A efectos informativos, se puede decir que los políticos se dividen en dos tipos de especies: los que odian a los periodistas y los que desprecian a los periodistas. Existe una zona gris en la que podríamos situar a los políticos que piensan lo primero, pero que aparentan lo segundo. Es algo que se aprende muy pronto.
Hay formas de afrontar con inteligencia esa realidad. A veces, si el periodista mantiene una distancia razonable con el político (regla básica: no es tu amigo, nunca será tu amigo), es posible que la relación no sea tan traumática. Pero el periodismo es un deporte de contacto físico. Hay que acercarse a todo, en primer lugar, a las fuentes. Algunos reporteros llegan demasiado lejos y terminan desmintiendo esa idea de que no te puedes hacer amigo de ellos. Su información no suele ser muy fiable.
Pablo Iglesias presentó el jueves en la Universidad Complutense un libro interesante con un título aún más interesante, En defensa del populismo, de Carlos Fernández Liria. Una buena oportunidad para explicar una idea política, más que ideología, que tiene distintas manifestaciones en diferentes países, y que no tiene mucho que ver con el concepto histórico del populismo (un ejemplo reciente de esto último es Donald Trump y para los que quieran entenderlo en forma de novela, nada mejor que Todos los hombres del rey, o la película, preferiblemente la de 1946). En fin, nada que ver con el populismo como gran amenaza para Europa según los liberales, dispuestos a todo para que nadie les arrebate su victoria ideológica de los 80, o los despistados socialdemócratas, condenados a vagar desolados ante su incapacidad para contestar el discurso de Merkel y Schäuble.
Pero por razones que se me escapan Iglesias decidió aprovechar la oportunidad para lanzarse contra los medios de comunicación –viniendo de un político, hasta ahí todo bien–, pero personalizando la crítica en un periodista de El Mundo, al que se refirió varias veces de forma burlona y también despectiva. En pocas palabras, dijo que hay periodistas que se inventan titulares para subir puestos en la redacción. En definitiva, unos trepas serviles y mentirosos. ¿Los hay? Ya lo creo. Pero al personalizar en alguien, en este caso Álvaro Carvajal, se valió de una posición de autoridad (una forma muy correcta de definir al líder de la tercera fuerza política del país) para humillar sin dar una prueba concreta a un periodista (al que no conozco de nada y, sin ánimo de ofender, cuyo trabajo no me interesa especialmente; eh, todos tenemos nuestras preferencias).
Algunos periodistas decidieron irse de la sala, una actitud absurda. Si tuviéramos que abandonar en el ejercicio de nuestro trabajo todos los sitios donde se nos considera el enemigo, casi no podríamos salir de la redacción. De entrada, a la sede del PP no deberíamos entrar nunca.
Ante esa reacción, Iglesias respondió dolido: «Creo que no se me ha entendido», como quien se refiere a alumnos de pocas luces. Luego, dijo que había hecho esos comentarios «con enorme cariño y enorme simpatía». Encima de tontos, sordos. Y además esos periodistas «no han entendido lo que es un espacio académico». Encima de tontos y sordos, ignorantes. Gran ovación del público y guiño de Iglesias a la hinchada: «Me juego lo que queráis a que ese aplauso no sale en la prensa». Ese truco es muy viejo, pero funciona. Garantiza que eso que supuestamente se va a ocultar aparezca en casi todos los sitios.
Lo menos sorprendente de lo que sugiere Iglesias es la denuncia de que los principales medios de comunicación están contra Podemos. Si este partido pretendía sacudir el sistema político de arriba a abajo, no cabe duda de que iba a tener enfrente a esas organizaciones que forman parte del establishment político, y alguno del económico, porque es propiedad de bancos. Por dar un ejemplo, el director de El País ha dicho en público a sus redactores que confía en que Ciudadanos entre en el Gobierno y juegue un papel fundamental en la política española, y no sólo eso, sino que espera que el periódico contribuya a eso. Cómo afecta eso a la cobertura sobre Podemos es algo que uno se puede imaginar.
En los últimos meses, varios de esos medios han dedicado páginas y minutos de radio y televisión a un supuesto informe policial que detalla todo tipo de ilegalidades cometidas por los dirigentes de Podemos, en especial la financiación ilegal procedente del extranjero, es decir, Venezuela. El informe está repleto de recortes de informaciones aparecidas en medios de ningún prestigio y de denuncias que no han pasado el filtro de los tribunales. Es obra de un comisario de pasado y presente sombríos. El objetivo era blanquear su contenido a través de la UDEF para que le diera carta de investigación policial y lo remitiera a la Fiscalía Anticorrupción. Previamente, su contenido se filtró a varios medios para que lo fueran aireando y la UDEF y la Fiscalía se sintieran presionadas para cumplir las órdenes de sus responsables políticos.
El caso es que esos policías y fiscales decidieron que no querían convertirse en marionetas ni incurrir en el molesto delito de la prevaricación, o del ridículo profesional, y dieron largas al asunto. Ya sólo quedaba el método del trabucazo. Manos Limpias, con el mismo estilo que ha llevado a prisión a su responsable, hizo lo que se esperaba de ellos y presentó una querella.
Para horror del ministro de Interior, el Tribunal Supremo rechazó la querella por no haber delitos en algunas de las imputaciones ni pruebas que sostuvieran el resto, como ya había hecho antes con otra querella similar. La Fiscalía del Tribunal Supremo había definido los argumentos presentados en el famoso informe como «una mera remisión de informaciones no autenticadas difundidas públicamente por los medios de comunicación sin ofrecer indicios accesibles y racionales».
Cómo debió de doler eso que alguien se cobró la venganza filtrando la noticia de la operación contra Manos Limpias y Ausbanc con la intención de alertar a los investigados o, aún peor, reventar el trabajo policial y judicial. Sin Manos Limpias en funcionamiento, a ver cómo mantienes la trituradora parapolicial.
Antes de que la gente tenga ganas de sacar la recortada, hay que recordar que estas cosas no pasan sólo en España.
¿Entonces están justificadas las palabras de Iglesias en la Complutense? No, a menos que uno piense que la decisión de publicar papeles como esos la toman redactores de a pie que tienen que pasar una mañana del jueves escuchando una conferencia. Quienes deciden eso son los mismos con los que los dirigentes de Podemos siempre han tenido una relación respetuosa y cordial siempre que han sido invitados. Me consta, y en ningún sitio se debe decir que es un error ser educado, que Iglesias ha tenido encuentros con altos directivos de empresas de televisión (no, no sólo esa en la que están pensando) en los que tuvo agradables e interesantes conversaciones con directivos muy de derechas para los que Podemos es la peste negra. Iglesias asistió también encantado al Foro de El Mundo para dar una conferencia y responder a una audiencia hostil en una cita que es básicamente una forma que tiene el periódico de hacer marketing con su marca.
Eso no es del todo extraño. Los políticos aprovechan todas las oportunidades para lanzar su mensaje. En público y en privado.
Pero luego en territorio amigo, una universidad, te dedicas a burlarte de un redactor que no cobra 500.000 euros al año, que no elige los titulares de portada y que no recibe las órdenes del Ministerio de Interior porque eso viene de más arriba. Y dices que cuidado, elementos como ese se inventan los titulares y lo hacen para conservar su puesto de trabajo. Si hay una rueda de prensa del partido, empieza con 20, 30 o 40 minutos de retraso porque esos indeseables pueden esperar.
Es una estrategia de comunicación estúpida la que consiste en crearse más enemigos de los que ya tienes (y la lista no es corta). Y es muy poco decente si se ceba con los de abajo para responder a decisiones tomadas por los de arriba.
Es inevitable acabar con la frase de siempre de George Orwell: «Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se difunda. Todo lo demás son relaciones públicas» (o propaganda). Los políticos creen que el periodismo es sólo lo segundo.
La Cámara de Diputados brasileña votó en la noche del domingo el inicio del proceso de destitución de la presidenta Dilma Rousseff. La sesión duró siete horas y en el momento de la votación cada diputado tenía derecho a una breve intervención para explicar su decisión. Como por ejemplo: «Por el cumpleaños de mi nieta».
No, no es un chiste malo. Es lo que dijo uno de ellos. Estos son algunos de los mensajes de pronunciados por los diputados, recogidos por Cecília Olliveira y traducidos por The Economist.
–Por los principios de la cristiandad.
–Por los masones de Brasil.
–Por los productores rurales, porque si no pueden cultivar, no habrá almuerzos ni cenas.
–Por la congregación de la Quadrangular (una Iglesia evangelista).
–Por los ancianos y los niños.
–Por el final de la dependencia de los subsidios sociales.
–Por mi madre Lucimar.
–Por la renovación carismática.
–Por el amor al país.
–Por el fin del escándalo de Petrobras.
–Por el comunismo que amenaza a este país.
–Por la BR 429 (una autopista).
–En recuerdo a las víctimas de la BR 251 (una autopista).
–Por todos los agentes de seguros.
–Por la paz en Jerusalén.
–Por mi madre de 93 años que está en casa.
–Por los militares de 1964 (que se hicieron con el poder en un golpe de Estado).
–Para que no nos convirtamos en rojos como en Venezuela y Corea del Norte.
–Por mi mujer y mi hija que son mi principal electorado.
–En homenaje a mi padre Roberto Jefferson (implicado en un gran escándalo de corrupción en 2005).
–Por mi tía Eurides que cuidó de mí cuando era pequeño.
Hay uno que destaca sobre los demás: «Por Carlos Alberto Brilhante Ustra, el terror de Dilma». Este es el diputado ultraderechista que votó por la destitución y que elogió a los militares golpistas.
Dilma Rousseff fue detenida y torturada durante la dictadura. El coronel Ustra fue el torturador más notorio en la dictadura militar. Como jefe de la inteligencia militar entre 1970 y 1974, ordenó la detención y torturas de centenares de miembros de la oposición o sospechosos de serlo. Supervisó personalmente dos centros de detención y era quien decidía qué presos vivían y cuáles morían, según el testimonio de un agente de esos centros ante la Comisión de la Verdad.
Brazil congressman dedicated impeachment vote to man who tortured Dilma during dictatorship. What was done to her: pic.twitter.com/PYAQvqAXQE
Araújo es el mismo diputado que aparece en los documentos conocidos sobre el mayor escándalo actual de corrupción en la política brasileña (Lava Jato) como receptor de sobornos de una empresa constructora.
Pero Araújo no es la excepción, ni un caso singular. En torno a un 60% de diputados están siendo investigados o son sospechosos de distintos delitos –según datos de Transparency Brazil, citados por el NYT–, entre los que están fraude, soborno, deforestación ilegal, secuestro y homicidio. Los privilegios por aforamiento de los que gozan los diputados y el peculiar funcionamiento de la Justicia brasileña hacen que sea difícil conocer la cifra exacta o que los medios citen varias diferentes. El artículo del NYT cuenta casos tan singulares, como el de Paulo Maluf, de 84 años, que tiene el apodo de ‘Rouba mas faz’ (Roba pero hace cosas). Tantas cosas hace que este ex alcalde de Sao Paulo es investigado en EEUU por haberse embolsado un soborno de 11 millones de dólares.
Según este recuento, de 513 diputados de los que tienen datos, 299 aparecen investigados en procesos judiciales y 76 han sido ya condenados. En números absolutos, el partido con más investigados es el PMDB, que ha encabezado la ofensiva contra Dilma. El segundo es el PT, el partido de la presidenta.
Si bien muchos titulares relacionan a Rousseff con la corrupción, no es eso de lo que se le acusa, al menos en términos estrictos. El proceso de destitución tiene que ver con la denuncia contra el Gobierno por haber utilizado fondos de los bancos públicos para maquillar el déficit presupuestario en las cuentas del Gobierno. Es una práctica ilegal que en Brasil llaman «pedaladas fiscales», bastante habitual en presidencias anteriores, y que a nosotros nos puede recordar a lo que pasó en Grecia antes de su entrada en el euro, salvando las diferencias.
Como en muchos otros sitios, la corrupción está relacionada en Brasil con la financiación de los partidos políticos. Sobre eso, hay varios sumarios pendientes contra políticos del PT y contra el propio partido. Se podría haber iniciado un proceso contra Dilma sobre este último asunto, pero no resultaría muy creíble si hubiera procedido de partidos como el PMDB con un largo historial de financiación corrupta. Lo que nos lleva al gran enemigo de Dilma.
Si hay un político que se ha destacado en el intento de acabar con ella es el presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, del PMDB. Algunos diputados de la izquierda aprovecharon los discursos de la votación para llamarle de todo, desde gánster a ladrón. Con Cunha, la cuestión no es el dinero que se haya podido meter en el bolsillo, que también, sino el que ha recogido para financiar al partido. El PMDB es prácticamente una federación de grupos que representan a los terratenientes del interior del país y los grandes caciques regionales. Ha sido también durante los años en el poder del PT el aliado imprescindible del partido de Lula y Dilma.
Cunha aparece implicado en la investigación de Lava Jato como posible receptor, junto a otros dirigentes del partido, en un soborno de 20 millones de dólares. La Fiscalía pretende procesarlo, y está también el detalle de sus cuentas en Suiza, pero para eso necesita la aprobación de la Cámara que preside Cunha. Se puso en marcha una investigación parlamentaria que ha quedado oculta por la destitución de Dilma Rousseff. Resulta llamativo que en un Parlamento con diputados que llevan años o décadas en sus escaños, se encomendó la dirección de esa investigación a un congresista que está en su primer mandato. Muchos dan por hecho en Brasil que Cunha se librará.
El proceso contra Rousseff va ahora al Senado, donde se necesita la mayoría para dar inicio al juicio formal. En ese momento, la presidenta deberá retirarse de forma temporal (durante 180 días) y será relevada por el vicepresidente, Michel Temer, como Cunha, también del PMDB. El veredicto final lo dará el Senado, que necesita una mayoría de dos tercios para destituir a Dilma.
En este momento, uno se pregunta si Temer podrá al menos tener la autoridad suficiente para ostentar el cargo. Sería muy conveniente que no estuviera manchado por la corrupción endémica de la política de su país. Mala suerte, no es así. También está implicado en varios escándalos, uno por la venta ilegal de etanol, otro por ser supuesto beneficiario de los sobornos del constructor Camargo Correa.
Para la opinión pública, no hay dudas. Según una encuesta reciente de Datafolha, sólo tendría el 2% de los votos en las elecciones de 2018. Un 58% cree que también debería pasar por un proceso de destitución. Es un operador veterano en su partido, muy experto en labrar acuerdos entre sus dirigentes. A pesar de que la última vez que se presentó a unas elecciones al Congreso ni siquiera fue de los más votados en su distrito de Sao Paulo, fue elegido presidente del legislativo en 2009 y luego fue compañero de candidatura de Dilma Rousseff en 2010 y 2014.
Tratándose de políticos brasileños, qué menos que añadir algún rasgo exótico. Temer, de 75 años, está casado con Marcela Temer, de 32, que fue ganadora de un concurso de belleza. El detalle indescriptible es que ella lleva tatuado el nombre de su marido en el cuello, con el que se casó en 2003.
En estas condiciones, sin contar con lo del tatuaje, es dudoso que Temer tenga legitimidad suficiente para dar un giro completo a la política del Gobierno. En cualquier caso, algo tiene que hacer porque Brasil está en recesión y este año se prevé que su PIB vuelva a caer en torno al 3,5%. Lo más probable es que dé por hecho que la presidenta será destituida (los dirigentes del PT le acusan de ser el conspirador en la sombra que ha promovido la ofensiva contra Dilma). Ya tiene algunas ideas al respecto. Según Reuters, Temer podría nombrar para su equipo económico a Paulo Leme, presidente de Goldman Sachs Brasil.
El día después de la votación en la Cámara, un influyente diputado senador de la oposición brasileña (Aloysio Nunes, del PSDB) viajó a Washington para reunirse con senadores, altos cargos del Departamento de Estado y la empresa de lobby que preside Margaret Albright. Obviamente, Nunes también está implicado en varios escándalos de corrupción, por si es necesario recordarlo.
El objetivo declarado por Nunes para este viaje era muy claro: «Vamos a explicar que no somos una república bananera».
El cineasta Spike Lee ha hecho un anuncio para la campaña de Bernie Sanders. No es algo especialmente innovador. Intercala declaraciones de partidarios del senador, entre los que están Susan Sarandon, Cornel West y Rosario Dwason, con fragmentos de una intervención de Sanders. La elección del plantel tiene que ver con el objetivo de llegar a las minorías afroamericana y latina, que en general han votado en mucho mayor número en las primarias en favor de Hillary Clinton que de Sanders.
Si vas a chantajear al Estado más poderoso del planeta, mejor hazlo a lo grande, piensan los saudíes. NYT:
Arabia Saudí ha comunicado a la Administración de Obama y a miembros del Congreso que venderá sus activos en EEUU por valor de centenares de miles de millones de dólares si el Congreso aprueba una ley que permitirá hacer responsable al Gobierno saudí ante los tribunales norteamericanos por cualquier intervención en los atentados del 11 de septiembre de 2001.
El Gobierno presiona al Congreso para que no salga adelante esa ley que facilitaría el camino a demandas ya presentadas en los tribunales por familiares de las víctimas del 11S. Los demandantes pretenden demostrar que los miembros de Al Qaeda contaron con el apoyo de organismos públicos saudíes u organizaciones benéficas sostenidas por el Gobierno.
Adel al-Jubeir, ministro saudí de Exteriores, entregó personalmente el mensaje del reino el mes pasado en un viaje a Washington. Contó a los congresistas que Arabia Saudí se vería obligada a vender hasta 750.000 millones de dólares en deuda del Tesoro y otros activos en EEUU antes de correr el peligro de que sean bloqueados por los tribunales norteamericanos.
Como son tan buenos aliados, hay que anotar ese «se vería obligada» como el muy poco oculto intento de que el ultimátum no parezca lo que realmente es. Obviamente, como recuerdan algunas opiniones citadas en el artículo, Arabia Saudí se vería tan perjudicada económicamente como EEUU por esta venta masiva de activos en un corto plazo de tiempo por debajo de su precio normal.
Pero es sin duda indicativo de las relaciones entre ambos países. La monarquía saudí tiene, ahora como en el pasado, la garantía del apoyo de la Casa Blanca, que vetaría una ley de esas características si saliera adelante en el Congreso. El proyecto tiene el apoyo de congresistas de ambos partidos, con lo que existe la posibilidad, de momento sólo eso, de que obtenga una mayoría que pueda anular el veto presidencial. Y eso es lo que ha comenzado a preocupar a Riad.
El informe de la comisión parlamentaria del 11S no incluía ninguna prueba de la implicación oficial saudí. Hay otro informe de una comisión parlamentaria, sobre los errores de los servicios de inteligencia antes del atentado, del que 28 páginas fueron declaradas secretas por el Gobierno de George Bush y que nunca han sido difundidas. El exsenador Bob Graham formó parte de esa comisión, y como otros de sus integrantes, ha pedido que sean hechas públicas.
Graham conoce esas páginas, pero no puede hablar de su contenido. Lo que sí dice es que en esa parte del informe se describe una red de personas que supuestamente pudieron prestar ayuda a los secuestradores de los aviones. Según Graham, estos recibieron un apoyo sustancial en Arabia Saudí. En un programa reciente de ’60 Minutes’, en CBS, le preguntaron si se refería a gente en el Gobierno de Riad, millonarios de ese país u organizaciones benéficas. «Todos ellos», respondió.
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El último debate entre Clinton y Sanders en Nueva York ha arrojado un momento inusual en la política norteamericana. Dos candidatos a la presidencia de uno de los dos partidos presentan una visión completamente diferente sobre la responsabilidad de los gobiernos israelíes en su guerra permanente contra los palestinos. Y también sobre la conducta de EEUU. No fue una sucesión de frases hechas y compromisos oídos mil veces antes, sino una auténtica, aunque breve, discusión.
Sanders tuvo el valor de reafirmarse en la opinión expresada unos días antes. El senador de Vermont había destacado la desproporción de la respuesta israelí en Gaza a los ataques con cohetes a partir de la cifra de civiles palestinos muertos o heridos. Le preguntó por ello el moderador y no se echó atrás ni alegó que le habían malinterpretado antes. «Si me pregunta si fue un ataque desproporcionado, como se lo preguntaron muchas personas en todo el mundo, le diré que lo fue».
Al ser un debate en Nueva York, un sitio donde la gente no tiene complejos a la hora de expresar sus opiniones en público y donde había partidarios de ambos candidatos, hay que anotar la respuesta en ese y otros momentos en los que Sanders se atrevió a criticar la posición, digamos, oficial de los políticos norteamericanos en relación a Israel. Fue ovacionado por una parte importante del público.
Sanders también sacó a relucir la situación dramática de los habitantes de Gaza, por el alto índice de paro, por la situación terrible en que se encuentra su sistema sanitario y escolar, ejemplos de una empatía que no suele mostrar ningún político de su país en una discusión en la que estén presentes los intereses de Israel.
Esa era la prioridad de Hillary Clinton, defender en todo momento la posición israelí. Cuando le hicieron la misma pregunta que a Sanders, ignoró la referencia que hizo su rival sobre las víctimas civiles y excusó cualquier respuesta de los gobiernos de ese país. Y en esa misma respuesta, afirmó que si Yaser Arafat hubiera aceptado la oferta que le hizo Israel en el año 2000, habría un Estado palestino desde hace 15 años.
Sin entrar ahora en si Clinton tiene razón o no en esa declaración cuando menos discutible, está claro que pretendía culpar a los palestinos de lo ocurrido desde entonces. Sanders le dijo que no había respondido a la pregunta sobre el ataque «desproporcionado» a Gaza. Clinton volvió a insistir en la responsabilidad de los palestinos y acusó a Hamás de la situación actual al haber convertido a Gaza en un «refugio para terroristas».
Sanders dijo después que no habrá paz en Oriente Medio «hasta que EEUU no juegue su papel de forma imparcial», lo que da a entender que hasta ahora no lo ha hecho: «Si queremos que haya paz allí, tendremos que tratar al pueblo palestino con respeto y dignidad». Eso era una crítica directa a Clinton por su etapa de secretaria de Estado.
Luego consiguió meter a su rival en una situación apurada: «Llega un momento en que si nuestro objetivo es la justicia y la paz, vamos a tener que decir que Netanyahu no tiene la razón siempre», en relación a la incapacidad norteamericana de pedir cuentas al político que ha dominado la política de su país en la última década. Ahí hubo otra ovación, porque Netanyahu, que hizo todo lo posible por boicotear las negociaciones de la Administración de Obama con Irán, no debe de ser muy popular entre la base del Partido Demócrata. Clinton sonrió –bien por los nervios o porque se lo veía venir– y se dedicó a excusar las decisiones de Netanyahu sin atreverse a citarlo por su nombre o elogiarlo directamente.
Bravo to Sanders for saying that Israel’s assault on Gaza was disproportionate! Truth in a campaign! Wonders never cease!
Varios periodistas de medios importantes elogiaron a Sanders por sus referencias a Israel por su capacidad para romper un tabú en la política norteamericana. Alguien como él, de origen judío pero no practicante, que vivió de joven en Israel, que tiene familiares allí, es capaz de criticar a un Gobierno israelí por la conducta de sus Fuerzas Armadas y sentir compasión por la situación en que viven los palestinos.
La discusión tendrá probablemente una influencia escasa en el resultado de las primarias demócratas de Nueva York. Las posiciones de ambos candidatos están ya muy definidas en una contienda que se prolonga desde hace tiempo. Pero este debate ha ofrecido una estampa nada frecuente en unas elecciones norteamericanas. Ver un debate televisado en el que un candidato defiende que los palestinos son seres humanos que sufren y que tienen derechos, y que la discusión sobre el conflicto israelí-palestino no empieza y acaba en la defensa de los intereses de los gobiernos israelíes con independencia de cuál sea su política.
Fue un día más en la España sin Gobierno, con un rey que, según un titular, había tomado la iniciativa para convocar una ronda de consultas en la que los partidos le dirán lo que ya sabemos todos, y los políticos continuaron con su función habitual de contarnos lo que ya nos habían dejado claro antes de forma cristalina en innumerables ocasiones. Y además de eso, en un miércoles normal y corriente…
Todas las dictaduras militares intentan asentar su legitimidad sobre el nacionalismo. Los enemigos no lo son del régimen, sino de la nación. En épocas de emergencia, sólo el Ejército puede desempeñar el papel de guardián de los intereses nacionales. Por eso, ha supuesto una gran sorpresa que el Gobierno egipcio decidiera hace unos días ceder (o devolver, según se mire) la soberanía de dos islas de gran valor estratégico a Arabia Saudí. El anuncio se hizo durante la visita de cinco días del rey saudí Salman a El Cairo.
So King Salman came to Egypt as the Custodian of the Two Sanctuaries and leaves as the Custodian of the Two Islands. Not bad.
Se trata de las islas de Tirán y Sanafir, situadas en el estrecho de Tirán entre el golfo de Aqaba y el mar Rojo. Las islas están deshabitadas y puede que ahora sólo sean conocidas por los amantes del buceo, ya que las aguas forman parte del parque nacional de Ras Mohamed. Tirán se puede ver desde Sharm El-Sheikh.
En décadas anteriores tuvieron un papel relevante en la confrontación entre Israel y Egipto. Antes de la creación del Estado de Israel, las islas eran posesión de Arabia Saudí, que decidió ceder su administración a El Cairo en 1950 ante su incapacidad de defenderlas. En las guerra de 1956 y antes de 1967, Egipto bloqueó desde ellas el paso de buques israelíes negándoles el acceso al mar Rojo, lo que los israelíes consideraban un casus belli. Después, cumplieron su promesa y gracias a su victoria en la guerra del 67 terminaron ocupándolas.
Con la firma del tratado de paz de 1979, Tirán y Sanafir volvieron a pasar a control egipcio. Ahora el Gobierno israelí está informado del cambio. Es probable que no ponga objeciones porque los saudíes han prometido respetar el tratado de 1979 en lo que dispone sobre las islas, aunque en los 80 presentaron algunas objeciones cuando Riad hizo la primera petición de recuperar el control.
Giving the 2 islands to Saudi is so shocking that even Sisi and Mubarak supporters are not able to justify it. Some even attacking it.
Según el Gobierno, las negociaciones entre ambos países llevaban en marcha desde hace seis años, lo que ha sido toda una noticia para los egipcios que no sabían nada de esos contactos. Muchos lo han visto como una entrega de soberanía, una forma de pagar con tierra la inmensa ayuda económica, que se mide en miles de millones de dólares, que la monarquía saudí ha entregado al Gobierno de Sisi desde el golpe de Estado.
Para contrarrestar las críticas desplegadas por Internet incluso por partidarios del régimen, el Gobierno ha hecho pública una lista de los antecedentes históricos y las negociaciones anteriores. Ya hubo la semana pasada una pequeña manifestación en El Cairo contra la devolución (que deberá ser ratificada por el Parlamento), que acabó con once detenidos y está convocada otra para el próximo viernes.
El Gobierno es consciente de que el egipcio es un pueblo muy nacionalista. Por eso, para justificar el golpe denunció que el Gobierno islamista de Morsi estaba permitiendo la infiltración de miembros palestinos de Hamás en territorio nacional y ordenó a los medios afines (a partir del golpe, todos) que atacaran a Washington supuestamente por ser el gran aliado exterior de los Hermanos Musulmanes. Ambas teorías tenían muy poca base o ninguna, pero siempre es más fácil vender el derrocamiento de un Gobierno elegido en las urnas apelando al enemigo exterior.
Está previsto que este miércoles Sisi se reúna con representantes de la «sociedad civil», elegidos por el Gobierno. De entrada, tendrá que explicar cómo encaja la cesión de soberanía con el artículo de la Constitución egipcia que prohíbe al Gobierno ceder partes del territorio del país.
En muchos comentarios airados, lo que se ha destacado no es tanto la cuestión de la soberanía, siempre discutible, sino la forma en que el Gobierno ha llevado todo el asunto. La falta de transparencia es considerada un insulto. Cuando el diario gubernamental Al Ahram contó que se había informado antes al Gobierno israelí que a la opinión pública, la furia no hizo más que aumentar. Miembros de la élite que hasta ahora se habían dedicado con pasión a alabar a Sisi se atrevieron a criticar al Gobierno, algo que ya no se ve mucho en Egipto.
Lo que no puede Sisi es ocultar que la situación económica de Egipto no le permitía otra cosa que aceptar la reclamación saudí. Sin el dinero del Golfo, la estabilidad económica de su régimen es un objetivo muy difícil de alcanzar. Al llegar al poder, se presentó ante los gobiernos del Golfo Pérsico como el gran enemigo de los Hermanos Musulmanes y luego pasó la factura. Pero cuando la monarquía saudí quiso que pagara los intereses en forma de tropas, El Cairo perdió interés. Riad quería que Egipto enviara soldados para su invasión de Yemen. Pueden destruir ese país desde el aire en su guerra contra las milicias huzíes, pero sus soldados no lo bastante buenos para una guerra asimétrica contra los aguerridos yemeníes. Sisi dijo no, gracias.
Por eso, y a pesar de los anuncios de grandes inversiones comprometidas durante la visita del rey Salmán, la ayuda económica ha dejado de ser subvenciones a fondo perdido para pasar a ser proyectos conjuntos de inversión de futuro dudoso en el caso de que dependan también de una aportación egipcia.
Las promesas multimillonarias de 2015 quedan ya un poco más lejos (recordemos esa conferencia internacional en favor de Sisi en la que había un representante español en la foto, el ministro José Manuel Soria) . Los saudíes han adoptado una agresiva política exterior que obliga a los estados satélite a aplicar las órdenes recibidas. Egipto debería haberse colocado como otro Gobierno dispuesto a colaborar de forma activa en el derrocamiento de Asad, pero Sisi también necesita la ayuda militar rusa y eso le obliga a mantener una complicada equidistancia en relación a la guerra siria.
Al final, Sisi sólo podía pagar con dos islas. Ya ha perdido un pedazo importante de esa legitimidad nacionalista con la que edificó el culto a su personalidad.
