¿Juicio paralelo? Ya quisiera la justicia ser tan rápida. Para cuando quiera darse cuenta, los medios de comunicación se han erigido en policías, fiscales y jueces. En la investigación de la desaparición y posible asesinato de los niños Ruth y José Bretón, en menos de 24 horas se puede no ya establecer un veredicto sino incluso imponer la pena.
La masa enfurecida ya tiene a quién seguir.
La celebración del juicio es una mera formalidad. Y si utilizamos la expresión completa de ‘juicio justo’ –una expresión que debería sonar redundante en una democracia–, es algo peligrosamente cercano a una quimera en el caso de que al final el juicio se celebre con jurado. ¿Podrán sus miembros abstraerse de la presión social sobre este caso?
Las portadas de prensa y los programas matinales de televisión de hoy se han lanzado como fieras a la noticia. La amplia cobertura es comprensible hasta cierto punto por varios factores: la sorpresa por las nuevas revelaciones que dejan patente un grave error policial y el interés que el caso ha suscitado desde hace tiempo, no sólo en Córdoba. Luego están las motivaciones no tan confesables: venta de diarios en kioscos, páginas vistas en Internet, puntos de audiencia televisiva, sueldos de presentadores.
Muchas personas rechazan por sistema la información de sucesos por creerla carne de sensacionalismo. Están en su derecho, pero no pueden obligar a los demás a tener la misma actitud. Estas historias siempre han existido en el periodismo, tienen su público y pueden hacerse bien o mal, como cualquier otro genero periodístico.
Como ocurre con frecuencia en España, los crímenes que impactan a una parte de la opinión pública pueden tener importantes repercusiones políticas. Resulta evidente al analizar muchas de las reformas parciales que se han llevado a cabo en el Código Penal. No importa que previamente se hayan endurecido las penas contra los peores delitos. Tras el siguiente, vuelve a escucharse la petición de «endurecer» esas mismas penas. Por alguna razón, hay gente que cree que eso tiene efectos disuasorios en personas capaces de matar a un niño. O quizá sea sólo por la venganza, palabra que nunca se pronuncia.
La presión sobre los medios en estos casos es muy alta. El requisito mínimo, no único, que se puede exigir a un periodista es que no cuente mentiras. Es un baremo al que no llega la portada de ABC: «Bretón asesinó y quemó a sus hijos». En el mejor de los casos, esa es una deducción o sospecha que se vende como si fuera un hecho incuestionable. El subtítulo es aún peor: «Dos informes confirman que los huesos calcinados que aparecieron en ‘Las Quemadillas’ son de los niños desaparecidos en Córdoba». No es eso lo que dicen los informes, aunque las sospechas vayan por ahí. Los forense aún no pueden saber a quién corresponden esos restos óseos (que por cierto ya tienen derecho a su propia fotogalería).
Cualquiera que vea esa primera página pensará que el ABC de hoy es un concierto de informaciones sensacionalistas sobre el caso. La verdad es que sus reporteros han hecho un esfuerzo por contar sólo lo que se sabe en los artículos. Es la portada la que directamente se tira al barro.
Habrá gente que diga que ahora hay poco margen para las dudas. Los tribunales harán su trabajo en su momento, pero no tenemos que esperar hasta entonces para tener una opinión fundada.
Quizá sea verdad o no, pero lo mismo se dijo en años anteriores con otras investigaciones que tuvieron un final inesperado. Y que provocaron portadas sensacionalistas, dramáticas y falsas.
En noviembre de 2009, un hombre fue detenido en Canarias por otro crimen repugnante. Había muerto la hija de su novia en lo que parecía un caso de presunto maltrato. Edad de la víctima: tres años. ¿Quién podía mantener la calma ante una posibilidad tan aterradora? No el entonces director de ABC que autorizó una portada con el titular: «La mirada del asesino de una niña de tres años». Una vez más, el subtítulo servía para avivar la hoguera y se refería a «las quemaduras y golpes propinados por el novio de su madre».
La clase de hechos por los que la gente pide cadena perpetua, pena de muerte o soluciones más rápidas.
En las televisiones, hasta animaban a la gente para que increpara al sospechoso.
Dos días después, el juez lo puso en libertad. La muerte se había debido a los daños cerebrales causados por la caída de un columpio. Lo que parecían quemaduras sólo era un cuadro alérgico. El verdugo que hay dentro de los medios de comunicación había decapitado a la persona equivocada.
Aún con más intensidad reaccionaron los medios –porque la historia duró años– con ocasión de la investigación del asesinato de Rocío Wanninkhof. Antes de que un jurado popular declarara culpable a Dolores Vázquez, muchos periodistas decidieron que su personalidad «fría y calculadora» estaba ocultando algo. No se derrumbó en los interrogatorios, lo que paradójicamente sumaba en su contra. Señal también de ese carácter calculador.
Pocos pensaron que resistió porque era inocente, lo que quedó demostrado cuando se descubrió al verdadero asesino. Y eso no impidió que algunos periodistas continuaran exprimiendo el caso, esta vez invocando la supuesta existencia de contactos entre Vázquez y el asesino. El único inconveniente era encontrar programas de televisión dispuestos a comprar esa mercancía. Durante un tiempo los hubo.
Siempre hay un error inicial en esa cadena de decisiones. Un forense, un policía o un juez pueden tomar una decisión equivocada. Los medios de comunicación, por el contrario, no asumen ninguna responsabilidad. Con la misma fiereza con la que hoy comentan algo en las tertulias televisivas, dirán lo contrario en unos días si la información inicial resulta falsa. Y pedirán dimisiones o acciones ejemplares. Nunca dirán que llamar asesino a un inocente en portada les descalifica para seguir haciendo su trabajo.
