El PP pasa a la fase 3: ya vale de tanta alarma y la culpa será del Gobierno

Una vez más, el BOE llega tarde. No aparece este lunes en sus páginas la decisión del Partido Popular de pasar por su cuenta a la Fase 3 de la desescalada. La única alarma que le preocupa es la que proviene del aumento de las competencias del Gobierno de Pedro Sánchez, no la pandemia. Después de votar a favor de las sucesivas prórrogas del estado de alarma en el Congreso, ahora su paciencia se ha acabado (esa es la expresión que utiliza).

El estado de alarma «no hace falta ya para la desescalada», dijo Pablo Casado con un argumento que sólo existe en su imaginación. «Una vez que el presidente del Gobierno dice que se puede tomar un vermú (spoiler: no se puede), parece poco compatible que se siga pidiendo otra prórroga del estado de alarma». Sánchez no dijo eso, pero qué más da. Sus votantes creerán que dentro de nada se podrá ocupar masivamente los bares para cumplir con el sagrado rito del vermú y por tanto ¿para qué dar al Gobierno instrumentos legales extraordinarios con los que decidir dónde pueden trasladarse los ciudadanos? Son «medidas extraordinarias que van en contra de sus derechos y libertades, como es la libre circulación», dijo el líder del PP. Si pudiera, el coronavirus aplaudiría con sus púas.

¿Cómo seguir luchando contra la pandemia? Casado tiene una idea. Le basta con la Ley General de Salud Pública (unida a la Ley de Seguridad Pública con la que cumplir su sueño húmedo de que el Ministerio de Interior diga a los Mossos en qué esquina pueden colocarse). La idea de que con una ley que establece como principio la idea genérica de que «los ciudadanos facilitarán el desarrollo de las actuaciones de salud pública y se abstendrán de realizar conductas que dificulten, impidan o falseen su ejecución» se pueda confinar a los ciudadanos en sus casas o limitar su actividad comercial pone en duda los conocimientos de Derecho de Casado, pero ese chiste ya se ha hecho antes. Con esa simple ley, muy importante para otras cosas, no cuentas con argumentos legales para limitar la libre circulación.

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