Hoy es el día en que una parte de la prensa y de los políticos británicos muestra su cara más xenófoba. Desde el 1 de enero, rumanos y búlgaros pueden ir a vivir y trabajar al Reino Unido, como el resto de ciudadanos de la Unión Europea (los que salen en la viñeta del Telegraph son David Cameron y la ministra de Interior, Theresa May). No es suficiente con decir que el país se va a ver arrasado por la llegada de «centenares de miles» de extranjeros, sino que anuncian que ciudadanos de otros países que no forman parte de la UE, como Macedonia y Moldavia, podrán también conseguir los pasaportes rumanos y búlgaros que les permitirán entrar en el país para quedarse.
El tema de la inmigración es una cuestión recurrente del ala derecha de los tories para lanzar su mensaje histérico contra los sucesivos gobiernos, incluidos los suyos. Es uno de los factores que hicieron que los conservadores se quedaran con la etiqueta del «nasty party» y que Cameron se había empeñado en desterrar. Pero es también la típica tecla que el actual Gobierno acciona de vez en cuando para congraciarse con ese sector y de paso echar la culpa de todo a la UE. Afortunadamente, no todos los conservadores piensan así, pero su voz se escucha menos en el partido.
En esta ocasión, no es sólo el miedo a la llegada de esos trabajadores. Está también la denuncia de que esa riada de personas viene para aprovecharse de los ‘benefits’, los subsidios sociales. Los tabloides denuncian eso una y otra vez, en especial el Daily Mail y el Daily Express, a pesar de que los datos demuestran lo contrario. De hecho, lo más probable es que sean más los lectores del Express, de mayor edad y de una clase social más baja que la media de la población, los que disfruten de esos subsidios que la población de origen extranjero.
Esta paranoia ya se vivió cuando ocurrió lo mismo con los polacos. Y sí es cierto que llegaron centenares de miles. Ahora se calcula que residen allí al menos unos 500.000. Cualquiera que haya vivido en Londres los ha visto trabajando duro en la construcción y en la renovación de casas (un mercado amplísimo en Londres) en los empleos que muchos menos británicos están dispuestos a aceptar. Y de eso se ha beneficiado la economía del país, o al menos eso dice The Economist, que ya dijo una vez que la corriente inmigratoria funciona en ocasiones como una reforma laboral encubierta en algunos sectores. La imagen de la inmigración dentro de la UE es muy flexible y varía en función de varios factores, tanto del país que envía trabajadores como del que los recibe. No todos los inmigrantes que llegan al Reino Unido se quedan allí para siempre.
Y los que se quedan contribuyen a la fortaleza de la economía del país. Pagan impuestos, directos e indirectos, permiten que el coste de la mano de obra en el mercado de renovación de casas en las grandes ciudades no se dispare (muy importante para la clase media y media alta), son de media más jóvenes que la población local y por tanto usan menos los servicios sanitarios, y reciben de media menos subsidios sociales.
Los países que triunfan son aquellos que están en condiciones de recibir inmigrantes. Los que fracasan son los que pierden a su población más emprendedora, que en este caso quiere decir los que están dispuestos a abandonar su país y su modo de vida para trabajar en condiciones siempre difíciles en una sociedad diferente.
Hay un rostro aún más siniestro en esta reacción populista y es el demostrado por el líder euroescéptico Nigel Farage cuando alertó de una «ola de crímenes rumanos». Otra vez los hechos le desmienten, lo que en su caso es casi una costumbre. Lo ocurrido con la llegada de los polacos, además de la experiencia en EEUU, revela que en los inmigrantes de primera generación, incluidos los jóvenes, la tasa de criminalidad es similar o inferior a la media de la población.
Los políticos británicos que lamentan la libre circulación de trabajadores en la UE nunca se molestan en recordar las ventajas que el libre comercio, también posible gracias a las normas de la UE, concede al Reino Unido.
Los tabloides lanzan la voz de alarma cuando descubren que en los países de Europa del Este se informa a los aspirantes a emigrar sobre las condiciones legales para recibir ayudas sociales en Gran Bretaña. La paradoja definitiva. Se trata de la misma información a la que tienen acceso por ejemplo los británicos que viven en España. Pero eso no es denunciable, claro.
