En diciembre de 1997, una mujer de Granada fue asesinada por su marido. Se llamaba Ana Orantes. Era una más de las muchas mujeres que habían sufrido en silencio, en su caso hasta que obtuvo el divorcio. Unos días antes de que su ya exmarido la quemara viva, apareció en un programa de Canal Sur:
Se pasaba toda la tarde bebiendo y jugando a las cartas, que siempre le ha gustado mucho. Cuando llegaba a casa siempre encontraba un motivo de discusión. Si estaba la comida fría, porque estaba fría; si estaba caliente, porque estaba caliente. La cuestión era pegarme. A veces me sentaba en una silla y me daba con un palo, hasta que yo tenía que darle la razón, porque no podía más.
El crimen despertó a la sociedad, pero en primer lugar despertó a los medios de comunicación. Ya no se trataba de muertes aisladas que colocar en la sección de sucesos, sino de hechos representativos de un mal social que durante demasiado tiempo se había ocultado como una desgracia con la que había que convivir. Y tras los medios de comunicación aparecieron los políticos, los gobiernos y las leyes. Las nuevas leyes.
Hoy una mujer, de 53 años, se ha suicidado en Barakaldo cuando estaba a punto de ser expulsada de su vivienda, en la que vivía desde hace 16 años. Ha habido otros muchos desahucios antes y también suicidios pero en este caso la atención de los medios de comunicación, y no sólo de ellos, se ha centrado con rapidez en la tragedia, quizá porque Amaia es la mujer de un exconcejal del PSOE y su familia es conocida en Barakaldo.
No hay forma ya de esconder estos hechos ni por el tabú social del suicidio ni por las cautelas con que los medios de comunicación tratan, o dejan de tratar, estas noticias. No hay posibilidades de esconderse tras la aplicación de la ley cuando esta se convierte en una forma de ajusticiar a los que han perdido casi todo. No hay manera de pedir a la gente sacrificios si estos comportan aceptar como algo normal que una familia pierda su patrimonio y su dignidad hasta el punto de que perder la vida sólo sea un paso más en el hundimiento.
Ya no se puede callar ni mirar a otro lado ni pensar que se trata de una desgracia inevitable, como se hizo durante tanto tiempo con la violencia machista.
Los políticos pueden considerar que el paro es una cifra ante la que sólo hay que reaccionar con frases hechas y lugares comunes o, como hace la vicepresidenta del Gobierno, bajando el tono de voz cuando le preguntan por el desempleo. Si hay muertos de por medio, todo ese teatro pierde su efectividad.
Durante dos años un grupo de gente se ha movilizado contra los desahucios despertando sólo en contadas ocasiones la atención de los medios de comunicación y nunca la de los políticos. Esas protestas, los intentos de impedir la actuación de las comisiones judiciales y la policía, son un ejemplo claro de desobediencia civil que en situaciones de emergencia es una respuesta legítima.
Pues bien, ya estamos en una situación de emergencia. Los políticos dicen estar buscando soluciones para reducir los efectos de este drama social. Llegan tarde y llegan mal, porque hablan de aminorar el impacto de estas medidas, de establecer categorías entre los desahuciados, de buscar algunas excepciones a las que dar un tratamiento diferente.
Todo es legal en los desahucios. Es legal cuando los bancos proceden al embargo por impago. Es legal cuando los jueces dictan la orden de desahucio. Es legal cuando la policía protege a los representantes del banco y del juzgado al aplicar esa orden.
Todo es legal pero es terriblemente injusto cuando el Gobierno utiliza miles de millones de euros para salvar a los bancos de sí mismos, cuando se olvidan las leyes de la economía de mercado para rescatar a empresas privadas de la ruina a la que les han llevado las decisiones equivocadas de sus responsables con la complicidad evidente de los responsables políticos en el caso de las antiguas cajas de ahorros.
Para los bancos (y quizá mañana las empresas concesionarias de autopistas), las leyes se adaptan para impedir su defunción. Para los que no tienen ni dónde caerse muertos sólo queda la aplicación de la ley por injusta que sea.
Dicen que los bancos (por lo visto en España no los grandes, sino todos) son sistémicos. Su supervivencia es fundamental para el sistema. Aparentemente, las personas no. De ellas, se puede prescindir.
Es inmoral y cualquier ley que permita algo así debe ser reformada y si no lo es o si los cambios son cosméticos, debe ser combatida. Por todos los medios necesarios.
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13.30
Leo ahora que Amaia Egaña había sido también concejal socialista en Eibar.
