Pedro Sánchez renuncia a defender los derechos humanos si eso supone un riesgo económico

La entrevista a Pedro Sánchez en La Sexta en la noche del domingo nos ha permitido confirmar dos hechos básicos en la decisión del Gobierno español de autorizar la venta de bombas a Arabia Saudí para su uso en la guerra de Yemen. Hubo una amenaza directa del Gobierno saudí de poner fin a las relaciones económicas con España, y toda esta crisis se originó por lo que fue un error de la ministra de Defensa, según la versión ofrecida por Sánchez.

Hay algo más que admite varias interpretaciones, pero que Sánchez dejó claro en una de sus respuestas. Está muy bien tener una política de derechos humanos, pero no tanto si eso pone en peligro inversiones y puestos de trabajo. Una guerra en la que han muerto decenas de miles de personas es algo terrible, pero un Gobierno puede colaborar con ella, aunque sea de forma reducida, y no sentirse responsable. ¿Por qué? Tiene mucho dinero que perder.

En varios medios de comunicación, se informó de que el Gobierno saudí había protestado por la decisión de Margarita Robles de suspender la entrega de bombas guiadas por láser en un contrato aprobado por el anterior Gobierno y ya pagado por el cliente. El Gobierno no se atrevió a concretar mucho más. Los saudíes, a diferencia de la crisis que han tenido con Canadá, prefirieron optar por la discreción y no hacer público su enfado. Seguro que pensaban que este era un problema que podían arreglar sin levantar la voz.

Sánchez fue bastante claro en la entrevista: “El dilema que tenía este Gobierno era romper las relaciones comerciales, económicas y políticas con un tercer país, con el impacto que eso podía tener en determinadas zonas de este país, por ejemplo la bahía de Cádiz, o cumplir con un contrato que firmó la anterior Administración”. El peligro consistía en perder el contrato de construcción de cinco corbetas por valor de 1.800 millones de euros en las instalaciones de Navantia en Cádiz y Ferrol. Esa fue la amenaza que llegó de Riad.

La ministra de Defensa quedó completamente desautorizada. Fue señalada como la causante de esta crisis. Sánchez dijo que Robles no fue consciente de las dimensiones comerciales de esa decisión, con lo que hay que suponer que la tomó sin consultarla con Exteriores, Economía o Moncloa. Cabe la posibilidad de que esto no haya sido así, pero los comentarios de Sánchez hacen pensar que el Gobierno tuvo que reaccionar ante una situación creada por Defensa.

No es lo mismo ser ministro que presidente –eso lo sabemos todos–, pero la humillación política sufrida por Robles es de las que dejan huella.

Por último, las declaraciones de Sánchez ponen un límite muy claro en cualquier esperanza que se pueda tener en que este Gobierno tenga un política de derechos humanos distinta al anterior. El único consuelo, muy pequeño, es que Sánchez no nos insultó con la explicación absurda sobre el “armamento de precisión” con la que el ministro de Exteriores, Josep Borrell, y la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, nos intentaron engañar unos días antes.

Realpolitik más puestos de trabajo suman una potencia que ninguna tragedia humanitaria ni violación de derechos básicos pueden alcanzar. Estoy seguro de que Sánchez preferiría que se acabara la guerra de Yemen, ¿y quién no?, pero está dispuesto a colaborar con los planes militares saudíes porque aparentemente no nos podemos permitir adoptar una postura ética y que respete la legislación español sobre venta de armas. Si es verdad que miles de puestos de trabajo directos e indirectos dependían del contrato de las corbetas, para el Gobierno, no hay más que hablar.

En otras palabras, los derechos humanos, para los que se los puedan permitir.

“La responsabilidad que tiene este Gobierno llega hasta nuestras fronteras. Lo que puedan hacer terceros países no es responsabilidad de este Gobierno”, dijo Sánchez. 

Eso no es lo que dice la legislación. Una ley aprobada en 2007, con un Gobierno socialista, dictamina que hay que denegar la exportación de armamento “cuando existan indicios racionales de que las armas puedan ser empleadas en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o regional, exacerbar tensiones o conflictos, ser utilizadas de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano para la represión interna, o en situaciones de violaciones de derechos humanos, o vayan a países con evidencia de desvío”.

No hay mejor forma que describir la campaña de bombardeos masivos saudíes sobre la infraestructura civil de Yemen que esa ley escrita en 2007 por alguien que quizá ni siquiera sabía quién gobernaba Yemen, y mucho menos lo que pasaría allí años después.

Este es el momento en que uno, si cree qué Margarita Robles debería haber coordinado su decisión con Moncloa, se pregunta si una ministra tiene que pedir permiso para cumplir la ley.

Pero ya sabemos que para los ciudadanos el cumplimiento de la ley es una obligación inexcusable. Para los gobiernos, la ley consiste sólo en una serie de directrices que se pueden obviar si resultan demasiado onerosas desde el punto de vista económico o electoral.

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