Para Theresa May, el problema son los derechos humanos

La primera ministra británica ha apostado claramente por las consecuencias del atentado de Londres para ganar las elecciones del jueves y aumentar la mayoría conservadora en el Parlamento. Su discurso del día después del atentado fue el prólogo de su reacción ante una campaña que se les está haciendo muy larga a los tories. En un mitin del martes, Theresa May ha ido aún más lejos y ha colocado en el punto de mira a la legislación de derechos civiles.

“Me refiero a penas de prisión más largas para los condenados por delitos terroristas. Me refiero a facilitar que las autoridades puedan deportar a extranjeros sospechosos de terrorismo a sus países. Y me refiero a hacer más cosas para restringir la libertad de movimientos de sospechosos de terrorismo cuando tenemos pruebas de que son una amenaza, pero no pruebas suficientes para procesarlos en los tribunales. Y si nuestras leyes de derechos humanos se interponen en la forma de hacer esto, cambiaremos la ley para que se pueda hacer”.

Por dramático que pueda parecer –los líderes no suelen alardear de que están dispuestos a restringir los derechos humanos–, las palabras de May no son del todo sorprendentes. Durante su mandato como ministra de Interior, dejó claro que apostaba por medidas radicales que rechazaban la mayor parte de sus compañeros de Gabinete.

En un discurso en abril de 2016, May reclamó que el Reino Unido abandonara la Convención Europea de Derechos Humanos, una idea que tenía desde años atrás: “La CEDH ata las manos del Parlamento, no añade nada a nuestra prosperidad, nos hace menos seguros al impedir la deportación de extranjeros peligrosos y no sirve de nada para cambiar la actitud de gobiernos como el ruso en relación a los derechos humanos”.

La intervención de May dio lugar a este fantástico sketch con Patrick Stewart (¿qué ha hecho por nosotros la CEDH?), inspirado en esa escena tan conocida de ‘La vida de Brian’.

Además de derecho a un juicio justo, a la privacidad, a la libertad de expresión, a no ser sometido a tortura o discriminación, por no hablar del pequeño detalle de que el acuerdo de paz del Ulster se basaba en esa convención, sólo quedaba pendiente una cosa que anotar: el hecho de que la CEDH, firmada por el Reino Unido en 1950, es la base jurídica sobre la que se construyó el orden político liberal tras la Segunda Guerra Mundial en Europa Occidental. Sus autores fueron precisamente los vencedores de esa guerra. En ese sentido, la convención es más británica, o anglosajona, que alemana. Muchos de sus principales arquitectos eran británicos.

May fue lo bastante hábil en su discurso de 2016 como para confundir la convención con la UE, un error bastante frecuente en los alegatos contra la UE que se podían encontrar en la prensa tabloide o en algunas declaraciones de tories euroescépticos. La ministra se mostraba entonces a favor de permanecer en la UE, ignorando que la CEDH suponía el consenso político básico sobre el que se pudo construir la Comunidad Económica Europea. El tory euroescéptico David Davis destacó lo inconsistente del argumento de May, porque continuar en la UE haría que el Tribunal Europeo de Justicia de la UE impondría esos mismos valores jurídicos, aunque abandonaras la convención.

Lo cierto es que, a pesar de estas ideas de May, el programa electoral con el que los conservadores se presentan a estas elecciones descarta la salida de la CEDH en la próxima legislatura. Fuentes tories han informado a los medios que su idea es conseguir algunas dispensas concretas para que el Gobierno no se vea constreñido por ciertos principios legales (lo que en la jerga de la UE se llama “opt-out”). Eso, que en las negociaciones políticas de la UE ha ocurrido en varias ocasiones para obtener la firma de un tratado por varios gobiernos, sería mucho más difícil, en el caso de que fuera posible, con la convención, que es un texto cerrado que defiende principios básicos y la forma en que se respetan. Sería una conducta similar a la de las dictaduras cuando violan principios sellados en acuerdos internacionales, pero dicen haberlos respetado, según su particular interpretación.

May quiere conceder más poderes a la policía y los servicios de inteligencia para luchar contra el terrorismo. Esa es la bandera, además de su mensaje de que en el país hay “tolerancia” hacia el terrorismo, con la que aspira a ganar las elecciones y aumentar su mayoría en el Parlamento. Se ha subido al carro del atentado de Londres y ha abandonado cualquier intención de representar a todos los británicos en estos momentos tan difíciles. Es su forma de conseguir que no se hable de los cerca de 20.000 policías menos que hay en el país a causa de los recortes de gasto público. O de las últimas informaciones que indican que uno de los terroristas fue denunciado por sus ideas por miembros de la mezquita a la que asistía, sin que la policía lo considerara por ello una amenaza. O la última información aparecida en Italia, según la cual Youssef Zaghba, el tercer miembro del grupo responsable del asesinato de siete personas, fue interceptado en ese país cuando viajaba hacia Siria con la aspiración de unirse a las filas del ISIS. Según La Repubblica, los datos de Zaghba fueron enviados a las fuerzas de seguridad británicas y de otros países.

Pero, para May, el problema es la legislación de derechos humanos y el control de las decisiones de los gobiernos por los tribunales. Noticias excelentes para ISIS y sus fanáticos partidarios.

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