Borrell decide comprar la propaganda israelí

Aviones israelíes lanzaron un ataque contra decenas de objetivos en Gaza en la noche del 8 de agosto. Uno de sus misiles destruyó una casa y mató a una mujer de 23 años, Inas Abu Khamash, embarazada de nueve meses, y a su hija de 18 meses. Hubo un tercer palestino muerto esa noche, identificado como un combatiente de Hamás de 30 años, y hubo también 18 heridos.

El bombardeo destruyó por completo el edificio que era la sede de la Fundación por la Cultura y la Ciencia Said al-Mashal, un centro dedicado a albergar actuaciones musicales y teatrales.

Portavoces militares israelíes sostuvieron que todos los objetivos estaban relacionados con la infraestructura militar del grupo islamista Hamás. Afirmaron que eran una respuesta al lanzamiento de 180 cohetes y proyectiles de mortero desde Gaza a territorio israelí, que produjeron siete heridos. Según la versión israelí, 30 de esos cohetes fueron interceptados por el sistema de defensa antiaérea Iron Dome y la mayoría cayó en zonas no habitadas.

Antes de ese ataque con cohetes, el 6 de agosto un tanque disparó contra un puesto militar de Hamás en el norte de Gaza y mató a dos de sus miembros. Israel alegó que se habían producido disparos desde ese puesto. Hamás respondió que estaban realizando unas maniobras y no realizando ningún ataque.

Este repunte de la violencia se produce cuando Egipto y el enviado especial de la ONU han promovido una negociación indirecta entre Israel y Hamás. El Gobierno israelí exige un cese de los ataques desde Gaza, que por lo demás han sido muy pocos desde la última invasión israelí de 2014. Hamás exige el levantamiento del bloqueo de Gaza que impide la llegada de material imprescindible para la vida económica de la zona.

Por ejemplo, ese bloqueo impide que se lleve a cabo el proyecto financiado por la UE de instalar una planta de energía solar que dé electricidad al sistema de suministro de agua. Se trata de un proyecto de infraestructura civil sin ninguna relación con la violencia. Israel lo hace imposible, porque su objetivo es castigar a toda la población de Gaza.

El Ministerio español de Exteriores tardó dos días en hacer pública su reacción con un comunicado de 145 palabras y cuatro párrafos con un texto que podría haber sido redactado sin problemas por la embajada israelí.

“El Gobierno condena el lanzamiento de cohetes contra Israel y hace un llamamiento firme a las facciones palestinas de Gaza para que cesen definitivamente estos actos hostiles contra la población israelí”, dice el texto en su segundo párrafo.

¿Qué tiene que decir el ministro Josep Borrell sobre el bombardeo israelí del 8 de agosto que mató a Inas Abu Khamash y a su hija? ¿Hay alguna condena o crítica a esa actuación o a la destrucción de centros civiles como la Fundación Said al-Mashal?: “España reconoce el legítimo derecho de Israel a defenderse y pide a Israel contención en la respuesta a esos ataques, evitando causar más víctimas entre la población civil”.

Contención. El Gobierno español no parece tener un criterio propio sobre la responsabilidad de las muertes de civiles palestinos. Lo deja a criterio del Gobierno israelí para que decida la respuesta conveniente. En un caso, condena y en el otro pide, sin ánimo de ofender.

Los acontecimientos de los últimos días no se pueden disociar de la represión sobre las concentraciones de la Marcha del Retorno que llevan veinte viernes llevándose a cabo en la zona divisoria de Israel y Gaza. 160 manifestantes palestinos han muerto por disparos de francotiradores militares. 160 víctimas, entre los que hay periodistas y personal sanitario, que no merecen un espacio propio en el comunicado de Exteriores. La mejor forma de no tener que criticar a Israel en ese punto es no mencionarlo. Las 160 víctimas son irrelevantes en la situación actual de Gaza a ojos del ministro Borrell.

Tres palestinos murieron tiroteados y más de 300 resultaron heridos el último día de protestas, el viernes 11, el mismo día del comunicado de Exteriores. Entre los fallecidos, el sanitario Abdullah al-Qutati, que recibió un tiro en la cabeza disparado por un francotirador. Setenta de los heridos de ese día sufrieron heridas de bala.

La posición de Borrell es una forma de suscribir la interpretación israelí sobre la violencia en Gaza. Adjudica toda la responsabilidad a Hamás y exculpa al Gobierno de Netanyahu, más allá de hacerle una petición. Recuerda que la posición de España es la de apoyar una solución de dos estados y prefiere obviar que Netanyahu ha hecho todo lo posible en los últimos años por convertir esa salida en una quimera imposible.

Tampoco tiene nada que decir sobre el aumento de la segregación dentro del territorio israelí con la aprobación de una ley fundamental que convierte a los palestinos y drusos en ciudadanos de segunda clase en el Estado judío, lo que ha originado manifestaciones de repulsa a las que han asistido decenas de miles de personas.

El Gobierno español no tiene ningún comentario que hacer sobre el castigo colectivo que sufre la población de Gaza, la prohibición de importar productos esenciales para la infraestructura civil y los ataques a los pescadores que intentan faenar en las aguas de la costa que ahora están prohibidas para ellos.

Un Gobierno que ignora de forma tan consciente la obligación de defender ciertos principios humanitarios y de criticar duramente a los que los vulneran, sean israelíes o palestinos, es un interlocutor prescindible en este conflicto sin ninguna legitimidad moral para difundir condenas. Sólo está en condiciones de emitir comunicados de 145 palabras que dejan en evidencia a sus autores.

Publicado en Zona Crítica.

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