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Brasil diputados contra Dilma

La Cámara de Diputados brasileña votó en la noche del domingo el inicio del proceso de destitución de la presidenta Dilma Rousseff. La sesión duró siete horas y en el momento de la votación cada diputado tenía derecho a una breve intervención para explicar su decisión. Como por ejemplo: «Por el cumpleaños de mi nieta».

No, no es un chiste malo. Es lo que dijo uno de ellos. Estos son algunos de los mensajes de pronunciados por los diputados, recogidos por Cecília Olliveira y traducidos por The Economist.

–Por los principios de la cristiandad.
–Por los masones de Brasil.
–Por los productores rurales, porque si no pueden cultivar, no habrá almuerzos ni cenas.
–Por la congregación de la Quadrangular (una Iglesia evangelista).
–Por los ancianos y los niños.
–Por el final de la dependencia de los subsidios sociales.
–Por mi madre Lucimar.
–Por la renovación carismática.
–Por el amor al país.
–Por el fin del escándalo de Petrobras.
–Por el comunismo que amenaza a este país.
–Por la BR 429 (una autopista).
–En recuerdo a las víctimas de la BR 251 (una autopista).
–Por todos los agentes de seguros.
–Por la paz en Jerusalén.
–Por mi madre de 93 años que está en casa.
–Por los militares de 1964 (que se hicieron con el poder en un golpe de Estado).
–Para que no nos convirtamos en rojos como en Venezuela y Corea del Norte.
–Por mi mujer y mi hija que son mi principal electorado.
–En homenaje a mi padre Roberto Jefferson (implicado en un gran escándalo de corrupción en 2005).
–Por mi tía Eurides que cuidó de mí cuando era pequeño.

Hay uno que destaca sobre los demás: «Por Carlos Alberto Brilhante Ustra, el terror de Dilma». Este es el diputado ultraderechista que votó por la destitución y que elogió a los militares golpistas.

Dilma Rousseff fue detenida y torturada durante la dictadura. El coronel Ustra fue el torturador más notorio en la dictadura militar. Como jefe de la inteligencia militar entre 1970 y 1974, ordenó la detención y torturas de centenares de miembros de la oposición o sospechosos de serlo. Supervisó personalmente dos centros de detención y era quien decidía qué presos vivían y cuáles morían, según el testimonio de un agente de esos centros ante la Comisión de la Verdad.

Este es el momento en el que el diputado Bruno Araújo anunció el voto que confirmaba el inicio del proceso de destitución.

Araújo es el mismo diputado que aparece en los documentos conocidos sobre el mayor escándalo actual de corrupción en la política brasileña (Lava Jato) como receptor de sobornos de una empresa constructora.

Pero Araújo no es la excepción, ni un caso singular. En torno a un 60% de diputados están siendo investigados o son sospechosos de distintos delitos –según datos de Transparency Brazil, citados por el NYT–, entre los que están fraude, soborno, deforestación ilegal, secuestro y homicidio. Los privilegios por aforamiento de los que gozan los diputados y el peculiar funcionamiento de la Justicia brasileña hacen que sea difícil conocer la cifra exacta o que los medios citen varias diferentes. El artículo del NYT cuenta casos tan singulares, como el de Paulo Maluf, de 84 años, que tiene el apodo de ‘Rouba mas faz’ (Roba pero hace cosas). Tantas cosas hace que este ex alcalde de Sao Paulo es investigado en EEUU por haberse embolsado un soborno de 11 millones de dólares.

Según este recuento, de 513 diputados de los que tienen datos, 299 aparecen investigados en procesos judiciales y 76 han sido ya condenados. En números absolutos, el partido con más investigados es el PMDB, que ha encabezado la ofensiva contra Dilma. El segundo es el PT, el partido de la presidenta.

Si bien muchos titulares relacionan a Rousseff con la corrupción, no es eso de lo que se le acusa, al menos en términos estrictos. El proceso de destitución tiene que ver con la denuncia contra el Gobierno por haber utilizado fondos de los bancos públicos para maquillar el déficit presupuestario en las cuentas del Gobierno. Es una práctica ilegal que en Brasil llaman «pedaladas fiscales», bastante habitual en presidencias anteriores, y que a nosotros nos puede recordar a lo que pasó en Grecia antes de su entrada en el euro, salvando las diferencias.

Como en muchos otros sitios, la corrupción está relacionada en Brasil con la financiación de los partidos políticos. Sobre eso, hay varios sumarios pendientes contra políticos del PT y contra el propio partido. Se podría haber iniciado un proceso contra Dilma sobre este último asunto, pero no resultaría muy creíble si hubiera procedido de partidos como el PMDB con un largo historial de financiación corrupta. Lo que nos lleva al gran enemigo de Dilma.

Si hay un político que se ha destacado en el intento de acabar con ella es el presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, del PMDB. Algunos diputados de la izquierda aprovecharon los discursos de la votación para llamarle de todo, desde gánster a ladrón. Con Cunha, la cuestión no es el dinero que se haya podido meter en el bolsillo, que también, sino el que ha recogido para financiar al partido. El PMDB es prácticamente una federación de grupos que representan a los terratenientes del interior del país y los grandes caciques regionales. Ha sido también durante los años en el poder del PT el aliado imprescindible del partido de Lula y Dilma.

Cunha aparece implicado en la investigación de Lava Jato como posible receptor, junto a otros dirigentes del partido, en un soborno de 20 millones de dólares. La Fiscalía pretende procesarlo, y está también el detalle de sus cuentas en Suiza, pero para eso necesita la aprobación de la Cámara que preside Cunha. Se puso en marcha una investigación parlamentaria que ha quedado oculta por la destitución de Dilma Rousseff. Resulta llamativo que en un Parlamento con diputados que llevan años o décadas en sus escaños, se encomendó la dirección de esa investigación a un congresista que está en su primer mandato. Muchos dan por hecho en Brasil que Cunha se librará.

El proceso contra Rousseff va ahora al Senado, donde se necesita la mayoría para dar inicio al juicio formal. En ese momento, la presidenta deberá retirarse de forma temporal (durante 180 días) y será relevada por el vicepresidente, Michel Temer, como Cunha, también del PMDB. El veredicto final lo dará el Senado, que necesita una mayoría de dos tercios para destituir a Dilma.

En este momento, uno se pregunta si Temer podrá al menos tener la autoridad suficiente para ostentar el cargo. Sería muy conveniente que no estuviera manchado por la corrupción endémica de la política de su país. Mala suerte, no es así. También está implicado en varios escándalos, uno por la venta ilegal de etanol, otro por ser supuesto beneficiario de los sobornos del constructor Camargo Correa.

Para la opinión pública, no hay dudas. Según una encuesta reciente de Datafolha, sólo tendría el 2% de los votos en las elecciones de 2018. Un 58% cree que también debería pasar por un proceso de destitución. Es un operador veterano en su partido, muy experto en labrar acuerdos entre sus dirigentes. A pesar de que la última vez que se presentó a unas elecciones al Congreso ni siquiera fue de los más votados en su distrito de Sao Paulo, fue elegido presidente del legislativo en 2009 y luego fue compañero de candidatura de Dilma Rousseff en 2010 y 2014.

Tratándose de políticos brasileños, qué menos que añadir algún rasgo exótico. Temer, de 75 años, está casado con Marcela Temer, de 32, que fue ganadora de un concurso de belleza. El detalle indescriptible es que ella lleva tatuado el nombre de su marido en el cuello, con el que se casó en 2003.

En estas condiciones, sin contar con lo del tatuaje, es dudoso que Temer tenga legitimidad suficiente para dar un giro completo a la política del Gobierno. En cualquier caso, algo tiene que hacer porque Brasil está en recesión y este año se prevé que su PIB vuelva a caer en torno al 3,5%. Lo más probable es que dé por hecho que la presidenta será destituida (los dirigentes del PT le acusan de ser el conspirador en la sombra que ha promovido la ofensiva contra Dilma). Ya tiene algunas ideas al respecto. Según Reuters, Temer podría nombrar para su equipo económico a Paulo Leme, presidente de Goldman Sachs Brasil.

El día después de la votación en la Cámara, un influyente diputado senador de la oposición brasileña (Aloysio Nunes, del PSDB) viajó a Washington para reunirse con senadores, altos cargos del Departamento de Estado y la empresa de lobby que preside Margaret Albright. Obviamente, Nunes también está implicado en varios escándalos de corrupción, por si es necesario recordarlo.

El objetivo declarado por Nunes para este viaje era muy claro: «Vamos a explicar que no somos una república bananera».

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