El referéndum que necesitan Catalunya y España

Los momentos históricos dejan mucho que desear cuando escuchas en tiempo real a sus protagonistas. Para defender las medidas de su Gobierno, Mariano Rajoy dijo: “Lo que no es legal, no es democrático”. Carles Puigdemont defendió su apuesta por la independencia así: “España no es un régimen democrático”. La idea que tienen ambos de legalidad y democracia es para salir corriendo o, mucho mejor, para hacer frente a sus ideas reaccionarias.

Pero quienes importan no son Rajoy y Puigdemont, personajes que están muy por debajo de las circunstancias que viven sus respectivas naciones. Su único discurso consiste en afirmar que los que están con el enemigo son los que quieren destruir España o, al otro lado, los que dicen que los rivales sólo son franquistas camuflados.

Esto no tiene nada que ver con la equidistancia. No hay que colocarse a mitad de camino entre ambos. Hay que estar muy cerca de ellos para poder atizarles en la cabeza y denunciar su patrioterismo anacrónico en el que las banderas y el orgullo nacional siempre tienen más peso que los derechos de los ciudadanos. Por algo, los primeros se han utilizado a lo largo de la historia para negar los segundos.

De todos los debates, hay uno que no admite discusión. Los independentistas han puesto sobre la mesa la cuestión de la independencia de Catalunya y han pedido a la sociedad que tome una decisión. Si su apuesta hubiera recibido el rechazo de los catalanes o un apoyo digamos del 20%-30%, no estaríamos en esta situación. En la calle se ha producido una movilización popular como no se ha visto otra en este país en más de una década. Negarla no es propio de ciegos, sino de imbéciles. La respuesta del PP ha sido ignorarla o despreciarla.

El PP tenía derecho a estar en contra del intento de reforma del Estatut. Cuando decidió pedir firmas en la calle contra ese proyecto, y dijo –probablemente mintiendo– que había recogido cuatro millones de ellas, lo que intentaba era enfrentar a los catalanes con el resto de españoles. Tuvo bastante éxito en ambos lados, porque es un ejemplo de inocencia pensar que los partidos extremistas salen perdiendo cuando apuestan por el odio. Los partidos nacionalistas tomaron nota. Se abría un camino que hasta entonces sólo los más románticos de entre ellos podían pensar que existía.

La gestión política del inmenso movimiento popular por la independencia de Catalunya no estuvo a la altura de lo que se vio en las calles. Ha consistido en un constante giro de los acontecimientos en que las alternativas se iban sucediendo para responder a las necesidades personales de sus responsables, a sus dudas o a los obstáculos que se presentaban. Hubo un tiempo para las llamadas elecciones plebiscitarias, otro para la declaración unilateral de independencia y finalmente fueron a por el referéndum. Un sistema de prueba y error en el que se decidió no continuar con la movilización, excepto una vez al año, por razones que ellos conocen.

A día de hoy, las elecciones “plebiscitarias” son las que tienen más valor porque es el que ya pasó por las urnas. Los partidos independentistas obtuvieron cerca del 48% de los votos con un mensaje decidido y nada ambiguo. Fue un gran éxito y una derrota al mismo tiempo. Les dio la mayoría en el Parlament y les permitió seguir llevando la iniciativa política en la medida de sus posibilidades, como se vio con el accidentado relevo de Artur Mas.

Fue también una derrota porque el plebiscito no superó el 50% de apoyo, pero una poderosa llamada de atención que obviaron aquellos que llevaban tiempo ignorando la realidad. La alta participación eliminó cualquier apelación a la fantasmal “mayoría silenciosa” con la que se apelaba desde Madrid. La idea de formar parte de una misma comunidad junto al resto de los españoles, con los derechos y obligaciones subsiguientes, ya no convencía a (casi) la mitad de los catalanes. Debería haber hecho pensar a mucha gente, pero ese no fue el caso.

A finales de 2015, escribí que esas elecciones autonómicas abrían un paréntesis de un año para la duda y la esperanza, quizá más. Todo dependía en buena parte de lo que ocurriera en las elecciones generales, que luego fueron dos. Si no se hacía nada, a partir de ahí la confrontación sería completa y llevaría ventaja aquel que tuviera un proyecto nuevo e ilusionante. El bando de más lo mismo lo tendría muy complicado para evitar el desastre, aunque tuviera de su lado a la Policía, la Guardia Civil, el Tribunal Constitucional y la cabra de la Legión.

Excepto la cabra, todos los demás se han movilizado. Como las cartas están sobre la mesa y ya no hay vuelta atrás, el Gobierno central tiene la ventaja de que muchos que consideran que su estrategia ha sido deleznable se sienten obligados a ponerse de su lado, a menos que quieran apoyar la independencia de Cataluña. Tienen que aceptar la idea extremista de Rajoy de que en una democracia no se puede luchar para cambiar la ley cuando es injusta. Por cierto, fue por eso que aprobaron la ley mordaza, para castigar económicamente con dureza, porque no lo estaban haciendo los tribunales, a aquellos que cuestionaban un sistema político en decadencia.

En el Parlament, hemos visto en los dos últimos días un espectáculo clásico de mayorías imponiéndose a las minorías ignorando sus propias leyes. Sin urnas –y la legitimidad que confiere al que gana unas elecciones–, no hay democracia, pero sólo con urnas no tienes una democracia. El PP ha sido un gran maestro a la hora de impartir lecciones con sus mayorías absolutas en las Cortes en las artes oscuras de la política, consistentes en ignorar las leyes que les interesan cuando les conviene.

Esa interpretación torticera del reglamento parlamentario se ha repetido ahora en Barcelona para aprobar las leyes más importantes que nunca haya estudiado un Parlamento catalán con la misma celeridad con que se quitarían de encima un decreto sobre ayudas a la ganadería y barriendo debajo de la alfombra al Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya, ya que el proceso era legal e ilegal al mismo tiempo. Se buscaba el artículo perfecto del reglamento para aplicar el rodillo de los votos y se despreciaba a una institución catalana porque tiene que ver con el Estatut, que es algo que ya se ha quedado antiguo.

Ha sido una “parodia de legalidad” que hasta muchos de sus partidarios han contemplado simulando que se duermen o como un molesto requisito, porque hubieran preferido una declaración de independencia por decreto o una insurrección en las calles. De lo segundo no hay noticias. Cómo va a haberlas si los electos del PdCat y ERC siguen cobrando su sueldo del Senado.

El espectáculo ha sido tragicómico, pero las consecuencias no lo son. Estamos igual que en septiembre de 2015 y las alternativas continúan siendo las mismas. Por haber creído que el “pacto constitucional” tenía tanta fuerza como las tablas de Moisés, por ignorar que la corrupción ha restado legitimidad al sistema político y por negar que habían aparecido dos Cataluñas –una división que han propiciado los independentistas, pero que no han inventado ellos–, nos encontramos ya ante la confrontación total.

Es posible que se pueda inhabilitar a ese político o encarcelar al otro por una ruptura real de la ley. Da igual. Ya son prescindibles. Pero no puedes inhabilitar a la mitad de los ciudadanos ni mucho menos encarcelarles, aunque te inventes una ley en las Cortes que te permita hacerlo o que te sirva para acabar con la autonomía catalana.

Ese pacto constitucional se ha hecho pedazos en Cataluña y no se va a poder recomponer juntando las piezas que han caído al suelo. La estrategia del miedo ha fracasado. Cuando los ciudadanos dejaron de ser súbditos, la soberanía nacional dejó de ser una imposición de las élites sobre los de abajo. O debería haber dejado de serlo. De la misma forma que es ridículo que una de las zonas con más alto nivel de renta de Europa se sienta sometida por un imperio, es también absurdo creer que pertenecer a un Estado en Europa Occidental es como estar en una prisión de la que no puedes salir.

El referéndum no era la cita ineludible para España y Cataluña hace cuatro o cinco años. Los errores cometidos desde entonces lo han convertido en inevitable. La consulta del 1 de octubre no será el momento decisivo si sólo vota la mitad de los catalanes. Pero después vendrá el 2 de octubre, y muchos meses y años más en que la estrategia no puede consistir en exigir al enemigo que se rinda.

Si los políticos han sido incapaces de encontrar una solución que no pase por amordazar a los otros, habrá llegado el momento de los ciudadanos, que tendrán que tomar una decisión que renueve el pacto social ahora roto. La actual correlación de fuerzas en el Parlamento y en la sociedad catalana lo han convertido en imprescindible, aunque no si se impone de la forma que hemos visto estos días. No puede ser un referéndum impulsado de madrugada y diseñado para que sólo voten los tuyos.

Es un referéndum que los independentistas pueden ganar, y que también se puede ganar en favor de la permanencia de Cataluña en España sin apelaciones al pasado y con una propuesta convincente para el futuro. Porque eso es de lo que los políticos no quieren hablar ahora, y si lo hacen es apostando por la estrategia del miedo o por cuentos de hadas. Del futuro que a día de hoy resulta sólo un lienzo oscuro porque los que tenían que ser valientes resultaron ser unos cobardes.

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Saqueadores o supervivientes

El paso del huracán Harvey por Houston y otras zonas de Texas ofreció, al igual que ocurrió con el Katrina en Nueva Orleans, otro ejemplo de la discusión sobre cómo llamar a los robos en tiendas o supermercados en las zonas anegadas por las inundaciones. En lugares en que las personas que han quedado aisladas no pueden ser rescatadas, a veces durante varios días, y se quedan sin comida. Un periodista alertó a la policía de que en una zona de la ciudad se estaba produciendo un robo. No estaba contando una historia de la que había sido testigo, sino presumiendo de estar colaborando con las autoridades. Muchos de los que le respondieron preguntaban cómo se puede llamar saqueadores a gente que busca algo de comer para su familia.

En las últimas semanas, alguien recuperó imágenes de dos escenas ocurridos en los días del Katrina. En ambas, el agua llegaba a esas personas a la altura del pecho.
En la foto en la que el protagonista era de raza negra, el pie de foto se refería a un robo. Otra foto –esta vez quienes salían eran blancos– era descrita de forma diferente. Esas personas sólo buscaban comida en una situación realmente desesperada.

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Cosas que hacer en sábado cuando no estás muerto

‘Thriller’ sin música, sólo con la voz de Michael Jackson y los efectos de sonido. Más terrorífico con la aparición de los zombis, un poco cómico al final. El vídeo original, aquí.

–Cómo se concluyó en LA ‘Exile on Main St.’, de los Rolling Stones.
–Egos en colisión: guerras de directores de cine.
–Un crítico francés vio la película del Holocausto de Jerry Lewis. Y le gustó.
‘Terminator 2’ cambió el cine de ‘blockbusters’.
–El desarrollo económico de Poniente deja bastante que desear.
–Por qué los aviones suelen estar pintados de blanco.
–La ‘huelga’ de los astronautas del Skylab 4 en 1973.
–El Londres medieval era un sitio bastante violento.
Sombras pintadas en una calle de California.
–Los molestas avispas tienen una labor importante que hacer.
–Así funciona el sexismo en Silicon Valley.
Los buques de guerra se diseñan para que no se les vea. Eso es un problema.

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Algunos están jugando con fuego y lo pagaremos en el siguiente atentado

El desprestigio por razones políticas de las fuerzas de seguridad tras un atentado terrorista se paga caro. Una vez que se entierra a los muertos y que finaliza lo que podríamos llamar el duelo civil (aunque en España no es costumbre esperar tanto), es el momento de revisar procedimientos, asignación de recursos y niveles de coordinación entre los diversos cuerpos policiales, y también de investigar los errores cometidos, si los ha habido. Hay que hacerse preguntas siempre que se tenga claro que no encontraremos respuestas a todas.

Ayudará bastante saber que no todos los atentados se pueden impedir. Ayudará aún más conseguir que las luchas políticas previas y posteriores a la matanza no pongan en peligro la seguridad de todos los españoles. Porque no nos engañemos. Un atentado similar al de Barcelona volverá a producirse, no necesariamente con las mismas consecuencias.

El aviso de que las fuerzas policiales españolas y catalanas recibieron en mayo desde EEUU sobre un posible atentado se ha convertido en el último motivo de discordia. Su texto revela la escasa información que contenía y el carácter nada preciso de su contenido. “Información sin concretar de veracidad desconocida”. “Atentados terroristas sin especificar” que están siendo preparados por el ISIS. A pesar de esto último, sí hay un objetivo específico señalado como posible: la Rambla de Barcelona.

Por lo que sabemos, tanto el Gobierno central como la Generalitat no le dieron mucho valor al no aportar información sobre la que se pudiera actuar. Blindar la Rambla como si fuera una calle de Bagdad en 2007 no era una opción razonable. En el caso de que hubiera un atentado en marcha, los terroristas habrían elegido otro objetivo. No se puede convertir una arteria central de Madrid o Barcelona en el equivalente a una terminal de pasajeros de un aeropuerto durante meses. A menos que queramos que cunda el pánico.

Ahora sabemos que el plan de los terroristas –está en el auto del juez que instruye el caso en la Audiencia Nacional– no era atentar en la Rambla de la forma que se hizo. Eso fue una acción desesperada, y desgraciadamente letal, decidida después de que la explosión de Alcanar acabara con su líder y los artefactos explosivos que estaban preparando. Supongamos que sí pretendían atentar en la Rambla, una larga avenida con tráfico de vehículos y zona peatonal, con una furgoneta cargada de explosivos. Todos los bolardos del mundo no habrían impedido una matanza.

Hasta ahí los hechos básicos conocidos. Ahora empieza el espectáculo. El ruedo de acusaciones políticas se ha reanudado estaba semana. La Generalitat desmintió en su momento de forma tajante la noticia de El Periódico que informó sobre el aviso de mayo el mismo día del atentado. El Gobierno central no desmintió en este punto al catalán. Nadie en Madrid dijo que ellos sí habían dado credibilidad al aviso. Las policías reciben cada año decenas de esas advertencias genéricas procedentes de servicios extranjeros. Si no aportan datos concretos sobre los que se puede trabajar, son descartadas.

Hay que quedarse con ese dato, por lo demás ya conocido. Madrid y Barcelona, es decir, sus respectivas fuerzas policiales, recibieron el aviso en mayo. Le dieron la misma valoración.

La polémica suscitada en Barcelona por el nuevo artículo de El Periódico de este jueves con la transcripción del aviso (no el documento original, algo que el diario ocultó a sus lectores hasta que se apuntaron algunas inconsistencias ortográficas) provocó horas después un nuevo desmentido de la Generalitat, este más virulento que las declaraciones anteriores, y en el que se implicó directamente en la respuesta al jefe de los Mossos, el mayor Josep Lluís Trapero, en una rueda de prensa.

El conseller de Interior, Joaquim Forn, lo calificó de una “campaña de desprestigio contra los Mossos con intencionalidad política”. Las acusaciones, también procedentes de Trapero, alcanzaron directamente al director de El Periódico con insinuaciones.

Forn y Trapero sí admitieron que en mayo recibieron una alerta sobre la Rambla “de baja credibilidad”, pero no de la CIA.

La referencia a la CIA ha adquirido un carácter simbólico absurdo, también en las declaraciones de los gobernantes catalanes. Da la impresión de que se han metido ellos solos en un agujero para disfrute de sus enemigos. Como si los espías norteamericanos no pudieran estar equivocados, y por lo tanto su mención dejara sin argumentos a quien la negara. Venga de la CIA, Francia o el Reino Unido, el aviso era el que era. No servía, y en esto coincidían Madrid y Barcelona.

Las referencias de Forn a una “campaña” –¿hay algo en política que no forme parte de una campaña?– confirman que el desmentido inicial y el del jueves tenían también intencionalidades políticas, el interés en vender toda la polémica sobre un informe vago e impreciso como un ataque a las instituciones catalanas. Esta línea argumental la conocemos de sobra. A veces se ha hecho con fundamento, el caso de la Operación Cataluña urdida en el Ministerio de Interior de Fernández Díaz; otras sin él.

A última hora del jueves, El Periódico publicó un documento posterior al atentado, este sí íntegro, no una transcripción chapucera, cuya fecha y destinatario son los únicos elementos novedosos, y en cierto sentido alarmantes. El remitente es el mismo y el contenido, también. Los servicios de inteligencia norteamericanos vuelven a enviar el mismo aviso que trasladaron en mayo, y que no sirvió de mucho.

¿Para qué reiterar lo que ya se conoce? Para guardarse las espaldas, no. Nadie había acusado en España a EEUU o la CIA de no haber hecho lo suficiente para impedir el atentado. Ahí es donde entran la fecha y el destinatario. Se envía el 21 de agosto, cuatro días después del ataque de la Rambla. El destinatario es un organismo del Ministerio de Interior, el CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado), que obviamente tenía que haber recibido copia del informe de mayo, al igual que la Policía, la Guardia Civil y los Mossos.

Un detalle más. En el asunto del mensaje, figura: “Texto de la nota enviada a los Mossos el 25 de mayo de 2017”, una referencia que vuelve a aparecer en el texto antes de copiar el mensaje de mayo. No hay referencias a los otros cuerpos policiales que recibieron el primer aviso. En el encabezamiento aparece descrito como “secreto” y en cuanto a la preferencia de envío se marca como “prioritario”.

¿Por qué los servicios norteamericanos envían en agosto el aviso que ya habían enviado en mayo a un organismo que también lo había recibido en mayo? Por hacerle un favor a El Periódico, seguramente no. Los espías de EEUU no tienen tanta consideración por los periodistas. ¿Los servicios de inteligencia de EEUU suelen enviar sus avisos dos veces, siendo ya inútil la segunda vez? No creo que quieran provocar a los destinatarios. ¿Lo pidió el CITCO que dirige el comisario José Luis Olivera, implicado en algunas de esas operaciones policiales sospechosas con marcado acento político? ¿Necesitaba alguien que apareciera la palabra “Mossos” en una reproducción del aviso de mayo? ¿O era sólo para el archivo?

Cada uno puede responder a esas preguntas como quiera, pero hay algo que no deberíamos olvidar. Habrá otro atentado o intento de realizarlo y no querremos entonces que la bronca de costumbre de la política de este país haga que las fuerzas policiales que deban intervenir estén vigilándose mutuamente, no tengan entre ellas la confianza necesaria o estén siendo utilizadas en operaciones políticas originadas en Madrid, Barcelona o donde sea.

El precio de esa irresponsabilidad sería demasiado alto. Sería jugar con fuego.

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YouTube elimina vídeos que pueden servir de pruebas de crímenes de guerra

Durante años, YouTube ha sido acusada de promover el terrorismo por los miles de vídeos que alberga que incluyen imágenes de guerras, atentados terroristas o contenido propagandista subido por grupos yihadistas. La empresa, propiedad de Google desde 2006, comenzó a borrar de forma masiva en agosto contenido que considera “extremista” y que vulnera las condiciones de uso de la plataforma. El resultado fue que desaparecieron vídeos publicados durante años por todo tipo de organizaciones que documentan crímenes de guerra ocurridos en Siria y otros países y cuya intención no era obviamente hacer propaganda de esos actos de violencia.

Todo se hizo de forma automática. El 1 de agosto, YouTube ya había anunciado que había mejorado su capacidad de controlar los contenidos gracias a los avances tecnológicos en la identificación automática de imágenes. “Cutting-edge machine learning technology” significaba que la inteligencia artificial iba a llegar donde el ser humano no podía. De ahí que alardeara de que en el caso del 75% de los vídeos identificados como “extremismo violento” que ya habían sido borrados no se había necesitado que un usuario los denunciara.

Una semana después, se dio la voz de alarma. Grupos de derechos humanos o activistas que denuncian crímenes de guerra descubrieron que parte de su trabajo de años de documentar atrocidades de todo tipo había desaparecido. En algunos casos, la reclamación surtió efecto, aunque de forma parcial (los vídeos volvieron, pero no las ‘playlist’ que agrupaban varias imágenes y que servían para dar la mayor información posible de forma relacionada). En otros casos, una respuesta automática rechazaba el recurso.

“Hay probablemente unas 200 organizaciones de la sociedad civil que funcionan sólo en Siria. Algunos han arriesgado sus vidas, otros las han perdido para documentar atrocidades y violaciones de derechos humanos”, dijo al NYT Keith Hiatt, de la ONG Benetech.

“Con tal volumen masivo de vídeos (400 por minuto, según un cálculo de la empresa), a veces tomamos la decisión equivocada”, explicó un portavoz en un comunicado. “Cuando nos notifican  que un vídeo o canal ha sido eliminado por error, actuamos rápidamente para devolverlo”.

Tuve la ocasión de comprobar que no era así, es cierto que por un caso no muy grave. El 24 de julio, antes de que salieran las primeras noticias sobre los vídeos borrados en todo el mundo, recibí una notificación de YouTube que me comunicaba que se había eliminado de mi cuenta un vídeo de 2006 en el que aparecía Al Zarqaui, líder de Al Qaeda en Irak. Las imágenes habían sido hechas públicas por el Ejército norteamericano con la intención de burlarse de él, de presentarlo como un patán que no estaba a la altura de la imagen de combatiente con la que se presentaba.

Al Zarqaui aparecía probando una ametralladora ligera M249 en una zona desértica al sur de Bagdad. Se le encasquillaba y uno de sus hombres tenía que ayudarle para que pudiera seguir disparando (la escena puede verse aquí). El vídeo tenía una cabecera que lo identificaba como difundido por los militares de EEUU.

Como táctica propagandística para ridiculizar a Al Zarqaui, era discutible. CJ Chivers contó que se trataba de un arma norteamericana que no sería fácil de manejar para alguien acostumbrado a usar el sencillo y resistente AK47. Por lo demás, si era una M249, se trataba de un arma que militares de EEUU habían dejado que cayera en manos de Al Qaeda. Nada de lo que enorgullecerse demasiado.

La notificación de YouTube informaba que el vídeo violaba las condiciones de uso e invitaba a presentar una reclamación, aunque con un texto no muy largo, pero que al menos permitía contar el origen de las imágenes y lo que se veía en ellas.

Dos días después, otra notificación automática indicaba que la reclamación había sido rechazada, lo que suponía una suspensión de la cuenta durante tres meses.

La pérdida de ese vídeo no es ninguna tragedia. No ocurre lo mismo con todos las imágenes relacionadas con violaciones de derechos humanos que algún día podrían ser utilizadas en una acusación de crímenes de guerra. Este mes, el Tribunal Penal Internacional emitió una orden de detención contra Mahmud al-Werfalli, jefe de una unidad de la milicia que dirige en Libia el general Khalifa Haftar. La acusación es por la presunta ejecución de decenas de prisioneros. La prueba más evidente son los vídeos que aparecieron en redes sociales en los que un grupo de presos, miembros del ISIS, a los que vistieron con monos naranjas, eran asesinados a sangre fría.

Al Werfalli aparece en este vídeo disparando a tres hombres arrodillados con un AK47 y ordenando la ejecución de otros presos. Este último vídeo está alojado en YouTube y es una prueba evidente de la comisión de crímenes de guerra por parte de un grupo armado que cuenta con el apoyo de los gobiernos de Egipto y de los Emiratos. Hay que confiar en que no incurra en el rechazo automático de la inteligencia artificial de YouTube.

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Este mapa define la realidad política de África

Son catorce gobernantes africanos (más el angoleño Dos Santos que acaba de abandonar el poder tras 39 años en el poder) que han convertido su presidencia casi en vitalicia. Los más jóvenes, Nkurunziza, de Burundi, y Gnassingbe, de Togo, sólo llevan doce años en el puesto. Les queda mucho tiempo por delante.

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Las imágenes que demuestran la pasividad de la policía en Charlottesville

El NYT selecciona varios imágenes de los incidentes ocurridos en la ciudad de Charlottesville, Virginia, el 12 de agosto, anteriores al momento en que un coche conducido por un joven de ideas neonazis arrollara a un grupo de manifestantes antifascistas y matara a una joven. El periódico dice que la respuesta fue “lenta”, lo que es una valoración muy caritativa. Lo que reflejan estas escenas es una pasividad manifiesta de las fuerzas policiales durante esa mañana.

Otro vídeo refleja un incidente más grave (se puede ver aquí) en que un neonazi saca la pistola y dispara al suelo cerca de las personas que le increpan. La policía dice que ningún agente escuchó el disparo en ese momento. Según el NYT, hay una persona detenida por ese suceso.

A pesar de todos los incidentes violentos, la policía sólo hizo ocho detenciones ese día. Es un número anormalmente bajo en un país en que la policía pone las esposas a cualquiera que muestre un comportamiento violento, o sencillamente demasiado agresivo en una concentración.

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La máquina de manipular no respeta ni a los Mossos ni a los muertos de Barcelona

La confirmación del fin del grupo terrorista montado por Abdelbaki es Satty en Ripoll y la valoración positiva de la actuación de la Policía catalana arrojaron una sensación de inmenso alivio después de varios días de dolor y miedo. La sociedad española pasó por un trauma similar en 2004 y pudo recuperarse, aprender de los errores cometidos y hacer justicia a través de los tribunales. Siempre hay un primer día para ponerse a ello.

Estaba claro que el proceso tenía que repetirse ahora, porque nadie puede poner fin a una tragedia como esta con una sensación de victoria. Hay muchas cosas que aprender para intentar que no se vuelva a repetir, sin que tengamos la total seguridad de que no volveremos a ser atacados de esta manera. Sería estúpido pensar eso. Otras ciudades europeas han pasado por ello en los últimos años.

Algunos han decidido que menos de una semana después de los atentados era necesario moverse rápido para que los otros pagaran un precio político. La cercanía del referéndum de independencia que la Generalitat pretende convocar ha hecho que se hayan apresurado a atacar la reputación profesional de los Mossos y por extensión del Gobierno catalán y del Estatuto que establece sus competencias en asuntos de seguridad.

Los comunicados de los partidos políticos, agrupados en el pacto antiyihadista, hablan constantemente de la imperiosa necesidad de la unidad ante la amenaza terrorista y del apoyo colectivo que hay que prestar a los organismos policiales y judiciales que están en primera línea en la lucha contra los yihadistas. Parece que ese llamamiento admite unas cuantas excepciones en función del lugar donde se produce el atentado.

En primer lugar, se inventó el bulo de que Carles Puigdemont se había apresurado a mezclar el atentado de Barcelona con el proceso independentista. Hasta llegó a ser motivo de una viñeta en El País. Cuando se llega a ese punto, los desmentidos sirven de poco.

Lo que ocurrió después fue más grave, porque no tenía que ver con lo que dijo o no dijo un político, sino con la labor de investigación realizada por los Mossos en unos momentos de máxima tensión. Hubo errores que no se pueden negar (anunciar que no se preveían más atentados después de lo ocurrido en La Rambla, fallar en el primer análisis de la explosión de Alcanar) y sobre todo momentos en que la policía sólo podía reaccionar ante lo que se le veía encima. Adelantarse a las intenciones de un grupo de fanáticos que sólo unos días antes eran unos jóvenes modélicos en su pueblo resulta por definición bastante difícil. Ellos sólo tenían que elegir el lugar del siguiente ataque.

Antes de ir a por los Mossos, fueron a por Ada Colau con la polémica artificial de los bolardos. La impresión que se quiso dar fue que la instalación de trozos de metal de 90 centímetros hubiera impedido el atentado, como si La Rambla fuera el único lugar de una ciudad de 1,6 millones de habitantes donde se podía producir una matanza.

La presa mayor de la caza era la Policía catalana. El disparo que se quería definitivo fue la noticia de que un policía local de la ciudad belga de Vilvoorde había pedido información hace 17 meses a un agente catalán al que conocía sobre Abdelbaki es Satty, aspirante a imán en esa época y ahora artífice de los atentados. “La alerta belga sobre el imán de Ripoll llegó a los Mossos”, tituló en primera página El País. “La policía belga se dirigió a los Mossos para advertir del imán”, fue el titular de El Mundo. En la apertura de la sección, se leía: “Bélgica se dirigió a los Mossos”.

Conclusión obvia del lector. La Policía belga había informado a los Mossos sobre el peligro que suponía un sospechoso de terrorismo y no se había hecho nada.

La impresión es falsa. Las alertas policiales sobre una amenaza real o incluso inminente no se hacen entre policías locales o regionales. No llega a tanto la descentralización en Europa. Se hacen entre las policías nacionales que mantienen, o deberían mantener, una colaboración constante. Lógicamente, en España a través del Ministerio del Interior y el Cuerpo Nacional de Policía. Un contacto personal entre dos policías que se conocen –con una petición de información sobre alguien del que se sospecha una radicalización, pero que no ha cometido ningún delito ni forma parte de un grupo yihadista o salafista– no alcanza ese nivel de alarma, aunque los titulares empleen la palabra ‘alerta’.

Sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil se habían unido al cerco con argumentos tan sólidos como que “a lo mejor” la tragedia se habría evitado si sus Tedax hubieran entrado en la casa de Alcanar. Al día siguiente, los terroristas, con sus planes desbaratados por la explosión, ya habían decidido continuar hasta el final.

Los mismos medios que no cesan de hablar del cumplimiento de la ley para denunciar las intenciones de los independentistas se olvidaron esta vez de lo que dice el Estatuto sobre el carácter integral de los Mossos como policía y reclamaban que se aplicara una versión policial del artículo 155 de la Constitución con la que se confiscarían esas competencias y se encargaría a la Policía y la Guardia Civil la investigación. Y eso que desde el primer día los gobiernos central y catalán afirmaron en público que la coordinación entre administraciones y cuerpos policiales estaba funcionando.

No era así para el editorial de El Mundo de este jueves: “La patrimonialización tan exagerada que los Mossos están haciendo de la investigación del atentado es responsabilidad de unos cargos políticos obsesionados con el proceso independentista”. Por patrimonialización, entiéndase aquí aplicar la ley.

El Español de Pedro J. Ramírez destacó “tres aciertos y seis fallos” de la actuación de los Mossos, un balance nada positivo. El número seis llevaba trampa. De los seis fallos consignados, uno son los inevitables bolardos; otro, un fallo de inteligencia previa al atentado del que se dice que es responsabilidad de todas las fuerzas policiales; otro, una operación Jaula que no supo detectar a un fugitivo que se fue andando en una ciudad de 1,6 millones; y por último, el ya mítico “aviso de la CIA” que no suele tener a policías regionales o locales entre sus interlocutores habituales.

La imagen pública de la investigación cayó en manos de los Mossos –con sus consiguientes riesgos fácilmente imaginables y en aplicación de la ley que de repente ya no parecía tan importante–, y existe el consenso bastante generalizado de que la labor de comunicación personificada en el mayor Josep Lluís Trapero fue efectiva y valiosa. Por eso, se extendió el temor en algunos ámbitos a que el Gobierno catalán se viera beneficiado políticamente, y por tanto había que utilizar cualquier arma para impedirlo.

Hay que insistir en una idea si lo primero es cierto: si Generalitat se ve favorecida, será por cumplir la ley, dejar que los policías hagan su trabajo y no presionarles en público de forma exagerada y poco realista. Por una vez, esos políticos no han intentado correr en todas las direcciones, un estilo del que hemos visto unos cuantos ejemplos en el Gobierno de Puigdemont desde las últimas elecciones.

De hecho, la única declaración pública de un responsable político de alto nivel claramente equivocada se produjo cuando el ministro de Interior declaró desarticulado el grupo de terroristas por su cuenta y riesgo y antes de tiempo. Quizá Zoido empezaba a poner nervioso por los efectos políticos de la investigación y se puso a improvisar, porque lo que no se puede negar es que el Gobierno de Rajoy se movió en esos días en público con serenidad y sin poner palos en las ruedas de los Mossos.

Está claro que Abdelbaki es Satty escapó de las redes de vigilancia que tienden las policías y servicios de inteligencia de Europa. Un hombre sin rumbo y comido por el odio cayó en el mejor lugar posible para sus intereses. La comunidad en la que se movía no pudo detectarle a tiempo. Jóvenes que eran un ejemplo para sus familias fueron convertidos en asesinos. Sólo su escasa preparación para fabricar un explosivo impidió una tragedia mayor.

Como con otros atentados, es un fracaso colectivo del que habrá que sacar conclusiones porque lo reclama toda la sociedad. Lo que ocurrió después de la explosión de Alcanar no fue una victoria para todas las fuerzas policiales implicadas. Quince personas murieron asesinadas y un centenar sufrió heridas que nunca olvidarán. Para hacer balance, no vale con decir que podría haber sido peor.

Quizá habría sido demasiado pedir que la máquina de triturar y manipular no se hubiera puesto en marcha tan pronto. Que hubiera esperado a que se enterrara a los muertos y a la manifestación del sábado. Que todos esos llamamientos a la unidad ante el terrorismo fueran sinceros.

Pero en el estado actual de la política española, parece que eso era pedir demasiado.

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Por qué las ideas religiosas saudíes han sido el terreno más fértil para el terrorismo yihadista

William McCants encontró una forma perfecta para definir a Arabia Saudí y su papel para fomentar las corrientes más reaccionarias del islam en todo el planeta de cuyas fuentes han bebido muchos autores de atentados terroristas. “Los saudíes son tanto los pirómanos como los bomberos. Promueven una forma muy tóxica del islam y traza una línea estricta entre un pequeño grupo de auténticos creyentes y todos los demás, musulmanes y no musulmanes”, dijo el experto en islamismo radical y autor del libro The ISIS Apocalypse.

De entre todas las ideas de los yihadistas, esa es una de las más comunes y de las más dañinas, como pueden corroborar las mayores víctimas de sus atentados, todos ellos en países musulmanes de Oriente Medio. Hay cinco principios que marcan quién es musulmán en el islam, pero para los wahabíes saudíes eso no es suficiente. Los que asesinan a civiles en Bagdad, Raqqa, Kabul, Túnez, Barcelona o Manchester no pueden estar más de acuerdo.

McCants afirma que los saudíes son también “bomberos” en la lucha contra ISIS y Al Qaeda. Lo cierto es que ambas organizaciones declararon la guerra a Riad. El recientemente destituido príncipe heredero saudí, Mohamed bin Nayef, sufrió un atentado dirigido contra él por un terrorista suicida en 2009 cuando era viceministro de Interior.

Los países occidentales creen que necesitan la colaboración de los servicios de inteligencia de Arabia Saudí para derrotar a los yihadistas. Más rentable en términos monetarios es la venta de armamento por valor de centenares de miles de millones de euros a lo largo de décadas. Los gobernantes se afanan en el intento propagandístico de vender la venta de fusiles, lanzagranadas, tanques y aviones como una aportación en favor de la paz. Por eso, la primera ministra británica, Theresa May, ha llegado a decir que la venta de esas armas “ayuda a mantener seguras las calles del Reino Unido”.

Lo que ocurre en las calles de las ciudades europeas que cuentan con una importante comunidad musulmana es muy diferente. Los saudíes han utilizado su ingente capacidad económica para financiar mezquitas, pagar sueldos de imanes y enviar material religioso con los que extender en Europa –al igual que en África y Asia– su visión rigorista y extremista del islam. Eso es a lo que se refiere McCants cuando les llama “pirómanos”

Es habitual encontrar en los medios de comunicaciones, en especial después de grandes atentados, preguntas sobre cuándo evolucionará el islam hacia posiciones menos retrógradas, como ocurrió en Europa (y no es que la Iglesia católica haya aceptado desde el siglo XX de buena gana la pérdida de su influencia social).

La respuesta es sencilla: nunca, mientras el dinero saudí sirva para sostener la influencia de los más reaccionarios.

Es un asunto del que los políticos y diplomáticos europeos prefieren no hablar en público. Actúan como si esa conexión no existiera. A veces, se escapan algunos comentarios. “No están financiando el terrorismo. Están financiando otra cosa que puede hacer que los individuos se radicalicen y se conviertan en carne de cañón del terrorismo”, dijo William Patey, embajador británico en Riad entre 2006 y 2010. La primera frase se contradice un poco con la segunda frase.

Patey conseguía con estas palabras nadar entre dos aguas, pero venía a confirmar lo que muchos sospechan. Esas ideas llenan un mar de prejuicios y órdenes fundamentales para alimentar el odio al que es diferente y a hacerlo responsable de la política exterior de sus gobiernos.

En primer lugar, eso se nota en su propio país y ha tenido repercusiones en las guerras de Irak y Siria. Se sabe que 2.500 saudíes han acudido a la llamada del ISIS para combatir en sus filas en Siria, el mayor número de reclutamiento extranjero para los yihadistas allí después de Túnez. Había una cobertura política en ese llamamiento a la violencia. Riad, al igual que Qatar, ha financiado a grupos insurgentes de ideas islamistas o salafistas que han intentado derrocar al Gobierno de Asad. Siria no es el único caso. También procedían del Estado saudí el mayor número de terroristas suicidas que murieron en Irak, de acuerdo con las cifras manejadas por dos estudios.

Según un estudio del Brookings Institute, el mayor número de partidarios del ISIS en Twitter en 2015 procedía de Arabia Saudí, cuyos habitantes son muy activos en esa red social. Todos ellos hijos del sistema educativo del país.

Las evidencias se acumulan a lo largo de años hasta el punto de que a veces es necesario hacer algo, sea por convencimiento o por marcarse un gesto de cara a la galería. El Gobierno británico encargó a un think tank un informe sobre la financiación desde el extranjero del extremismo islámico en el Reino Unido. Lo recibió en julio de 2017 y de inmediato decidió no publicarlo, excepto un resumen de 430 palabras que desde luego no mencionaba a ningún país.

La ministra de Interior, Amber Rudd, dijo que permanecería secreto por razones de seguridad nacional y porque contenía material sensible sobre personas y organizaciones. Esa debía de ser la idea cuando se encargó el informe, no recibir un texto académico que se pueda encontrar en cualquier página web. Pero cuanto más se sabe sobre ciertos temas, menos derecho tienen los ciudadanos para enterarse.

Un informe de otro think tank sobre el mismo tema sí fue conocido en julio y era más explícito de lo que el Gobierno de May puede permitirse. La financiación extranjera del extremismo, decía el documento de The Henry Jackson Society, procede de gobiernos y fundaciones relacionadas con los gobiernos del Golfo Pérsico, así como de Irán. “Por encima de todos ellos, se encuentra Arabia Saudí, que desde los años 60 ha llevado a cabo un proyecto multimillonario para exportar el islam wahabí por todo el mundo islámico, incluidas las comunidades musulmanas de Occidente”.

No es sólo una cuestión de dinero. ¿Quién se beneficia de esa generosidad? ¿Qué mensaje transmiten los guías religiosos en las mezquitas europeas que reciben ayuda saudí?: “En el Reino Unido, esta financiación ha tomado la forma de aportaciones económicas a mezquitas e instituciones educativas, que han correspondido haciendo de anfitriones de predicadores extremistas y distribuyendo textos extremistas. La influencia también se ha ejercido a través de la formación de líderes religiosos musulmanes británicos en Arabia Saudí, así como el uso de libros saudíes en ciertas escuelas islámicas independientes del país”.

Según el informe, en 2007 se pensaba que Arabia Saudí gastaba 2.000 millones de dólares anuales en promover el wahabismo en el mundo. Ahora se cree que la cifra es el doble. “En 2007, se calculaba que el número de mezquitas británicas que apoyan el salafismo y el wahabismo era 68. Siete años después, el número de mezquitas identificadas con el wahabismo es de 110”.

Un informe de los servicios de inteligencia alemanes filtrado en diciembre de 2016 llegaba a conclusiones similares sobre la financiación del extremismo y situaba su origen en Arabia Saudí, Qatar y Kuwait.

Salafismo no es necesariamente sinónimo de yihadismo o de apoyo a la violencia, pero todos los yihadistas aceptan los principios salafistas. El pluralismo, la tolerancia hacia otros musulmanes de convicciones religiosas más heterodoxas y la aceptación de los progresos de la ciencia son considerados anatema por los yihadistas, y también por los predicadores promovidos por el dinero saudí. Y quienes mejor aprecian la diferencia son los propios musulmanes.

Muchos refugiados sirios se han encontrado en Alemania con mezquitas dirigidas por imanes que ofrecen una interpretación de la religión más conservadora y menos tolerante de la que estaban acostumbrados en su país. Hasta el punto de que algunos han decidido no acudir a ellas.

En 2015, el rey saudí Salmán se ofreció a construir 200 mezquitas en Alemania para acoger las necesidades de los refugiados. No consta que el Gobierno alemán aceptara la oferta, pero tampoco ha prohibido la llegada de dinero saudí al país.

Farah Pandith fue testigo del alcance del adoctrinamiento saudí. Como enviada especial del Departamento de Estado para las comunidades musulmanes –un cargo de nueva creación en el Gobierno de Obama–, viajó a 80 países y su veredicto no puede ser más claro: “En cada lugar que visité, la influencia wahabí era una presencia insidiosa, cambiando la identidad local, desplazando las activas formas de práctica islámica arraigadas histórica y culturalmente, y sacando de allí a personas que eran pagadas para seguir sus reglas o que se convertían en sus propios vigilantes de la visión wahabí”.

Pandith reclamaba en 2015 que escuelas y bibliotecas rechazaran la donación gratuita de libros de texto religiosos saudíes “llenos de odio” y que se impidiera que los saudíes continuaran “demoliendo” las costumbres religiosas locales “que prueban la diversidad del islam”.

Incluso países muy alejados de Oriente Medio y con una tradición religiosa opuesta a la wahabí o salafista reciben la atención saudí. En Indonesia llevan años extendiendo su influencia en un país de 260 millones de habitantes. En un país tan inmenso, la estrategia consiste más en formar a los líderes religiosos del futuro. “La llegada del salafismo a Indonesia es parte del proyecto global de Arabia Saudí para extender su versión del islam por todo el mundo musulmán”, dijo a The Atlantic Din Wahid, experto en salafismo indonesio en la Universidad Islámica de Yakarta.

En los Balcanes, la tradición musulmana local es tan heterodoxa que ha sido siempre compatible con costumbres que en Arabia Saudí te llevarían a prisión. En la segunda ciudad del país, Prizren, conocida por sus muchas y antiguas mezquitas, no era raro hace cuatro años ver a una anciana cubierta con ropas amplias y el pelo tapado como dictan los cánones, acompañada por su nieta ataviada con una minifalda realmente corta. 

Ahora Kosovo también se ha convertido en un centro exportador de partidarios del ISIS –314 identificados en 2016, el mayor número per cápita en Europa– sin que se pueda considerar una casualidad el dinero saudí llegado en los últimos años en favor de ideas extremistas. 

“Ellos (los saudíes) promueven un islam político”, dijo al NYT Fatos Makolli, director de la policía antiterrorista”. “Gastan mucho dinero para promoverlo a través de programas dirigidos sobre todo a los jóvenes y gente vulnerable, y traen consigo textos wahabíes y salafistas. Atraen a esta gente a un islam político radical, lo que provoca su radicalización”. 

Adoctrinamiento. Textos wahabíes traídos desde Arabia Saudí. Imanes y profesores a sueldo de Riad. Abandono de las costumbres locales. Radicalización. Alistamiento en el ISIS o antes Al Qaeda. Es una cadena que se repite en distintos países del mundo. No siempre acaba en terrorismo, pero siempre comienza con la llegada de alguien con una oferta económica que no se puede rechazar y que promete el auténtico islam.

Los saudíes niegan cualquier conexión en esa cadena. Los yihadistas, obsesionados con la ortodoxia de sus ideas en relación a los primeros siglos del islam, saben muy bien cuáles son las fuentes de confianza.

Hasta que en 2015 pudieron publicar sus propios libros de texto para los colegios de las zonas que habían ocupado en Irak y Siria, los yihadistas del ISIS adoptaron los manuales religiosos oficiales que Arabia Saudí reparte en su sistema educativo. De las doce primeras obras publicadas por el Estado Islámico, ocho eran de Muhamad ibn Abd al-Wahhab, el fundador del credo wahabí, la religión de Estado en Arabia Saudí. 

Los primeros eslabones de la cadena generan una confianza absoluta en la organización que representa la última amenaza yihadista que persigue a Europa. 

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Los neonazis de la manifestación de Charlottesville desde muy cerca

Este reportaje de Vice News nos coloca lo más cerca posible de los sucesos ocurridos en Charlottesville este fin de semana. En especial porque la periodista Elle Reeve y el cámara acompañan a los neonazis que convocaron la concentración. No nos permite saber exactamente quiénes son, pero sí cuáles son sus ideas. En cuanto al peligro que suponen, lo mejor es la frase que pronuncia uno de los promotores, Christopher Cantwell (después de dejar sobre la cama de su habitación todas las armas que llevaba encima): “Creo que mucha más gente va a morir aquí, francamente, antes de que acabemos”.

También cuenta con imágenes de la noche anterior, de la marcha con antorchas en el parque donde está la estatua de Robert Lee, con gritos contra los judíos y el eslogan revelador de “Blood and soil” (sangre y tierra). Es decir, “Blut und Boden”, una invocación fundamental para los nazis alemanes en los años 30. Esa es la concentración que Trump defendió por oponerse a la retirada de la estatua de Lee, aprobada por el Ayuntamiento.

En el reportaje aparece el momento en que la gente de Charlottesville pone fin a una rueda de prensa del principal organizador de la manifestación ultra, Jason Kessler, que decidió hablar ante los periodistas ante el Ayuntamiento de la ciudad. Después de unas pocas palabras, tuvo que salir huyendo cuando algunos pensaron que la provocación había ido demasiado lejos. Hay mejores imágenes del momento en este vídeo.

Una de las conclusiones que se pueden sacar de las imágenes del reportaje de Vice News es que el desenlace pudo ser mucho peor. La pregunta es evidente: ¿dónde estaba la policía? Un principio básico de cualquier actuación policial cuando hay una manifestación y una contramanifestación es que no puedes dejar bajo ningún concepto que ambos lados se acerquen. Tienes que crear un perímetro y un cordón policial que impida que estén situados a muy pocos metros. La concentración de los ultraderechistas había sido autorizada por un juez. El Ayuntamiento y la Policía local no podían prohibirla. Eso no quiere decir que no pudieran legalmente hacer nada.

Tal y como se comporta la policía en EEUU –no hay que hacer mucho en una protesta en la calle para que te detengan–, su pasividad es difícil de creer. Tenían que haber controlado el parque mucho antes de la hora de comienzo del acto, las 12.00 hora local, para controlar la situación. Esperaron fuera de él hasta que el gobernador de Virginia declaró el estado de emergencia local, momento en que desalojaron el parque sin problemas. Pero lo que hacían a partir de ese instante era ocupar un parque vacío y el conflicto se había trasladado a otras zonas de la ciudad.

El gobernador destacó que muchos de los manifestantes ultraderechistas contaban con más armas que la policía. Eso no aparece en el reportaje de Vice News. El mismo sábado, vimos cómo un grupo de miembros de una milicia se presentó en Charlottesville con uniformes militares y armados con fusiles de asalto. La legislación sobre armas en Virginia permite este tipo de cosas. El jefe de policía local negó que sus fuerzas estuvieran intimidadas por esa demostración de fuerza. Pero el caso es que no aparecieron donde debían estar.

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