140.000 niños de menos de cinco años murieron en Bangladesh en 2010. En España, unos 2.000. No hay que hacer juegos con los números para apreciar la diferencia. La vida en Bangladesh es una experiencia terrible. La clase de condena que fomenta la falta de esperanzas y convierte a los ciudadanos en esclavos, en el pasado de un imperio, hoy de un régimen autoritario.
Pues bien, no es cierto esto último. Frente la idea habitual en Occidente de un pueblo del Tercer Mundo resignado y controlado por la religión (hay a veces grados de verdad en esto último), Bangladesh sí cuenta con una tradición de lucha sindical prácticamente desde la fundación del país en 1971, y que en realidad se remonta a muchas décadas atrás.
Lo cuenta el historiador indio Vijay Prashad, que explica cómo la apuesta del país por la industria textil –una elección obvia dada la falta de recursos naturales– se vio acompañada desde el principio por la represión de los derechos sindicales. Eso no incluía sólo la prohibición de los sindicatos, sino incluso la eliminación de algunos de sus líderes o la respuesta violenta por las fuerzas de seguridad de las protestas en la calle contra los despidos o en favor de mejores condiciones de trabajo.
El título del artículo de Prashad deja clara su posición: «Bangladeshi workers need more than boycotts». Frente a la típica posición occidental de ignorar a un país y reaccionar con un impulso de furia al conocer una desgracia ocurrida allí, el historiador propone una opción con más garantía de éxito: apoyar a aquellos que están arriesgando su vida.
El dinero está detrás de todo ese sistema de producción (vaya sorpresa, como si eso fuera una aberración excéntrica). El dinero que el Gobierno consigue vía impuestos y puestos de trabajo creados. El dinero que las grandes marcas se ahorran al producir sus prendas en Asia. Y, por último (y este es un detalle que curiosamente es más difícil de encontrar en muchos enfurecidos artículos de denuncia por los centenares de muertos de la fábrica), el dinero que el consumidor europeo y norteamericano se ahorra al comprar esa ropa.
Cabría en este punto pensar que un cambio de costumbres de los habitantes de países ricos serviría para algo. No esperemos que eso suceda. Es más fácil indignarse que ser capaz de pagar unos euros de más por ropa que se ha confeccionado en condiciones dignas.
La palabra clave es presión. Un boicot no serviría de mucho, dice Prashad. Se trata de ayudar a los trabajadores para que puedan organizar sus sindicatos frente a los obstáculos que interponen el Gobierno y las empresas de Bangladesh. Y presionar a los gobiernos occidentales para que dejen de tratar a sus grandes empresas con guante de seda y se decidan a imponer condiciones de trabajo más dignas.
La realidad es que es más factible convencer a los Gobiernos que a los consumidores. No es imposible. Al poco de conocerse la tragedia, dos altos cargos de la UE, Catherine Ashton y Karel de Gucht, dijeron que estaban estudiando cómo obligar al Gobierno asiático en función de las responsabilidades que asume gracias al acuerdo que le permite exportar a la UE sin aranceles ni cuotas.
Fueron sólo unas frases de un comunicado. Fuentes de la UE dijeron al FT que era poco probable que se llegara tan lejos como para quitarle a Bangladesh estos privilegios. Era sólo una amenaza. Sí se hizo con Birmania por tratarse de una dictadura, y en otros casos en el resto del mundo la UE ha aprobado sanciones y medidas punitivas tras violaciones de derechos humanos o guerras. Por razones políticas, los países occidentales son de gatillo fácil al castigar a sus rivales.
Pero resulta que en la concepción de los derechos humanos de los gobiernos europeos no caben los derechos económicos. Trabajar en condiciones espantosas aparentemente no vulnera los derechos humanos. Tampoco que un Gobierno acepte poner en peligro la vida de los trabajadores negándose a aplicar sus propias leyes en materia de seguridad. Detener a un opositor político conocido te pone en el punto de mira de la UE. Si es un activista sindical de un país asiático, una respuesta firme sería… ¿cómo suelen llamarlo? Contraproducente.
La presión es perfectamente posible y justificable. La meta no es irrealizable. La ONG Workers Rights Consortium tiene un plan con un coste de 600.000 dólares para cada una de las 5.000 empresas textiles de Bangladesh y que alcancen así los niveles de seguridad habituales en Occidente. Si los 3.000 millones totales se repartieran a lo largo de cinco años, supondría un coste extra de 10 centavos sobre cada prenda que sale de esas fábricas. Al final de la cadena, el sobrecoste podría llegar a 25 centavos.
A corto plazo, hay otras medidas posibles de efecto más inmediato. Las empresas extranjeras pueden firmar un acuerdo de prevención de incendios (hecho posible no por la presión de consumidores occidentales, sino por las organizaciones sindicales de Bangladesh con la ayuda de sindicatos extranjeros) controlado por inspectores independientes y que sea de obligado cumplimiento para las marcas extranjeras.
Dos compañías han aceptado firmarlo, pero dos de las más grandes (la norteamericana Wal-Mart y la española Inditex) se han negado, según WRC.
Es posible que una de las razones sea que el texto incluye la exigencia de que se pueda exigir el cumplimiento de esas condiciones en los tribunales de cada país, no sólo en Bangladesh.
Ya va siendo hora de que cambien de actitud. A todos los efectos, estas empresas operan en un mercado laboral global y sus productos están destinados a un cliente también global. Sus responsabilidades también son globales. A menos que quieran que se les compare con la Compañía Británica de las Indias Orientales y que se diga de ellas que sus beneficios proceden de la explotación más cruel de otras zonas del mundo, deben asumir que las condiciones de trabajo de sus operarios forman parte también de los costes de su modelo de negocio, y no sólo de sus beneficios.
La alternativa no es el cierre de esas fábricas, lo que equivaldría casi a una condena a muerte a miles de trabajadores, sino hacer que sean diferentes. La alternativa no debe ser trasladar el problema a otro país.
La presión puede surtir efecto, y de hecho el Gobierno de Bangladesh ha dado señales de que está dispuesto a aplicar reformas. Tiene mucho que perder porque otros países, como Camboya y Birmania, también quieren ser el próximo Bangladesh.
¿Qué ocurrirá en esos países si nos limitamos a poner a Bangladesh en una lista negra para acallar nuestra conciencia? La pregunta es incorrecta. Hay que preguntarse qué está ocurriendo.
En Camboya, en una fábrica con 2.900 trabajadores llamada E Garment, que opera para firmas occidentales, se están violando los derechos sindicales, según una investigación de WRC. Siete miembros de un sindicato independiente fueron despedidos después de ser atacados por miembros de un sindicato rival favorecido por la empresa. La denuncia fue enviada a los clientes extranjeros de E Garment. Algunos, entre ellos Inditex, ni siquiera se dignaron a contestar. H&M se limitó a responder con la versión falsa de la empresa, en la que las víctimas resultaban ser los agresores.
Es un cambio de modelo de producción lo que se necesita, no un cambio de país.
