¿Los mismos derechos políticos para todos los ciudadanos de Israel? No tan rápido, dice el Parlamento

El Parlamento israelí tuvo la oportunidad la pasada semana de rechazar las alegaciones de que el sistema político y legal supone una discriminación para los ciudadanos que no son judíos a través de un breve texto presentado por el partido Meretz, en la oposición. Se trataba de una enmienda a la Ley Básica (un texto similar a una Constitución) con una sola frase: “El Estado de Israel mantendrá derechos políticos idénticos para todos sus ciudadanos con independencia de su religión, raza o sexo”.

Fue rechazada por 71 votos en contra y 38 votos a favor.

La enmienda tenía algo de truco político. La frase estaba sacada de la Declaración de Independencia del Estado con la intención de hacer casi imposible el voto el contra. Pero los partidos del Gobierno y algunos en la oposición eran conscientes de su repercusión. Una declaración así puede salir de la boca de muchos políticos, pero tanto la derecha como los partidos religiosos no podían permitir que tuviera rango constitucional por mucho que pudiera servir para desmentir las acusaciones que dicen que Israel tiene el apartheid impreso en sus textos legales.

En algunas ocasiones, el Tribunal Supremo israelí ha utilizado el principio expresado en la Declaración de Independencia para fallar en contra de ataques a la igualdad política, pero no hay una ley que la certifique por completo. En el pasado, los jueces suponían un freno efectivo ante ciertas medidas, ganándose el rechazo de la derecha. Eso ya ocurre con menos frecuencia. El Tribunal Supremo es un órgano judicial muy político en el sentido de que calibra muchas de sus sentencias en función de la situación política.

El Gobierno de Netanyahu tiene en estos momentos una mayoría absoluta de un solo escaño, inferior a la que consiguió tras las últimas elecciones. Sobre la enmienda presentada por Meretz, podía estar tranquilo. La decisión del Parlamento confirma que en Israel hay un amplio consenso para mantener a drusos, beduinos y palestinos –refiriéndonos en este caso a los que tienen nacionalidad israelí– como ciudadanos de segunda clase.

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