Y luego dicen que el BOE es aburrido. Este jueves, se publicó en el boletín oficial la «Orden PCM/1030/2020, de 30 de octubre, por la que se publica el Procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional». Desinformación. Una amenaza a la seguridad del país. Eso es importante. Alguien debería ocuparse y hacer que los militares y el CNI tengan algo que ver. Metes a un espía en la jugada y así tienes herramientas para frenar a los enemigos del Estado (aunque no se diga quiénes son).
Todo suena rutinario, no lo bastante como para que no haya que estar alerta, hasta que la oposición mete la cuchara. ¿Ven ese animal deambulando por la hierba buscando una sombra? Es un peligroso depredador. De ahí titulares como «Un comité de Moncloa vigilará a los medios y perseguirá lo que considere ‘desinformación'» o «La oposición carga contra el ‘Ministerio de la Verdad’ de Sánchez». Ah, George Orwell, cuántos crímenes se han cometido en tu nombre.
Los gobiernos europeos se han ocupado los últimos años de mostrarse muy preocupados por la amenaza de la desinformación y las «fake news» (ya no emplean tanto este último nombre desde que Donald Trump se apropió de él). Después de las elecciones de EEUU en 2016, en Francia y Alemania entraron en estado de pánico pensando en sus comicios posteriores. Al final, nada ocurrió, o al menos nada que tuviera un efecto real en los resultados electorales. Desde entonces, la Comisión Europea ha adoptado estrategias y presionado a los gobiernos para que aumenten la vigilancia, en especial si la fuente de las posibles interferencias está en Rusia.
La Comisión lanzó el Plan de Acción Democrática Europea que ahora está en proceso de consulta pública y cuya aprobación está prevista para los últimos meses de este año. Sus grandes objetivos son proteger la integridad de las elecciones, luchar contra la desinformación y defender el pluralismo informativo y los derechos de los periodistas. En este ámbito, el Gobierno de Pedro Sánchez ha creado una comisión gubernamental dirigida por Moncloa y enfocada específicamente a la desinformación. Quien lleva la batuta es el Consejo de Seguridad Nacional. En la práctica, Iván Redondo, jefe del Gabinete de Sánchez, que es secretario de ese Consejo.
Al calor de algunos titulares, el PP tardó pocas horas en denunciar «el escándalo de las fake news» y pedir la comparecencia inmediata en el Congreso de la vicepresidenta Carmen Calvo y de Redondo. Pablo Casado salió en tromba, porque le faltaba un tema potente que echarse a la boca. Es un cocinero hiperactivo. Está poniendo todos los días platos sobre la mesa y la audiencia tiene problemas para digerirlos todos. Dijo en Twitter que el Gobierno «saca una orden para vigilar a los medios y perseguir lo que su Gabinete considere desinformación». ¿Vigilar? No hay nada en la orden ministerial que establezca sanciones ni forma de ejecutarlas, ni se habla de vigilar a los medios. El texto sí se refiere a la necesidad de examinar «la libertad y pluralismo de los medios de comunicación», pero en el contexto de los principios expresados por la Comisión Europea en ese Plan de Acción Democrática, que pretende luchar contra la desinformación con la ayuda de los medios y de la sociedad civil.
Evidentemente, no se crean nuevos delitos ni una institución diferente a los organismos que ya están representados en el Consejo de Seguridad Nacional. No hay un «orwelliano Ministerio de la Verdad», como dice Casado.
«¿Van a poner multas a los periodistas?», se preguntaba Pablo Montesinos, diputado del PP, que resulta que era periodista antes de entrar en política. Debería haber leído la opinión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que rechazó en septiembre una denuncia de Unidas Podemos contra la proliferación de bulos relacionados con la pandemia en redes sociales. La Fiscalía aseguró que esos mensajes, aunque fueran falsos, estaban protegidos por el derecho a la libertad de expresión si tenían al menos una tenue relación con la realidad. Si se dice eso sobre falsedades transmitidas por ciudadanos en redes, no hay que ser un genio jurídico para saber que no hay base legal para sancionar a periodistas, salvo en casos ya muy tasados en el Código Penal y que no tienen que ver con la desinformación. Injurias, difamación, ese tipo de cosas.
Si el presidente del PP hubiera leído los documentos producidos estos años por la Comisión Europea, se habría dado cuenta de que en Bruselas no están tan preocupados por los medios de comunicación como por las grandes plataformas –Facebook y Twitter, para entendernos– y quizá algunas webs poco conocidas de origen posiblemente extranjero.
Casado ha dicho que si no hay rectificación, «recurriremos en Europa». A ver qué cara pone la Comisión Europea, que cuenta con que los gobiernos se pongan al día en este asunto. De hecho, cree que están moviéndose con demasiada lentitud.
Lo de Orwell servirá para que en Vox llamen plagiador a Casado. Ellos fueron los primeros en tomar en vano el nombre del escritor británico: «El Gobierno crea un Ministerio de la Verdad para controlar las opiniones de los españoles en las redes sociales y censurar a los medios que no le aplauden». En otras palabras: ¡¡¡VENEZUELA!!!. Otra ocasión para que en Bruselas descubran que lo que interesa en España sobre el hundimiento venezolano es una excusa con la que lidiar la confrontación política interior.
A las 18.43, y por tanto con bastantes horas de retraso, Moncloa informó de que el plan del que habla el BOE «en ningún caso vigilará, censurará o limitará el libre y legítimo derecho de los medios a ofrecer sus informaciones». No es raro que Presidencia del Gobierno deje pasar el tiempo para concretar algunas de sus iniciativas e intentar neutralizar las críticas. El BOE apareció publicado a primera hora de la mañana. La noticia no tardó mucho en salir en los medios. Varios periodistas, incluidos de este medio, preguntaron a Moncloa por la mañana sobre el alcance de la decisión. No hubo respuesta.
La siesta de Moncloa duró hasta bien entrada la tarde. A las 19.04, difundieron una nota de prensa con los puntos principales de la norma publicada por el BOE, en su mayoría ya conocidos. Volvieron a descansar. A las 21.51, pasaron un documento del Departamento de Seguridad Nacional con las iniciativas tomadas por la UE en este campo y un listado de enlaces de artículos de los medios sobre este asunto.
Es de suponer que luego se fueron a cenar tras una jornada de duro trabajo.
Este tipo de pasividad permite a la oposición plantear el asunto desde el principio de la jornada en los términos que más le favorecen. Tampoco es que adelantarse vaya a impedir al PP montar el escándalo diario en sus argumentarios.
Hay un elemento irónico en la respuesta airada del PP. El primer Gobierno en dar la voz de alarma sobre desinformación fue el de Rajoy a través de su ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. Enfrentarse a ella era «uno de los mayores retos para los sistemas de defensa de las democracias». Al final, todo eso quedó en nada por la falta de interés de los demás grupos y la sospecha de que Cospedal pretendía ganarle por la mano el control del tema a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.
Por entonces, Casado aún no estaba muy familiarizado con Orwell. Ahora tampoco. Como dice el meme, sigues utilizando esa palabra («orwelliano») y no creo que signifique lo que tú crees.
