Hay pocas decepciones mayores en los últimos años que Aung San Suu Kyi. Pasó 15 años en arresto domiciliario, internada por la dictadura militar de Birmania que había impedido que su partido obtuviera el poder obtenido en las urnas. En 1991, recibió el Premio Nobel de la Paz. Ahora dirige el Gobierno y en la primera crisis importante se ha alineado con el nacionalismo birmano más excluyente, el mismo que profesaban los militares que la mantenían encerrada, contra una minoría que profesa otra religión. Ya antes se había encerrado en el silencio o en la equidistancia para hablar de ese problema. Era una forma de congraciarse con los sectores más nacionalistas para no perjudicar sus opciones de llegar al poder.
Suu Kyi niega a la minoría musulmana rohingya incluso el derecho a usar ese nombre porque no los considera auténticos birmanos. Ha llegado a pedir al embajador de EEUU que no use ese término.
«No hay duda de que el Estado de Rajine, uno de los (estados) más pobres de Myanmar, es un complejo polvorín de resentimientos sectarios que exige las políticas más cautelosas. Pero eso simplemente no puede basarse en la perpetuación de la persecución sistemática y marginación de los rohingya en la vida política y social de Myanmar. Desde luego que no puede basarse en negar incluso el nombre a los rohingya.
En última instancia, no importa la razón por la que Aung San Suu Kyi no quiere que los norteamericanos utilicen la palabra rohingya. Lo que importa es que una mujer cuyo nombre ha sido sinónimo de derechos humanos durante una generación, una mujer que demostró un valor inquebrantable ante el despotismo, ha continuado con la política completamente inaceptable de los gobernantes militares a los que ella sucedió en el poder».
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Del informe de Amnistía Internacional sobre la situación de la minoría rohingya en 2015 y 2016:
«La situación de la minoría rohingya siguió deteriorándose. La mayor parte de sus integrantes seguían privados de sus derechos como ciudadanos en virtud de la Ley de Ciudadanía de 1982, su derecho a la libertad de circulación continuaba gravemente restringido, tenían acceso limitado a cuidados de salud de importancia vital y se les negaban el derecho a la educación y la igualdad de oportunidades laborales. Se recibieron constantes informes sobre detenciones arbitrarias, tortura y otros malos tratos de rohingyas detenidos, así como de muertes bajo custodia a manos de las fuerzas de seguridad. Los observadores internacionales siguieron teniendo un acceso extremadamente limitado al estado de Rajine.
En febrero, el presidente anunció la revocación de todas las Tarjetas de Registro Provisional —también conocidas como “tarjetas blancas”—, con lo que numerosos rohingyas quedaron sin ningún documento de identidad. Esta medida impidió, de hecho, votar en las elecciones de noviembre a la población rohingya y a los demás titulares de la tarjeta. La exclusión de los rohingyas se acentuó aún más con la inhabilitación de casi todos los candidatos rohingya que solicitaron presentarse a las elecciones. También fueron inhabilitados muchos otros musulmanes por razones discriminatorias.
El deterioro de su situación impulsó cada vez a más rohingyas a abandonar Myanmar. Según el ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, se calculaba que durante el año 33.000 personas —tanto rohingyas como ciudadanos bangladeshíes— habían salido en barco desde la Bahía de Bengala. En mayo, al tomar la vecina Tailandia enérgicas medidas contra la trata, miles de personas —muchas de ellas rohingyas que huían de Myanmar— quedaron abandonadas a su suerte en el mar, en embarcaciones masificadas controladas por traficantes. Muchas de estas personas fueron golpeadas y tomadas como rehenes».
