La guerra fría entre dos revistas de EEUU y Brasil

A principios de los años sesenta, Henry Luce, dueño de un imperio editorial del que formaban parte las revistas Time y Life, decidió intervenir para impedir que el comunismo se extendiera por Latinoamérica. En 1961, Life envió a un fotógrafo a Brasil para que reflejara el impacto de la pobreza en Río de Janeiro. La idea era enviar el mensaje de que EEUU debía aumentar su ayuda a esos países, porque de lo contrario los comunistas se aprovecharían.

El reportaje tuvo un efecto singular. La revista gráfica brasileña O Cruzeiro, de estilo similar a Life, envió a un fotógrafo a Nueva York con la misma intención: mostrar las miserables condiciones de vida de una familia de inmigrantes de Puerto Rico en Manhattan.

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Antes de las vacaciones Casado tenía que dar salida a su catálogo de hechos falsos

Ya estamos casi en agosto. El mes en que los políticos se van de vacaciones, aunque algunos lo nieguen y digan que estuvieron la mayor parte del tiempo en su despacho sin que nadie se enterara. No más declaraciones todos los días en el Congreso, en ruedas de prensa o en entrevistas en los medios de comunicación, en la sede del partido o en visitas a lugares que sólo están ahí para cambiar el fondo de las intervenciones del líder. No más darle vueltas cada día a lo mismo que han dicho el día anterior. No más carreras para dar con el titular con el que atacar al adversario y aparecer destacado en radios, televisiones y medios digitales. No más ruido ni momentos dramáticos impostados. No más artículos como este, lo que en cierto modo también debe de ser un alivio para los lectores.

Pero antes de que comience agosto hay que cumplir con el último ritual. La ofensiva final de todo lo que ya has escuchado. El contraste entre ‘todo es maravilloso’ y ‘todo es un desastre’. Tampoco conviene que los periodistas se quejen, porque los presidentes del Gobierno suelen dar muy pocas ruedas de prensa en las que se puedan hacer más de dos preguntas. El jueves, había sesión doble con Pedro Sánchez y Pablo Casado, separados por dos horas. No es que se estiraran mucho. La de Sánchez duró 48 minutos y casi la mitad se consumió en su discurso inicial. Casado habló más, pero casi fue peor.

Por ser justos, había sesión triple. Inés Arrimadas se sumó al carrusel de ruedas de prensa y ofreció uno de los últimos productos de la fábrica de eslóganes y frases pegadizas de Ciudadanos. Dijo que al final de la legislatura «no van a quedar ni las raspas de España». Viniendo del partido del que quizá no quede nada después de las próximas elecciones –es difícil que consiga grupo parlamentario–, resulta un pronóstico osado. Como también el empleo por Arrimadas de una retórica tan dura como la de Casado, una vez que abandonó la voluntad centrista de negociar acuerdos con el Gobierno.

Más que veleta movida por el viento, aunque anclada en un tejado, Ciudadanos es ahora una bolsa vacía de plástico a la que las corrientes de aire empujan arriba y abajo o abandonan en el suelo cubierta de polvo. Sigue leyendo

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Cuidado con llamar incendiario non grato al que va a Ceuta con una antorcha

Durante décadas, muchas discusiones en Madrid sobre Ceuta y Melilla venían acompañadas de un aviso que quería ser sombrío. Algún día, la población musulmana de ambas ciudades superaría a la de origen español (es decir, católica) y eso pondría en peligro la pertenencia de ambas a España. Ese discurso catastrofista nunca se convirtió en realidad, a pesar de que la premisa casi se ha cumplido. Un 43% de los habitantes de Ceuta es musulmán, según un estudio de la Unión de Comunidades Islámicas de España. El porcentaje supera el 50% en Melilla. Los problemas económicos son reales y los sentimientos racistas existen desde hace tiempo, pero la convivencia nunca se ha quebrado por completo.

Vox ha venido para cambiar esa situación con la idea de que redundará en su favor en las urnas. Atizar el enfrentamiento entre ambas comunidades es su principal argumento. El asalto a la frontera de Ceuta en mayo propiciado por el Gobierno marroquí ha sido una oportunidad que el partido de Santiago Abascal no ha desaprovechado. Su líder fue corriendo a Ceuta para reclamar mano dura y la militarización de la frontera. Regresó después para un mitin en la ciudad, que no llegó a celebrarse por prohibición judicial. Su presencia provocó incidentes cuando centenares de personas le abuchearon frente al hotel en que se encontraba.

La Asamblea de Ceuta votó a favor de denominar a Abascal persona non grata en la ciudad con los votos del PSOE y de dos pequeños partidos locales, MDyC y Caballas, además de la abstención del PP, el primer partido con nueve escaños (el PSOE cuenta con dos menos y Vox con cinco menos tras la salida de otros dos al grupo mixto). El portavoz de Vox en la Asamblea había cumplido antes la orden de sus jefes de elevar al máximo la crispación en los plenos. Un debate sobre una rotonda fue suficiente para que el líder regional de la extrema derecha denunciara al presidente, Juan Vivas, del PP, por no convocar un pleno extraordinario dedicado a los acontecimientos en la frontera, e insultara a Fatima Hamed, del partido MDyC, tachándola de «integrista» y de servir a los intereses de Marruecos. Sigue leyendo

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Los gobiernos israelíes promovieron la venta del software espía de NSO en todo el mundo

La empresa israelí NSO se ha convertido en el proveedor de confianza que necesitaban muchos gobiernos del mundo para vigilar a los partidos de la oposición, periodistas y activistas de movimientos sociales. Su tecnología permite hackear los teléfonos móviles de sus objetivos sin contar con la colaboración involuntaria del sujeto, por ejemplo pinchando en un enlace peligroso. Evidentemente, todo eso puede hacerse sin control judicial, lo que reduce las posibilidades de que los espiados sean conscientes de que están siendo vigilados.

NSO ha conseguido su cartera de clientes no sólo por la calidad de su producto, sino por la colaboración que le ha prestado en los últimos años el Gobierno israelí. El programa Pegasus ha sido una palanca muy eficaz para que los gobiernos de Netanyahu hayan cumplido sus objetivos de política exterior, tanto en sus relaciones con gobiernos autoritarios como para entrar en zonas del mundo que son prioritarias para el país.

La empresa nunca podría haber vendido su herramienta de espionaje sin el permiso expreso del Gobierno israelí. Un artículo de Haaretz establece la coincidencia temporal entre los contratos firmados con esos países y reuniones de Netanyahu y otros altos cargos con los gobiernos interesados. Los viajes del entonces primer ministro a países como México, Hungría, Kazajstán y Azerbaiyán fueron el prólogo para la exportación del software de NSO.

En ocasiones, el proceso era el inverso. Israel era quien llevaba la iniciativa de la política comercial de NSO, incluido el caso más sensible, el de Arabia Saudí. «Israel no sólo permitía que estas ciberempresas (NSO no es la única) vendiera su mercancía a los saudíes –la venta de estas ciberarmas está regulada por el Ministerio israelí de Defensa–; en muchos sentidos la promovía y les animaba a que la vendieran».

En 2017, el Gobierno israelí designó a Arabia Saudí como un «objetivo estratégico» a causa de su rivalidad con Irán. Ese mismo año, NSO hizo la primera demostración de su producto a las autoridades saudíes en una reunión celebrada en Chipre. El periódico cita a una fuente anónima que fue testigo del encuentro y que explica la reacción de los saudíes. «Se fueron a discutir entre ellos. No necesitabas entender el árabe para comprender que estaban atónitos y superexcitados ante lo que habían visto. Estaba claro que era lo que estaban buscando».

Tiempo después, el Gobierno de Riad firmó con NSO un contrato multianual por valor de 50 millones de dólares.

El asesinato del periodista Jamal Khashoggi hizo que NSO se viera obligada a cortar sus servicios al Gobierno saudí en 2018. A mediados de 2019, reanudaron la colaboración.

En el artículo, el consejero delegado de una empresa del sector que no es NSO recuerda que recibió una gran oferta del Gobierno de Emiratos para firmar un contrato por valor de 40 millones de dólares. La empresa lo rechazó por su historial de violaciones de derechos humanos (NSO no ha tenido esos escrúpulos). Después de la negativa, los emiratíes respondieron: «Si hablamos con Bibi (Netanyahu), ¿ayudará?».

Foto: El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, besa la mano de la esposa de Netanyahu durante una visita a Israel.

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No sería España si algunos no se quejaran de la vacunación, el único gran éxito de la pandemia

Las vacunas han sido el gran éxito de la lucha española contra la pandemia. Se peleó de forma indecible en la sanidad pública en los primeros y dramáticos meses de la emergencia, pero desgraciadamente ese era un combate contra un enemigo demasiado poderoso sin que existieran los medios necesarios. Con la vacunación, los resultados han estado a la altura del esfuerzo. En estos momentos, España es uno de los países del mundo con mayor porcentaje de vacunación por delante de Italia, Alemania, Francia y EEUU. Pero no sería España si alguien no intentara ofrecer el balance opuesto: todo es un desastre y nada funciona bien.

Era inevitable que fuera el Partido Popular en Madrid el que llevara la iniciativa en intentar emborronar ese punto positivo entre tantas noticias negativas. En un momento en que todos los países del mundo llevan meses corriendo para que la vacunación pueda neutralizar el avance de una enfermedad que no ha desaparecido, el consejero de Sanidad ofreció la frase de la semana. Acusó al Gobierno de haber hecho de la campaña de vacunación «una competición a ver quién pone más y más rápido», dijo Enrique Ruiz Escudero.

Se supone que esa era la idea. Vacunar lo más rápido posible. Pues va a ser que no. Qué prisas hay con sacar los datos para que unas comunidades autónomas salgan por delante de otras. Es lo que suelen decir los que figuran en los últimos puestos del escalafón. Madrid volvía a quedar atrás, como ocurrió en los primeros meses, y tocaba salir con excusas. Sigue leyendo

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Disfruta del momento: ya no tienes que llevar mascarilla por la calle y los jueces no pueden hacer nada al respecto

Las mascarillas han sido un gran símbolo en la lucha contra la pandemia por la conveniencia de su uso y como símbolo de todas las cosas que han cambiado. Durante un tiempo, se dijo que era casi imposible que en las sociedades individualistas de Europa la gente aceptara llevarlas siempre y en todo momento a diferencia de países como Japón y Corea del Sur. Si no llegaron desde el primer minuto, fue porque no había suficientes en ningún país europeo. Luego se asumieron con naturalidad, excepto en Estados Unidos y Reino Unido, donde sectores libertarios de la derecha o simplemente ultras las definieron como un bozal con el que se pretendía amordazar a los ciudadanos libres. Incluso en Madrid, el territorio donde el PP ha copiado muchas de esas ideas, las autoridades autonómicas las aceptaron sin problemas.

Como muchas de las cosas que hemos presenciado, había una cierta contradicción en la obligación del uso en exteriores. La gente llevaba la mascarilla cuando andaba por la calle, una situación de riesgo bajo en general, y se las quitaba para entrar en un bar o restaurante, cuando los espacios cerrados son los lugares más peligrosos. La realidad es que eran necesarias y ayudaban a que la gente entendiera que se encontraba ante una situación excepcional. También era una de esas medidas que los gobiernos y parlamentos podían tomar sin coste económico alguno para sus presupuestos. No como reforzar la Atención Primaria, por dar un ejemplo.

Gracias al buen ritmo de vacunación, los gobiernos han tenido que limitar la obligatoriedad. No se podía seguir manteniendo un discurso positivo o casi eufórico con el aumento constante del número de inmunizados y seguir imponiendo la mascarilla al salir de casa. Los políticos pueden equivocarse, pero lo mínimo que se les pide es que sean consistentes. La decisión debía convertirse en un real decreto que fuera aprobado por el Parlamento. Un trámite con una votación cuyo resultado de repente no estaba tan claro, porque el PP y Vox no quieren dar al Gobierno ni un minuto de respiro y algunos gobiernos autonómicos habían comenzado a cambiar de opinión con el aumento espectacular de los contagios en las últimas semanas. Sigue leyendo

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Jeff Bezos dice que le hemos pagado el viaje al espacio y no le falta razón

Jeff Bezos pasó cerca de once minutos a bordo del New Shepard en su viaje al punto en el que comienza el espacio exterior, a unos 100 kilómetros de altura. Durante ese breve recorrido, su fortuna aumentó en 1.569.634 dólares, tomando como referencia los 75.000 millones de dólares que disfrutó en 2020. El hombre más rico del mundo se permitió un viaje de placer hasta el punto al que no había llegado antes ningún turista, y recibió una cobertura máxima de los principales medios de comunicación del planeta.

La nave, con un diseño exterior que bien podría ser un homenaje a la película ‘Austin Powers’, es un proyecto de su empresa Blue Origin con la que se pretende ampliar los viajes al espacio a cualquiera con el dinero necesario para costearse el billete. El público  potencial no necesitará contar con una fortuna como la de Bezos, pero deberá estar inscrito en la categoría de millonario. El trayecto costará no menos de 250.000 dólares.

Además, es el punto de partida para convertir a la compañía en un rival a la altura de SpaceX, dirigida por Elon Musk, en el negocio del espacio. SpaceX ya ha desplegado 1.500 satélites en la órbita terrestre y ha llevado a cabo varios viajes hasta la Estación Espacial Internacional para transportar astronautas y carga.

En un mundo acechado por la certidumbre del cambio climático y sus consecuencias para los habitantes del planeta, el viaje del New Shepard es una especie de aperitivo de un escenario que conocemos gracias a las películas de ciencia-ficción. Llegará un momento en que el planeta escasamente sea habitable y los millonarios emplearán su fortuna para encontrar un lugar diferente en el que vivir. Es una visión catastrofista que no tiene por qué cumplirse, pero también se corresponde con un elemento evidente de la realidad. Los muy ricos cuentan con amplias posibilidades de evadirse de los problemas que aquejan a las personas corrientes. La pandemia ya ha ofrecido algunos ejemplos de ello.

Blue Origin definió en sus mensajes a Bezos y sus tres compañeros de partida como «astronautas», lo que está muy lejos de la realidad. Los astronautas son personas de un alto nivel de cualificación profesional que tienen que pasar por un duro y largo entrenamiento. Los pasajeros del New Shepard sólo necesitaron llegar al punto de lanzamiento unos días antes para recibir la (escasa) información que necesitaban saber sobre las condiciones del vuelo.

Después de su regreso a la superficie, Bezos agradeció en una rueda de prensa a «todos los empleados de Amazon y a todos los clientes de Amazon, porque, tíos, vosotros habéis pagado todo esto». Hubo risas y Bezos repitió la frase para resaltar que lo decía en serio.

Muchos de los empleados de Amazon lo considerarán como mínimo un sarcasmo. Han protestado en varios países del mundo por las durísimas condiciones de trabajo, el estrés que sufren para alcanzar las cuotas exigidas y los riesgos que asumieron durante la pandemia. La empresa ha hecho todo lo posible para impedir que los trabajadores formen comités de empresa en los centros de trabajo, también en España. Varios de los que se han distinguido en esa lucha han sido despedidos.

De la misma forma, es imposible disociar el éxito de Amazon, con el que Bezos ha financiado Blue Origin, de su capacidad para pagar pocos o ningún impuesto por los beneficios que obtiene en EEUU y el resto del mundo. En ese sentido, se quedó corto al decir que trabajadores y clientes de Amazon habían pagado el viaje. Sólo habría que sumar a los gobiernos que han permitido la elusión fiscal de la que disfruta su imperio.

«Ahora que ya hemos visto la reentrada del gigantesco falo volador de Bezos, ¿podemos hablar en serio sobre la oligarquía americana?», se pregunta un columnista del Financial Times.

Quizá la cobertura periodística del miniviaje espacial de Jeff Bezos sea un ejemplo de la obsesión contemporánea por la vida de los millonarios. También se puede presentar como un símbolo del mundo en que vivimos, cuyas desigualdades han aumentado durante la pandemia, eso que decían que afectaba a todos por igual. Los activos netos de las 500 personas más ricas del mundo se incrementaron en una tercera parte en 2020, el mayor aumento registrado en el Bloomberg Billionaires Index en los ocho años que lleva realizándose.

Así que está claro que tienen dinero de sobra para subirse a un cohete espacial. Lo que resulta menos evidente es que debamos montar un gran espectáculo cada vez que lo hagan.

Por último, el humor. Jon Stewart dedica una promo de su futuro programa a una parodia de los planes espaciales de Bezos, Musk y Branson. Todo a cuenta de la silueta de la nave de Bezos.

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El holandés es un hijo de puta, el 18 de julio no fue un golpe y otras locas aventuras de la derecha española

Cada día que pasa se nota el terror que el Partido Popular siente ante la llegada de los fondos europeos. Escuchamos con frecuencia a sus dirigentes decir que el Gobierno de Pedro Sánchez está ya amortizado, inerte o sencillamente muerto, mientras reclaman elecciones inmediatas, hoy mejor que mañana, para poner fin a su sufrimiento. Sin embargo, se les escapan comentarios en relación a la ayuda millonaria que llegará de Bruselas que delatan su aprensión. Ven que no habrá elecciones en algo más de dos años, se imaginan a Sánchez lanzando sacos con euros desde un helicóptero, y el cuello de la camisa se les empieza a humedecer por el sudor.

Su análisis del impacto que tendrán esos fondos es un poco milagrero –la economía no funciona así–, pero todo lo ven en términos de suma cero. Todo lo que beneficie a la economía española será aprovechado por el Gobierno y redundará de forma directa en un perjuicio para la oposición. Viajaron a Bruselas para sembrar dudas entre los gobernantes del Partido Popular Europeo y finalmente se llevaron el chasco de que la Comisión Europea aprobara con nota alta los planes presentados por Sánchez.

Siempre les queda la esperanza de que en algún momento alguien en Bruselas cortará el grifo al Gobierno y desequilibrará la balanza electoral en beneficio del PP. Lo que le pase a la economía española no es asunto suyo. Que no se hubiera liado con Sánchez. Sigue leyendo

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Jueces y pandemia forman un cóctel de digestión complicada

Un magistrado del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco afirmó en una tertulia radiofónica en febrero que los epidemiólogos eran «médicos de cabecera que han hecho un cursillito». Un día después, firmó como ponente un auto que ordenaba la reapertura de los bares en los municipios de Euskadi en alerta roja. En el ambiente distendido de la tertulia, confundió de forma reiterada correlación con causalidad al opinar sobre la relación entre medidas restrictivas y datos de incidencia de la Covid. Pocas veces tanto poder ha estado en manos de alguien con tanta ignorancia en relación a algo sobre lo que debía adoptar una decisión.

Más recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias rechazó a finales de junio la imposición de restricciones en bares y restaurantes con el argumento de que «ni se han demostrado como las causas de la problemática de contagio en la isla de Tenerife, ni mucho menos se prevén como las soluciones a una situación que no es dramática para la presión asistencial». Existen numerosos informes científicos que demuestran la alta incidencia del contagio en interiores y algunos llevan el marchamo de la OMS. Los jueces canarios decidieron ignorarlos y dar mayor importancia al daño económico que estaba sufriendo la hostelería. Si los hospitales no están desbordados, llega el momento de llenar los bares. ¿Qué puede salir mal?

Dos semanas después, la incidencia se ha disparado en toda España, a pesar del excelente ritmo del proceso de vacunación. Ya sin estado de alarma en vigor, los gobiernos autonómicos buscan conseguir el amparo judicial que les permita tomar medidas que parecían formar parte del pasado. El empeoramiento descarta en la práctica que el turismo extranjero regrese de forma masiva a España este verano. Sigue leyendo

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Cuando los políticos españoles hablan de Cuba en realidad están hablando de España

Con la última crisis de Cuba, vuelve a la política española una tendencia que ya es norma: utilizar los conflictos que ocurren fuera del país para atizar al rival. El interés por la política exterior es escaso en España, lo que probablemente sea un reflejo de las prioridades de los ciudadanos. Pero como objeto contundente, siempre está ahí disponible. La derecha ataca con Venezuela. La izquierda contraataca con Colombia. La derecha arremete con Cuba. La izquierda responde con el embargo de EEUU a Cuba. La política sobre esas zonas del mundo se contempla como campo de batalla de las guerras propias. Se reserva a los latinoamericanos casi siempre la labor de figurantes.

No se rectifica ni siquiera cuando ciertos modelos se derrumban con estrépito. Después del hundimiento económico y social en Venezuela a partir de 2014, una parte de la izquierda perdió interés en hablar de ese país. Otra decidió que toda crítica al Gobierno de Caracas era imperdonable. La derecha no dejó de atacar a Unidas Podemos desde entonces. Continúa diciendo que son una fuerza «bolivariana». A Pablo Iglesias no le apetecía referirse al tema, pero respondía cuando le preguntaban: «El Gobierno venezolano ha cometido muchos errores, que tienen que ver con la situación de enfrentamiento institucional entre el legislativo y el ejecutivo. Formamos parte de esa sensación de decepción que hay respecto al desencanto del chavismo, que fue ilusionante al principio y que luego ha sido desilusionante», dijo en una entrevista en 2016.

En el Senado, calificó la situación de Venezuela en 2018 de «nefasta». Sin embargo, no muchos dirigentes de Podemos o Izquierda Unida han optado por seguir en esa línea. Ni un paso atrás, parece ser la consigna, no sea que vayan a conceder una victoria al adversario.

En la derecha, ni se han inmutado por el fracaso estruendoso de Mauricio Macri en la presidencia argentina hasta 2019. No fue capaz de controlar la inflación ni de sanear la situación financiera del Estado, tareas que sus partidarios daban por descontadas. Hace unos días, Macri participó en Madrid en un cónclave conservador organizado por Mario Vargas Llosa, donde fue agasajado como si lo suyo hubiera sido una gestión triunfal. Macri es el primer presidente argentino que se presenta a la reelección y pierde. El peronista Alberto Fernández, entre cuyas virtudes no está cierto tipo de carisma que se asocia a muchos dirigentes de su partido, le sacó dos millones de votos y ocho puntos de diferencia.

Las manifestaciones del domingo en Cuba contra el Gobierno y las penosas condiciones económicas que sufre ahora el país han vuelto a colocarlo en primera línea de la política española, como se verá en los próximos días o semanas. El PP y Vox exigen al Gobierno una declaración más «contundente» y que «condene la represión del pueblo cubano», en palabras de Teodoro García Egea.

Como los comunicados del Ministerio de Exteriores no suelen ser un prodigio de claridad, el nuevo ministro, José Manuel Albares, escribió en Twitter que «España defiende el derecho a manifestarse libre y pacíficamente y pide a las autoridades cubanas que lo respeten. Defendemos los derechos humanos sin condiciones». Albares reclamó también la liberación inmediata de la periodista cubana Camila Acosta, que es corresponsal de ABC en la isla y que fue detenida el lunes al salir de su casa. Es la clase de pronunciamientos públicos que el Gobierno cubano siempre rechaza airado. Según la directora de las Américas de Amnistía Internacional, se han llevado a cabo allí 140 detenciones desde el domingo.

Esas críticas no son suficientes para la derecha, que pide que se califique al régimen cubano de dictadura y que España obligue a la Unión Europea a una política de oposición activa a ese Gobierno. Algunos países europeos se han distinguido en esa línea, como la República Checa, pero nunca ha habido un intento real de la Comisión Europea por aplicar a Cuba la misma medicina de sanciones que EEUU tiene vigentes desde hace décadas.

En la noche del martes, Pedro Sánchez tuvo la oportunidad en una entrevista en Telecinco de responder a la pregunta de si Cuba es una dictadura. No empleó la palabra maldita, pero su opinión quedó clara: «Es evidente que Cuba no es una democracia. Dicho esto, tiene que ser la sociedad cubana la que encuentre ese camino (de prosperidad) y la comunidad internacional la que ayude a que encuentre ese camino». Mientras el Gobierno siga manteniendo relaciones diplomáticas con Cuba –y eso ha ocurrido con todos los gobiernos del PSOE y del PP–, será necesario que un presidente español mida sus palabras.

No es necesario ser una dictadura para ser responsable de crímenes terribles. La izquierda acusa a la derecha de ignorar las violaciones de los derechos humanos cometidas por los gobiernos colombianos durante décadas. El episodio más atroz es el caso de los llamados «falsos positivos» en el que el Ejército mató a miles de civiles y los hizo pasar por guerrilleros muertos en combate para engrosar las estadísticas y aumentar sus recompensas económicas. Uno de los dirigentes colombianos favoritos del PP fue Álvaro Uribe, bajo cuya presidencia se cometieron muchas de estas matanzas.

En cualquier caso, es legítima la pregunta de si un determinado país es una dictadura o no, si en él se persigue a la oposición por criticar al Gobierno. Se lo preguntaron en rueda de prensa a Aina Vidal, portavoz de En Comú Podem en el Congreso, y respondió que no cree que Cuba sea una dictadura, aunque destacó como fundamental que en cualquier país se respete el derecho de manifestación. Cuando no ocurre, es difícil llamar a eso una democracia.

Posteriormente, escribió un hilo de Twitter –una herramienta muy popular entre políticos para matizar o completar declaraciones– para insistir en la idea de que el Gobierno cubano está obligado a respetar «los derechos de reunión, protesta y la libre participación política». También el mensaje sobre lo que no hacen los otros en España: «Llama la atención el silencio de quienes olvidan exigirlos en países como Colombia, Arabia Saudí o Qatar».

Lo mismo hizo Idoia Villanueva, eurodiputada y responsable de Internacional de Podemos. Reclamó el respeto al derecho de manifestación, pero dedicó la mayor parte de sus mensajes en Twitter a denunciar el embargo que EEUU lleva décadas sometiendo a la isla. En la última votación en la Asamblea de la ONU, sólo EEUU e Israel se opusieron a una resolución contraria a las sanciones de Washington, recordó Villanueva.

En la última década, sólo hay un país de Oriente Medio cuyo Gobierno llegó al poder con un golpe de Estado, mató a miles de personas y encarceló a decenas de miles. Ese país es Egipto. Los grupos de derechos humanos calculan que 60.000 presos políticos han pasado por sus cárceles. Sin embargo, los gobiernos de Rajoy y Sánchez han mantenido buenas relaciones con ese país por su posición estratégica y su valor económico. Egipto tampoco ha suscitado furibundos debates en el Congreso. Es decir, no existe en la política española.

Debería existir la capacidad de identificar como dictadura a un país que prohíbe las manifestaciones contra el Gobierno y que persigue a las organizaciones de la oposición con independencia de la zona del planeta en que se encuentre y de lo que opinen los rivales en tu país. Aparentemente, no en España. En política interior, los partidos pueden dar muestras de pragmatismo, sobre todo si están en el Gobierno. Sobre política exterior, y como decía Fidel Castro, ni un solo paso atrás ni para coger impulso.

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