Plato único en el menú del PSOE de esta semana: Garzón a la parrilla

De los indultos a las pensiones y luego a los chuletones. El Gobierno se ha metido en un circuito revirado en el comienzo del verano que, si bien da mucho espectáculo, es poco probable que le vaya a resultar rentable. Con tantas curvas cogidas a gran velocidad, lo mismo se termina pegando un castañazo de los que requieren hospitalización. Parece que quiere estar a la altura del ciclo político que se inició con la victoria del PP en las elecciones de Madrid. Toca ponérselo fácil a la oposición para que la segunda mitad de la legislatura sea más emocionante. De momento, éxito total en la lucha por las audiencias.

La reacción virulenta del PSOE a una iniciativa sobre el consumo de carne promovida por el Ministerio de Consumo que dirige Alberto Garzón revela altas dosis de nerviosismo por un tema en que los socialistas han decidido que no tienen mucho que ganar. No es que haya fuertes discrepancias de fondo con Unidas Podemos en este asunto, como las hay por ejemplo con el salario mínimo o los alquileres, sino que no se ven ventajas en sacar ahora un tema el que no se busca una decisión tajante e inmediata. El Parlamento ya aprobó en mayo la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica y no conviene remover el tema. Es decir, no viene bien asumir más desgaste a cambio de nada.

Garzón tenía otras ideas al respecto y pensaba que caminaba sobre terreno sólido. Nada de lo que dijo contradice las recomendaciones de la ciencia y la medicina sobre el consumo de carne y su efecto en la salud y el cambio climático. «Este vídeo no está para echar la bronca a nadie», dijo en su intervención. También es cierto que alertó contra el «consumo excesivo de carne», que es lo que te dirá cualquier médico, por no hablar de un experto en nutrición. Sigue leyendo

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Telemadrid dio una noticia que molestó a Ayuso: ya sabemos que eso no volverá a pasar

La Constitución española se ha quedado obsoleta. De forma poco previsora, describe desde 1978 el poder legislativo como formado por el Congreso y el Senado sin añadir la tercera Cámara parlamentaria, que no es otra que la Asamblea de Madrid. En otras comunidades, hablan de sus cosas, cosas gallegas, cosas andaluzas, etcétera. Pero en Madrid se habla de toda España desde que el Partido Popular decidió que, a falta de mayoría en las Cortes, al menos podía utilizar el Parlamento madrileño para hacer de oposición al Gobierno central.

Y luego, si hay tiempo para hablar de las cosas de Madrid, se habla, no hay problema. Sin pasarse. Cuando la presidenta responde a las críticas de la oposición, lo propio es que saque a colación temas de la política nacional. Cataluña, sobre todo. Que no falten frases acusando al Gobierno de favorecer a esos seres llamados catalanes. En el debate de este jueves, se habló hasta del Tribunal de Cuentas, de los alumnos del País Vasco y del dinero que se lleva Cataluña.

Isabel Díaz Ayuso era la anfitriona de su primera sesión de control desde la victoria en las elecciones autonómicas. Ha llegado la hora de ajustar cuentas. En primer lugar, con Telemadrid, que pasará a estar controlada por gente de la confianza de su jefe de gabinete. Se acabó esta cosa lamentable de que los informativos de la radiotelevisión autonómica se rijan por criterios profesionales. Se volverá a la época de Esperanza Aguirre e Ignacio González, cuando un grupo de periodistas mediocres hundió la audiencia de Telemadrid. Nadie hará preguntas que no se le hacen a una presidenta autonómica, como ocurrió en una entrevista en la cadena en la que le preguntaron sobre la contratación de personal para el nuevo hospital Zendal. Esa insolencia no volverá a repetirse. Sigue leyendo

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Vox pone en la diana a ‘El Jueves’ con un aviso para todos los demás

En 1977 uno de los frentes abiertos por la extrema derecha era contra los medios de comunicación. Las amenazas eran constantes y no era nada inusual que incluyeran el aviso de que el siguiente sería un acto violento. La matanza del despacho de abogados de Atocha en enero servía para dejar claro a todos los acosados que no era algo que se pudiera ignorar. Los ultras podían ladrar y también podían morder.

El 20 de septiembre, Juan Peñalver, conserje del edificio donde se encontraba la redacción de la revista satírica El Papus, recogió un paquete enviado al director de la publicación. Estalló en sus manos antes de que pudiera acercarse a la zona en la primera planta donde estaban reunidos los integrantes de la plantilla. Falleció en el acto y otras 17 personas resultaron heridas.

El Papus era procaz y salvaje. No había en esa época debates sobre los límites del humor, porque de lo que se trataba era de saltarse todos los límites después de cuarenta años de dictadura. Recibió decenas de demandas judiciales y sufrió algunos cierres, lo que suponía un acicate más para sus creadores. Cuanto más enfurecía a las instituciones del Estado y a la extrema derecha, mejor.

El humor siempre es un adversario odiado por los extremistas. No aceptan bien las críticas, pero lo que más les altera es que les ridiculicen.

Vox decidió este martes elevar sus frecuentes ataques a los medios de comunicación al nivel de las amenazas con un tuit en el que acusó a El Jueves de difundir «el odio contra millones de españoles». Identificó a Ricardo Rodrigo Amar como presidente de RBA, el grupo editorial que publica la revista, y animó a todos aquellos que se sientan ofendidos por su contenido a esperarle a la salida del trabajo: «Es posible que muchos de ellos le empiecen a exigir responsabilidades cuando le vean salir de su despacho de la Diagonal de Barcelona». El tuit incluye una foto del editor, con lo que será más fácil reconocerle en la calle.

La avenida Diagonal es muy larga, pero no es difícil encontrar en internet la dirección exacta de la empresa. La diana ya está puesta en la cabeza de Amar. Lo que hagan los seguidores de la extrema derecha después de leer el tuit queda a su criterio.

El motivo de la furia de Vox es una colección de ilustraciones con caricaturas de dirigentes del partido inspiradas en los cromos de la Pandilla Basura, que son en origen tan procaces y salvajes como la versión actual de El Jueves. Es una sátira basada en otra sátira, una materia prima habitual entre los humoristas gráficos.

«Vox cruza todos los límites con este mensaje. No solo los éticos, que hace tiempo que ignora, sino los legales», escribió Reporteros sin Fronteras. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) condenó el aviso: «Señalar a un editor con nombre, apellidos, su fotografía y lugar de trabajo y, además, solicitar implícitamente que se le exijan responsabilidades en la calle, es una clara incitación al odio». «No se saltan ninguna de las prácticas que ejecutaban los nazis», denunció Izquierda Unida.

La amenaza de Vox coincidió con un mensaje de la fundación del partido con el que Santiago Abascal apoya una iniciativa europea «en defensa de la libertad de expresión frente a la ofensiva totalitaria de las grandes corporaciones tecnológicas». Es una campaña de asociaciones de extrema derecha impulsada después de que Twitter y Facebook suspendieran las cuentas de Donald Trump. La cuenta de Vox en Twitter ya fue suspendida de forma temporal por un ataque homófobo al relacionar las clases de educación sexual en los colegios con «promover la pederastia».

No hay ningún partido que haya realizado tantos ataques directos a medios de comunicación como Vox, porque en su repertorio agresivo se ha lanzado también contra medios que no les tratan con hostilidad. Desde el principio, el partido ha presumido de que existe una gran conspiración mediática contra ellos, un ardid empleado hasta la exageración por Donald Trump en EEUU y que sirve para contraatacar contra cualquier información que les parezca negativa.

Este mismo martes, el jefe de prensa de Vox ha cargado contra El Confidencial («el discurso del odio es sólo suyo») por publicar un artículo sobre el aumento de delitos de odio en España. El texto no hace ninguna acusación al partido. Se limita a citar una opinión de un portavoz de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales contra el partido de Abascal con el argumento de que los discursos de sus dirigentes «generan un clima que hace aumentar las agresiones» contra el colectivo LGTBI. Vox también pretende vetar las organizaciones a las que los medios pueden entrevistar.

Vox elaboró una amplia lista de medios vetados arrogándose el derecho a diferenciar entre «periodistas» y «activistas». Los segundos son los que no les gustan. Los primeros les tratan mejor, con entrevistas en primera página, pero eso no les libra a veces de ser atacados.

La intimidación es la forma en que Vox se relaciona con los periodistas. Ha hecho lo mismo con consecuencias más graves con la campaña contra los menores inmigrantes en ciudades como Madrid y Sevilla. Su diputada Rocío Monasterio se plantó en 2019 ante un centro que acoge a estos menores en el barrio madrileño de Hortaleza para denunciar una supuesta ola de inseguridad responsabilidad de sus internos. Abascal se refirió a esa residencia en un debate televisado en la campaña de noviembre de 2019. Semanas después, alguien lanzó una granada contra el recinto que no llegó a estallar. Varios partidos acusaron a Vox de incitar a la violencia con sus críticas a los inmigrantes basadas en datos falsos. Vox se declaró escandalizada por el hecho de que «se usara la violencia con fines políticos».

En términos legales, a la extrema derecha le conviene que Ricardo Rodrigo Amar no sufra el más mínimo percance físico a manos de personas indignadas con las viñetas de El Jueves. Es posible que hasta los jueces de Madrid tengan que asumir que el ataque personal de Vox en Twitter con foto incluida suponga incitación a la violencia si esta finalmente se produce.

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Nuevas victorias de los talibanes en el norte de Afganistán ponen en duda la supervivencia de su Gobierno

La noticia de la retirada militar norteamericana de Afganistán ha originado una pregunta inevitable: ¿resistirá por sí solo el Gobierno afgano de Ashraf Ghani una previsible ofensiva talibán incluso si continúa recibiendo ayuda militar de EEUU? En caso negativo, ¿cuánto tiempo tardará en venirse abajo?

Mohamed Najibulá aguantó tres años después de que las tropas soviéticas abandonaran el país en 1989. Cuando Washington aún no ha culminado su retirada, ese periodo de tiempo empieza a parecer un cálculo demasiado optimista para Ghani. Amplias zonas del país están ya controladas por los talibanes en el sur y oeste de Afganistán. La mayoría de los talibanes procede del sur pastún donde nunca ha dejado de ser la fuerza política y social dominante.

Lo que resulta más sorprendente es que en las últimas semanas ha sido en el norte donde se han sucedido los ataques talibanes sin que la respuesta del Ejército haya podido contenerlos. Allí en principio no gozan de tanto apoyo.

A mediados de junio, los insurgentes lograron entrar en Kunduz, una de las principales ciudades del norte, superando las escuálidas defensas antes de dispersarse por el interior de la ciudad o abandonarla. Sólo para demostrar que no parece haber ninguna zona en la que puedan ser frenados. Lo cierto es que Kunduz cuenta con una presencia importante de pastunes, muchos de los cuales apoyan a los talibanes.

En la provincia de Faryab, también en el norte, los talibanes se cobraron una victoria de gran fuerza simbólica al tomar un puesto militar defendido por las fuerzas especiales afganas, no por el Ejército regular mal entrenado y atemorizado. En el asalto murió el coronel Sohrab Azimi y veinte de sus hombres, abandonados a su suerte y sin recibir los refuerzos que habían solicitado a Kabul. La muerte de Azimi, hijo de un general, causó una gran conmoción en todo el país. Las fuerzas militares locales estaban a punto de ser desbordadas. Azimi y sus hombres eran su última esperanza y acabaron todos muertos.

En la mayor ciudad del norte –Mazar-e-Sharif, medio millón de habitantes–, la situación no es tan grave, pero no por la fuerza del Estado. Ante las primeras imágenes subidas por los talibanes a las redes sociales que mostraban a sus combatientes en las cercanías de la localidad, un empresario millonario local envió a centenares de integrantes de su milicia a montar controles en los accesos. La constatación de que el Gobierno central no está en condiciones de imponer su autoridad en todo el país es obvia al apreciar cómo han proliferado las milicias privadas para garantizar la seguridad. Milicias que nunca llegaron a desaparecer del todo.

La ofensiva del norte ha concedido a los talibanes otro triunfo que además incluye una gran recompensa económica. Se hicieron con el control del paso fronterizo de Sher Khan Bandar, que conecta Afganistán y Tayikistán. La terminal de aduanas y el puente fueron construidas por los norteamericanos con un coste de 40 millones de dólares. Los 134 soldados afganos que la protegían huyeron al país vecino cuando llegó el enemigo. Fue una desbandada. Los talibanes tomaron la zona en sólo una hora. Ahora se ocupan de cobrar las tasas por el paso de mercancías por la frontera, según el WSJ.

Un portavoz talibán citado por el periódico informó que no pretendían causar alteraciones en una frontera por la que pasan centenares de camiones cada día. Han comunicado a los gobiernos de Tayikistán y Uzbekistán que la actividad de esos pasos fronterizos del norte seguirá en marcha. «Sobre los miembros del personal, les hemos dicho que no les vamos a cambiar. Les dijimos que sigan haciendo su trabajo. Ni siquiera hemos cambiado los sellos. No queremos crear problemas a los empresarios, comerciantes y la gente corriente». Obviamente se quedan con los beneficios económicos de las tasas impuestas.

Se espera que la retirada norteamericana se complete en los últimos días de agosto. Uno de sus enclaves esenciales en el país –el aeropuerto y la base de Bagram, a 70 kilómetros al norte de Kabul– fue abandonado el viernes prácticamente de la noche a la mañana y sin molestarse en avisar a los autoridades militares afganas. Primó la seguridad de las tropas a la hora de ejecutar una retirada por sorpresa para impedir ataques oportunistas en el último minuto. Primero, cortaron la electricidad de la base y luego se fueron después de pasar varias semanas evacuando el material que se podía transportar. El nuevo  responsable afgano de la base se enteró dos horas después.

Todas estas noticias negativas para el Gobierno de Kabul no quieren decir necesariamente que no vaya a sobrevivir ni unas semanas a la retirada militar de EEUU. Pero es indudable que un Gobierno y Ejército que no pueden controlar sus pasos fronterizos, enviar refuerzos a las zonas atacadas ni proteger las principales vías de comunicación entre la capital y las regiones norte y sur del país no podrá imponer ninguna autoridad ni derrotar a sus enemigos. Los acontecimientos del inicio del verano llevan a la conclusión de que lo único que podrá detener el avance talibán será una proliferación de milicias regionales y ocasionará la partición de hecho de Afganistán.

En ese momento, se verá si sucede lo habitual en la mayoría de las guerras afganas, un acuerdo entre los que llevan la iniciativa militar y los que sólo pueden defenderse para que los primeros se hagan con el control de todo a cambio de respetar la vida de los dirigentes enemigos. Así fue como los talibanes entregaron el poder en 2001 cuando llegaron al límite de su resistencia y así es como podrían regresar en los próximos años.

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¡OK Boomer!: no va a ser fácil hablar de pensiones y solidaridad entre generaciones

La reforma futura del sistema de pensiones se enfrenta a un adversario temible en el que no se ha reparado lo suficiente. Las tertulias televisivas están llenas de ‘baby boomers’. No han tardado mucho en lanzar su voz traumatizada por un futuro de mendicidad tras el retiro. Nos va a tocar «pagar el pato», se oyó el viernes en los platós. La generación que más dinero ha ganado y más prosperidad ha disfrutado en la historia de la Península Ibérica desde Atapuerca se va a hacer la víctima y no vais a poder hacer nada al respecto. Y no se os ocurra protestar, porque lo mismo os vienen con una denuncia por delito de odio.

A los jóvenes que pagan las consecuencias de las cifras del paro juvenil –36,9%, el segundo peor dato de la UE– o que trabajan con sueldos precarios se les volverá a poner cara de tontos. OK, Boomer, podrían responder usando la expresión con la que los jóvenes se burlan de los lamentos constantes de sus mayores.

Siempre es complicado fijar el periodo de tiempo que abarca una generación. Para la del ‘Baby Boom’, se suele establecer en España los años de 1958 y 1977, cuando nacieron unos 14 millones de niños, aunque también es común referirse a los años sesenta y el comienzo de la década posterior. En Estados Unidos y otros países europeos, se inició antes, a partir de la recuperación económica que se produjo tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. La autarquía y el aislamiento que el franquismo regaló a los españoles los condenó a la pobreza hasta los años sesenta. Sigue leyendo

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Casado prueba con su última idea: ni franquismo ni antifranquismo

Con tanta disquisición hecha en términos mayestáticos sobre ley, Estado, democracia y justicia, a Pablo Casado se le ha hecho un nudo en la cabeza. Para el debate del miércoles en el Congreso, pilló el diccionario de citas y copió frases de Unamuno y Churchill, que es lo que haría cualquier estudiante con prisas y pocas ideas originales. «Me duele España», empezó diciendo, una sentencia sobre un momento dramático de la historia del país que ya se suele emplear como chiste en tiempos contemporáneos. Se enfrentaba a Pedro Sánchez como líder de la oposición, pero en realidad estaba mirando a Santiago Abascal, marcándole de forma estrecha, esperando que el líder de Vox sólo pudiera alcanzarle en nivel de rencor y furia, pero no superarle.

La comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso para hablar de los indultos a los presos del procés y de la última cumbre de la UE –nadie mencionó lo segundo, excepto el presidente– sólo iba a ofrecer una reiteración de las argumentaciones escuchadas a los políticos en los últimos meses. Eso era previsible. El Parlamento es una cámara de resonancia de todo lo que se dice y hace fuera de ella. En el caso de Casado y Abascal, es el escenario de una competición permanente entre ambos para ver quién es más español, quién defiende más a España, quién es más duro contra los enemigos de España. El nacionalismo es un amante muy exigente.

El líder del PP incluso se metió en el terreno que siempre ha controlado Abascal, la revisión de la historia de la guerra civil y del franquismo con la intención de mostrar que la izquierda es ahora lo que fue en los años 30, el mayor peligro para la nación. «La Guerra Civil fue el enfrentamiento entre quienes querían democracia sin ley y quienes querían ley sin democracia», dijo en su primera intervención, que llevaba escrita. Sostener que los franquistas buscaban la ley, aunque no democracia, mientras daban un golpe de Estado contra la legalidad constitucional de la época es algo más que revisionismo. Pone en cuestión lo que Casado aprendió sobre la ley cuando estudiaba Derecho. Quizá eso se deba a las asignaturas exprés que aprobó en el segundo centro universitario en el que cursó los estudios. Sigue leyendo

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Los mensajes de Carmen Calvo sobre los derechos trans quedan ya fuera del discurso del Gobierno

Por mucho que apriete la oposición, sólo hay una forma en que un Gobierno de coalición puede acortar su esperanza de vida de forma dramática: las heridas autoinfligidas. Es lo que sucedió en las negociaciones del proyecto de ley sobre los derechos de las personas trans. Hay muchos asuntos que separan al PSOE y a Unidas Podemos con diferencias que es posible resolver. En los temas de política económica, no van a coincidir con facilidad, pero al menos pueden intentar encontrarse a mitad de camino, aunque una parte quede bastante decepcionada, habitualmente Podemos. Sin embargo, en todo lo que tiene que ver con valores y derechos civiles, si la discrepancia es completa, es muy fuerte la tentación de pensar: ¿para qué estoy entonces en este Gobierno?

A la hora de anunciar la presentación del anteproyecto después del Consejo de Ministros, tocaba representar la concordia que ha sido tan difícil de alcanzar en los últimos meses. Irene Montero elogió la aportación del ministro de Justicia en todo el proceso de negociación. Juan Carlos Campo desdramatizó la situación al afirmar que «el proyecto ha llegado cuando tenía que llegar». María Jesús Montero lo describió como «un texto colectivo en el que todos hemos aportado». La portavoz del Gobierno se refirió de forma específica al derecho a «la libre autodeterminación de género», el concepto que inspira la nueva legislación y que hasta ahora se había negado a aceptar la vicepresidenta Carmen Calvo.

Como los periodistas preguntaban en la rueda de prensa sobre la posición de Calvo, Campo hizo de relaciones públicas de la número dos del Gobierno. «Las palabras de la vicepresidenta a las que se refiere son las mismas que he utilizado al principio, madurez y estabilidad», dijo refiriéndose a ciertos aspectos de la reforma. No sonó muy convincente. En realidad, Calvo no sólo había querido dar más seguridad jurídica al proyecto, sino que en el fondo estaba negando su misma base argumental. «A mí me preocupa fundamentalmente la idea de pensar que el género se elige sin más que la mera voluntad o el deseo, poniendo en riesgo, evidentemente, los criterios de identidad del resto de los 47 millones de españoles», dijo la vicepresidenta en una entrevista en febrero. Eso la colocaba en una trinchera enfrentada al Ministerio de Igualdad. Sigue leyendo

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¿Faltan camareros o faltan salarios dignos después de la pandemia?

Joe Biden bajó la voz y se acercó al micrófono como si fuera a contar un secreto. Le habían preguntado por las dificultades de muchas empresas en EEUU para encontrar trabajadores ahora que la mayoría de las restricciones por la pandemia se ha levantado. Lo resumió en tres palabras: «Pay them more» (pagadles más). Algunos empresarios acaban de descubrir la ley de la oferta y la demanda. Cuando hay escasez de los productos y servicios que ellos ponen en el mercado, sus precios tienden a subir. Ahora que está sucediendo eso con la mano de obra en algunos sectores en EEUU y España, no entienden que esas leyes no escritas de la economía también funcionan para ellos. «Los empresarios van a tener que competir entre sí y empezar a pagar a la gente trabajadora unos sueldos decentes», explicó el presidente norteamericano.

En España, los titulares se han centrado en los camareros con el inicio de la temporada turística. Faltan camareros en Almería. Soria necesita camareros. Lo mismo en Valencia. En realidad, en casi toda España. Acostumbrados a ofrecer un sueldo bajo junto a un horario interminable, los dueños de bares y restaurantes respondían con un ‘lo tomas o lo dejas’ a cualquier queja sabiendo que tenían todas las de ganar. Ahora el equilibrio del poder ha girado en dirección contraria.

«¿No será que las condiciones son tan lamentables que no hay suficiente personal dispuesto a trabajar en condiciones indignas?», dijo la líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez.

Una conversación por mensaje de texto entre un empresario y un trabajador aparecida en Twitter confirmó esa sospecha. Una jornada de unas 15 horas diarias. Un solo día libre a la semana. Un sueldo de 800 euros. La última frase del dueño: «Es verano. Tú verás». Cada vez más personas lo ven muy claramente, pero no en el sentido que esperan escuchar los que hacen esas ofertas.

Algunas informaciones indican que las grandes cadenas de restauración en EEUU, como McDonald’s, «se han visto obligadas a subir salarios», como si fuera un drama de proporciones bíblicas. Ni siquiera eso es suficiente. El sector de la restauración cuenta con 1,7 millones de empleos menos que antes de la pandemia, y eso que ofreció un millón de puestos de trabajo en marzo cuando muchos de esos locales volvieron a abrir sus puertas. Subieron de media los salarios un 3,9% en los primeros meses de este año, pero se trata de negocios que pagan habitualmente muy poco a sus empleados.

Veinte gobernadores republicanos y la Cámara de Comercio de EEUU acusan al Gobierno de Biden de haber extendido demasiado en el tiempo los subsidios de desempleo y otras ayudas sociales. La denuncia esconde una intención muy clara: hay que apretar las tuercas a los pobres para que vuelvan a aceptar esos trabajos mal pagados.

En realidad, sólo uno de cada 28 trabajadores parados, un 3,5% del total, rechazó una oferta de trabajo porque aún estaba cobrando un subsidio, según un estudio de la Reserva Federal. Los que se negaron trabajaban precisamente en los empleos peor pagados.

«La gente olvida que los trabajadores de restaurantes han experimentado décadas de abusos y traumas. La pandemia ha sido simplemente la última gota», explicó uno de ellos a The Washington Post. No es una casualidad que la mayoría de esos negocios con problemas para contratar paguen menos de 15 dólares la hora, el umbral que sindicatos y organizaciones progresistas han establecido como sueldo digno y por el que hacen campaña para que sea el salario mínimo en todo el país.

La falta de personal suficiente para atender a los clientes que vuelven a las tiendas puede suponer una importante merma en la imagen de una empresa. Es lo que le está ocurriendo a Zara en algunas tiendas de las principales ciudades de EEUU. Las largas colas ante las cajas por el escaso número de dependientes han provocado furiosas protestas en el sitio donde tienen más influencia. No en el libro de reclamaciones, sino en redes sociales.

En Reino Unido, el déficit de personal en restaurantes, también en puestos especializados, se ha visto agravado por las consecuencias del Brexit. Antes de la pandemia, uno de cada cuatro trabajadores había nacido en otro país de la Unión Europea. Con los establecimientos cerrados, la mayoría de ellos volvió a sus países en 2020.

En su empeño por reducir el número de inmigrantes de forma drástica, el Gobierno está restringiendo los visados a personas muy cualificadas y el sector servicios se está viendo perjudicado. Y los británicos no muestran especial interés en aceptar empleos en una industria de sueldos bajos, condiciones duras de trabajo y escasas posibilidades de promoción. En una encuesta realizada por Adecco entre decenas de miles de solicitantes de empleo, sólo el 1% estaba interesado en trabajar en la restauración.

Hay otro factor psicológico difícil de medir. La pandemia ha hecho que muchas personas se replanteen su forma de vida, el trabajo que tienen, el tiempo que les deja para hacer otras cosas o estar con su familia, y las condiciones económicas. En el caso de los empleos más duros, la tentación de no regresar a la vida anterior es muy fuerte.

En un mundo en el que el salario mensual real de los jóvenes españoles de entre 18 y 35 años es menor que en 1980 –el descenso es del 26% para los que tienen entre 30 y 34 años y hasta el 50% para los de 18 a 20 años–, ahora es más importante que nunca reflexionar sobre el precio personal que se paga por elegir determinados trabajos.

Los empresarios pueden prestar atención a lo que hizo el dueño de una cadena de heladerías de Pittsburgh, que probó a doblar el sueldo en su oferta de empleo y lo subió a 15 dólares la hora. De repente, recibió mil solicitudes en una semana para cubrir 16 puestos.

Si una compañía no se lo puede permitir, es posible que su factor diferencial sea únicamente el uso de mano de obra barata. Quizá le convenga revisar su modelo de negocio.

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Tiempo de defender a la patria, tiempo de linchar a los traidores

Garamendi lloró. Se había temido lo peor. Que le acusaran de romper España –la lista de culpables es larga, pero siempre se puede hacer sitio a alguien más–, que intentaran obligarle a dimitir, que dijeran que es idiota. Al final, la asamblea general de la CEOE le premió con un largo aplauso y su presidente se emocionó. Había quedado atrapado en la zona con alambre de espino que la derecha ha tendido para encerrar a todos aquellos que no siguen al paso de la oca sus designios sobre Catalunya. Ahí dentro están los traidores a España. No importa que sean más los de fuera que los de dentro o que la mayoría del Congreso de los Diputados haya quedado incluida en esa categoría.

El presidente de la CEOE no había apoyado los indultos a los políticos encarcelados por su papel en el procés. Sólo había expresado con un condicional la posibilidad de que sirvieran para lo que el Gobierno ha dicho que es una de sus principales funciones. Con la frase «si esto (los indultos) acaba en que las cosas se normalicen, bienvenido sea», no mostraba un gran entusiasmo, pero sí una esperanza. Evidentemente, podría ocurrir lo contrario.

Antonio Garamendi estaba diciendo que el mundo de los negocios y las empresas necesita estabilidad y que siempre se ve favorecido si hay colaboración institucional entre los gobiernos. Lo mismo piensan varias organizaciones empresariales catalanas. Se juegan su dinero. No es que sean egoístas. Son realistas.

En un país en que hay días en que el líder de la oposición habla como si fuera Rosa Díez, no es extraño que se haya llegado a este punto. Es un lenguaje propio de gobiernos autoritarios con la particularidad española de que quien lo utiliza con más energía es la oposición. Todos los que no apoyan determinada política son enemigos de la nación, traidores, vendidos a oscuros intereses. Sigue leyendo

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Señor juez, voy a recurrir por algo que leí el otro día y que me dejó muy preocupado

Pablo Casado se ha puesto de puntillas y ha empezado a pegar saltos para que le vea el Tribunal Supremo. Aquí, aquí, estoy aquí. Quiero recurrir contra los indultos de los presos del procés. Pero ni usted ni su partido estaban personados en la causa que acabó con la condena de los acusados. No importa, soy parte perjudicada, porque el Gobierno ha traicionado a todos los españoles y yo soy español. Ya, pero la justicia no funciona así. Espere, querían matarme, estoy vivo de milagro, soy una víctima del terrorismo. ¿Esa gente que quería matarle está en la cárcel? No, les pusieron en libertad bajo fianza, una no muy grande. ¿Y cómo sabe que pretendían matarle? La Guardia Civil dice que hicieron búsquedas en Google con mi nombre.

Casado, hiperactivo y presa de los nervios, está tan escandalizado por los indultos por ser una medida que va contra la ley, según dice, que ha decidido que la ley debe adaptarse a su situación personal. Bajo el principio de que empiezas haciendo búsquedas de Google y acabas tirando las torres gemelas, el líder del PP está indignado por el hecho de que nadie del Gobierno le avisara en 2019 de estos supuestos planes violentos.

La realidad jurídica de los recursos ante los indultos está limitada por lo que dicen la ley y el Tribunal Supremo en sus sentencias. Sólo pueden presentarlos aquellos que sean «partes interesadas», no en un sentido general, sino procesal y específico. Eso incluye obviamente a las acusaciones personadas en esa causa (Fiscalía y Abogacía del Estado) y en su caso la acusación particular. Esto último también pone en duda un posible recurso de Vox, que intervino como acusación popular en el juicio del procés. La Sala de lo Penal del Supremo impidió que Vox presentara un informe ante el tribunal sobre la concesión del indulto. Si no les dejaron opinar a priori, sería muy extraño que otra sala del Supremo les conceda el estatus necesario para interponer un recurso. Sigue leyendo

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