Denunciar la homofobia no es tan importante como defender el honor de Madrid

Cada vez que se produce una agresión homófoba, el PP de Madrid echa la culpa de la conmoción social a quienes la denuncian y la achacan a un clima político que niega los derechos LGTBI. Después del asesinato del joven Samuel en A Coruña, Isabel Díaz Ayuso criticó «la inversión de la carga de la prueba» de la que supuestamente eran responsables los que lo calificaron de crimen homófobo. En la locura de pretender marcar distancias con la izquierda, casi parecía que estaba defendiendo a los detenidos por el asesinato. Ahora, tras la denuncia de una paliza sufrida por un joven gay en Madrid conocida a finales de la semana pasada, el alcalde ha encontrado otra vía de escape para que su electorado sepa qué es importante en este caso. «La izquierda quiere ensuciar el nombre de Madrid con fines políticos», dijo José Luis Martínez-Almeida el miércoles. Una vez más, la guerra santa en defensa de Madrid es más importante que cualquier otro asunto, aunque se tratara de una cobarde agresión en la calle, como se creía en ese momento.

No fue una salida a la carrera para librarse de las preguntas de los periodistas. Formaba parte de una estrategia definida, como se vio horas más tarde con la reacción del portavoz del Gobierno madrileño. Enrique Ossorio acusó a Unidas Podemos y Más Madrid de ser responsables del «discurso de odio, de enfrentamiento de los españoles» desde su llegada a las instituciones. Así que los que denuncian los delitos de odio contra los LGTBI son responsables de que se peguen palizas a esas personas. Como si el odio fuera una costumbre genérica que arraiga en la sociedad y no una agresión directa a personas muy concretas por el hecho de ser distintas a la mayoría.

A estas alturas, parece imposible que algunos políticos entiendan que los delitos de odio se cometen contra personas especialmente vulnerables por el hecho de serlo, habitualmente las que pertenecen a minorías. Si insultas a un político del PSOE, PP o Podemos, quizá seas responsable de un delito de injurias, pero no de un delito de odio. Lo mismo para policías, jueces, periodistas y cualquier otra profesión. Ni siquiera hay que haber estudiado Derecho para saberlo.

Ambos dirigentes del PP sí condenaron la agresión en la típica respuesta con que los políticos se quitan la responsabilidad de encima. Su respuesta tiene poco valor porque todos saben que el responsable de una institución siempre va a estar en contra de que haya agresiones en la calle con independencia del motivo. Cuando alguien plantea si las instituciones tienen alguna responsabilidad, si deberían hacer algo al respecto, lo que viene después es el escaqueo: dejemos a los policías y los jueces que se ocupen de la investigación y no hay más que hablar. Si acaso, una pancarta, pero sin pasarse. Nada de manifestaciones.

Al PP le preocupa que la condena de la homofobia salpique a Vox y ponga en cuestión sus pactos con la extrema derecha en las instituciones madrileñas. De ahí el ataque preventivo. El partido de Santiago Abascal no se lo pone fácil, porque, al igual que en otras ocasiones, aprovecha estos delitos para enarbolar la bandera de la xenofobia. Lo hizo Javier Ortega Smith en una entrevista en TVE, lo que no despertó ninguna reacción especial en el periodista que le entrevistaba. Para Vox, la violencia siempre es una oportunidad para lanzarse contra los inmigrantes, sobre todo si tienen la piel más oscura.

Abascal se apresuró a condenar la agresión («me llena de rabia la brutal agresión homófoba que ayer sufrió un joven en el portal de su casa en Madrid»), pero de inmediato dijo también que la izquierda silencia estos delitos «para no hablar del origen de los agresores». Con ello, va instalando la mentira de que si no hubiera inmigrantes en España, habría cero asesinatos, cero violaciones y cero agresiones homófobas. En España, seguro que no existían los delitos contra las personas hasta hace diez o quince años.

Vox sostiene que está en contra de la discriminación de gays o lesbianas. Al mismo tiempo, dice que hay que defender a la «familia natural», entendiendo como tal la formada por un hombre y una mujer. Ese es el primer motivo de discriminación del que parte todo lo demás. Por definición, todo aquello que no es natural es antinatural o artificial, y de ahí a considerarlo un peligro para la sociedad hay un trecho muy corto. Aquellos que odian al colectivo LGTBI encuentran en ese argumento la primera razón para justificar su actitud.

En Madrid, Rocío Monasterio ha llamado «talleres de adoctrinamiento» a los cursillos dedicados a la diversidad en la educación sexual, insinuando que se hacen para convertir a los alumnos en gays. Llegó a pedir al Gobierno madrileño que le facilitara los nombres de las personas que imparten esos cursos como forma de intimidarlos. A los de Vox les gusta hablar de «lobby gay», como si el movimiento de derechos LGTBI fuera un pequeño grupo de privilegiados que influyen en la sombra con el objetivo de atacar a la sociedad.

Los colectivos LGTBI han denunciado en numerosas ocasiones que los ataques de Vox a la comunidad legitiman las agresiones al crear una especie de impunidad social entre una parte de la población. Los datos desde 2013 demuestran que se ha producido un incremento de los delitos de odio contra minorías, en el caso de los relacionados con la identidad de género en un 10% en 2019.

A media tarde del miércoles se supo que el joven que había hecho la denuncia de la agresión en Madrid reconoció finalmente a la policía que ésta no se había producido. La noticia tuvo un fuerte impacto en los medios de comunicación, que habían dedicado artículos y portadas al hecho. Como ocurre en ocasiones, hay ataques a minorías que reciben una gran atención política y periodística frente a otros que ocurren sin que nadie que se entere. Lo que resulta evidente es que esos ataques responden a una realidad que se está produciendo ante la que no son suficientes todas las leyes de derechos civiles ni el gran apoyo social que reciben. En la última semana, se han denunciado agresiones homófobas en Melilla, Toledo, Valencia y Vitoria. Los que tienen miedo a salir por la noche o dar la mano a su pareja por la calle saben muy bien a lo que se exponen.

Ana Vázquez Blanco, diputada del PP, tardó unos pocos minutos en pedir la dimisión del ministro de Interior y se refirió a la «sobreactuación de Marlaska», que había criticado a Vox por «jugar al límite» en cuanto al respeto a la diversidad. Luego lo borró. Teodoro García Egea fue luego más astuto y escribió el tuit en forma de pregunta para sugerir que Marlaska podría haber sabido por la mañana que la denuncia era falsa. No tenía ninguna prueba de ello, pero qué más da.

Para algunos, las denuncias de agresiones homófobas son una razón de peso para poner de manifiesto el acoso que sufren gays y lesbianas. Para el PP, son una de esas oportunidades que no se pueden desaprovechar en el negocio diario de ajustar cuentas con el enemigo.

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