Un sondeo publicado hace unos días en El País revela un marcado descenso en el apoyo a la monarquía (parlamentaria, ¿la puede haber de otro tipo en Europa?). Es cierto que siempre es aventurado sacar conclusiones de una sola encuesta y que a la luz de esos datos no sé si se puede relacionar con algún hecho concreto. En cualquier caso, un descenso de 20 puntos en cuatro años es lo bastante marcado como para llamar la atención.
La investigación judicial de los negocios de Iñaki Urdangarin coloca a la Casa Real ante la crisis más grave que ha tenido que afrontar desde 1975. La primera línea de defensa ha sido meramente propagandística, como queda en evidencia en la portada de ABC del domingo.
Ya no es suficiente con decir que el rey estuviera al margen de las sospechosas subvenciones que recibía Urdangarin a cambio de prácticamente nada. Ese argumento tiene poca salida cuando resulta obvio que el marido de la infanta Cristina consiguió acceso a esos recursos económicos gracias a su posición en la familia real.
Ahora se trata de afirmar que el rey impidió que esos negocios continuaran, lo que plantea una serie de preguntas cuando menos incómodas: ¿cuándo lo supo y qué hizo entonces? ¿Se informó al Gobierno? ¿Sospechaba que se habían cometido delitos? ¿Qué encontró en el Instituto Nòos que le hiciera pensar que se trataba de «actividades que no eran conformes a sus fines fundacionales»?
Una vez que colocas al rey en el titular no puedes pretender que desaparezca de las informaciones sobre Urdangarin.
La crisis no acabará con este tipo de defensas. Al final, no quedará más remedio que resolver la anomalía que supone la opacidad de las cuentas de la Casa Real. Esa falta de transparencia intentaba que no se hablara del tema, a pesar de que el gasto no es especialmente grande. No tiene sentido que no haya ninguna información concreta sobre esa partida presupuestaria. No hay nada en la Constitución que establezca que el control parlamentario sobre el uso de fondos públicos no se puede aplicar a la Casa Real.
En el Reino Unido, se conoce hasta lo que Isabel II se gasta en gas y electricidad (incluida la calefacción) en sus palacios y residencias, y por cierto la cifra no es pequeña y plantea problemas en estos tiempos de austeridad y ajustes presupuestarios.
Más allá del caso Urdangarin, la monarquía en España se enfrenta a la incertidumbre inevitable cuando se acerca el momento de la sucesión. Ya no hay ninguna posibilidad de que esa transición se haga como en décadas anteriores. La legitimidad se hereda desde el punto de vista formal, pero no de cara a la opinión pública. Cada institución tiene que ser útil para los ciudadanos y el hecho de que la monarquía no esté sometida a una inspección tan detallada como la del Gobierno y Congreso no quiere decir que sólo se pueda reaccionar ante ella a través de la adulación.
Por seguir con el ejemplo británico, ese temor al futuro (nadie puede garantizar que un monarca tenga el mismo apoyo popular que el anterior) es un tema de discusión pública desde hace tiempo sin que nadie piense que supone una afrenta radical al sistema. Y no estoy pensando en los grupos republicanos, tan activos como minoritarios. Varios periódicos han mostrado una actitud muy crítica con el príncipe Carlos por su capacidad de influencia en el Gobierno y algunos lo consideran incluso una «bomba institucional» con capacidad para saltar por los aires.
Una figura del ‘establishment’ tan conocida como el periodista e historiador Sir Max Hastings considera a Carlos un peligro para el futuro de la monarquía. Ese es el nivel del debate a veces en un país en el que se considera intolerable que haya asuntos importantes fuera del escrutinio público.
El sondeo que citaba al principio no quiere decir que la reputación de la monarquía en España esté en caída libre. Una cosa es que una persona responda a una pregunta en una encuesta, y otra diferente que vaya a manifestarse activamente de alguna manera en favor de esa idea. Pero no es aventurado pensar que se ha acabado el tiempo de correr un velo de secreto sobre el funcionamiento de la Casa Real.
No vale con apelar a su valor simbólico como institución que une a todos los españoles, porque en realidad hasta eso está en cuestión, al menos según los datos del sondeo. Entre los encuestados que tienen de 18 a 34 años, son los mismos, un 45%, los que están a favor de la monarquía y de la república. Los que ignoran la fuerza de este dato y piensan que las cosas pueden seguir igual son los que están poniendo de verdad en peligro el futuro de la monarquía en España.
