En junio de 2002 el redactor jefe de El Mundo Francisco Frechoso participó en una tertulia de Informativos Telecinco en la que se trató el tema de la huelga general del 21J. Al igual que el 90% de la plantilla del periódico, Frechoso se mostró a favor de la convocatoria y criticó al periódico por haber tomado una serie de medidas con las que distribuir una edición reducida en el día de la huelga y conceder así una victoria al Gobierno de José María Aznar. El portavoz del Gobierno, Pío Cabanillas, se había presentado ese día en el Congreso con varios periódicos bajo el brazo, desplegados de forma que se vieran las cabeceras. El reconocimiento al trabajo bien hecho.
En represalia, El Mundo ordenó a Frechoso que no volviera a participar en la tertulia ‘La Mirada Crítica’. Como se suele decir en estos casos, la libertad de expresión está para los que se la pueden pagar y el periódico decidió que estaba fuera de las posibilidades del periodista. Frechoso respondió con una demanda que ganó, pero a partir de ese momento quedó marcado. Pedro J. Ramírez no se lo perdonó.
Una de las características de los medios de comunicación españoles es que defienden la libertad de expresión de puertas para fuera. Dentro de la redacción, no hay tanto espacio para la discrepancia. A veces, ninguno.
Pedro J. Ramírez ha abandonado su puesto vitalicio de director de El Mundo forzado por una decisión de su empresa, que ya no está en condiciones de resistir su crítica situación económica. Sus vías de salida están cerradas porque los propietarios no están dispuestos a continuar enjugando las pérdidas, el Gobierno le castiga negándole la publicidad institucional que le correspondería por su difusión, y es poco probable que los bancos vayan a conceder créditos millonarios a un negocio lleno de incertidumbres que además les colocaría en rumbo de colisión con el Gobierno. Los bancos siempre juegan en el campo del Gobierno en España.
Con el barco haciendo aguas, la empresa ha arrojado por la borda el cuerpo del director con la esperanza de que el Gobierno premie el gesto y permita o propicie la venta del periódico a otra compañía con más futuro por delante. Lo dejó bastante claro el consejero delegado de Unidad Editorial en una entrevista hace poco más de un mes.
Pedro J. ha presentado ante la redacción su salida como una consecuencia de la cobertura del caso Bárcenas. No hay que ser un genio para saber que no anda muy equivocado. Tampoco hay que ser un cínico despiadado para pensar que él participó de buena gana en el juego del poder con su complicidad con Aznar, se implicó directamente en el intento de algunos sectores del PP de acabar con Rajoy tras la derrota de este en las elecciones de 2008, y al final terminó por sufrir el hachazo final del gallego resentido y de su vicepresidenta que lo apunta todo y no olvida nada.
Indignarse ante esa situación es legítimo y necesario. Escandalizarse, no, porque esa es la forma en que se ha comportado siempre el poder político desde los inicios de la Transición con respecto a los medios de comunicación. Pedro J. ya lo sufrió cuando fue despedido de Diario 16 cuando el dueño tuvo que admitir que sus dificultades económicas ya no le permitían soportar las presiones del Gobierno de Felipe González. Lo mismo ocurrió en Informativos Telecinco cuando el Grupo Vocento le enseñó a Luis Fernández la puerta de salida porque ya no estaba en condiciones de frenar la ofensiva del Gobierno de Aznar.
A veces, son las pérdidas en la cuenta de resultados. En otras ocasiones, son los intereses económicos de las empresas en sectores como la radio y la televisión fuertemente regulados por el Gobierno. Puede ocurrir también que sea una mezcla de ruina financiera y comunión ideológica, como cuando ABC eliminó a su director, José Antonio Zarzalejos, tras la presión inmisericorde de Esperanza Aguirre.
La independencia del poder político no es una realidad en las grandes empresas de comunicación españolas. Si acaso, es un estado de ánimo fácilmente moldeable cuando las circunstancias son propicias para los gobiernos. Y ahora siempre lo son.
Los directores se libran de los periodistas molestos que no dicen a todo ‘sí, señor’ hasta que descubren que ellos mismos también pueden ser neutralizados por no haber sido lo bastante sumisos ante el poder. Es en ese contexto en el que hay que entender los elogios de los editoriales de El País a la política económica del Gobierno. Si estás en manos de los bancos, no necesitas que te llamen para saber lo que tienes que hacer.
Y luego la culpa de la pérdida de lectores es de Internet. O de Google. O de los jóvenes que no leen periódicos. Bueno, esa es otra historia.
Pedro J. Ramírez ha sido el mejor director que haya habido en la prensa de Madrid o Barcelona (un Shackleton con el que merecía la pena jugarse la vida en una expedición imposible) y un horrendo periodista cuando llegó a la conclusión de que podía asumir todos los papeles que estuvieran a su alcance (y un director es un monarca absoluto con poderes ilimitados que en los días buenos es Carlos III, sólo se puede aspirar a eso, y en los malos convierte a Fernando VII en un tipo moderado y abierto a las críticas).
Pedro J. llegó a la conclusión de que podía ser al mismo tiempo director, columnista de pluma agresiva, historiador aficionado, muñidor de un grupo de comunicación, consejero aúlico de presidentes y tertuliano omnipresente. Prensa, radio, televisión, Internet… su imperio no conocía el sol, y como todos los emperadores podía salir del despacho desnudo y que todos admiraran el corte de su traje.
No había nadie detrás que le susurrara al oído: recuerda que eres periodista. Y cuando lo hubo, no le hizo mucho caso.
Antes de eso, y es de justicia decirlo y es injusto dedicarle sólo unas líneas, prestó un servicio impagable a este país con la cobertura de los crímenes de los GAL, un ejemplo de terrorismo de Estado que el Gobierno y la mayor parte de la sociedad preferían ignorar. Primero en Diario 16, en artículos firmados en su mayor parte por Ricardo Arqués y Melchor Miralles, y luego en El Mundo, desveló una trama criminal financiada por un Gobierno de izquierdas y ejecutada por policías y guardias civiles corruptos, y pistoleros fascistas de Francia e Italia. Fue un ejemplo de valor del que pocos periodistas pueden presumir en este país.
Años después, se convirtió en el envés de esa hazaña alimentando la conspiración de los agujeros negros del 11M en colaboración con los personajes más tenebrosos de la clase periodística a través de una serie inagotable de artículos que tenían una característica común: lo mal que estaban escritos.
Pero entonces ya no importaba cualquier prioridad periodística. El PP había perdido de forma inesperada las elecciones, el legado de Aznar estaba en peligro y había que hacer algo para convencer a la gente de que los errores de Aznar y Acebes entre el 11 y el 14 de marzo no eran tales, que había asuntos oscuros que exigían una investigación en profundidad y que además, y esto se dijo desde el primer artículo de la campaña, existió una conspiración organizada por miembros de las fuerzas de seguridad cercanos al PSOE que confundieron al Gobierno y sembraron de pistas falsas esos primeros días de trabajo policial.
«Comienza a asomar así lo que un veterano investigador de la policía ha definido como el cuento de Pulgarcito, alguien que encuentra el camino porque previamente ha dejado las piedrecitas blancas que le indican el mismo», decía ese primer artículo.
Curiosamente, ese texto terminaba con una llamada al teléfono móvil de uno de los terroristas que se inmolaron en la casa de Leganés y se decía que la explosión «ha enterrado definitivamente la esperanza de conocer toda la verdad del 11-M». Punto final. Nada más lejos de la realidad paralela que comenzó a construirse. A partir de ese momento, se encadenó una sucesión de historias con las que sostener que la verdad había sido otra sin que nunca estuviera del todo claro cuál era. Se perdió el miedo al ridículo, y las teorías alternativas que, por ejemplo en EEUU en relación al 11S quedaban circunscritas a medios de extrema derecha o extrema izquierda, en España fueron defendidas por un periódico que se decía liberal, moderado o conservador.
Por citar uno de los numerosos ejemplos de esta loca carrera hacia el abismo, Pedro J. empeñó su prestigio, lo hundió en la miseria, regalando tres portadas a un delincuente como José Emilio Trashorras al que los médicos forenses de la Audiencia Nacional diagnosticaron «trastorno psicoafectivo bipolar, trastorno de personalidad esquizoide y antisocial y trastorno psicótico por consumo y abuso de drogas».
¿Qué mejor fuente puede desear un periodista que está investigando el mayor atentado terrorista en la historia de España? ¿Cómo no creer a alguien que afirma que todo fue un golpe de Estado montado por las fuerzas de seguridad para asesinar a 191 hombres, mujeres y niños, que la policía le ofreció dinero para acusar a unas marionetas y encubrir la matanza o que uno de los terroristas «tenía contactos con ETA?».
Nadie más que Pedro J. Ramírez podía llegar a esos extremos. No son los políticos los únicos que pierden la cabeza al disfrutar del poder absoluto.
