Todos somos terroristas en potencia y la Audiencia Nacional lo sabe

La Audiencia Nacional continúa en su empeño por construir un universo paralelo en que el Estado es débil, el movimiento independentista catalán tiene posibilidades de doblegarlo por la fuerza, y sus (pocos) partidarios en la calle en estas semanas son una amenaza para la convivencia.

El patinazo sufrido por el juez Llarena en Alemania no ha desalentado a la Audiencia Nacional, un tribunal especial acostumbrado por otro lado a ser enmendado por instancias superiores. O cosas peores, porque desde los años 80, un número significativo de sus jueces han pasado por el banquillo de los acusados o por expedientes disciplinarios. Pero esa no es la historia que toca contar hoy.

Su Juzgado de Instrucción número 6 ha ordenado la detención de  una activista de los llamados Comités de Defensa de la República (CDR), favorables a la independencia de Cataluña. Se la investiga por los delitos de  rebelión y terrorismo. Los CDR llevaron a cabo cortes de carreteras y levantaron las barreras en peajes de autopistas en Semana Santa. Según el fiscal, pretendían ” provocar un clima de agitación social”.

Dejemos de lado el hecho de que la política y la sociedad catalanas ya han estado bastante agitadas en el último año. Es lógico que tengamos en cuenta que fuerzas de seguridad y tribunales están en su derecho a perseguir conductas violentas, más allá de que se cometan en favor de ideas políticas, y no para robar la cartera a alguien. Digamos que hasta ahí son dos hechos bastante obvios. 

Lo que tenemos ante nosotros es un discurso político que ha terminado definiendo como “terrorismo” manifestaciones de disidencia política que en las democracias de Europa Occidental siempre han sido aceptadas como un elemento indispensable en un Estado de derecho. Muchas de esas movilizaciones afectaban de forma inevitable a algunos derechos de otras personas y podían tener algunas manifestaciones violentas, pero no sólo no socavaban la convivencia y la libertad, sino que la reforzaban. Como se decía en la Guerra Fría, esa respuesta disidente no se permitía en la URSS o en China, y si ocurría, se castigaba con extrema dureza.

Eso cambió en España en 2015 con la última reforma del Código Penal –y ya antes la la ley mordaza había comenzado a castigar por vía penal lo que antes eran faltas administrativas– en la que los dos principales partidos nos intentaron convencer de que el Estado era débil y la sociedad estaba en grave peligro a causa de la amenaza inminente del terrorismo yihadista. Militares con uniforme y expertos de think tank aparecieron en las televisiones para decirnos que España estaba indefensa ante un ejército de lobos solitarios imposibles de detectar para la policía a menos que  revisáramos nuestros derechos constitucionales. El hecho de que en 2004 sufriéramos un atroz atentado y que respondiéramos con dignidad y serenidad es un hecho que ya no conviene recordar. 

Para ello, se amplió la definición de terrorismo hasta extremos inimaginables hasta entonces en una sociedad que en los 70 y 80 ya había sufrido ese castigo . Esa nueva concepción pactada por el PP y el PSOE  abría la puerta a perseguir conductas que nada tienen que ver con el yihadismo. La herramienta era  el artículo 573 del Código Penal que establece que el delito de terrorismo es prácticamente cualquier delito grave (incluidos los cometidos contra “ el patrimonio, los recursos naturales o el medio ambiente”) que tenga alguna de las finalidades reseñadas en él.

La primera intención era esta: “Subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo” (las negritas son mías).

No hay gran movilización de protesta que no pretenda obligar a una Administración nacional, autonómica o local a hacer algo o dejar de hacerlo. Es lo que ocurrió en los años 80 en las manifestaciones contra la reconversión industrial en Sagunto y Ferrol, con las protestas de los mineros asturianos en distintas épocas, con lo ocurrido en el barrio de Gamonal en Burgos o más recientemente en Murcia, y todas las concentraciones para impedir desahucios.

En muchas de esas movilizaciones hubo hechos violentos de mayor o menor gravedad, y en algunos casos hubo personas que tuvieron que responder por sus actos en los tribunales. Nadie los consideró terroristas.

Durante décadas, la sociedad admitió que se podía ser violento sin ser terrorista. No es que lo primero fuera algo que hubiera que aplaudir, pero en cualquier caso sólo la extrema derecha más desquiciada e ignorante podía sostener que esas protestas ponían en peligro a la sociedad.

Ese mismo artículo 573 dicta que “alterar gravemente la paz pública” es motivo suficiente para entablar una acusación por acto terrorista, un concepto tan amplio que nos coloca ante una situación de clara inseguridad jurídica.

Al final, un acto terrorista en España es lo que la Audiencia Nacional quiera señalar como acto terrorista. Ahora mismo, un corte de carretera –una estampa nada insólita en una democracia– ha pasado a ser un instrumento terrorista, menos letal que un coche bomba, pero no menos perseguible con penas durísimas.

Se confirma lo que se ha estado denunciando en los últimos años. Cuanto menos terrorismo hay en España, más necesidad hay en los dos grandes partidos de promover investigaciones antiterroristas. Hay jueces y fiscales encantados de emplear esos recursos para meter a gente en un calabozo. Aplicaron la legislación antiterrorista a un grupo de cómicos por hacer un chiste malo combinando los nombres de dos grupos terroristas. Y decían que habían que respetar las decisiones de los jueces.

Todo esto se hace en nombre del Estado de derecho. Ya casi no se habla de libertad, igualdad y fraternidad (bueno, es cierto que ahora mismo en Cataluña fraternidad, hay poca), ni de derechos de los ciudadanos ni de su capacidad para defenderlos en la calle, más allá de votar una vez cada cuatro años (en Cataluña, sin duda con más frecuencia y escasos resultados). Todo es el Estado de derecho, la disidencia es una palabra sucia y hay partidos que quieren restringir ese campo de actuación hasta límites que se hubieran considerado insólitos en los años 70 y 80.

En Hungría, el país se ha hundido en una espiral imparable hacia el autoritarismo y todo se ha hecho con las armas que concede el Estado de derecho. Nada se ha aprobado allí violando la ley, porque siempre se ha cambiado de forma escrupulosa para hacer posibles los objetivos del partido en el poder.

Se ha elegido a juristas adictos a la causa para el Tribunal Constitucional. Los medios de comunicación públicos son un altavoz propagandístico del Gobierno. Los principales medios privados están sometidos o controlados por aliados del líder máximo. Aquellos que osan cuestionar la ideología xenófoba y racista del partido de Viktor Orbán son tachados de enemigos de la patria al servicio de oscuros intereses extranjeros. Se prepara una nueva ley, que será aprobada con todos los requisitos que exige el Estado de derecho, para atar en corto a las ONG y grupos de la sociedad civil que se rebelan contra el pensamiento reaccionario.

Al menos no les llaman terroristas. De momento. El embajador húngaro en Madrid puede ganarse un ascenso si informa a su Gobierno de las últimas noticias de la Audiencia Nacional.

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Un vídeo muestra la euforia de soldados israelíes al disparar contra un hombre desarmado en Gaza

Un vídeo rodado por soldados israelíes les muestra celebrando con risas la eliminación de un manifestante con un disparo en la cabeza hecho por un francotirador cerca de barrera divisoria con Gaza.

El vídeo se extendió en Israel a través de WhatsApp a lo largo del lunes y fue recogido a última hora por los medios de comunicación. Parece que fue grabado con unos prismáticos o un visor que acerca la imagen. Aparecen unos pocos palestinos en una zona cercana a la valla fronteriza sin llevar armas y sin suponer un peligro inmediato para los soldados.

Se escucha a los soldados comentar la situación, mientras el francotirador apunta. “En el momento en que se pare, le das. ¿Tienes una bala en la recámara? ¿Lo tienes ya?”. Se oye un disparo. El palestino, que estaba en ese momento quieto, recibe el tiro y cae al suelo.

Los soldados lo celebran con gritos de alegría, sobre todo porque han logrado grabar el momento exacto del disparo. “Guau, ¡vaya vídeo! ¡Sí! Hijo de puta. ¡Vaya vídeo! Mira cómo corren para llevárselo”, dice uno de ellos. Un grupo numeroso de personas se acerca al lugar para sacar de la zona al herido o muerto. Es muy posible que estuviera muerto o herido muy gravemente porque los soldados comentan satisfechos que ha recibido el tiro en la cabeza.

Las imágenes en las que los soldados vitorean el momento del disparo  han provocado comentarios favorables entre miembros del Gobierno israelí. “Cualquiera que haya estado en el campo de batalla sabe que no es serio estar sentado en Tel Aviv o en un plató de televisión y juzgar a los soldados por sus comentarios”, dijo el ministro de Educación y líder del partido La Casa Judía, Naftali Bennett.

El ministro de Seguridad Pública, Gilad, Erdan, también defendió a los soldados: “Hemos llegado a un nivel de locura y autoengaño. ¿Tan aburrido es este país que este vídeo tiene que ser difundido? Coger una situación del campo de batalla, cuando los soldados están sometidos a tensión y les están lanzando artefactos explosivos y se intenta cruzar la frontera, ¿alguien va a opinar sobre su respuesta y juzgarles desde los sillones de Tel Aviv?”.

En las imágenes no se ve a manifestantes lanzar objetivos explosivos ni los soldados están sometidos a tensión. Más bien al contrario, parecen estar pasándoselo en grande.

El Ejército anunció el lunes que estaba investigando la situación que aparece en el vídeo sin dar muchos más datos. De la revisión inicial, deduce que todo ocurrió hace varios meses.

Jueves 12

El Ejército israelí ha anunciado que no sancionará al francotirador que disparó sobre el palestino al que se ve en estas imágenes. Sí lo hará con los soldados que le acompañaron y que celebraron a gritos el disparo.

También se ha sabido que el palestino está vivo. Se llama Tamer Abu Daqqa y tiene 28 años. A pesar de que lo que se oye en la grabación, recibió un disparo en la pierna. Había pasado el día, el 22 de diciembre, cerca de la valla en la protesta contra la decisión de Trump de trasladar la embajada de EEUU a Jerusalén. Había estado tirando piedras a la barrera fronteriza, pero no en ese momento. “Cuando me dispararon, no esta tirando piedras. Estaba gritando a mis amigos cerca de la valla para que nos fuéramos y volviéramos a casa”, dijo a AFP.

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Los interrogadores israelíes intimidaron a la joven de 17 años Ahed Tamimi con comentarios sobre su aspecto físico

La familia de Ahed Tamimi ha difundido fragmentos de la grabación de uno de los interrogatorios que sufrió a manos de dos israelíes, un policía y un soldado de inteligencia militar. Los agentes presionan y acosan verbalmente a la joven palestina de 17 años ahora y 16 en el momento de los hechos, amenazan con detener a sus familiares e incluso le comentan que tiene “unos bonitos ojos azules”.

Tamimi fue condenada a ocho meses de prisión por un incidente en la entrada de su casa en el que abofeteó a un soldado. Había sido detenida de madrugada el 19 de diciembre junto a su madre y una prima.

La joven se mantiene en silencio mientras los interrogadores le gritan. Lo único que se le oye decir en el vídeo es “he decidido mantenerme en silencio”.

La amenaza más directa que escucha tiene que ver con sus familiares: “Si no nos das lo que queremos, arrestaremos a todos los que salen en el vídeo. Nour, Maruán, Osama, Mará, los cogeremos si no cooperas. Depende de ti”.

En una extraña forma de convencer a Tamimi de que hable, el militar le dice que se parece a su hermana: “Mi hermana pequeña es rubia y tiene ojos azules como los tuyos. Cuando va a la playa, (se pone) como una hamburguesa. En serio, ¿cómo te pones al sol? ¿Como mi hermana? ¿Roja, roja, roja?”. Todo ello a gritos y a pocos centímetros de su cara.

Las imágenes se tomaron el 26 de diciembre de 2017, una semana después de su detención. La ley obliga a la acusación a entregar a la defensa una selección de imágenes de los interrogatorios en los casos de detención de menores.

El vídeo demuestra que los interrogadores violaron la ley israelí sobre detención de menores. Tamimi es interrogada sin la aparente presencia de su abogada o de una guardiana del centro donde estaba internada. Tampoco se encuentra en la sala una mujer policía, como es preceptivo.

Hace una semana, la abogada defensora presentó dos quejas ante la Fiscalía por creer que la presión en los interrogatorios y algunos de los comentarios eran equivalentes al acoso sexual a una menor de edad.

En una rueda de prensa el lunes, el padre de Ahed,  Bassem Tamimi, denunció que su hija fue interrogada cada día durante los diez primeros días tras su detención, con la excepción del día en que compareció ante el tribunal militar. Los interrogatorios podían llegar a durar hasta doce horas seguidas, dijo.

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Yaser Murtaja, periodista de 30 años, muerto de un tiro de un francotirador israelí

Yaser Murtaja, de 30 años, es uno de los nueve palestinos que murieron en la jornada de protestas en Gaza del viernes, una semana después de que otros 21 cayeran bajo las balas de los soldados israelíes. Murtaja recibió una sola bala de un francotirador cuando estaba al menos a 100 metros de la barrera fronteriza, según testigos. No representaba una amenaza violenta ni pretendía pasar al otro lado. Era un periodista que tomaba imágenes con su cámara de vídeo. Llevaba puesto un chaleco identificado con la palabra Prensa.

Los portavoces militares israelíes presumen de que hacen un uso selectivo de su fuerza y que sólo disparan a aquellos que suponen una amenaza para los soldados o que dirigen las protestas. Murtaja no cumplía ninguna de esas características –lo que no quiere decir que las demás víctimas mortales supusieran una amenaza–, y eso no impidió que un francotirador apuntara y disparara sobre él.

En la noche del sábado, el Ejército aún no había facilitado una versión que explicará por qué mataron al reportero. Su única respuesta anterior: “Las IDF (Fuerzas Armadas de Israel) no disparan a periodistas, y las circunstancias en que algunos periodistas fueron supuestamente heridos por fuego de las IDF son desconocidas y están siendo investigadas”.

El ministro de Defensa, Avigdor Lieberman, no se refirió al caso concreto de Murtaja, pero sugirió que era un “terrorista”, como es habitual en la justificación que hace el Ejército israelí de su actuación en Gaza en la última semana. “Hemos visto decenas de casos en que terroristas de Hamás utilizaron ambulancias o se disfrazaron de personal médico de la Media Luna Roja o de periodistas. No asumiremos ningún riesgo. Creo que está claro que las IDF son el Ejército más moral del mundo”.

Esta última frase es un lugar común que repiten sin descanso los políticos israelíes cada vez que su Ejército dispara contra personas desarmados o causa un alto número de muertes de civiles con ataques aéreos en Gaza o Líbano.

Otra frase de Lieberman deja aún más clara su posición: “Hay que comprender que no hay gente inocente en Gaza. Todos forman parte allí de Hamás, a todos les paga Hamás, y todos los activistas que intentan desafiarnos y cruzar la frontera forman parte de su brazo militar”.

Yaser Murtaja no fue el único periodista que recibió una bala. Otros cinco resultaron heridos, según el Sindicato de Periodistas Palestinos. Uno de ellos es Adham al-Hajar, al que en esta foto se le ve en la cama del hospital con una herida de bala en la pierna.

Otro es Khalia Aazara, que recibió un tiro en la pierna. También llevaba un chaleco con la palabra Prensa. La foto es de Saab Abedine.

Casado y con un hijo de dos años, Murtaja había fundado una agencia de vídeo, Ain Media, para reflejar la realidad de Gaza y cubrir su actualidad política y cultural. En 2006, trabajó como cámara para el documental de Ai Weiwei ‘Human Flow’ sobre la crisis de los refugiados en distintas zonas del mundo. Su gran aspiración era poder salir de Gaza en alguna ocasión, poder conocer otros lugares. Subió en su Facebook una imagen de la bahía de Ciudad de Gaza tomada con un dron y el texto: “Deseo que algún día pueda tomar esta imagen desde el aire y no desde el suelo. Mi nombre es Yaser Murtaja. Tengo 30 años. Vivo en Ciudad de Gaza. ¡Nunca he podido viajar!”.


11.45

En sus declaraciones del sábado y para justificar su muerte, el ministro Lieberman dio a entender sin afirmarlo directamente que el periodista fallecido podía estar operando un dron. “No sé quién era, sea un cámara no, pero cualquiera que utilice un dron sobre soldados debe saber que está poniendo su vida en peligro”.

La imagen que Murtaja colgó en su página de Facebook hace una semana –una foto aérea de Ciudad de Gaza tomada por un dron– ha hecho que algunos especulen con que estuviera operando un dron precisamente en el momento en que fue disparado. En otra foto en Facebook, se le ve con un dron en las manos, uno de esos pequeños que sirven para instalarle una cámara de fotos o vídeo.

Tres periodistas que le acompañaban ese día niegan que estuviera trabajando con un dron. El fotógrafo Ashraf Abu Amra contó a Reuters que estaba muy cerca de él. Ambos estaban tomando imágenes sobre el terreno: “Estábamos filmando a los jóvenes que prendían fuego a los neumáticos a unos 250 metros de la valla. Las fuerzas israelíes abrieron fuego y varias personas cayeron heridas. Yaser y yo corrimos para tomar imágenes cuando de repente Yaser cayó al suelo. Le grité ‘Yaser, ¿estás bien?’. No respondió y vi que ya había sangre debajo de él”.

Murtaja recibió un tiro en el abdomen. Las fotos de otros dos periodistas con disparos en las piernas demuestran que no pudo tratarse de un error aislado y que los soldados tenían órdenes de disparar a los periodistas, fácilmente identificables por las cámaras y los chalecos con la palabra Prensa, en la parte baja del cuerpo.

En esta imagen de un periodista israelí, se ve a residentes de la cercana localidad de Nahal Oz subidos a un puesto de observación militar justo al otro lado de la valla fronteriza. El texto del tuit: “El mejor espectáculo de la ciudad. Residentes de Nahal Oz en las gradas”.

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Robert de Niro tiene más cosas que decir sobre Trump

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Cifuentes, cadáver político y mentirosa compulsiva

Cristina Cifuentes ha concluido su metamorfosis en Esperanza Aguirre en un tiempo récord. Lo que a Aguirre le costó toda una larga trayectoria política hasta acabar de forma penosa, para Cifuentes ha sido una carrera corta de no más de dos años y 9 meses desde que fue elegida presidenta de Madrid. A diferencia de las orugas y las mariposas, este tránsito ha sido al revés. No acaba con ella con un aspecto radiante, sino con el espanto que producen las mentiras y el cinismo.

Cifuentes ha mentido.  De forma reiterada y consciente. Reaccionó enfurecida a la primera información (recuerden, “soy hija de militar”, “creo en la cultura del esfuerzo”, fueron algunas de sus respuestas en Onda Cero) defendiendo que había hecho el máster en unas condiciones perfectamente normales. Como cualquier otro alumno.

¿Qué no contó? La presidenta del PP madrileño no dijo que no había aparecido en las clases de un máster que exigía la presencia de los alumnos. No dijo que no había hecho los exámenes con el resto de alumnos, es decir, no los había hecho, punto. No dijo que los cambios en sus calificaciones se realizaron saltándose todas las normas del centro cuando es necesario hacerlo. No dijo que el presunto trabajo de fin de máster no iba a aparecer, y nadie a estas alturas se cree que exista. Presentó unos documentos requeridos a toda prisa a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) para construir una coartada que, como se supo después, incluía firmas falsificadas.

En el acta del tribunal que presuntamente examinó a la presunta alumna Cifuentes sobre su presunto trabajo final, dos de las tres firmas  habían sido falsificadas. La Fiscalía ya tiene motivos para  iniciar una investigación penal.

La investigación administrativa que inició la URJC está contaminada por el hecho de que el rector dio información el primer día que ha resultado no ser cierta. Se convirtió en abogado defensor de Cifuentes y dio la cara por ella. Si estaba metido en la trama o si fue engañado por personal del centro en el que confió es algo que tendrá que dilucidar la investigación penal. Incluso en el segundo caso es difícil aceptar que pueda seguir en el puesto.

Bajo su responsabilidad, se ha producido un chapucero intento de encubrimiento que ha hundido la reputación de la URJC. Profesores, alumnos y personal administrativo de esa universidad deben saber que si no reaccionan de forma drástica, el prestigio de sus puestos académicos, su formación y sus licenciaturas quedará sepultado para mucho tiempo. En lo que respecta sólo a la URJC, de ellos depende que se recuerde las dimensiones del fraude o la respuesta que ellos dieron.

Cifuentes ya no tiene reputación que defender. Da igual cuántas mentiras haya dicho.  Podrían ser catorce o quizás alguna más, porque  hay serias dudas sobre el primer no-máster que hizo, que ella presenta en su currículum como un máster en Administración Pública y Dirección de Empresas, lo que es falso. No pudo evitar la tentación de añadir la coletilla “y Dirección de Empresas” para que pareciera otra cosa. Su carrera profesional está totalmente ligada a su actividad política desde que fue elegida diputada autonómica del PP en 1991 con 27 años. Había que embellecer el historial.

Contra lo que piensa mucha gente, dedicarse de forma profesional a la política puede ser una actividad muy noble. No lo es mentir de forma compulsiva sobre tu nivel académico para aparentar lo que no eres. 

En esa transformación en una Esperanza Aguirre más joven, pero igualmente rabiosa cuando cuestionan su valía, a Cifuentes no le ha faltado ni siquiera el broche final. Al saberse que la Fiscalía iba a investigar el caso, reaccionó diciendo que lo consideraba una “buena noticia”. Es más, el mérito era de ella:  “He sido yo la primera que puso el tema en manos de los tribunales”. Y todo por la amenaza de querella contra dos periodistas de eldiario.es con la intención de intimidar a este medio para impedir que siguiera informando del fraude cometido. 

Era como volver a escuchar a Aguirre decir que fue ella quien “destapó” la trama Gürtel. De tanto darse golpes en el pecho, no vio venir la trama Púnica que le pasó por encima y la dejó tirada en la cuneta.

En parecido estado ha quedado Cristina Cifuentes a la que se le puede aplicar la vieja máxima que dice que a veces, no siempre, lo peor no es el delito o irregularidad, sino el encubrimiento. 

En el plano político, Albert Rivera ha quedado en una posición similar cuando justificó la negativa de su partido a apoyar una moción de censura o a amenazar al PP con la retirada del apoyo parlamentario si Cifuentes no dimitía. “No se puede echar a una presidenta autonómica  solo por las investigaciones periodísticas de un diario digital”, dijo el jueves. Ante un caso de corrupción sustentado en documentos, el presidente de Ciudadanos trataba con desprecio a un medio de comunicación y al trabajo de los periodistas en general.

“Ahora hay dos verdades, la de Cifuentes y la de un periódico digital”, dijo, poniendo a la misma altura las mentiras de la primera y las informaciones contrastadas y documentadas de unos pocos medios de comunicación (la prensa de Madrid se limitó a contar las reacciones políticas en los primeros días de la crisis).

No había dos verdades. Nunca las hay. Hay hechos, y si acaso varias versiones. Pero Rivera prefería hacer creer a todos que los partidos pueden investigar delitos en esas siempre fallidas comisiones de investigación, cuando ese es el trabajo de jueces, fiscales y policías, y también de los medios de comunicación dentro de sus posibilidades. El líder de Ciudadanos tiene el derecho a proteger los intereses electorales de su partido en Madrid, pero no al precio de ignorar la realidad y echar un cable político a una mentirosa. 

En el PP, ya no se hacen ilusiones, por mucho que Rajoy calificara de “polémica estéril” el trato de favor continuado que disfrutó Cifuentes en una institución financiada con fondos públicos y la aparición de firmas falsificadas. “Todo esto nos hace un roto de cojones”,  dijo a ABC un miembro de la dirección nacional del partido. Y eso que la frase es anterior al anuncio de la Fiscalía. 

En ese “roto de cojones” cabe toda la carrera de Cifuentes, su expediente académico y su soberbia cuando se descubrió que su política declarada de “tolerancia cero” contra la corrupción acababa precisamente justo antes de llegar a sus responsabilidades. Aunque sólo sea por compasión, alguien debería acabar con su vergüenza.

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Londres hace un gran servicio a los intereses del Gobierno ruso

Era demasiado pedir que Boris Johnson no terminara estrellándose en un tema lo bastante serio como para tener que medir sus palabras.

El análisis ofrecido por el Laboratorio de Ciencia y Tecnología de Defensa de Porton Down confirma el tipo de producto químico utilizado en el ataque al exespía Skripal, pero no puede determinar su origen exacto: “Identificamos que era de la familia de Novichok y que es de tipo militar, pero nuestro trabajo no es decir dónde se fabricó realmente”, dijo su máximo responsable. Como mucho, pudo decir que en su elaboración intervinieron “métodos extremadamente sofisticados, algo que probablemente sólo está al alcance de un Estado”.

Es decir, pueden afirmar que el arma utilizada pertenece a la familia de agentes químicos conocida como Novichok. Se sabe que su origen se remonta a los últimos años de la URSS en los 80. Pero los análisis no pueden ofrecer el país concreto del que salió el arma química utilizada contra Skripal y su hija.

Es difícil concebir otra hipótesis que la idea de que alguien en Rusia decidió vengarse de Skripal por la traición que cometió al convertirse en agente doble o por haber seguido trabajando después para los británicos. Pero si el análisis de laboratorio no permite identificar la firma exacta del arma, mucho menos puede acusar de forma directa a Vladímir Putin.

La noticia de ayer ya empezó a preocupar al Gobierno. El titular de portada de The Times lo indicaba: “May lucha para preservar la alianza contra Rusia”. La expresión “limitación de daños” aparecía en el subtítulo. Algunos gobiernos europeos podían pensar que habían decidido expulsar a diplomáticos rusos sobre la base de unas acusaciones menos sólidas de lo que ellos creían.

Todo iba a ser peor cuando apareciera en escena Boris Johnson. En estos casos, es posible contener los efectos de los deslices de algunos miembros de la Administración recurriendo a un ministro de Exteriores que sepa lo que está en juego y que sea capaz de hacer declaraciones sin pisarse la lengua. No es el caso de Johnson.

En vez de intentar defender la credibilidad del análisis forense reconociendo hasta dónde podía llegar, el ministro de Exteriores prefirió mentir (entrevista completa).

Boris Johnson lo hizo en persona en una entrevista con una televisión alemana cuando le preguntaron si podía estar seguro de que el origen del producto usado en el ataque era Rusia: “La gente de Porton Down. Fueron absolutamente categóricos. Lo pregunté al mismo tipo. Le dije ‘¿estás seguro?’, y él dijo que no había duda”.

Para terminar de arreglarlo, la cuenta de Twitter del Ministerio de Exteriores había patinado también, y lo hizo hace ya algún tiempo, el 22 de marzo. “Los análisis realizados por los expertos de primer nivel mundial” de Porton Down dejaban claro que se trataba de un agente químico “producido en Rusia”. Luego borraron el tuit, porque decían que no habían reflejado bien la intervención del embajador británico en Moscú.

El análisis de Porton Down no era el único argumento con el que Londres convenció a EEUU y muchos gobiernos europeos de que Rusia estaba detrás del ataque a Skripal, pero sí constituía la prueba forense más sólida. Los antecedentes, no escasos, de ataques a rusos fuera de su país o las muertes en circunstancias sospechosas son también relevantes, pero por sí solos no sirven para explicar lo que pasó en Salisbury. Informaciones conseguidas por los servicios de inteligencia no se ponen a disposición de la opinión pública y a estas alturas su valor quedaría cuestionado si se filtra una versión reducida a los medios de comunicación.

Toda esta confusión es un regalo para el Gobierno ruso que no cree estar obligado a presentar una versión alternativa creíble. Lo único que necesita es arrojar dudas sobre la información que llega de Londres.

“Esto es poder blando con un toque ruso. Están utilizando nuestras vulnerabilidades contra nosotros. Al estilo del judo”, ha dicho al FT Mathieu Boulègue, del think tank Chatham House.

Desgraciadamente para el Gobierno británico, dar bazas al adversario con su tendencia a hablar de más y sin pensar demasiado es una de las características de Boris Johnson.

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El Gobierno sirio culmina su control de Guta Oriental, otra zona destruida por la guerra

El Ejército sirio controla casi toda la zona de Guta Oriental, en los suburbios de Damasco, que ha estado en manos de los insurgentes en los últimos años. En la noche del lunes, un millar de combatientes y sus familias abandonaron en autobuses la ciudad de Duma con destino a Jarablus, una población de la provincia de Alepo, norte de Siria, casi pegada a la frontera con Turquía. Allí caerán bajo el control del Gobierno turco.

Se trata de miembros de Failaq al Rahman que habían huido de la zona central de Guta Oriental hacia Duma. En esta ciudad el grupo más fuerte es Jaish al-Islam, que ha negado haber pactado la evacuación, pero que será abocado a ella más tarde o más temprano. Otras fuentes indican que entre los evacuados, a través de un pacto con el Gobierno sirio negociado por militares rusos, se encontraban también 600 combatientes de Jaish al-Islam.

AFP ha difundido estas imágenes captadas por un dron que muestran la destrucción sufrida por Duma en esta guerra. En febrero y marzo, aviones sirios y rusos se lanzaron a la ofensiva aérea definitiva sobre el enclave.

Durante cinco años, los distintos grupos insurgentes presentes en Guta Oriental –como es habitual en la guerra siria, sin buenas relaciones entre ellos– resistieron ante un enemigo superior que prefirió no lanzar una ofensiva barrio por barrio que le hubiera costado un alto número de bajas.

Jaish al-Islam era uno de los grupos que recibían financiación de Arabia Saudí. Con las nuevas prioridades del príncipe Mohamed bin Salmán centradas en Yemen y la guerra perdida para los insurgentes sirios, era cuestión de tiempo que Riad decidiera que no le conviene defender causas perdidas. No está confirmado que hayan cortado el grifo –en público nunca reconocieron que lo tuvieran abierto–, pero es lo más probable.

Guta Oriental no habría sobrevivido estos cinco años aislada del exterior sin una forma de obtener los suministros necesarios con el contrabando. Un canal público sirio difundió estas imágenes de los túneles construidos para comunicar las distintas zonas de Guta y el exterior. Según el testimonio de la persona entrevistada, fueron construidos por prisioneros de los grupos que controlaban Guta y contaban con espacio suficiente para que circularan vehículos y disponían de luz y servicio telefónico. Tardaron tres años en terminarlos.

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Israel emplea fuego real contra manifestantes desarmados y no es algo que pueda sorprendernos

“Ayer vimos a 30.000 personas. Llegamos preparados y con los refuerzos precisos. Nada se hizo de forma incontrolada. Todo fue preciso y medido, y sabemos dónde dio cada bala”.

Este es el tuit publicado por la cuenta de las Fuerzas Armadas israelíes en la mañana del sábado, un día después de que los soldados mataran a 16 palestinos e hirieran a centenares el viernes en la movilización conocida como la Marcha del Retorno. Según el recuento del Ministerio de Sanidad de Gaza en la noche del viernes, recogido por la oficina de la ONU, de los 1.400 heridos, 750 sufrieron impactos de fuego real. 148 fueron heridos por balas de caucho, menos letales, y el resto por inhalación de gases lacrimógenos.

Con las imágenes ya difundidas de varias situaciones en las que se comprobaba que varios manifestantes habían sido tiroteados estando muy lejos de la zona fronteriza, el mensaje –descubierto por el grupo israelí de derechos humanos B’tselem– era un reconocimiento de que los soldados habían disparado con intención de matar o herir a muchas de sus víctimas, aunque no supusieran una amenaza directa. Esta confirmación indirecta de la existencia de crímenes de guerra hizo que alguien se lo pensara mejor y el tuit fuera borrado.

“El uso de fuerza letal contra manifestantes desarmados es una violación de la distinción entre civiles y combatientes, tal y como está señalado en el Derecho internacional, que obliga a Israel”, dijo en un comunicado Adalah, un grupo israelí de derechos humanos.

Unos días antes, el teniente general Gadi Eisenkot, jefe de las FFAA, advirtió de que el Ejército estaba preparado para todos los escenarios posibles. “No permitiremos una infiltración masiva en Israel y que dañen la valla”. Los soldados israelíes tenían órdenes de proteger lo que en realidad no es una frontera, porque no impide que los militares la crucen siempre que quieren para sus operaciones, lo que ocurre con frecuencia. Entre los refuerzos enviados, estaba un centenar de francotiradores del Ejército (foto).

“Las instrucciones incluyen el uso extenso de la fuerza. En caso de peligro mortal (para las tropas), hay autorización para abrir fuego”, dijo Eisenkot.

En algunos de los vídeos conocidos el sábado, no se apreciaba por ningún lado el peligro mortal. No en el caso de un joven de 18 años que corría en dirección contraria y estaba a punto de llegar a la zona donde se encontraba el resto de manifestantes. Recibió un tiro por la espalda y cayó muerto (aquí otro vídeo del mismo momento).

En esta imagen compuesta por tres vídeos, se puede ver a un hombre que camina hacia la barrera, a pesar de que disparan cerca de él, hasta que recibe un disparo (no parece que muera). El vídeo sirve para apreciar la distancia que aún le quedaba para llegar a la zona marcada como frontera. No parece que las tropas israelíes estuvieran en una situación de “peligro mortal”.

En otras imágenes, se aprecia a personas más cerca de la frontera, pero en esas zonas no es una barrera, sino un muro, y nadie tenía ninguna posibilidad de escalarlo.

Hamás confirmó después que cinco de los fallecidos forman parte de sus unidades armadas. El Ejército israelí destacó que todos los fallecidos eran jóvenes, en concreto “de 18 a 30 años”, para dar la impresión de que todos eran peligrosos y que por tanto su muerte estaba justificada.

La primera víctima del día, fallecida antes de que comenzara la concentración, fue Omar Wahid Samur, un agricultor de 27 años muerto por el disparo de un tanque contra lo que los militares identificaron como un puesto de Hamás.

En sus mensajes, el Ejército intentó argumentar que la protesta no era pacífica, porque incluía la quema de neumáticos, el lanzamiento de piedras y una infiltración por la noche de miembros de las milicias de Hamás, según su versión. “Hamás es una organización terrorista que controla Gaza con un puño de hierro”, dijo una portavoz militar en un mensaje de vídeo.

En una primera edición del artículo sobre las muertes en la concentración, los periodistas del NYT en Israel incluían una frase reveladora: “Para Israel, la perspectiva de enfrentarse a una protesta masiva no armada supone el desafío de intentar mantener la disuasión con la amenaza de medidas duras, mientras intenta al mismo tiempo evitar un número significativo de bajas civiles”. En una edición posterior, que incluía más datos, esa frase exculpatoria desapareció el texto al quedar desmentida por la realidad.

Antes del viernes, ya se veía venir qué podía ocurrir. La movilización había sido idea de grupos de activistas independientes, y fue apoyada luego por el Gobierno de Hamás. Como escribe Michael Schaeffer Omer-Man, director del medio digital +972, no importa que se hable de ataques violentos, de campañas políticas que excluyen la violencia o de campañas de boicot a Israel. Cualquier forma de resistencia a la ocupación está considerada una amenaza para el Estado de Israel, y por tanto el uso de la violencia por su Ejército está justificado:

“Incluso si el papel del movimiento islamista (Hamás) es mayor de lo que los organizadores quieren admitir, la historia nos enseña que las fuerzas de seguridad israelíes emplearán de todas formas la violencia contra los manifestantes. Hamás es la excusa más conveniente pero no es realmente necesaria. Israel nunca ha necesitado una justificación para reprimir violentamente la actividad política palestina, en especial cuando las masas salen a la calle”.

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La telaraña digital

¿Por qué es tan difícil encontrar la manera de borrar una cuenta de Amazon? ¿Por qué recibes propuestas de unirte a LinkedIn por parte de amigos o gente que tiene tu email?

Lo llaman Dark Patterns. El diseño del interfaz puesto a disposición del usuario se parece en ocasiones a una trampa, una telaraña de la que es difícil escapar.

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