Manipulación del Gobierno español para justificar la venta de armamento a Arabia Saudí

El desafío que supuso la decisión del Ministerio español de Defensa de paralizar la venta de 400 bombas a Arabia Saudí no ha durado mucho tiempo. El Gobierno ha rectificado tras la protesta del embajador saudí. “Las aguas han vuelto a su cauce. No habrá represalias saudíes”, garantizó una fuente del Gobierno a El País.

La realpolitik y las relaciones comerciales se han impuesto sobre los derechos humanos, pero además hemos sido testigos de un intento nada honesto de minimizar el peligro del armamento vendido.

El ministro Josep Borrell confirmó el jueves que España cumplirá su compromiso de venta de un material militar que puede ser utilizado en la campaña de bombardeos indiscriminados que Arabia Saudí y Emiratos, con la ayuda fundamental de EEUU y Reino Unido, iniciaron en Yemen hace más de tres años.

Habrán visto en muchos medios desde hace tiempo la cifra de 10.000 muertos provocados en la guerra civil de Yemen (la primera referencia por una fuente de la ONU a esa cifra es de agosto de 2016). El número real es mucho mayor, aunque es imposible saberlo con exactitud. Un estudio independiente realizado por un think tank especializado en conflictos lo eleva a 50.000 en el periodo comprendido entre enero de 2016 y julio de 2018. Ese cómputo no incluye los miles de civiles muertos no en combates, pero sí por causas relacionadas directamente con la guerra. Me refiero a los fallecidos por la desnutrición y la epidemia de cólera originados en buena parte por el bloqueo naval realizado por los saudíes.

La mayoría de los civiles muertos en acciones de guerra han perecido en ataques de la coalición dirigida por los saudíes con ataques específicos sobre zonas residenciales, clínicas, mezquitas, centrales eléctricas, centrales de potabilización de agua y todo tipo de infraestructura civil. No es ‘carpet bombing’ (bombardeo de saturación) como el empleado en la Segunda Guerra Mundial para arrasar ciudades y que es considerado un crimen de guerra por las Convenciones de Ginebra. Son ataques realizados directamente sobre objetivos determinados de antemano y que cuando se hacen sobre la infraestructura civil de un país se considera que son también un crimen de guerra.

Para esos ataques, los saudíes emplean bombas guiadas por láser como las que el Gobierno español finalmente ha decidido vender a Arabia Saudí por un contrato firmado por el anterior Gobierno.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, había anunciado la revisión de todos los contratos de venta de armamento y la suspensión de la entrega de esta partida, ya abonada por Riad con nueve millones de euros. Da la impresión de que Robles no pactó esa decisión con Exteriores o Moncloa. Defensa ha preferido no dar mucha información al respecto. Al saber que estaba en peligro el contrato de construcción de cinco corbetas en Cádiz por valor de 1.800 millones de euros, los escrúpulos desaparecieron.

La rectificación “parece indicar que las amenazas saudíes de retirar otros contratos comerciales con España, unidas a la falta de apoyo de otros países de la UE, han llevado al Gobierno español a echarse atrás en lo que habría sido una decisión valiente y ética de política exterior”, ha dicho a Middle East Eye Kristina Kausch, del think tank German Marshall Fund.

Lo peor viene ahora, porque siempre es peor cuando intentas engañar a la gente.

El ministro de Exteriores, Josep Borrell, dijo el jueves que no hay que preocuparse por nuestra contribución a la destrucción de Yemen. Explicó que se trata de un “armamento de precisión”, guiado por láser, que “no produce efectos colaterales en el sentido de que da en el blanco que se quiere con una precisión extraordinaria”.

En este momento, uno duda en saber si Borrell está demostrando un notable desconocimiento sobre lo que está pasando en Yemen, que es impropio del jefe de la diplomacia española, o si lo que ocurre es que alguien le ha sugerido un argumento absurdo para salir del paso de una situación comprometida en la que los periodistas le iban a preguntar si todo esto supone una desautorización de la ministra de Defensa. Ninguna de las dos opciones es aceptable.

Bombas de precisión o misiles guiados por láser, similares a las que España va a vender, se usaron en agosto en el ataque a un autobús escolar que mató a 29 niños. En el ataque en abril con 33 muertos en las tiendas instaladas para celebrar una boda en una zona de Yemen controlada por las milicias hutíes enemigas de Arabia Saudí. En el bombardeo de un funeral en 2016 donde murieron 140 personas. Ese ataque fue preciso en dos ocasiones. El primer misil destruyó el objetivo. Minutos después, el segundo impactó cuando los equipos de emergencia intentaban sacar de allí a los heridos.

No hubo “efectos colaterales”, como dijo el ministro en la típica expresión con la que los políticos intentan liberarse de sus responsabilidades morales. Los bombardeos cumplieron sus objetivos.

Fue esa “precisión extraordinaria” de la que habló Borrell la que hizo posible esas matanzas.

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