Guerra Eterna

La independencia como estado de ánimo

Hay dos requisitos necesarios para conseguir la independencia y separarse de un Estado. La primera es controlar un territorio, ser capaz de dictar el funcionamiento de la actividad social con independencia de lo que dicte la ley anterior. La segunda es obtener un reconocimiento internacional significativo, contar con aliados exteriores potentes con los que equilibrar las fuerzas. Ese segundo requisito sirve sobre todo para compensar las carencias del primero en el caso muy probable de que el Estado se decida a contraatacar.

La presunta república catalana ha fracasado en la consecución de esos dos objetivos en su primer fin de semana. Con intenciones distintas, lo habían avisado Artur Mas y Miquel Iceta. Si nadie reconoce tu independencia, eres como el árbol que se viene abajo en mitad de un bosque. Nadie te escucha. A menos que prendas fuego a todo el bosque.

¿Cómo van a crear los políticos independentistas un clima de insurrección general en las calles de Catalunya que obligue al Estado a imponer cada día una represión similar a la del 1-O cuando ellos mismos decidieron votar en urna para no tener que significarse en eso que todos llamaban un «momento histórico»? ¿Por qué los ciudadanos van a asumir un riesgo personal si sus representantes electos se escaquearon de esa manera?

Como han destacado algunos de sus partidarios en Twitter, ¿declaran la independencia y luego se van de fin de semana?

El 155 como fracaso colectivo

El 155 es una victoria del Gobierno central por la vía de los hechos. Subestimar el poder coercitivo del Estado contemporáneo en un país de Europa es un error que siempre se paga caro. Es también un fracaso de todo el sistema constitucional español puesto en marcha en 1978.

Nadie lo diría escuchando algunas de las reacciones de dirigentes del PP. El sector de los pirómanos –donde últimamente siempre está Pablo Casado, convencido de que es el mejor sitio para cimentar su carrera política– lo ve como una victoria, igual que las que se celebran en Cibeles.  Casado ya ha amenazado a otras potenciales autonomías insurrectas con el mismo castigo. La adicción al fuego como elemento purificador.

El 155 se incluyó como el botón rojo a disposición del Estado en caso de desastre inminente. El hecho de que no se desarrollara indica hasta qué punto era entonces, como lo ha sido durante décadas, un recurso de última instancia que no era muy inteligente utilizar. Como una bomba nuclear lanzada para destruir a un ejército que quiere tomar una ciudad al precio de matar también a los tuyos.

Por definición, es una herida autoinfligida. Eliminas las competencias que la Constitución concede a esa autonomía, en lo que es un elemento crucial del pacto constitucional del 78, y lo haces precisamente para defender esa Constitución. Una amputación que puede matar al paciente o dejarlo irreconocible.

Al no estar muy detallado en los textos legales, el 155 concede al Gobierno casi todo el poder que quiera ejercer. Por tanto, le adjudica toda la responsabilidad sobre sus consecuencias. Y es difícil que se pueda emplear más de una vez.

To be or not to be

Mariano Rajoy no eligió un 155 blando porque esa opción no existía, pero al menos limitó en el tiempo su aplicación. La convocatoria inmediata de elecciones contribuye mucho a desactivar la tensión. A fin de cuentas, lo que hace es dar comienzo a una campaña electoral y obligar a ERC y PDeCAT a dar un paso que no estaba en sus planes. Al menos, es el paso que Puigdemont no se atrevió a dar. Presentarse a las nuevas elecciones supone ahora reconocer la autoridad de la institución que las convoca.

¿Qué otra cosa pueden hacer? ¿Conceder la victoria a sus rivales políticos y confiar en que en cuatro años todo haya cambiado? Oriol Junqueras ya ha dicho que habrá que tomar decisiones  «que no serán siempre fáciles de entender». Concurrir a unas elecciones en un Estado extranjero es una de ellas, sin duda. Pretender que en realidad están participando en unas elecciones «constituyentes» terminará por convencer a sus partidarios de que esos políticos no viven en el mundo real.

El fetichismo de las urnas

Una convocatoria adelantada de elecciones supone trasladar a los ciudadanos la búsqueda de las soluciones que los políticos no han sabido encontrar. Que decidan los votantes, anuncian. Poco se puede alegar en contra de esta idea. Todos diríamos que es la más democrática. El problema es que las elecciones no son un gran mecanismo para resolver problemas políticos profundos que se remontan a años o décadas. Sólo son útiles, lo que no es poco, para dejar patente la voluntad del electorado. 

Si una determinada correlación de fuerzas ha provocado una crisis, las urnas podrían ofrecer un resultado similar. O un resultado diferente pero imposible de gestionar políticamente. 

Ya se vio en las elecciones de 2015 y 2016. El resultado supuso el fin del bipartidismo en España y un paisaje político muy diferente al anterior. ¿El desenlace? Otro Gobierno presidido por Mariano Rajoy. 

¿Tendrán los partidos catalanes un plan B en caso de que la medicina impartida por los votantes sea inútil para curar al enfermo? Poco probable, y si lo tienen, no lo revelarán en la campaña. 

El PSOE mira todo desde lejos

Pedro Sánchez se ha manejado en esta crisis con el mismo cuidado con que los puercoespines se aparean, por utilizar el chiste de costumbre. Varias comparecencias sin permitir preguntas de los periodistas y discursos en actos del partido. Ha dejado la primera línea de batalla al PSC y ha pactado con el PP la aplicación del 155. El argumento del PSOE es que ellos han colaborado con el Gobierno en aras de la estabilidad y del respeto a la Constitución. A partir de ahora, les toca hacer oposición y la responsabilidad de lo que ocurra corresponde a Rajoy y al Partido Popular.

En cierto modo, es lo mismo que sostenían Susana Díaz y la gestora del PSOE después de propiciar la reelección de Rajoy con su abstención. No les funcionó muy bien. Sánchez cuenta ahora con la ventaja de que el electorado socialista no le castigará por haber plantado cara a los independentistas catalanes. El mayor inconveniente es que si su discurso sobre Cataluña termina siendo indistinguible de la actuación del Gobierno corre el riesgo de acabar como el macho de mantis religiosa tras las inevitables labores reproductoras. Se sigue esperando la propuesta concreta que harán los socialistas a la Catalunya que quiere dar la espalda a España.

¿Podemos? ¿Cuál de todos?

Si el PSOE prefiere que sea el PSC el que asuma todos los riesgos, en Podemos la idea más extendida es: lo que diga Ada Colau. Y ahí empieza el problema, al menos fuera de Catalunya. La alcaldesa de Barcelona participó en el referéndum del 1-O porque, dijo, eso ya no iba sobre independencia, sino sobre el derecho a decidir y el rechazo a la actuación policial. Esa misma noche, los hechos le desmintieron en forma de discurso de Puigdemont. Todo esto siempre ha sido sobre la independencia. En eso, nadie puede acusar de deshonestos a ERC, el PDeCAT y la CUP.

El lema «ni 155 ni DUI» es fácil de explicar y de entender. El partido de Pablo Iglesias ha sido coherente en su defensa de un referéndum pactado, pero si hay algo que parece ahora lejos del alcance de todos es un pacto sobre esa cuestión.

Los dirigentes de Podemos saben que sus mensajes siempre han sido más agresivos en su denuncia de la actuación de Rajoy que de la de Puigdemont. No es seguro que sus votantes repartan las culpas con el mismo porcentaje. Desde luego,  Alberto Garzón ha hecho críticas a la motivación nacionalista de los independentistas más difíciles de escuchar en boca de dirigentes de Podemos. Capítulo aparte merece la corriente interna de Anticapitalistas, que ha saludado la proclamación de la «república catalana» como anticipo de los cambios que ellos apoyan. Unidos Podemos… hasta cierto punto.

Esta crisis pilla a Podemos en el peor momento posible cuando es complicado sostener que su partido en Cataluña existe como tal. Su secretario general allí es Albano-Dante Fachin, enfrentado desde hace meses a la dirección nacional. En la noche del domingo, el  Consejo Ciudadano Estatal  se ha impuesto sobre la dirección catalana para convocar una consulta entre sus bases. Con tal medida, ha cortocircuitado a Fachin que amagaba con la abstención en las elecciones de diciembre. 

Su marca electoral hasta ahora, la coalición Catalunya Sí que es Pot, se ha convertido en eso que los dirigentes de Podemos llamaban hace unos años la sopa de siglas que pretendían evitar. Todos se oponen a lo mismo. No está claro que todos defiendan lo mismo.

El futuro de Podemos en Cataluña  gira en torno al partido o coalición que va creciendo en torno a Ada Colau. Lo que nos lleva al comienzo. ¿Cuánto apoyo hay a la idea de plurinacionalidad fuera de Catalunya?

Los puentes

Todo esto comenzará a adquirir un cariz mucho más sombrío si empiezan a entrar políticos independentistas en la cárcel, y ya hay dos dentro en prisión preventiva por razones difíciles de entender. Es sencillo poner en marcha la maquinaria judicial a través de los fiscales. No tanto frenarla cuando queda claro que ese rodillo es la única esperanza que queda a los independentistas para sacar a la gente a la calle.

Esta crisis no se resolverá sin puentes entre las partes enfrentadas. De lo contrario, ya podemos acostumbrarnos a continuar así durante muchos años, con esporádicos intervalos de distensión.

Los puentes son lugares peligrosos en las guerras. Todos terminan disparando sobre ellos.

En los últimos años, en la izquierda se ha extendido la idea de que el sistema político que comenzó con la Constitución de 1978 presenta un estado agonizante. Este sábado 21 de octubre, la derecha ha decidido sumar argumentos a esa idea por la vía de los hechos. El Gobierno de Mariano Rajoy ha suspendido la autonomía catalana con la aplicación del artículo 155, el cese del presidente de la Generalitat y de su Gobierno y la asunción por el Gobierno central de todas las competencias que el Estatut da a las instituciones catalanas.

No es sólo el Govern el que es decapitado por una medida que será ratificada por el Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta. Hasta su disolución, el Parlament se quedará sin las competencias que tienen los legislativos en un sistema democrático. No podrá nombrar a un nuevo Govern y no podrá realizar las labores tradicionales de control del poder ejecutivo. El Gobierno central gobernará Cataluña y sólo el Congreso y el Senado pueden controlar sus acciones.

El 155 es un síntoma del fracaso del sistema político en esta crisis. Supone acabar con la autonomía catalana durante el tiempo en que esté en vigor el 155, y por tanto clausurar el pacto constitucional que se puso en marcha en 1978. Es cierto que los independentistas catalanes han dado sobradas muestras de que pretenden romper ese pacto y obtener la secesión de Cataluña. No es menos cierto que el 155 supone en la práctica un estado de excepción que cancela el reparto de poder territorial que hizo posible la actual Constitución.

Lo más grave no es la decisión en sí misma de invocar el 155 y convocar nuevas elecciones en Cataluña, sino las repercusiones que tendrá la medida en los próximos meses o años. Si hasta ahora se dice que la actual crisis tuvo como desencadenante los cambios impuestos en el Estatut por el Tribunal Constitucional, sería estúpido pretender que lo ocurrido ahora tenga menos influencia. El legado del 155 nos perseguirá durante mucho tiempo.

Ante un desafío político de la máxima gravedad, el Gobierno ha optado por utilizar al fiscal general del Estado como ariete con el objetivo de amenazar con la prisión y aplicarla en el caso de los dos principales líderes de la movilización independentista. Siempre que la tensión política ha aumentado al límite, el fiscal general Maza ha filtrado a los medios de comunicación su intención de utilizar los delitos de sedición, primero, y después de rebelión para ir contra los responsables de un desafío que es obviamente político. Como dijo Manuela Carmena, «el Derecho penal no cambia ideas». Su aplicación ciega puede tener como consecuencia hacer más populares las ideas que se quieren perseguir.

En una democracia al final siempre están las urnas esperándote y nada podrá hacerse contra la voluntad de los ciudadanos catalanes. De ellos depende el desenlace de los acontecimientos de los que somos testigos estos días. Hay una cosa que está bastante clara. Dentro de seis meses, el Partido Popular seguirá siendo la quinta fuerza del Parlament (y no es la sexta porque la coalición Junts pel Sí engloba a dos partidos). La legitimidad del Estado se habrá visto seriamente mermada por la situación actual. El discurso de los independentistas se verá reforzado, porque al otro lado habrá un Gobierno que sostendrá que el autogobierno catalán no se ha visto afectado por el hecho de que Cataluña sea gobernada desde Madrid. Esto último es precisamente lo que el pacto constitucional del 78 pretendía evitar.

El mismo Gobierno que prometió que no habría urnas en la consulta del 1 de octubre y que luego lanzó a policías y guardias civiles a que golpearan con saña a los que querían entregar su papeleta –ensuciando la reputación de España en Europa– ahora nos quiere convencer de que la aplicación del artículo 155 servirá para «recuperar la convivencia», en palabras de Rajoy. Los que se han sido incapaces de hilar un discurso positivo para ganarse la confianza de los catalanes ahora se harán con el control de Tv3 y Catalunya Radio para garantizar que ofrezcan «una información veraz objetiva y equilibrada».

Si la unidad de España depende de ellos, hay motivos para temer lo peor.