Hay dos tipos de grandes catástrofes que pueden originar daños inmensos en un país. Aquellas que son muy difíciles de prever o impedir, bien porque son producto de la naturaleza o tienen lugar en países pobres sin medios para anticiparse a ellas, y aquellas cuyo origen se puede explicar por las carencias estructurales de ese Estado, sea debilidad, corrupción, incompetencia o una suma de ellas.
La tragedia de Líbano causada por la explosión del puerto de Beirut es sin duda un ejemplo del segundo caso. Décadas de un sistema político clientelar y sectario han tenido como resultado un Estado débil, donde el cumplimiento de las funciones administrativas más elementales es un asunto secundario frente a lo que realmente importa: el reparto de los altos cargos y de los empleos públicos que arrastran consigo en favor de los intereses de grupos políticos y líderes corruptos. No existen los intereses nacionales, sólo los de aquellos que se turnan en el control de las instituciones del Estado.
¿Cómo es posible que la peligrosa carga de un barco incautado hace seis años fuera almacenada en el puerto de Beirut? El buque, que transportaba 2.700 toneladas de nitrato de amonio a Mozambique, fue abandonado por sus dueños e incautado por decisión de un juez. Los responsables del puerto afirman que solicitaron en repetidas ocasiones al tribunal que encontrara una fórmula para sacar ese producto de sus instalaciones al suponer un «grave peligro». Les dijeron que el contenido de la carga iba a ser subastado y después ya no recibieron respuesta. La subasta nunca se llevó a cabo.
Fotos del cargamento de nitrato de amonio guardado en el almacén 12 del puerto de Beirut.
Ninguno de los gobiernos en el poder desde entonces tomó la decisión de trasladar el nitrato de amonio o destruirlo, como deberían haber hecho por razones evidentes de seguridad. Es un patrón de conducta que se ha repetido en múltiples crisis políticas y económicas en el país, como la producida por el hundimiento del sistema de recogida de basura en Beirut en 2015 o la actual crisis financiera. Las rivalidad entre los caciques que controlan la política y los intereses de los partidos políticos, que en realidad no funcionan como tales, predominan sobre todo lo demás. Los cargos de la Administración se reparten en función de criterios políticos o identidad religiosa. Ocurre tanto en la elección de los principales dirigentes del Estado como en posiciones inferiores de la Administración.
El llamado Pacto Nacional de 1943 sentó las bases del Estado libanés moderno a través de un sistema confesional. Con base en el censo de diez años atrás, que establecía que el grupo más numeroso era el formado por los maronitas cristianos, por cada seis escaños del Parlamento asignados a los partidos cristianos, las formaciones que representaban a los musulmanes recibían cinco. El presidente debía ser cristiano. El primer ministro, musulmán suní. El presidente del Parlamento, musulmán chií.
El reparto mantenía los privilegios políticos que el sistema colonial francés concedía a los maronitas. Reservaba parcelas de poder a la élite musulmana suní y dejaba escasa influencia en las manos de los musulmanes chiíes, que en las décadas siguientes fue el grupo de mayor crecimiento demográfico. No era una casualidad que los chiíes fueran la mayor parte de los pobres.
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El sistema tuvo algunos cambios en 1989 con el Acuerdo de Taif con el que se puso fin formalmente a la guerra civil. La representación política de cristianos y musulmanes se equilibró al 50%. El primer ministro ya no rendía cuentas al presidente, sino al Parlamento. Se suponía que el pacto pondría fin al reparto sectario del poder –ese era uno de sus objetivos–, pero lo que hizo fue perpetuarlo. El país cayó bajo la influencia de Siria, que mantuvo en Líbano a miles de soldados hasta que el asesinato del primer ministro Rafiq Hariri provocó una movilización popular y la salida de las tropas sirias en 2005.
Todas las convulsiones políticas de esa época, incluida la invasión israelí de 1981, habían convertido a Líbano en un juguete de intereses extranjeros. Los caudillos cristianos y musulmanes se adaptaron a esa situación, le sacaron provecho y mantuvieron su poder cuando el país dejó de estar en las portadas de los medios.
Como todas las infraestructuras que son fuente de ingresos, el puerto de Beirut era uno de los lugares más apetecibles para los que se aprovechan de los recursos públicos en beneficio propio. Eso incluye a grupos criminales, milicias y facciones políticas, escribe en el NYT Faysal Itani: «Múltiples agencias de seguridad con niveles diferentes de competencia (y diferentes lealtades políticas) controlan varias de sus operaciones. La contratación de la burocracia civil se hace en función de cuotas políticas o sectarias. Hay un persistente negligencia institucionalizada, corrupción a menor nivel y asignación de culpas a otros que es endémica en la burocracia libanesa, todo ello controlado por una clase política que se caracteriza por su incompetencia y desprecio por el bien común».
En octubre de 2019, una rebelión popular sin adscripción política se lanzó a las calles para exigir el fin de la corrupción y el sectarismo. El primer ministro tuvo que dimitir, pero nada cambió. Se formó un nuevo Gobierno de apariencia tecnocrática y sin poder real.
Los meses posteriores fueron aun peores. El Estado está en bancarrota, al igual que el sistema financiero. El tipo de cambio oficial, 1.500 liras libanesas por dólar, fijo desde hace 23 años, es una ficción: ahora supera los 4.000 en el mercado negro. Incluso es difícil establecer el precio real de la lira ahí. El Gobierno se lanzó contra las tiendas de cambio por implicarse en el mercado negro y estas respondieron cerrando sus puertas. Algunos cálculos indican que en muchos sitios se pagan hasta 9.000 liras por cada dólar. Los bancos ya no permiten a sus clientes sacar su dinero de las cuentas, salvo pequeñas cantidades.
Los servicios públicos dependientes del Estado también sufren las consecuencias. Algunas zonas de Beirut sólo tienen suministro eléctrico durante cuatro horas al día. Entre los sectores más vulnerables está el millón de refugiados sirios que residen en el país.
La inflación ha hecho que el precio de productos básicos esté fuera del alcance de la mayoría de los libaneses. En el último año, el precio de ocho alimentos básicos –arroz, sal, azúcar y aceite entre otros– ha aumentado el 56%, según el Programa Mundial de Alimentos de la ONU.
El país importa el 80% de lo que consume, porcentaje que se eleva al 90% en el caso del trigo. Sin divisas con las que pagar esas importaciones, el desabastecimiento está garantizado. El Gobierno negocia con el FMI un préstamo de urgencia de 10.000 millones de dólares, pero esta ayuda siempre está condicionada a la aplicación de reformas y nadie cree que en un país como Líbano la Administración tenga fuerza suficiente para ejecutarlas.
La explosión del puerto ha destruido hasta 15.000 toneladas de trigo que estaban almacenadas allí. En estos momentos, se calcula que el país sólo tiene trigo para un mes de consumo. Miles de viviendas y oficinas han sido destruidas o gravemente dañadas. Sus propietarios ni siquiera pueden sacar dinero de sus cuentas para iniciar las reparaciones a causa de las restricciones impuestas por los bancos. Nadie espera que el Estado pueda facilitar los créditos y ayudas necesarias para iniciar la reconstrucción.
La tragedia ha sido denominada en algunos medios como «el Chernóbil de Líbano». Siempre se dijo durante los largos años de guerra civil que los libaneses tenían una asombrosa capacidad para adaptarse a las penalidades. Eso casi se convirtió en un cliché periodístico que propagó la imagen de un país que estaba en condiciones de soportarlo todo. Si alguna vez fue cierto, ya no lo es.
