Hay muy poca dignidad en la política económica del Gobierno italiano

La caótica y preocupante situación creada en Italia por el nuevo Gobierno de la Liga y el M5S ha provocado la aparición de algunos compañeros de viaje previsibles, como la extrema derecha de Francia y Hungría, y otros más inesperados en el caso de España.

La izquierda se ha visto sorprendida este verano por un artículo de Manuel Monereo, Julio Anguita y Héctor Illueca, ¿Fascismo en Italia? Decreto Dignidad, que olvida la política xenófoba y racista fomentada por el ministro de Interior, Matteo Salvini, para elogiar de forma entusiasta un decreto ratificado por el Parlamento en agosto que revierte algunas de las reformas laborales aprobadas por un Gobierno anterior de Matteo Renzi.

Monopolizada la atención por Salvini, que le ha servido a la Liga para doblar su intención de voto en los sondeos más recientes con respecto a las últimas elecciones, este decreto es la primera medida significativa que surge del M5S, en concreto del Ministerio de Trabajo que dirige su líder, Luigi Di Maio. Sectores de ese partido no se explican cómo el joven di Maio se ha dejado dominar por el omnipresente Salvini, mientras que el primer ministro es tan irrelevante que pocos conocen su nombre fuera del país (Giuseppe Conte, por si es necesario mencionarlo).

“Partiendo de esta base, no puede negarse que el Decreto Dignidad constituye un punto de inflexión en las políticas sociales aplicadas en Italia desde la irrupción del neoliberalismo”, dice el artículo. “Se dirá, con razón, que la norma no cuestiona el paradigma dominante del mercado de trabajo y que serían necesarias reformas mucho más profundas y ambiciosas. Así es. Pero ello no debería impedirnos valorar en su justa medida el Decreto Dignidad”.

Monereo, Anguita e Illueca cuestionan desde el mismo titular que se relacione al Gobierno de Salvini-di Maio con el fascismo obviando que la nueva extrema derecha europea ha sido lo bastante hábil como para adoptar algunos elementos del discurso contra la austeridad. Lo hizo Marine Le Pen en Francia o Gert Wilders en Holanda en sus últimas campañas electorales, pero siempre desde la posición que dicta que son los auténticos franceses u holandeses los perjudicados por una política económica europea que prima la llegada de inmigrantes (lo que es falso) y pone en peligro el Estado de bienestar por el alto gasto social que suponen los extranjeros (también falso).

No hay ningún cambio de modelo económico en su mensaje, excepto en un vago rechazo de la globalización desde posiciones nacionalistas, sino un intento de mantener el actual haciendo que los pobres culpen de su precaria situación económica a los que son aún más pobres que ellos y que gozan de aún menos derechos. Y que los ricos tengan que pagar menos impuestos.

Ese ha sido el mensaje predominante del actual Gobierno italiano, que poco tiene que ver con el concepto de dignidad.

El decreto de Di Maio establece una reducción de la duración máxima de los contratos temporales en Italia desde 36 a 24 meses. El número máximo de renovaciones será de cuatro en vez de cinco. Después de los primeros 12 meses, sólo se podrán prorrogar alegando razones específicas.

En España el límite máximo es de tres años, ampliable uno más si eso se permite en el convenio colectivo). El Estatuto de los Trabajadores establece que si alguien ha trabajado 24 meses– en un periodo de 30 meses– con dos o más contratos temporales en esa empresa tendrá el derecho de reclamar convertirse en fijo.

En ambos países, la apuesta de las empresas por los contratos temporales está provocando graves problemas de precariedad. No es lo mismo en todos los países. Los datos de la OCDE revelan que la temporalidad es muchísimo más alta en España (26,7%) que en Italia (15,4%).

El artículo elogia las medidas contra la deslocalización con sanciones equivalentes a las subvenciones recibidas a las empresas que abandonen Italia, siendo aún mayores si trasladan sus instalaciones a un país fuera de la UE. Estas sanciones son fácilmente recurribles ante los tribunales a menos que las empresas se salten condiciones específicamente señaladas en los contratos firmados, que les permitieron por ejemplo exenciones fiscales. Las leyes raramente permiten los castigos a posteriori por razones sobrevenidas. El principio de seguridad jurídica existía antes que el neoliberalismo.

La realidad económica plantea limitaciones también. Donald Trump prometió castigos infinitos a las empresas que cerraran sus instalaciones en EEUU para trasladarlas a México. El caso más conocido fue el de la empresa Carrier. Le sirvió para ganar unos cuantos titulares y continuar engañando a sus votantes, pero los hechos demuestran que esos puestos de trabajos siguen condenados, que ciertas empresas no tienen futuro en sus condiciones actuales y que al final no hay tal desafío al orden económico desde la derecha.

Las grandes corporaciones recibieron después un gigantesco premio a través de la reducción de los impuestos, cuya principal consecuencia no ha sido un aumento de las contrataciones gracias al aumento de beneficios, sino mayores dividendos para los accionistas y mayores ingresos por la venta de acciones para sus ejecutivos. No hay defensa para ese nacionalismo económico desde la izquierda.

En cuanto a que si el Gobierno de Maio-Salvini va a plantar cara a la Comisión Europea de la forma en que Monereo-Anguita-Illueca desearían, da la impresión de que van a quedar algo decepcionados.

Salvini ha dicho en varias ocasiones que cada país de la UE debería tener derecho a establecer su propia política económica. Quiere aprobar un impuesto único (flat tax) a ciudadanos y empresas de entre el 15% y el 20%, lo que supondría una reducción fiscal para los más ricos no muy distinta a la de EEUU. Combinada con la idea de M5S de poner en marcha de un sistema de renta básica, provocaría un aumento astronómico de la deuda, que ya está en el 130% del PIB.

La propuesta de renta básica de M5S que se incluyó en el acuerdo del Gobierno de coalición está destinada a los que están bajo el umbral de pobreza durante un periodo máximo de dos años que estén buscando un empleo, un sector que recibe en Italia menos ayudas sociales que en otros países europeos, algo que se podría decir también de España.

Todo eso quedará más claro cuando el Gobierno presente a finales de septiembre su proyecto de presupuestos para 2019. Salvini ya se ocupó a principios de mes de enfriar el ambiente. Tranquilizó a los empresarios y a los mercados financieros con la idea de que ese aumento del gasto público y descenso de ingresos fiscales se harán de forma gradual a lo largo de los cinco años de legislatura. En la campaña, su partido dijo que eso se pagaría solo, con el crecimiento de la economía y el descenso de la evasión fiscal. Para entendernos, la curva de Laffer a la italiana.

“Intentaremos respetar todas las normas, todas las limitaciones y todos los compromisos realizados. Haremos que este país crezca y que los italianos vivan mejor sin irritar a los que nos vigilan desde arriba”, dijo.

El ministro de Economía, Giovanni Tria, un profesor universitario que fue miembro del consejo de la OIT y que no pertenece a la Liga o el M5S, pretende que el presupuesto prevea un déficit inferior al 2%, en la línea de lo que podría aceptar la Comisión Europea. Salvini intenta que esté algo por encima del 2%, lo que no sería un cambio espectacular. Medios italianos han informado de que llegaría a aceptar un déficit entre el 1 y el 2% en la senda por la que iba el anterior Gobierno, pero eso aún no se sabe con seguridad. Es lo que se está negociando ahora, pero está claro que no hay tal desafío a la UE. Mucho menos un “punto de inflexión” en la economía italiana.

La UE exige que los déficit estén por debajo del 3% y el porcentaje de deuda sobre el PIB con el 60% como máximo. Lo segundo es imposible en el caso de Italia, como en el de otros países, y por tanto admite un amplio margen de negociación con la UE.

Algunos halcones de la Comisión preferirían un duelo al sol con el Gobierno italiano a cuenta de la previsión del déficit. Eso tampoco es probable, porque en Bruselas son conscientes de que daría a Salvini una bandera nacionalista con la que presentarse en las elecciones europeas de mayo con la aspiración de convertirse en el primer partido del país con una gran distancia sobre su socio de coalición.

Por último, conviene echar un vistazo a los planes fiscales de la Liga y su capacidad para convertirse en símbolo de dignidad para cierta izquierda. Al firmar el acuerdo con M5S, pasaron de un tipo único del 15% a dos, el 15% y el 20% en función de los ingresos, con exenciones a las rentas más bajas, como ocurre en España. En estos momentos, el tipo máximo del IRPF para las rentas superiores a 75.000 euros anuales es del 43% en Italia. Reducir ese tipo máximo al 20% permitiría a las rentas de trabajo más altas en Italia disfrutar del régimen fiscal más favorable entre las principales economías de la OCDE.

Restar importancia a la política xenófoba y racista del Gobierno italiano a cambio de un decreto de dudoso éxito que restringe algo la contratación temporal –por lo tanto, comprando la propaganda de esos partidos–, mientras ese mismo Gobierno aspira a dejar en un nivel ínfimo los impuestos a los ricos puede definirse de muchas maneras, casi todas con epítetos muy poco elegantes, pero desde luego tiene muy poco que ver con la izquierda.

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