Segunda y última oportunidad para el eslogan ‘la justicia es igual para todos’

«Afortunadamente, vivimos en un Estado de derecho y cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La justicia es igual para todos». Lo dijo Juan Carlos I en su discurso de Navidad de 2011. Afortunadamente, la Fiscalía General del Estado ha decidido que no puede esperar más tiempo a ver qué llega de los tribunales suizos o de los medios de comunicación extranjeros y se ha rendido a la evidencia. La Fiscalía del Tribunal Supremo se ocupará de la investigación de las comisiones pagadas por el AVE La Meca-Medina y de la fortuna escondida por Juan Carlos I de Borbón en Suiza. Juan Ignacio Campos, fiscal especializado en delitos económicos, se ocupará del asunto ayudado por otros tres fiscales del Supremo. «Ya era hora», comentó Idoia Villanueva, responsable de la Secretaría de Internacional de Podemos.

Los indicios acumulados permiten asignar al anterior monarca la condición de presunto delincuente y recordar también que sigue siendo inocente hasta que se demuestre lo contrario. La investigación supondrá la mayor caída a los infiernos de la persona a la que la versión oficial de la Cultura de la Transición™ adjudicó el papel de gran conseguidor de la vuelta de la democracia a España. Pasaron los años, pasaron las décadas, llegó la vida fácil y la fascinación por el dinero, llegó Corinna, y el rey decidió ocuparse de conseguir otras cosas. Para sí mismo.

Una de las grandes instituciones del Estado asumirá la responsabilidad de investigar al anterior jefe del Estado, lo que deja en una posición muy complicada a otra gran institución que hasta ahora había decidido fingir que no pasaba nada: el Parlamento. PSOE, PP y Ciudadanos han vetado en numerosas ocasiones iniciativas relacionadas con las acusaciones dirigidas contra Juan Carlos. No ya comisiones de investigación, sino incluso preguntas que, como es sabido, pueden responderse de la manera que se quiera. «La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad», dice la Constitución. El sistema político decidió hace tiempo que eso significaba aplicar una suave pero firme mordaza a los representantes de la soberanía nacional. Si no hablas de un problema, no existe.

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