Nadie como la izquierda para fustigarse con el látigo de nueve colas. Los partidos del Gobierno llevaban meses exigiendo al Partido Popular para que se aviniera a pactar la renovación del CGPJ, el Tribunal Constitucional (TC) y otras instituciones. Al final, se produjo el acuerdo sobre el Constitucional entre el PSOE y el PP que se vota este jueves en el Congreso. Como era de esperar porque ha ocurrido antes, los conservadores presentaron dos nombres que pueden presumir de muchas cosas, pero no de independencia. Son juristas de confianza de Génova 13, de tanta cercanía que eso les ha creado problemas en el pasado. Ahora toca votar su elección de forma secreta y hay diputados de izquierda traumatizados por la cita. En los escaños de la derecha, están abanicándose con la Constitución.
¿Qué se podía esperar si el PP sigue negándose a pactar la renovación del CGPJ mientras acusa al Gobierno de estar paralizando la renovación del organismo? Las palabras han dejado de tener sentido en la política española.
La mecha del descontento la encendió el socialista Odón Elorza al decir en nombre de su partido que era «una indignidad» para el TC y el Congreso que el catedrático Enrique Arnaldo estuviera en la lista. Arnaldo ha estado tan metido en las tripas del PP que hasta apareció en el sumario del caso Lezo con una conversación siniestra con Ignacio González en la que presumía de que podía maniobrar para que se nombrara un fiscal general que favoreciera los intereses del presidente madrileño.
«No tengo amigos en la política», dijo Arnaldo en el Congreso al responder a las críticas. Será que todo lo que hizo por González para ayudarle en las investigaciones judiciales que le acechaban fue por puro placer personal, por dinero o porque no tenía otra cosa que hacer ese día. Cuando creía que nadie le escuchaba –es decir, en un acto de FAES–, decía «nosotros» cuando se refería a la decisión del PP de no cambiar el sistema de elección del CGPJ en tiempos de Rajoy. Nosotros. Arnaldo ya sabe a qué colectivo pertenece.
Gloria Elizo y María del Carmen Pita, diputadas de Unidas Podemos, han firmado un artículo en el que califican de «sencillamente inasumible» la situación que plantean los nombres de los candidatos del PP Enrique Arnaldo y Concepción Espejel. «Cada voto afirmativo es una ignorancia deliberada», escriben sobre lo que supone votar a favor de Arnaldo.
No es aventurado afirmar que están pidiendo el ‘no’ en la votación secreta del jueves. De forma más directa, lo hicieron varios socios del Gobierno. Gabriel Rufián lo reclamó a los diputados de Podemos: «Plántense un poquito». Lo mismo Joan Baldoví: «Por qué no tenemos todos un poco de decencia y votamos con el corazón».
El portavoz de Unidas Podemos, Jaume Asens, marcó la línea del grupo parlamentario y dijo que habrá que votar a favor «con una pinza en la nariz». En debate en el Congreso el miércoles, Pedro Sánchez le vino a dar la razón, aunque no vaya a usar la pinza. «No me gustan algunos candidatos que ha propuesto el PP para el Tribunal Constitucional», pero el deber del Gobierno es salvar el acuerdo para renovarlo, dijo.
Dicho de otra manera: esto es lo que hay y es la única forma de cumplir en estos momentos con lo que dice la Constitución. Para que el olor sea más llevadero, en unos meses al Gobierno le tocará nombrar a otros dos miembros del TC. Por tanto, habrá que comerse esa pieza que es Arnaldo por mucho que apeste.
La izquierda se sorprende por algo que era perfectamente previsible. Pactar con el PP es obligado para alcanzar la mayoría necesaria y eso exige aceptar candidatos al TC y el CGPJ cuya mayor valía es su fidelidad al partido. Así llegó Enrique López al CGPJ y al Constitucional y por la misma razón es hoy consejero del Gobierno de Madrid y portavoz de la Ejecutiva del PP sobre temas de justicia. El PP envió también al TC por decisión del Gobierno de Rajoy a Pedro González-Trevijano, que fue rector de la Universidad Rey Juan Carlos en una década en la que el centro fue una agencia de colocación perfecta para personas conectadas con el PP.
En el ámbito judicial, a veces tales interferencias pueden verse frenadas. La Audiencia Nacional obligó a que López y Espejel abandonaran el tribunal que iba a juzgar el caso Gürtel porque la apariencia de imparcialidad que debían ostentar brillaba por su ausencia al ser un caso de corrupción relacionado con el PP. Si eso no le había impedido antes a López ser nombrado para el TC a propuesta del PP, cómo va a haber ahora algún problema con Espejel. Aquí ya no hay forma de esconder la realidad: la imparcialidad no es un requisito básico para ser miembro del Tribunal Constitucional. Sólo hay que ver las últimas sentencias del TC.
El Tribunal Supremo también ha descubierto cómo se las gasta el partido de Pablo Casado. Algunos de sus magistrados no dan crédito a que sus sentencias vayan a ser revisadas por alguien como Espejel –que hoy preside la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional–, muy por debajo de ellos en el escalafón judicial (lo mismo ocurre con Inmaculada Montalbán y Ramón Sáez Valcárcel, que serán elegidos a propuesta del PSOE y Podemos). Hubo un tiempo en que sólo llegaban al Constitucional los magistrados que habían pasado por el Supremo. El PP ya demostró, al proponer en 2013 a Enrique López, que no era necesario poner el listón tan alto.
Por ese motivo, el que fue presidente del TC entre 1998 y 2001, Pedro Cruz Villalón, ha escrito que gracias a este último proceso de renovación «tendremos un Tribunal Constitucional situado ante un riesgo cierto de caer en la irrelevancia». Quizá tenga razón, pero lo que es seguro es que nadie puede llamarse a engaño.
Con las sentencias sobre los dos estados de alarma, el Constitucional se ha disfrazado de tercera cámara legislativa con argumentos que parecen sacados de algunas de las intervenciones parlamentarias de la oposición. Por no hablar de opiniones extravagantes como las escritas por González-Trevijano en la decisión que declaró inconstitucional el primer estado de alarma. La mayoría del pleno decidió que lo que era perfectamente normal en Francia o Italia, con la aprobación de sendos estados de emergencia, en España resultaba ser una vulneración de la Carta Magna. Ahí Trevijano hizo un regalo al PP mucho mayor que unos cuantos empleos y másters universitarios.
Ahora, en caso de otra pandemia tan grave como la actual, el Gobierno se verá obligado a apostar por el estado de excepción, que está precisamente diseñado para cancelar temporalmente los derechos constitucionales. En un tribunal que decidió que el derecho a la vida está por debajo del derecho a moverse por la calle cuando te apetezca aunque con ello contagies un virus letal, alguien como Enrique Arnaldo tampoco va a desentonar mucho.
