Hay una constante en todos los cambios de gobierno en Ucrania. No importa que tengan su origen en el resultado de las elecciones o una insurrección en la calle. Da igual que se deban a razones puramente locales o que haya una implicación de países extranjeros. Lo que no cambia nunca es la presencia de la corrupción y el dominio de la economía del país por una oligarquía de millonarios. No es una maldición. Casi siempre procede de decisiones políticas de los gobiernos, y sólo a veces se debe a la debilidad de las instituciones.
Eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora.
En marzo de 2014 escribí sobre lo que podía ocurrir en Ucrania después del derrocamiento del autoritario (y corrupto) Yanukóvich. La mayoría de los medios celebraba el cambio político y la victoria de los sectores denominados proeuropeos. Y además se felicitaban por la salida de prisión de Yulia Timoshenko a la que se definía como un símbolo de los sectores liberales oprimidos por el Gobierno saliente. La realidad era muy diferente:
¿Revolución en Kiev? Una insurrección, sin duda, pero no habrá cambios revolucionarios en el país. Al igual que con el precedente anterior, los oligarcas tendrán que ajustar el alcance de sus negocios y quizá renunciar a algunos contratos, pero se ocuparán de que sus negocios queden a salvo. Yanukóvich ha sido excelente para ellos y el nuevo Gobierno no tiene por qué dejar de serlo.
Y no lo ha sido. Los acontecimientos de los últimos días lo demuestran. El presidente Poroshenko pidió al primer ministro Yartseniuk que presentara la dimisión por su falta de apoyos parlamentarios y, sobre todo, por los avisos que llegan del extranjero, propiciados por la dimisión del Ministerio de Economía, harto de que la gran campaña contra la corrupción se hubiera quedado en nada. Su retirada tuvo consecuencias. Christine Lagarde visitó Kiev y lo dejó claro hace unos días. En la situación actual, el FMI no se comprometía a continuar con el apoyo financiero con el que el Gobierno ucraniano recibirá en total 40.000 millones de dólares, sin los cuales el Estado acabará en la bancarrota.
El mensaje no podía ser más contundente. Seríamos muy ingenuos si pensemas que iba realmente en serio.
En abril tiene que llegar otro tramo de ese rescate. El FMI debería enviar 1.700 millones de dólares. Acto seguido, EEUU aportaría 1.000 millones, en forma de avales garantizados, y la UE otros 650 millones. Con ese dinero, el Gobierno aguantaría bastante tiempo.
El anuncio de Proshenko se hizo justo antes de la votación de una moción de censura contra el Gobierno. El partido del presidente, que forma parte de la coalición de gobierno, iba a votar en contra, al menos en su mayor parte, pero la moción no prosperó. Obtuvo 194 votos a favor y dos en contra. Se quedó a 32 votos de los necesarios para provocar el fin del Gobierno. Y no salió adelante porque muchos diputados no participaron (el Parlamento tiene 450 escaños). Según el FT, se quedaron fuera del hemiciclo los parlamentarios de un partido de la oposición relacionado con algunas de las mayores fortunas del país, incluido el hombre más rico de Ucrania, Rinat Akhmetov. Akhmetov era amigo personal del expresidente Yanukóvich, pero seguía bien colocado en la nueva Ucrania.
Lo que sí hizo Poroshenko fue forzar la dimisión del fiscal general, señalado por grupos de derechos civiles como el principal artífice de que las investigaciones contra la corrupción hayan sido hasta ahora inútiles. Es la cabeza que el presidente ofrece a EEUU, la UE y el FMI para que continúen con la asistencia financiera.
El mismo artículo del FT cita fuentes cercanas al Gobierno ucraniano con un mensaje que en apariencia resulta contradictorio con todo lo dicho antes, pero que en realidad no lo es tanto. Ante la incapacidad del Gobierno de Yatseniuk de poner freno a la corrupción, su relevo debería ser una salida obvia (aunque tampoco es que haya alternativas mucho mejores). Pero Yatseniuk es un tecnócrata liberal que prácticamente fue colocado en el puesto por EEUU: «Ha habido una enorme presión de Occidente para mantener el tándem (de Poroshenko) con Yatseniuk», dice esa fuente al FT.
Es decir, todo es un desastre, pero Washington quiere que continúe el primer ministro y no quiere que haya elecciones anticipadas. Ha invertido demasiado capital político y dinero en él y en el presidente.
En este punto, conviene preguntarse por qué dimitió el ministro de Economía. Aivaras Abromavicius es un tecnócrata de origen lituano (cómo estará el país que el Gobierno tuvo que fichar a extranjeros para puestos clave de la Administración) que tenía como responsabilidad entre otras cosas imponer criterios profesionales en las empresas públicas. Pero Igor Kononenko, amigo y mano derecha del presidente, tenía otras ideas al respecto en cuanto al nombramiento de altos cargos en los sectores públicos de energía y defensa, que siempre han estado en el origen de los mayores casos de corrupción en el Gobierno desde hace mucho tiempo.
Por buenas que fueran las intenciones de Abromavicius, se encontró ante el muro que ha estado presente en la política ucraniana desde mediados de los 90. La economía está controlada por un grupo no muy numeroso de oligarcas –según un porcentaje ampliamente citado por los medios del país su poder alcanza al 70% de la economía– que cuentan con el apoyo de los distintos gobiernos de Kiev con independencia de su ideología. Kuchma, Yuschenko, Timoshenko (como primera ministra), Yanukóvich y ahora Poroshenko han pasado por el poder y la principal diferencia es que cada uno tenía sus propios oligarcas favoritos –algunos nunca perdían el favor del poder–, que recibían el tratamiento necesario para mantener o ampliar su fortuna.
En un país cuyo crecimiento real del PIB desde el fin de la URSS es el más bajo de la Europa del Este, conviene destacar que hay más multimillonarios que en España, con la obvia excepción de Amancio Ortega.
En la presidencia de Poroshenko, y con la complicidad de EEUU y Europa, ha habido factores políticos que han fortalecido el poder de algunos oligarcas. La guerra en las regiones orientales del país, surgida tanto por los errores de Kiev inmediatamente después de la caída de Yanukóvich como por la intervención rusa, dejo patente la incapacidad del Ejército ucraniano para preservar la autoridad del Gobierno.
Kiev optó por un pacto con el diablo del que sigue pagando los intereses. Permitió y alentó que varios de los oligarcas –algunos de ellos fueron nombrados gobernadores de regiones del país– financiaran y armaran milicias de voluntarios para combatir en la guerra. También grupos de extrema derecha gozaron del mismo privilegio aprovechándose de del fervor nacionalista con el que se alimentó la defensa de la integridad nacional y el enfrentamiento contra Moscú, que a su vez financió a las milicias de la zona este.
Es cierto que al menos en un caso el Gobierno se atrevió a plantar cara en 2015 a uno de esos gobernadores-oligarcas. Los demás ajustaron el tiro y continuaron con sus negocios. Ni siquiera cuando aparecieron investigaciones originadas en países extranjeros, el Gobierno se olvidó de sus prioridades. En Suiza se abrió una investigación penal sobre un soborno de 30 millones de dólares a Mykola Martynenko, que forma parte en el Parlamento del grupo que apoya al primer ministro Yatseniuk. Los fiscales ucranianos protegieron a Martynenko, como también lo hicieron con altos cargos del anterior Gobierno o sólo presentaron cargos contra ellos cuando habían sacado su dinero del país y se habían refugiado en el extranjero.
El siempre discutible índice de Transparency International coloca a Ucrania en el puesto 142, sobre 174 países. En este caso, no puede estar muy equivocado porque no son sólo los grandes contratos del Estado y el funcionamiento de las empresas públicas los que están condicionados por la corrupción. Menos de dos años después de la supuesta revolución, los ucranianos continúan pagando sobornos en su vida cotidiana. Para que les atienda un médico, para matricular su coche o para colocar a su hijo en el colegio. Para todo lo que tenga que ver con la Administración.
Tratándose de Ucrania, cualquier desenlace es posible. Dos de los partidos que forman la coalición de gobierno han anunciado que la abandonan. Otro partido que apoyaba a Yatseniuk pero que se pasó a la oposición hace unos meses ahora podría volver a poner sus diputados a su disposición. Todo se reordenará de alguna manera en función de los mensajes que lleguen de Washington y Berlín porque sin el dinero de Occidente no hay fondos para sostener al Gobierno ni probablemente Estado.
En realidad, llamar Estado a Ucrania exige un cierto esfuerzo de la imaginación.
Foto: manifestantes ucranianos golpean un muñeco con el rostro del primer ministro Yatseniuk el 16 de febrero. Foto: EFE.
