Un juzgado de Madrid ha cerrado la causa provocada por la querella contra el ministro de Transportes por la fugaz visita al aeropuerto de Barajas de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez. Quizá los lectores más preocupados por la pandemia hayan olvidado esa historia que monopolizó la atención de los políticos y de los medios de comunicación en febrero, esa época en la que China e Italia estaban consumidas por el coronavirus y nosotros pensábamos que eso no iba con nosotros. Es difícil saber cuántos españoles estaban preocupados por la presencia de Rodríguez durante unas horas en la zona de tránsito del aeropuerto. Lo que sí es seguro es que en el Congreso no se hablaba de otra cosa desde finales de enero. Pablo Casado había exigido el cese de José Luis Ábalos y denunciado que el Gobierno había violado acuerdos de la Unión Europea (ni la Comisión ni el Consejo Europeo montaron ningún escándalo). El PP y Vox plantearon preguntas e interpelaciones semana tras semana, porque ese era el tema que absorbía su atención.
Casado no presentó una pregunta al presidente del Gobierno en relación al coronavirus –en concreto, sobre el impacto económico en España de la pandemia que se estaba produciendo en China– hasta el 5 de marzo.
La Audiencia de Madrid cerró de forma definitiva hace una semana otro caso contra el Gobierno que también centró las reclamaciones de la oposición. De hecho, aún aparece de vez en cuando en sus discursos. Quedó archivada la causa contra el delegado del Gobierno por no haber prohibido la manifestación del 8M. El número de portadas dedicadas al tema no fue pequeño. Después de recibir un informe de la Guardia Civil repleto de bulos y recortes de la prensa conservadora, la jueza de instrucción se había rendido y cerrado el caso. Los recursos posteriores acaban de ser rechazados por la Audiencia. El PP llegó a exigir un informe científico independiente para saber cuántas vidas se habrían salvado si se hubiera impedido la manifestación. Como si eso fuera posible.
Poco después, empezó a denunciar que el estado de alarma –posterior al 8M– suponía una agresión a los derechos fundamentales de los españoles. No mucho antes de que la pandemia matara en primavera a centenares de españoles cada día, que así veían muy dañados sus derechos fundamentales.
La semana pasada, el PP encontró otro tema para poner sus pulsaciones a mil. Una norma ministerial publicada en el BOE sobre estrategias contra la desinformación procedente del extranjero le llevó a creer firmemente que el Gobierno había puesto en marcha un «Ministerio de la Verdad» dedicado a vigilar y censurar los medios de comunicación. Por ahí de momento no hay a la vista ninguna querella, pero sí la amenaza de apelar a las instituciones europeas para detener tal atropello. Hace unos días, un portavoz de la Comisión Europea negó que la alarma esté justificada: «No tenemos motivos para creer que esto (una violación de la libertad de expresión) ocurra en el caso español». Tres días antes, la prensa de derecha afirmó en sus portadas que Bruselas estaba «en alerta». En este caso, por Bruselas habría que entender algún eurodiputado del PP.
Cada semana, la oposición monta en cólera y agota los adjetivos, las preposiciones y los adverbios. España va camino del «totalitarismo», avisa su altavoz más estridente, Isabel Díaz Ayuso, que va a terminar volviendo loco a Pablo Casado, mientras este intenta compatibilizar su viaje al centro con estar a la altura de las catilinarias de la presidenta madrileña. Ayuso recibió este miércoles al opositor venezolano Leopoldo López. Su experiencia intelectual le sirvió para ofrecer su último análisis de la muerte de las democracias: «Estamos viviendo situaciones en democracia que jamás pensamos que nos iban a ocurrir, pero ahí están y nos vamos acostumbrando poco a poco a ellas».
Como estar a punto de inaugurar un hospital sin haber contratado un solo médico, lo que la obliga a vaciar otros centros sanitarios para abastecer al nuevo. Pero ya sabemos que eso sólo es envidia: el mundo presenciará asombrado esa magna obra, como en su momento las tripulaciones de los barcos quedaban pasmadas al pasar por debajo del Coloso de Rodas. Y además está cerca de un aeropuerto y eso no se ha visto en ningún sitio. Qué estarían pensando británicos, franceses y alemanes cuando levantaron sus hospitales en los centros urbanos sin darse cuenta de que había que llevarlos lejos, al lado de donde aterrizan los aviones.
El PP no cesa de anunciar que el fin del mundo está cerca a causa del Gobierno de Pedro Sánchez. Es una locura basada en el método. La oposición está para cargar contra el Gobierno en todo tiempo y lugar. Incluso de forma desesperada. Lanza platos de espaguetis contra la pared con la intención de que algo se quede pegado. Hay platos que rebotan después de pasar por un juzgado y le dan en la cara a Casado, pero él ya ha demostrado que no se inmuta. Si eres líder de la oposición, debes tener capacidad de encajar golpes. Y además aspiras a que el Gobierno te eche una mano de vez en cuando. Esto último ocurre, aunque parezca extraño.
Es lo que sucedió en el inicio del debate presupuestario con el anuncio de la reducción del IVA de las mascarillas por la ministra de Hacienda. María Jesús Montero dijo que ya tenían el permiso firmado por la Comisión Europea para saltarse las normas europeas sobre el IVA. Cualquiera diría que habían tenido que arrancar la autorización a tiros. Hace tres semanas, portavoces de la Comisión ya habían comunicado a los medios que no habría ningún problema. Está ahora la UE como para ponerse exquisita con las cuestiones de rigor presupuestario. De hecho, está ocurriendo todo lo contrario.
«La idea de una recuperación en V es una ilusión «, ha dicho el comisario europeo de Economía Paolo Gentiloni. De ahí que la portada del jueves en el Financial Times no deje lugar a dudas: si aún existían, las esperanzas de una vuelta a las normas presupuestarias se retrasan en el tiempo a causa de la segunda ola del coronavirus. No piensen que van a volver en 2021 y no crean que en enero de 2022 será posible resucitarlas de inmediato. Ahora mismo, la deuda es un asunto secundario, a pesar de que ese es uno de los puntos centrales del mensaje de Casado contra el proyecto de presupuestos.
La derecha puso mala cara cuando el Gobierno estableció por decreto un precio máximo de las mascarillas más baratas. No pasó mucho tiempo hasta que reclamó un descenso del IVA del 21% al 4% en esos productos, una reducción que sólo tendrá impacto significativo en las mascarillas más caras. El PSOE y Podemos renunciaron a dar la batalla ideológica con la que afirmar que la mayoría de la población podía pagarse mascarillas que cuesten menos de un euro y que había que centrarse en los más pobres, en aquellas familias en que cada moneda de medio euro cuenta.
Tampoco pensaron en el impacto sanitario, porque si a alguien le resulta difícil pagar cada mascarilla, de uso obligatorio para salir de casa, terminará usando la misma más tiempo del recomendable. Dejaron que el tema pasara durante meses hasta terminar dando su brazo a torcer ahora en noviembre.
Que no se diga que el Gobierno le pone siempre las cosas difíciles a la oposición. Ahora si el PP pudiera convertir el asunto de las mascarillas en una querella contra Sánchez, eso sí que le haría feliz a Casado.
