Esta semana, se ha dado el primer paso para que el presidente de un país con el que EEUU y la UE mantienen excelentes relaciones continúe en el poder hasta 2034, lo que viene a ser una presidencia vitalicia. No es Venezuela, claro. Es Egipto y la noticia no ha causado una gran conmoción porque no es nada sorprendente. El apoyo de Donald Trump y de los gobiernos europeos ha asegurado al régimen egipcio que no habrá ningún problema.
A finales de 2017, el presidente Sisi aseguró que no pensaba ejercer el cargo durante más de dos mandatos, el límite máximo que establece la Constitución. Desde el primer momento, los medios públicos egipcios se afanaron en un permanente culto a la personalidad hacia el general que ejecutó el golpe de Estado que acabó con el Gobierno electo controlado por los Hermanos Musulmanes. Era cuestión de tiempo que cambiara de opinión. Quizá lo tenía previsto desde el principio.
El Parlamento ha iniciado ahora el proceso para que Sisi, de 64 años, pueda volver a presentarse a la reelección en 2022, cuando finalice su segundo mandato. Y una vez más, cuando acabe el tercero. Además, cada uno de ellos se prolonga de cuatro a seis años, con lo que el último acabaría dentro de 15 años.
Otros cambios permitirán al presidente nombrar a los jueces e impedirán que los tribunales puedan bloquear las medidas del Gobierno. Se recuperará la Cámara Alta y una tercera parte de sus miembros será nombrada por el presidente. El Parlamento ya no podrá vetar los nombramientos de los ministros o aprobar una moción de censura contra el Gobierno.
484 de 596 diputados votaron a favor de los cambios. Queda pendiente una segunda votación definitiva que dará paso a un referéndum, cuyo resultado es bastante previsible en un país en el que Sisi obtuvo el 97% de los votos en las últimas elecciones presidenciales.
Los servicios de inteligencia están detrás de todo el proceso que culminó con la votación del Parlamento. «Se han celebrado reuniones diarias en la sede del GIS (la principal agencia de inteligencia) entre altos cargos de los servicios y representantes de la Presidencia para ocuparse de las enmiendas y de la fecha del referéndum en la que se aprobarán», según el medio independiente Mada Masr que citó fuentes que conocen el contenido de esos encuentros. En ellos ha participado Mahmud al-Sisi, hijo del presidente y que tiene un cargo en el GIS, y el jefe de Inteligencia, el general Abás Kamel.
Conviene descartar la idea de que los cambios constitucionales proceden de una decisión libre de los diputados. Algunos de ellos se manifestaron en contra y pagaron las consecuencias. Khaled Youssef fue uno de ellos y tuvo que huir del país –ahora está en Francia– después de que aparecieran en redes sociales y medios progubernamentales vídeos en los que se le veía manteniendo relaciones sexuales con actrices egipcias. Dos de ellas fueron detenidas por sus comentarios en los vídeos y ahora podrían ser acusadas de violar la ley contra las blasfemias.
Haitham al-Hariri es otro diputado que se opuso a la reforma con el argumento de que produciría un régimen «despótico y autoritario». En su caso, se filtró una llamada telefónica a una mujer casada. Un abogado que ha presentado demandas en los tribunales en favor del Gobierno le denunció por acoso sexual. Al-Hariri captó el mensaje y anunció que si los cambios eran aprobados por el Parlamento, serían totalmente democráticos. Problema solucionado.
«El Gobierno ha llevado a cabo una campaña continua contra toda forma de disidencia», ha dicho Human Rights Watch. «Los agentes del Ministerio de Interior han utilizado la tortura, realizado desapariciones y asesinatos selectivos y demolido viviendas en el norte del Sinaí, que han provocado miles de desahucios y víctimas sin provocar ninguna reacción entre los aliados de Egipto».
Los detenidos por razones políticas son decenas de miles.
Todo esto es irrelevante a ojos de los gobiernos europeos. Emmanuel Macron estuvo en El Cairo a finales de enero para reunirse con Sisi y convencerle de que siguiera comprando armamento francés, material militar que está siendo utilizado para acabar con toda forma de disidencia, según un informe de Amnistía Internacional. El proyecto de vender otros cien cazas Rafale parece haber quedado en suspenso, pero eso no depende tanto de Francia o Egipto, como de Arabia Saudí o Emiratos que son quienes financian las compras de armamento por El Cairo.
Los valores de defensa de los derechos humanos son enarbolados por los gobiernos europeos en varias zonas del mundo. No en Egipto.
