
Las dos operaciones militares que EEUU ha llevado a cabo en las últimas horas en Libia y Somalia tienen características diferentes y un hilo común: la política de seguridad de Washington está volcada en el uso de la fuerza y da un nivel secundario a la diplomacia y la política. Este enfoque militarista está forzado en parte por las circunstancias, en especial en el caso de Somalia donde no hay un Gobierno que merezca ese nombre, pero se extiende también a otros lugares como Yemen y Pakistán. El éxito se mide en el parte de bajas: hay que matar al mayor número posible de terroristas. Se supone que los problemas políticos que favorecen a estas organizaciones desaparecerán por sí solos.
En el caso de Somalia, fue un ataque contra un dirigente de los Shabab, la más importante milicia yihadista del país. La información era muy confusa anoche, y hoy tampoco se ha aclarado demasiado. Aparentemente, la operación acabó en fracaso si la misión consistía en eliminar o capturar al objetivo, del que no se ha dado el nombre. Era un respuesta al ataque al centro comercial Westgate de Nairobi, una represalia directa para convencer a Shabab de que no sería muy inteligente extender su guerra a los países vecinos.
Una operación similar hace cuatro años sirvió para asesinar a un dirigente de Al Qaeda refugiado en Somalia sin que eso alterara demasiado la situación del país.
Lo ocurrido en Libia es diferente hasta cierto punto. Allí sí hay un Gobierno apoyado por EEUU y Europa, pero que no tiene la entidad suficiente para colaborar con los gobiernos occidentales en la lucha contra Al Qaeda. Las fuerzas militares secuestraron a Abú Anás al-Liby, que está procesado en un tribunal de Nueva York por su implicación en los atentados contra las embajadas norteamericanas de Kenia y Tanzania en 1998.
La primera reacción de las autoridades libia ha consistido en afirmar que no estaban al tanto de la operación. Es posible que sea cierto, como también es posible que no les convenga reconocer que no tienen poder para ocuparse de un dirigente de Al Qaeda o para impedir que Washington envíe a sus comandos.
En una segunda reacción, según la agencia libia de noticias, el Gobierno de Trípoli denuncia los hechos y afirma que los ciudadanos libios sospechosos de cometer actos violentos deberían ser juzgados en su país. Su problema es que no sirve de mucho invocar la autoridad cuando no se está en condiciones de ejercerla. Hace sólo un par de días, 15 soldados murieron en una emboscada. Las milicias, sean de grupos yihadistas o de tribus que creen que han salido perdiendo en el reparto del poder tras el fin del régimen de Gadafi, operan con una cierta impunidad en varias zonas del país.
Hoy mismo, un coronel de la Fuerza Aérea ha sido asesinado a tiros en Bengasi cuando se dirigía a la base militar en la que estaba destinado. El miércoles, la embajada rusa sufrió un intento de asalto que provocó después la salida de todos los diplomáticos. Todo porque la mujer rusa del dirigente de un grupo armado había eliminado al marido con su propio kalashnikov. La tortura es la práctica habitual en comisarías y cárceles. 27 personas han muerto mientras estaban bajo custodia desde finales de 2011, según la ONU. Como en otros casos, ya no está claro que se trate de una violenta posguerra o que sencillamente la guerra en Libia no haya terminado aún.