Cuando los políticos españoles hablan de Cuba en realidad están hablando de España

Con la última crisis de Cuba, vuelve a la política española una tendencia que ya es norma: utilizar los conflictos que ocurren fuera del país para atizar al rival. El interés por la política exterior es escaso en España, lo que probablemente sea un reflejo de las prioridades de los ciudadanos. Pero como objeto contundente, siempre está ahí disponible. La derecha ataca con Venezuela. La izquierda contraataca con Colombia. La derecha arremete con Cuba. La izquierda responde con el embargo de EEUU a Cuba. La política sobre esas zonas del mundo se contempla como campo de batalla de las guerras propias. Se reserva a los latinoamericanos casi siempre la labor de figurantes.

No se rectifica ni siquiera cuando ciertos modelos se derrumban con estrépito. Después del hundimiento económico y social en Venezuela a partir de 2014, una parte de la izquierda perdió interés en hablar de ese país. Otra decidió que toda crítica al Gobierno de Caracas era imperdonable. La derecha no dejó de atacar a Unidas Podemos desde entonces. Continúa diciendo que son una fuerza «bolivariana». A Pablo Iglesias no le apetecía referirse al tema, pero respondía cuando le preguntaban: «El Gobierno venezolano ha cometido muchos errores, que tienen que ver con la situación de enfrentamiento institucional entre el legislativo y el ejecutivo. Formamos parte de esa sensación de decepción que hay respecto al desencanto del chavismo, que fue ilusionante al principio y que luego ha sido desilusionante», dijo en una entrevista en 2016.

En el Senado, calificó la situación de Venezuela en 2018 de «nefasta». Sin embargo, no muchos dirigentes de Podemos o Izquierda Unida han optado por seguir en esa línea. Ni un paso atrás, parece ser la consigna, no sea que vayan a conceder una victoria al adversario.

En la derecha, ni se han inmutado por el fracaso estruendoso de Mauricio Macri en la presidencia argentina hasta 2019. No fue capaz de controlar la inflación ni de sanear la situación financiera del Estado, tareas que sus partidarios daban por descontadas. Hace unos días, Macri participó en Madrid en un cónclave conservador organizado por Mario Vargas Llosa, donde fue agasajado como si lo suyo hubiera sido una gestión triunfal. Macri es el primer presidente argentino que se presenta a la reelección y pierde. El peronista Alberto Fernández, entre cuyas virtudes no está cierto tipo de carisma que se asocia a muchos dirigentes de su partido, le sacó dos millones de votos y ocho puntos de diferencia.

Las manifestaciones del domingo en Cuba contra el Gobierno y las penosas condiciones económicas que sufre ahora el país han vuelto a colocarlo en primera línea de la política española, como se verá en los próximos días o semanas. El PP y Vox exigen al Gobierno una declaración más «contundente» y que «condene la represión del pueblo cubano», en palabras de Teodoro García Egea.

Como los comunicados del Ministerio de Exteriores no suelen ser un prodigio de claridad, el nuevo ministro, José Manuel Albares, escribió en Twitter que «España defiende el derecho a manifestarse libre y pacíficamente y pide a las autoridades cubanas que lo respeten. Defendemos los derechos humanos sin condiciones». Albares reclamó también la liberación inmediata de la periodista cubana Camila Acosta, que es corresponsal de ABC en la isla y que fue detenida el lunes al salir de su casa. Es la clase de pronunciamientos públicos que el Gobierno cubano siempre rechaza airado. Según la directora de las Américas de Amnistía Internacional, se han llevado a cabo allí 140 detenciones desde el domingo.

Esas críticas no son suficientes para la derecha, que pide que se califique al régimen cubano de dictadura y que España obligue a la Unión Europea a una política de oposición activa a ese Gobierno. Algunos países europeos se han distinguido en esa línea, como la República Checa, pero nunca ha habido un intento real de la Comisión Europea por aplicar a Cuba la misma medicina de sanciones que EEUU tiene vigentes desde hace décadas.

En la noche del martes, Pedro Sánchez tuvo la oportunidad en una entrevista en Telecinco de responder a la pregunta de si Cuba es una dictadura. No empleó la palabra maldita, pero su opinión quedó clara: «Es evidente que Cuba no es una democracia. Dicho esto, tiene que ser la sociedad cubana la que encuentre ese camino (de prosperidad) y la comunidad internacional la que ayude a que encuentre ese camino». Mientras el Gobierno siga manteniendo relaciones diplomáticas con Cuba –y eso ha ocurrido con todos los gobiernos del PSOE y del PP–, será necesario que un presidente español mida sus palabras.

No es necesario ser una dictadura para ser responsable de crímenes terribles. La izquierda acusa a la derecha de ignorar las violaciones de los derechos humanos cometidas por los gobiernos colombianos durante décadas. El episodio más atroz es el caso de los llamados «falsos positivos» en el que el Ejército mató a miles de civiles y los hizo pasar por guerrilleros muertos en combate para engrosar las estadísticas y aumentar sus recompensas económicas. Uno de los dirigentes colombianos favoritos del PP fue Álvaro Uribe, bajo cuya presidencia se cometieron muchas de estas matanzas.

En cualquier caso, es legítima la pregunta de si un determinado país es una dictadura o no, si en él se persigue a la oposición por criticar al Gobierno. Se lo preguntaron en rueda de prensa a Aina Vidal, portavoz de En Comú Podem en el Congreso, y respondió que no cree que Cuba sea una dictadura, aunque destacó como fundamental que en cualquier país se respete el derecho de manifestación. Cuando no ocurre, es difícil llamar a eso una democracia.

Posteriormente, escribió un hilo de Twitter –una herramienta muy popular entre políticos para matizar o completar declaraciones– para insistir en la idea de que el Gobierno cubano está obligado a respetar «los derechos de reunión, protesta y la libre participación política». También el mensaje sobre lo que no hacen los otros en España: «Llama la atención el silencio de quienes olvidan exigirlos en países como Colombia, Arabia Saudí o Qatar».

Lo mismo hizo Idoia Villanueva, eurodiputada y responsable de Internacional de Podemos. Reclamó el respeto al derecho de manifestación, pero dedicó la mayor parte de sus mensajes en Twitter a denunciar el embargo que EEUU lleva décadas sometiendo a la isla. En la última votación en la Asamblea de la ONU, sólo EEUU e Israel se opusieron a una resolución contraria a las sanciones de Washington, recordó Villanueva.

En la última década, sólo hay un país de Oriente Medio cuyo Gobierno llegó al poder con un golpe de Estado, mató a miles de personas y encarceló a decenas de miles. Ese país es Egipto. Los grupos de derechos humanos calculan que 60.000 presos políticos han pasado por sus cárceles. Sin embargo, los gobiernos de Rajoy y Sánchez han mantenido buenas relaciones con ese país por su posición estratégica y su valor económico. Egipto tampoco ha suscitado furibundos debates en el Congreso. Es decir, no existe en la política española.

Debería existir la capacidad de identificar como dictadura a un país que prohíbe las manifestaciones contra el Gobierno y que persigue a las organizaciones de la oposición con independencia de la zona del planeta en que se encuentre y de lo que opinen los rivales en tu país. Aparentemente, no en España. En política interior, los partidos pueden dar muestras de pragmatismo, sobre todo si están en el Gobierno. Sobre política exterior, y como decía Fidel Castro, ni un solo paso atrás ni para coger impulso.

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