La imposición de sanciones por EEUU a la industria petrolífera de Venezuela puede suponer un golpe decisivo para la economía del país y la supervivencia del Gobierno de Nicolás Maduro al privarle de una de las pocas fuentes seguras de divisas. EEUU era un cliente fundamental. Compró una media de 500.000 barriles diarios de crudo a Venezuela en los primeros diez meses del año pasado. El dato convirtió al país latinoamericano en el cuarto suministrador de petróleo para EEUU por detrás de Canadá, Arabia Saudí y México.
La producción destinada a EEUU supuso más del 40% del total extraído por Venezuela. Su producción de petróleo cayó en diciembre de 2018 hasta 1,1 millones diarios de barriles, según datos de la OPEP, es decir, una tercera parte del nivel alcanzado en 1998 cuando Hugo Chávez se convirtió en presidente. Analistas del mercado del petróleo han calculado que el descenso continuará este año y que podría caer al menos otro 20%.
«Han intentado pasar parte de la producción que va a EEUU hacia sus aliados, como Rusia, Turquía, China e incluso India, pero les está resultando difícil», dijo hace una semana al FT Anthony Simond, del fondo de inversiones Aberdeen Standard, comprador habitual de deuda venezolana. «La mayor parte sigue yendo hacia EEUU, y si EEUU decide que los pagos vayan a cuentas controladas por la Asamblea Nacional (como ha ocurrido ahora), Maduro no durará mucho».
Además del impacto económico, el valor político de las sanciones es indudable por el apoyo que supone para la oposición y la confirmación de que Washington está decidido a propiciar un cambio de régimen en Caracas. También ha suscitado críticas del Gobierno de Maduro, que acusa a la Administración de Donald Trump de buscar un cambio político que permita a las empresas norteamericanas del sector participar en una industria petrolífera como la de Venezuela, nacionalizada en 1976 con la presidencia de Carlos Andrés Pérez.
Al anunciar las sanciones, el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, y el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, las presentaron como una forma de «preservar esos activos (el petróleo) para el pueblo de Venezuela al que pertenecen» y arrebatar el control a PdVSA, la empresa estatal definida por ellos como «un instrumento de malversación y corrupción».
Sin embargo, en una entrevista posterior con Fox Business, John Bolton no tuvo inconveniente en destacar que EEUU también pretende beneficiarse económicamente por la caída del Gobierno de Maduro. «Estamos en conversaciones con grandes empresas americanas» del sector para estar preparados de cara al futuro, dijo Bolton. «Sería una gran diferencia económicamente para EEUU si conseguimos que empresas petroleras americanas participen en la inversión y producción de petróleo de Venezuela. Sería bueno para el pueblo de Venezuela. Sería bueno para el pueblo de EEUU. Hay mucho en juego».
Es un argumento que seguro habrá agradado a Trump, que se ha quejado en varias ocasiones de que la intervención militar norteamericana en Irak y Afganistán no ha arrojado mayores beneficios económicos para las empresas de EEUU.
La pérdida del mercado de EEUU supondrá un serio revés para Caracas. Exporta también crudo a Rusia y China, pero en esos casos buena parte de los ingresos obtenidos se utilizan para pagar los créditos recibidos de esos gobiernos.
Maduro recibió el martes una noticia casi tan mala como la de las sanciones de EEUU. La empresa rusa Lukoil, que es uno de los principales suministradores de productos petrolíferos a la compañía PdVSA, anunció que pone fin a sus relaciones comerciales con Venezuela. Lukoil se adelanta a la probable decisión de EEUU de penalizar a todas aquellas empresas que hagan tratos con PdVSA.
No es la única compañía que ha tomado la decisión de suspender los contratos de colaboración por miedo a las represalias norteamericanas. Eso pone en peligro el suministro de los productos necesarios para el refino del crudo venezolano y la producción de gasolina. Si el Gobierno no consigue socios alternativos, puede haber problemas de suministro de combustible en el país.
Varias refinerías norteamericanas del Golfo de México están adaptadas para el tratamiento del crudo importado de Venezuela, más denso y viscoso que el existente en otras zonas del mundo. El impacto en el suministro de combustible de EEUU había hecho que hasta ahora Washington no hubiera tomado ninguna decisión sobre la importación de ese petróleo, a pesar de las malas relaciones entre ambos países. Ahora esas refinerías tendrán que buscar nuevas fuentes de suministro en Canadá y México para recibir el mismo tipo de crudo.
Las sanciones se extienden a la empresa Citgo, filial de PdVSA en EEUU, que se ocupa de comercializar con una red de gasolineras en ese país los productos petrolíferos venezolanos. Washington ya había impedido a Citgo que enviara a Caracas los beneficios de su actividad comercial, pero hasta ahora la empresa pagaba a PdVSA por el crudo que recibía. Ahora esos ingresos quedan bloqueados y el Gobierno de EEUU los pondrá a disposición de una cuenta controlada por la oposición a Maduro.
Por tanto, a Venezuela no le interesa ya suministrar crudo a Citgo, que tiene tres refinerías en EEUU, lo que plantea un problema a Rusia. El 49,9% de sus acciones fueron entregadas como aval a la empresa estatal petrolera rusa Rosnetf a cambio de un crédito de 1.500 millones de dólares en 2016.
Steve Mnuchin no cree que las medidas contra Venezuela provoquen un aumento del precio del combustible en EEUU. «Muchos de nuestros amigos en Oriente Medio estarán encantados de aportar el suministro necesario», dijo al presentar las sanciones.
