo las expectativas. Aquí estaba un líder que se atrevía a juntarse con la gente justo después del desastre, pensaron muchos, obviando el hecho de que era una gran oportunidad en favor de su imagen para un presidente francés cuestionado en su propio país. Las expectativas no duraron mucho. El discurso consistente de Macron en Oriente Medio ha consistido en mediar entre EEUU e Irán (donde los intereses del capitalismo francés son muy grandes), como hizo cuando intentó organizar una reunión entre Donald Trump y el ministro iraní de Exteriores en paralelo a la cumbre del G7 en 2019 en Biarritz.

La lógica de esta posición en relación a Líbano consiste en que Macron ha actuado de forma sistemática para mantener la coalición Hariri-Hizbolá en el país. Por eso intervino de forma decisiva para traer de vuelta de Riad al secuestrado Saad Hariri en 2017 y por eso ha descartado la esperanza del pueblo libanés en un Gobierno independiente y la convocatoria de nuevas elecciones. En vez de eso, apoya un «Gobierno de unidad», lo que ha sido interpretado como un plan para ‘devolver al poder al ex primer ministro suní Saad Hariri a cambio de concesiones a Hizbolá'».

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Los gobiernos autonómicos descubren desolados que Sánchez ha abandonado el presidencialismo

La prensa de derechas decía que había un «clamor» para que el Gobierno central asumiera el liderazgo en la lucha contra el coronavirus y pasara por encima de las competencias de las Comunidades Autónomas. Era también el mensaje del PP, preocupado por el impacto de la enfermedad en la reputación de sus gobiernos autonómicos. Ambos eran los mismos que desdeñaron primero y rechazaron después las últimas prórrogas del estado de alarma, ese instrumento legal excepcional que concede todo el poder al Gobierno central. Por la gravedad de la situación y por las decisiones contradictorias o simplemente absurdas de algunos jueces metidos en el papel de expertos en pandemias, se decía que varias autonomías exigían «instrumentos jurídicos» de los que carecían.

Tanto marear con la Constitución y ahora resulta que algunos de sus principios básicos son sólo unas simples directrices.

Ya tienen una respuesta de Pedro Sánchez. ¿Quieres más seguridad jurídica? Ahí tienes un estado de alarma a medida solo para tu territorio que los partidos del Gobierno de coalición no tendrán inconveniente en ratificar en el Congreso. ¿Os faltan manos para el rastreo de casos? Allá van 2.000 militares. ¿Hay dudas sobre la vuelta al colegio? Os dimos 16.000 millones a fondo perdido para que contratarais profesores y acometierais inversiones. ¿Queréis que Moncloa y Sanidad asuman el control absoluto y por tanto asuman las consecuencias negativas? «El Estado autonómico no es un invento de quita y pon. Está en el Título VIII de la Constitución», explicó el presidente.

Sánchez regresó de sus vacaciones dispuesto a mantener la apuesta. El desgaste brutal sufrido en primavera no pareció notarse mucho en las encuestas, pero es un error pensar que eso va a continuar siendo así. En especial, cuando los datos de contagios en España son ahora muy malos, mucho peores que en el resto de Europa y todavía no ha llegado el otoño cuando el riesgo será mucho mayor, aunque algunos hayan tenido ahora mucha prisa en decretar la inauguración oficial de la segunda oleada de la pandemia. Todos los esfuerzos y sacrificios del confinamiento corren el riesgo de quedar amortizados. Lo mismo se puede decir de los gobiernos que no se pongan las pilas.

La omnipresencia de Sánchez en primavera, con un presidencialismo propio de los amantes de ‘El Ala Oeste’, ha dado paso a la cautela. Mientras los hospitales aguanten en la mayor parte del país, Moncloa ha decidido que es mejor volver al sistema parlamentario y autonómico. Las autonomías cuentan con las competencias y los recursos, después de que hayan recibido la ayuda del Estado, para ejecutar sus funciones. Si hay que ir más lejos, ahí está la opción del estado de alarma para los valientes, que no conlleva necesariamente un confinamiento generalizado.

No se sabe cuándo empezaron a sudar algunos presidentes autonómicos ante el dilema. Algunos ya han salido corriendo para negar que eso sea necesario. Otros más inteligentes se limitan a no precipitarse y afirman que tomarán las medidas necesarias en cada momento. Cuando alguien con mando en plaza dice que cada palo aguante su vela, es conveniente que cada uno tenga claro cuánto pesa esa vela.

Quien no deja que la realidad constitucional le frene es Pablo Casado. Le convenía esperar a ver cómo reaccionaban sus barones regionales, pero ya se sabe que el líder del PP habla más rápido de lo que piensa. Pocos minutos después, acusó a Sánchez de «dejación de funciones» y dijo que no puede ampararse en «el burladero de las Comunidades Autónomas». Cómo son los antisistema. Qué poca confianza tienen en la Constitución.

Sánchez incurrió en el optimismo antropológico que fue la nota predominante de la propaganda oficial de hace unos meses. Quiso dar «un mensaje de alerta y serenidad», una recomendación un tanto contradictoria que suele ser difícil de interpretar. Si estás alerta después de 28.924 fallecidos y un exceso de muertes de 45.000, resulta difícil estar tranquilo. «No nos podemos permitir que la pandemia vuelva a adueñarse de nuestra vida, como en la primavera. Y quiero ser claro en este punto: no lo vamos a permitir. Repito: no lo vamos a permitir», dijo. Por mucho que insista, el caso es que se adueñó de nuestras vidas en el confinamiento, las ha condicionado por completo en el verano y lleva camino de volver a marcarlas en otoño. Es verdad que los gobiernos que sólo ofrecen un mensaje tétrico y fatalista no disfrutan de mucha esperanza de vida. Aun así, ser creíble te obliga a no alejarte demasiado de la realidad.

Más promesas en el tema que más preocupa ahora mismo a millones de españoles. Aunque las competencias de educación sean de las autonomías, Sánchez utilizó la primera persona del plural en este caso. «Vamos a hacer de los centros educativos centros seguros de Covid», prometió. «Les garantizo a los padres y madres y al personal docente que los centros educativos van a ser libre de Covid». Eso es poner el listón muy alto y, por otro lado, es lo que esperan escuchar los progenitores.

«Mi pregunta es: ¿cómo lo va a garantizar?», le respondió un escéptico Casado abriendo los brazos. Resulta que es el mismo compromiso que había anunciado Isabel Díaz Ayuso. «No mandamos a los alumnos a lugares de riesgo. Mandamos a los alumnos a lugares seguros», dijo la presidenta madrileña.

¿Qué otra cosa pueden prometer las autoridades? Se ve que en este tema Díaz Ayuso ha estado al final más despierta que Casado.

Nadie puede ignorar los riesgos. Como le habían exigido los sindicatos, Ayuso anunció la contratación de un alto número de profesores, 11.000, y la reducción a veinte del número máximo de alumnos por aula. Dado que ya se echa encima el curso escolar, la reapertura de las clases se hará de forma gradual por edades. Se asegura la educación presencial a los alumnos de infantil y primaria, y sólo de forma parcial a los de secundaria. La Generalitat catalana de momento deja que cada centro establezca sus criterios, aunque se compromete a abrir todas las instalaciones de enseñanza. Euskadi garantiza la educación presencial en todas las edades. Como cada año, cada autonomía tomará las principales decisiones y algunas, las más afectadas por los nuevos brotes, deberán comunicar muy claramente qué harán si se producen positivos entre alumnos y profesores. Será casi imposible impedirlos. Una vez más, la habilidad en comunicar las malas noticias será la clave que distinga a unos gobiernos de otros.

Póngame todo lo que hayan pedido Euskadi y Catalunya. Esa fue la tendencia de los gobiernos autonómicos cuando optaron por aumentar sus competencias hasta el límite. Ahora algunos desearán no estar tan expuestos. Es lo malo de llevar tatuada la palabra Constitución en la frente. Lo puede ver todo el mundo.

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Los nuevos focos de la pandemia: discotecas, prostíbulos y gobiernos

Los políticos son los primeros que no creen en las instituciones. O al menos sólo creen en ellas cuando las circunstancias les favorecen. Si no es el caso, ignoran lo que dice la ley, su espíritu y lo que ellos mismos dijeron tiempo atrás. El PP se considera amo y señor del constitucionalismo –con independencia de lo que eso signifique– y ahora se niega a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, establecida en la Ley Orgánica del Poder Judicial, a pesar de que está pendiente desde finales de 2018. El PSOE alega ser un gran defensor del municipalismo y ahora no permite que los ayuntamientos gasten su superávit en medidas sociales (como también impuso años atrás el PP). Ciudadanos dice que «el Gobierno se ha lavado las manos de la gestión cotidiana de la pandemia», cuando la gestión de sanidad y educación está en manos de las autonomías. Son ellas quienes deciden cuántos médicos, enfermeras, rastreadores y profesores se contratan, porque además son ellas quienes pagan sus salarios. Y en política, quien paga, manda.

«Nos ha dejado a la buena de Dios», ha dicho Carlos Carrizosa, de Ciudadanos. Una parte de esa crítica no está equivocada. Sólo falla la última palabra. El Gobierno de Pedro Sánchez ha dejado a los españoles «a la buena» de Díaz Ayuso, Feijóo, Torra, Urkullu y otros. Todos ellos fueron elegidos después de elecciones y votaciones de investidura. Tienen la legitimidad y las competencias, pero varios han preferido mirar a Madrid a la espera de que les llegue la inspiración. O quizá cuando el panorama empezó a empeorar en agosto y se vio que el verano iba a terminar mal, llegaron a la conclusión de que no querían cargar con todo el marrón y debían buscar «chivos explicatorios», como decían Les Luthiers.

Lo que es indudable es que Sánchez decidió que agosto sería el mes especial autonómico y pasó a segundo o tercer plano. En primavera la oposición le había incinerado por la gestión de la crisis. El PP terminó votando en contra de las prórrogas del estado de alarma y presumió de que el Gobierno madrileño había derrotado al coronavirus y salvado a España. «Nos tienen rehenes y amordazados», denunció Isabel Díaz Ayuso en mayo. Han aplicado «un 155 sanitario», dijo Quim Torra, también en mayo.

Los ‘rehenes’ salieron de las celdas en verano, cegados por la luz y la responsabilidad. Sánchez les entregó las llaves y les deseó buena suerte. Cogió la maleta y las gafas de sol y se fue de vacaciones. A ver qué tal se os da esto. Si tenéis algún problema, no me llaméis. Voy a tener apagado el móvil. Fernando Simón estará en contacto con vuestra gente.

En los gobiernos de Rodríguez Zapatero, hubo una emergencia sanitaria de la gripe A y otras dos crisis menores. Comparadas con el coronavirus, eran casi una broma, aunque podían tener serias repercusiones económicas. Las competencias también estaban entonces en manos de las autonomías, pero el Ministerio de Sanidad realizó una labor de coordinación que facilitó las cosas. Nada de lo que está ocurriendo ahora tiene precedentes. Esta vez, Sánchez decidió que durante un tiempo otros debían pasar por la máquina de picar carne.

Al ver que los gobiernos que preside en Madrid, Galicia, Andalucía o Castilla y León comenzaban a quemarse, los dirigentes del PP ofrecieron dos respuestas: estaban los que acusaban a Sánchez de estar tirado en la tumbona mientras aumentaban los casos y los que decían que estaba tumbado en la hamaca. Es un partido muy disciplinado en esto del mensaje y no pasa nada si hay que obviar qué institución tiene las competencias. No mencionaron a Díaz Ayuso, que ha estado de vacaciones durante buena parte de agosto (es un derecho para todos los trabajadores y también para los políticos) o haciendo yoga en su despacho, porque no se le ha oído mucho. La hiperactiva Ayuso ha dejado que sus consejeros lleven el peso de la respuesta pública ante la realidad de que Madrid vuelve a encabezar el ranking de casos de coronavirus confirmados. Los malos datos del sur de la capital y de la comunidad han obligado al Gobierno madrileño a recomendar a los ciudadanos que «intenten quedarse en casa en las zonas en las que hay más incidencia de casos». Al mismo tiempo, descarta el confinamiento por zonas.

«Nos consta que la gente no sigue nuestras recomendaciones», se ha quejado el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero. Mal asunto si la única carta que le queda a un Gobierno es echar la culpa a la gente.

Si todo esto suena a una aparente contradicción, en Moncloa no deberían reírse del mal ajeno, porque puede ser que en septiembre le toque al Gobierno central lanzar mensajes similares.

Esta es la semana en que el Gobierno reanuda su actividad y está por ver cómo afectará a sus relaciones con las CCAA. El martes, hay Consejo de Ministros y se reúne el secretario de Estado de Educación con los viceconsejeros autonómicos. Dos días después, tres ministros se verán con los consejeros de Educación y Sanidad. Díaz Ayuso dará este martes una rueda de prensa con su titular de Educación.

La posición de partida del Ministerio de Educación: ya se acordó en junio que la vuelta al colegio se produjera en las fechas habituales y de forma presencial. Lo que pasa es que, en términos de evolución de la pandemia, junio ya no vale para mucho. Es como si se refirieran a la anterior legislatura. Si el Ministerio insiste en que las clases deben ser presenciales, es muy posible que esté vendiendo una quimera. La única salida viable sería revertir por completo la tendencia en el aumento de los contagios que se está viendo en las últimas semanas. El incremento es evidente en otros países de Europa, pero los datos de España son muchísimo peores. 19.382 nuevos contagios desde el viernes al lunes, 5.992 en Madrid y 3.570 en Catalunya.

Otro aviso de Educación ha sido recordar que se destinó 2.000 millones de euros del fondo Covid para Educación y casi 260 millones para el Plan Educa en Digital. Es decir, gasten el dinero y luego ya hablamos.

El discurso público sobre la pandemia se está viniendo abajo. Tenemos a políticos reclamando a la gente que controle sus relaciones sociales y a muchas personas acusando en redes sociales a los gobiernos de no realizar su labor. Ambos tienen su cuota de razón, aunque en esta competición no hay ganadores si alguien pierde. Las autoridades no están en condiciones de volver al confinamiento total de la primavera –Macron también lo ha descartado en Francia–, porque el impacto económico sería inimaginable y porque ni siquiera están convencidos de que se vaya a respetar como se hizo entonces. Tenemos un déficit evidente de rastreadores en Madrid («en cada área hoy, sólo de la última semana, hay de cientos a miles de positivos a los que no se les ha llamado. No hemos hecho nada con ellos. Hemos perdido el control de la pandemia. Es criminal decir que esto está bajo control», ha dicho una epidemióloga a El País). Tenemos jueces que se dedican a interpretar el papel de epidemiólogos amateurs y deciden en qué poblaciones se aplican restricciones básicas y en cuáles no. Tenemos brotes en bodas, discotecas, comidas familiares en las que la mayoría de asistentes acaba contagiado, y hasta en burdeles (quién iba a pensar que el distanciamiento social y el sexo eran difíciles de compatibilizar). Y tenemos una feria taurina prevista en Alcalá de Henares, Madrid, con aforo para más 4.000 personas que puede generar imágenes que se verán en el resto del mundo como un ejemplo de que los españoles han perdido la cabeza por pasar demasiado tiempo al sol.

Siempre se puede a ir a peor, pero hay que intentarlo con ganas para llegar a este punto.

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Los colegios van a ser la próxima trinchera donde la clase política se golpee sin piedad

Hace dos semanas, las aulas volvieron a abrirse en varios estados de Alemania. Otros les siguieron después y en el resto se hará en los primeros días de septiembre. Mientras en España continúa el debate sobre si es deseable que cada región tenga su propia normativa, allí no ha habido ninguna duda. Cada Estado federado tiene las competencias sobre educación y establece sus propias normas, lo que no quiere decir necesariamente que sean totalmente diferentes en los 16 länder. A veces, las normas son distintas dentro de cada land atendiendo a las circunstancias locales. Por ejemplo, en el más poblado, Renania del Norte-Westfalia, las mascarillas son obligatorias dentro del aula a partir del quinto curso. En otros estados, sólo lo son en los pasillos y al entrar en clase. La conferencia nacional de ministros de Educación ya estableció que los principios generales pactados son recomendaciones, no órdenes, porque deben llevarse a cabo «en función de las características de las condiciones locales específicas».

En España, la oposición, que gobierna en varias CCAA, ha decidido que debe ser el Gobierno central el que tome todas las decisiones para cubrir las espaldas a las autoridades autonómicas. «No puede haber 17 vueltas al cole diferentes en España», ha dicho Pablo Casado, a pesar de que la incidencia del coronavirus no es uniforme en todo el país. El consejero madrileño de Sanidad, del PP, ya ha dicho que no cree posible una vuelta al colegio totalmente presencial: «En un escenario de crecimiento de casos y con el número de contagiados que tenemos, yo no me plantearía un inicio al cien por cien».

Según la OMS, puede ser segura si la transmisión local del virus es baja. Eso no ocurre en varias comunidades de España, incluida Madrid.

«Nadie puede entender que en Málaga se vuelva al colegio y en Valladolid, no. Que en Barcelona, si hay casos en un colegio, se actúe de una manera y en Madrid de otra contraria», ha comentado Inés Arrimadas, que insiste en que eso no supone saltarse las competencias autonómicas (no dice cómo). Es fácil entender que la reapertura de los centros educativos depende de muchas variables, pero sobre todo del número de docentes. El Gobierno central no puede legalmente obligar a las autonomías a que contraten un cierto número de profesores, aunque cuenta con formas de presionarles para que lo hagan.

En Galicia, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, exige un «protocolo único» para toda España. Los sindicatos de la enseñanza le acusan de mantener la ratio de 25 alumnos por aula, cuando el Ministerio recomienda entre 15 y 20. Al igual que en sanidad, el PP exige un mando único, que era lo que permitía el estado de alarma. El partido de Casado rechazó votar a favor de la última prórroga en el Congreso, porque consideraba que vulneraba los derechos fundamentales.

Las críticas de los profesores alemanes a sus gobiernos en las últimas semanas son similares a las que se han escuchado en España. Creen que están descargando la responsabilidad de la reapertura sobre unos docentes que ya están al límite. «Siempre hay una reunión de gobernadores con Angela Merkel los miércoles y los ministros de Educación llegan a un acuerdo los jueves. El email de los ministerios no llega a las escuelas hasta el sábado, y luego se supone que nosotros debemos tener todo en marcha el lunes», dijo un profesor de Bonn a Der Spiegel.

Y no es que haya escasez de instrucciones. Ese medio cita el caso de un colegio de la ciudad de Pasewalk que había recibido 85 informes con recomendaciones a finales de julio.

Existe el convencimiento general de que los colegios no pueden estar cerrados mucho más tiempo. Los daños en la educación de niños y adolescentes pueden ser irreversibles o incluso en su bienestar mental. «No podemos tener a nuestros niños sin estudiar. No podemos hipotecar la competitividad de nuestras promociones de niños. No podemos hacer que dos promociones de nuestros niños no tengan una educación con el mismo nivel de calidad que cualquier otra», dijo Fernando Simón esta semana. El aviso es aún más claro en relación a las familias sin medios informáticos suficientes ni espacio en casa para continuar con clases online.

Si esperamos que la ciencia ofrezca las respuestas necesarias para que la vuelta al colegio sea segura al cien por cien, no vamos a encontrar esa tranquilidad de espíritu. Un estudio en Corea del Sur de hace unos meses llegaba a la conclusión de que los niños de menos de 10 años tenían una menor capacidad de contagio. Los estudios posteriores lo han desmentido. Uno muy reciente, originado en Massachusetts, sostiene que los niños contagiados tienen una carga viral, y por tanto potencial de contagio, similar a la de los adultos, aunque sus síntomas sean de menor gravedad.

Algunos gobiernos ya han anunciado en España sus planes con mayor o menor concreción. El de la Comunidad Valenciana ha prometido gastar 200 millones de euros para aumentar el número de profesores. Otros como los de Andalucía y Navarra también se comprometen a contratar más docentes. Los ministros de Educación y Sanidad se reunirán con los consejeros autonómicos la próxima semana y será entonces cuando se concreten las medidas que harán posible la apertura de los colegios. «Hoy las familias en España están llenas de dudas en relación a la vuelta a la escuela. Nosotros, los gobiernos, estamos obligados a otorgar certezas», ha dicho el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.

Cuando el número de contagiados no ha parado de aumentar día tras día esta semana, si hay algo que nadie está en condiciones de ofrecer en este momento son certezas.

41 de las 825 escuelas de Berlín ya han informado de casos de coronavirus entre sus alumnos o profesores. Centenares de ellos han tenido que quedar aislados en sus domicilios por haber estado en contacto con contagiados. Eso en un país en el que el número de nuevos casos está aumentando (el último dato diario es de 1.426), pero muy por debajo de lo que está ocurriendo en España (3.650, el viernes).

Cuando eso pase en España, veremos cuánto tardan los gobiernos en echarse la culpa mutuamente. Esa sí es una certeza que podemos tener clara.

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Díaz Ayuso ya salvó al mundo una vez, no tengáis tanta prisa ahora

Hace un mes, el aumento de brotes en Catalunya y otras zonas del país hizo saltar las alarmas. Se acabó toda esa ficción de que se podía salvar una parte de la temporada turística y recibir a los extranjeros con los brazos abiertos. El coronavirus no se había ido. El aumento de los contactos sociales en época veraniega fue el previsible combustible del incremento de casos. Pero había una comunidad autónoma, una de las más afectadas en primavera, que parecía estar libre de problemas. Madrid estaba muy abajo en la lista de brotes. La realidad es que no puedes encontrar lo que no estás buscando. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no había contratado el número suficiente de rastreadores, ni siquiera la cifra bastante escasa que había prometido.

¿La respuesta del Gobierno madrileño a las críticas recibidas por la falta de inversión en prevención y vigilancia? No necesitamos más rastreadores. Tenemos 138 (para una población de 6,6 millones), dijo el vicepresidente, Ignacio Aguado, el 23 de julio. «El problema no es que la Comunidad de Madrid no tenga rastreadores. Es que adaptamos el equipo de rastreadores a las necesidades que vamos encontrándonos en el día a día». Como dicen los jefes en el trabajo cuando no quieren tomar una decisión: lo vamos viendo.

En esas fechas, podía ocurrir que una persona diera positivo por prueba PCR en Madrid y que a las personas con las que había tenido contacto, por ejemplo, su mujer, les dieran cita en el ambulatorio para dentro de siete días. El rastreo de casos sospechosos brillaba por su ausencia. También fue en julio cuando a la presidenta madrileña se le ocurrió la idea de «un proyecto experimental de cartilla Covid-19», una idea maravillosa para separar a «las personas que no contagien» de las otras y que pudieran hacer «una vida normal». Fue olvidada en menos de 48 horas.

Era la época en que Aguado insistía en que el aeropuerto de Barajas, que nunca ha tenido menos vuelos, era un «coladero», porque el Gobierno central no hacía nada para impedirlo. Si se escribe Barajas+rastreadores en un buscador, se verá cuántos medios compraron el mensaje. La pandemia era una cosa que sólo les pasaba a los otros. Teniendo en cuenta los brotes posteriores ocurridos en Fuenlabrada y Móstoles, resultaba extraña la gran afluencia de pasajeros de Barajas con destino a esas dos localidades madrileñas no muy conocidas por sus lugares de interés turístico.

Un mes después, la fantasía del coladero ha tocado a su fin. Madrid vuelve a ser el problema. El Gobierno madrileño decidió esperar y agosto le tomó la palabra. El número de casos se ha multiplicado por cuatro. El de hospitalizados, también. Los datos conocidos este miércoles son aún peores. 1.535 nuevos casos diagnosticados el día anterior. 10.487 en los últimos siete días. 17.873 en los últimos catorce días. Todas esas cifras son las mayores de España. Si en Madrid se hacen entre 7.000 y 8.000 pruebas PCR diarias, la tasa de positividad de esos 1.535 nuevos casos sería del 19%. Según la OMS, por encima del 5% tienes un problema.

A mediados de agosto, el consejero de Sanidad de Madrid tenía una cita ineludible: visitar las obras del llamado hospital de la pandemia, la última iniciativa estrella de su Gobierno, fotos y declaraciones a los periodistas incluidas. Enrique Ruiz Escudero alardeó de que el centro contará con sistemas de Inteligencia Artificial para aumentar la seguridad de su personal y pacientes. Las obras fueron asignadas a varias grandes constructoras, entre las que están Dragados, Ferrovial y Sacyr, con un presupuesto estimado de 50 millones. Han tenido más suerte que los centros de Atención Primaria y las personas que podían haber sido contratadas como rastreadoras. Se supone que el hospital estará terminado en otoño. Alguien dio por hecho que hasta entonces no era necesario perder la calma.

En la cabeza de Ayuso, la localización del hospital era perfecta, porque los contagiados por coronavirus que llegaran por Barajas podían ser enviados a ese centro (¿directamente?, ¿aunque no estuvieran enfermos?), porque estaba «muy cerca del aeropuerto». «Creo que hay muy pocas capitales del mundo que tengan un aeropuerto y un hospital juntos prácticamente», dijo. Quizá porque es más interesante tener un hospital cerca de donde viven las personas, no de donde aterrizan los aviones.

A principios de julio, el PP madrileño estaba tan crecido que lanzó un vídeo para homenajear a Díaz Ayuso y colocarla al nivel de Agustina de Aragón en la lucha contra el coronavirus. Ella «se adelantó al cierre de colegios». Ella «alertó del repunte de contagios». Ella «advirtió del peligro de contagio en jóvenes». Ella «anunció que cerraría las peluquerías» (la última línea de defensa de Occidente). Ella «alertó del peligro para mayores y enfermos». Ella «pidió el uso obligatorio de mascarillas» (luego fue una de las últimas autonomías en decretarlo). Ella «exigió un plan Barajas contra el Covid» (Barajas, cómo no). «Ayuso siempre se adelantó», terminaba el vídeo.

Y al séptimo día descansó.

Recordaba el tiempo en que el PP exigía al Gobierno que pusiera fin al estado de alarma y dejara a los gobiernos autonómicos que hicieran su trabajo sin interferencias. «El mando único sólo sirve para imponer, pero no para contribuir a que los ciudadanos recuperen su vida anterior al Covid», dijo Díaz Ayuso en mayo en la Asamblea de Madrid, como si eso fuera ya posible en ese momento. Pero llegó el verano y ella, agotada después de marcar el rumbo a la humanidad, cambió sorprendentemente de mensaje. El 15 de agosto, reclamó al Gobierno central que tomara el mando (se supone que único) contra la pandemia. «Necesitamos una única estrategia», anunció la misma persona que había frenado ella sola al virus.

La reapertura de los colegios en septiembre es otro asunto en que el Gobierno madrileño quiere que sea Moncloa quien diga qué hay que hacer. Las competencias en educación están en manos de las comunidades autónomas y cada una de ellas puede aplicar las medidas que considere oportunas, por ejemplo en función del nivel de contagios en cada zona, y además asignarles la financiación necesaria. Las gobernadas por el PP se quejaron en primavera de que las conferencias de presidentes autonómicos no servían para mucho. Ahora suplican para que en la próxima reunión, prevista para finales de mes o principios de septiembre, se acuerden esas medidas y todos vayan juntitos por la misma senda sin que nadie se distinga. Si algo sale mal, necesitan encontrar a alguien a quien echarle la culpa o al menos que no les señalen a ellos.

Los docentes de Madrid creen que las medidas hasta ahora conocidas no garantizan su salud. Los sindicatos han convocado una huelga de profesores para el inicio del curso escolar. Exigen un aumento de las plantillas de profesores y del personal de limpieza y la reducción del número de alumnos por aula. «Presentaremos próximamente nuestra estrategia», les ha respondido Ayuso en Twitter. Para qué tanta urgencia si todavía quedan dos o tres semanas para la reapertura de los colegios.

Díaz Ayuso ya está pensando en las fotos de la inauguración de su segundo hospital milagro del coronavirus. No puede ser que le metan prisa con asuntos que no son tan importantes. Ella salvará otra vez al mundo cuando toque.

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