El fútbol español colabora con el Gobierno saudí que tortura a Loujain al Hathloul

Es muy posible que cuando cuatro de los mejores clubes españoles de fútbol celebren la Supercopa en Arabia Saudí en enero aún esté en prisión Loujain al Hathloul, detenida el 15 de mayo de 2018 por defender los derechos de la mujer, en especial el simple derecho de conducir un automóvil. No fue la única. Varias mujeres fueron arrestadas y encarceladas por el mismo motivo. Días después, los medios de comunicación gubernamentales publicaron artículos en los que les acusaban de «traidoras» por formar una célula que suponía una amenaza para la seguridad del Estado por su «contacto con entidades del extranjero con el objetivo de socavar la estabilidad y el tejido social del país», como denunció Amnistía Internacional.

El Gobierno saudí no tiene inconveniente en llegar a acuerdos con otras «entidades del extranjero», como en este caso la Real Federación Española de Fútbol. En su campaña de imagen, el deporte es un factor fundamental, porque sólo requiere de mucho dinero. Lo hacen ya los Emiratos y Qatar de distintas formas, pero el secretismo propio del régimen saudí planteaba algunas dificultades. Al final, el dinero abre todas las puertas, en especial las de aquellos dispuestos a venderse a cambio de una bolsa.

La que reciba el fútbol español por celebrar la Supercopa en Arabia Saudí no será pequeña. 120 millones de euros por tres años. Por la cita de enero de 2020, los cuatro clubes (Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona y Valencia) se repartirán veinte millones. La Federación, que se lleva la mitad del botín, alardea de que las mujeres tendrán acceso libre al estadio. Siempre que no estén en la cárcel.

El príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, está obsesionado con demostrar que su país está preparado para una completa modernización. Eso no incluye aceptar que las mujeres defiendan en público sus derechos y cuestionen una monarquía que considera que ellas son ciudadanas de segunda clase. Ni siquiera cuando el régimen está dispuesto a permitir ciertos cambios, como el fin de la anacrónica prohibición de conducir, puede tolerar que haya mujeres que se hayan movilizado para protestar por ese motivo. Eso es lo que provocó la detención de Loujain al Hathloul y otras mujeres cuando ya estaba decidido el levantamiento del veto. Los cambios tienen que ser concedidos desde arriba. No pueden tolerar que se reclamen desde la sociedad.

El pasado verano, se supo que el Gobierno había ofrecido la liberación a Al Hathloul si negaba en una declaración haber sido torturada. Ella se negó rompiendo en pedazos el papel en que habían escrito el texto que debía leer, según su familia. «Ha estado detenida en confinamiento solitario, ha sido golpeada, ha sufrido el ‘waterboarding’, descargas eléctricas y acoso sexual, ha sido amenazada con la violación y asesinato», escribió su hermana Alia, que contó en enero lo que ella había relatado a sus padres en una visita. Es una descripción que coincide con otras realizadas por otros presos políticos.

La represión es un elemento fundamental de la respuesta del Estado a cualquier brote de disidencia. Hace unos días, las fuerzas de seguridad difundieron un vídeo para recordar que «todas las formas de extremismo y perversión son inaceptables». Entre ellas, incluye el feminismo, el ateísmo y la homosexualidad.

«El feminismo, el ateísmo y la homosexualidad no son actos criminales», ha dicho Amnistía Internacional. «Este anuncio es extremadamente peligroso y tiene graves implicaciones para los derechos a la libertad de expresión y a la vida, la libertad y la seguridad en el país. Cuestiona la apariencia de progreso bajo Mohamed bin Salmán y revela el auténtico rostro intolerante del reino que criminaliza las identidades de la gente, así como las ideas progresistas y reformistas» (hace unas horas, y tras la repercusión de la noticia fuera del país, otro organismo estatal, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, excluyó el feminismo de esta lista).

Las mujeres saudíes podrán asistir a la Supercopa española, pero si intentan defender sus derechos, acabarán en un calabozo. Eso no impedirá que el fútbol español se lleve una cuantiosa recompensa por blanquear la imagen de sus carceleros.

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