Los colegios van a ser la próxima trinchera donde la clase política se golpee sin piedad

Hace dos semanas, las aulas volvieron a abrirse en varios estados de Alemania. Otros les siguieron después y en el resto se hará en los primeros días de septiembre. Mientras en España continúa el debate sobre si es deseable que cada región tenga su propia normativa, allí no ha habido ninguna duda. Cada Estado federado tiene las competencias sobre educación y establece sus propias normas, lo que no quiere decir necesariamente que sean totalmente diferentes en los 16 länder. A veces, las normas son distintas dentro de cada land atendiendo a las circunstancias locales. Por ejemplo, en el más poblado, Renania del Norte-Westfalia, las mascarillas son obligatorias dentro del aula a partir del quinto curso. En otros estados, sólo lo son en los pasillos y al entrar en clase. La conferencia nacional de ministros de Educación ya estableció que los principios generales pactados son recomendaciones, no órdenes, porque deben llevarse a cabo «en función de las características de las condiciones locales específicas».

En España, la oposición, que gobierna en varias CCAA, ha decidido que debe ser el Gobierno central el que tome todas las decisiones para cubrir las espaldas a las autoridades autonómicas. «No puede haber 17 vueltas al cole diferentes en España», ha dicho Pablo Casado, a pesar de que la incidencia del coronavirus no es uniforme en todo el país. El consejero madrileño de Sanidad, del PP, ya ha dicho que no cree posible una vuelta al colegio totalmente presencial: «En un escenario de crecimiento de casos y con el número de contagiados que tenemos, yo no me plantearía un inicio al cien por cien».

Según la OMS, puede ser segura si la transmisión local del virus es baja. Eso no ocurre en varias comunidades de España, incluida Madrid.

«Nadie puede entender que en Málaga se vuelva al colegio y en Valladolid, no. Que en Barcelona, si hay casos en un colegio, se actúe de una manera y en Madrid de otra contraria», ha comentado Inés Arrimadas, que insiste en que eso no supone saltarse las competencias autonómicas (no dice cómo). Es fácil entender que la reapertura de los centros educativos depende de muchas variables, pero sobre todo del número de docentes. El Gobierno central no puede legalmente obligar a las autonomías a que contraten un cierto número de profesores, aunque cuenta con formas de presionarles para que lo hagan.

En Galicia, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, exige un «protocolo único» para toda España. Los sindicatos de la enseñanza le acusan de mantener la ratio de 25 alumnos por aula, cuando el Ministerio recomienda entre 15 y 20. Al igual que en sanidad, el PP exige un mando único, que era lo que permitía el estado de alarma. El partido de Casado rechazó votar a favor de la última prórroga en el Congreso, porque consideraba que vulneraba los derechos fundamentales.

Las críticas de los profesores alemanes a sus gobiernos en las últimas semanas son similares a las que se han escuchado en España. Creen que están descargando la responsabilidad de la reapertura sobre unos docentes que ya están al límite. «Siempre hay una reunión de gobernadores con Angela Merkel los miércoles y los ministros de Educación llegan a un acuerdo los jueves. El email de los ministerios no llega a las escuelas hasta el sábado, y luego se supone que nosotros debemos tener todo en marcha el lunes», dijo un profesor de Bonn a Der Spiegel.

Y no es que haya escasez de instrucciones. Ese medio cita el caso de un colegio de la ciudad de Pasewalk que había recibido 85 informes con recomendaciones a finales de julio.

Existe el convencimiento general de que los colegios no pueden estar cerrados mucho más tiempo. Los daños en la educación de niños y adolescentes pueden ser irreversibles o incluso en su bienestar mental. «No podemos tener a nuestros niños sin estudiar. No podemos hipotecar la competitividad de nuestras promociones de niños. No podemos hacer que dos promociones de nuestros niños no tengan una educación con el mismo nivel de calidad que cualquier otra», dijo Fernando Simón esta semana. El aviso es aún más claro en relación a las familias sin medios informáticos suficientes ni espacio en casa para continuar con clases online.

Si esperamos que la ciencia ofrezca las respuestas necesarias para que la vuelta al colegio sea segura al cien por cien, no vamos a encontrar esa tranquilidad de espíritu. Un estudio en Corea del Sur de hace unos meses llegaba a la conclusión de que los niños de menos de 10 años tenían una menor capacidad de contagio. Los estudios posteriores lo han desmentido. Uno muy reciente, originado en Massachusetts, sostiene que los niños contagiados tienen una carga viral, y por tanto potencial de contagio, similar a la de los adultos, aunque sus síntomas sean de menor gravedad.

Algunos gobiernos ya han anunciado en España sus planes con mayor o menor concreción. El de la Comunidad Valenciana ha prometido gastar 200 millones de euros para aumentar el número de profesores. Otros como los de Andalucía y Navarra también se comprometen a contratar más docentes. Los ministros de Educación y Sanidad se reunirán con los consejeros autonómicos la próxima semana y será entonces cuando se concreten las medidas que harán posible la apertura de los colegios. «Hoy las familias en España están llenas de dudas en relación a la vuelta a la escuela. Nosotros, los gobiernos, estamos obligados a otorgar certezas», ha dicho el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.

Cuando el número de contagiados no ha parado de aumentar día tras día esta semana, si hay algo que nadie está en condiciones de ofrecer en este momento son certezas.

41 de las 825 escuelas de Berlín ya han informado de casos de coronavirus entre sus alumnos o profesores. Centenares de ellos han tenido que quedar aislados en sus domicilios por haber estado en contacto con contagiados. Eso en un país en el que el número de nuevos casos está aumentando (el último dato diario es de 1.426), pero muy por debajo de lo que está ocurriendo en España (3.650, el viernes).

Cuando eso pase en España, veremos cuánto tardan los gobiernos en echarse la culpa mutuamente. Esa sí es una certeza que podemos tener clara.

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